Alejandro CabreraLa escena es potente y está cargada de simbolismo. Medio siglo después del golpe del 24 de marzo de 1976, cuando la sociedad argentina suele detenerse para recordar a las víctimas y reafirmar el consenso democrático sobre lo ocurrido, el Gobierno decide intervenir con un mensaje que no busca acompañar esa memoria consolidada, sino discutirla. El video difundido no aparece como un aporte académico ni como una reconstrucción historiográfica, sino como una pieza política que apunta directamente a cuestionar el modo en que la dictadura fue narrada durante las últimas décadas.
El eje elegido no es casual. La idea de “memoria completa” funciona como una consigna que, en apariencia, invita a ampliar la mirada y a incorporar voces que habrían quedado fuera del relato dominante. Sin embargo, a medida que el contenido avanza, lo que se despliega no es simplemente una ampliación, sino un corrimiento del eje interpretativo. La discusión deja de ser sobre qué partes faltan para pasar a poner en duda lo que ya está establecido. Y en ese desplazamiento se produce el punto más delicado del mensaje: la sospecha sobre el consenso construido en torno al terrorismo de Estado.
Ese consenso no surgió de una construcción partidaria ni de una narrativa impuesta de manera unilateral. Se fue consolidando a partir de procesos judiciales, investigaciones acumuladas, testimonios de sobrevivientes y el trabajo persistente de organismos de derechos humanos que comenzaron a denunciar cuando hacerlo implicaba un riesgo personal enorme. Reducir ese recorrido a un “relato” no es una simple revisión crítica, sino una forma de deslegitimar el proceso mediante el cual la sociedad argentina logró establecer un piso común sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983.
En ese contexto, el video introduce uno de los mecanismos más sensibles del debate: la equiparación entre la violencia de las organizaciones armadas y la represión estatal. Es cierto que en los años previos al golpe existieron acciones violentas por parte de grupos insurgentes y que ese fenómeno forma parte del contexto histórico. Pero la clave no está en negar esa violencia, sino en comprender su naturaleza y su escala en relación con lo que vino después. Cuando el Estado despliega un sistema clandestino de secuestros, torturas, desapariciones forzadas y apropiación de menores, no está respondiendo simplemente a un conflicto armado, sino que está utilizando todo su aparato institucional para ejercer una represión ilegal y sistemática.
Esa diferencia no es menor ni discutible en términos estructurales. Es la base sobre la cual se construyó la condena social y judicial al terrorismo de Estado. Sin embargo, al colocar ambos fenómenos en un mismo plano narrativo, el video introduce una equivalencia que tiende a diluir responsabilidades. No lo hace de manera explícita ni directa, sino a través de un desplazamiento sutil que cambia el foco de atención. La dictadura deja de aparecer como un sistema organizado desde el Estado para convertirse en una pieza más dentro de un escenario de violencia generalizada.
A ese corrimiento se suma otro elemento igualmente relevante: las omisiones. El contenido no profundiza con la misma intensidad en el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, en la planificación sistemática de la represión ni en las políticas de desaparición forzada que marcaron a toda una generación. Esas ausencias no son neutrales. Cuando esos aspectos quedan en segundo plano, la interpretación del período se vuelve más difusa y la gravedad del accionar estatal pierde centralidad en el relato.
El momento elegido para la difusión del video también refuerza su carácter político. Publicar este mensaje en el aniversario del golpe implica intervenir en una fecha que históricamente fue un espacio de consenso social en torno a la memoria, la verdad y la justicia. En lugar de consolidar ese acuerdo, el Gobierno opta por tensionarlo y reabrir una discusión que, si bien nunca estuvo completamente cerrada, había encontrado ciertos puntos de coincidencia básicos.
Esa decisión se inscribe dentro de una estrategia más amplia que busca disputar sentidos culturales y políticos, donde el pasado reciente se convierte en un terreno clave. En ese marco, la dictadura deja de ser únicamente un hecho histórico para transformarse en un instrumento de intervención en el presente. La memoria ya no aparece como un espacio de construcción colectiva, sino como un campo de batalla donde se dirimen interpretaciones que impactan directamente en la política actual.
El problema no radica en revisar la historia, algo que en cualquier sociedad democrática es no solo válido sino necesario. La cuestión es cómo se realiza esa revisión y qué efectos produce. Cuando la revisión se orienta a complejizar, sumar información y enriquecer el análisis, contribuye a una comprensión más profunda del pasado. Pero cuando el resultado es la relativización de un consenso construido sobre hechos comprobados, el efecto puede ser el contrario.
En este caso, el video no se limita a ampliar la memoria, sino que introduce una reinterpretación que, aunque no lo plantee de manera explícita, termina funcionando como una forma de atenuar la responsabilidad del Estado en el terrorismo desplegado durante la dictadura. No se trata de una defensa abierta ni de una reivindicación directa, sino de un desplazamiento narrativo que cambia el foco y, al hacerlo, modifica el sentido de lo ocurrido.
Ese tipo de operación es más compleja y, al mismo tiempo, más efectiva. No busca negar los hechos, sino reordenarlos dentro de un marco interpretativo distinto. Y en ese nuevo encuadre, lo que antes era un consenso puede empezar a percibirse como una versión parcial. El riesgo de ese movimiento es que, en el intento de cuestionar un relato, se termine debilitando uno de los pilares centrales de la memoria democrática argentina.
A cincuenta años del golpe, la discusión sobre la dictadura sigue siendo un punto neurálgico de la vida política del país. El video del Gobierno no cierra ese debate, sino que lo profundiza y lo tensiona. Y lo hace en un terreno donde las palabras, las imágenes y los silencios no son neutrales, sino que definen cómo una sociedad entiende su pasado y, en consecuencia, cómo proyecta su futuro.
