Rodrigo Paz en Bolivia: seis meses de gobierno entre el giro económico, la ruptura con el MAS y una crisis social que no cede

Rodrigo Paz cumplió sus primeros meses como presidente de Bolivia en medio de una transición mucho más compleja de lo que sugería la foto inicial de recambio político. Su llegada al poder, el 8 de noviembre de 2025, marcó el final de casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo y abrió una etapa nueva para un país acostumbrado a un modelo estatal fuerte, subsidios amplios, control político del aparato económico y una política exterior alineada con los gobiernos de izquierda de la región.

El nuevo presidente recibió una Bolivia en situación crítica: escasez de dólares, problemas graves de abastecimiento de combustibles, inflación alta para los estándares bolivianos, reservas debilitadas y un modelo económico que dependía de subsidios cada vez más difíciles de financiar. La herencia no era solamente administrativa. Era estructural. Bolivia había sostenido durante años una estabilidad basada en precios controlados, tipo de cambio rígido, subsidios energéticos y fuerte presencia estatal, pero ese esquema empezó a quebrarse cuando faltaron divisas y cayó la capacidad del Estado para importar combustibles y sostener el consumo interno.

Paz intentó presentarse desde el comienzo como un presidente de transición entre el viejo estatismo masista y una nueva etapa de apertura, inversión y pragmatismo internacional. Su lema político fue claro: volver a poner a Bolivia en el mundo y lograr que el mundo vuelva a mirar a Bolivia. Esa frase no fue solo diplomática. Supuso un cambio de orientación respecto de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, con acercamientos a Estados Unidos e Israel y un distanciamiento de aliados tradicionales del MAS como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia e Irán.

El giro económico y el costo de tocar los subsidios

El punto más sensible de los primeros meses fue la economía. Paz buscó ordenar las cuentas, recuperar liquidez en dólares y terminar con las filas por combustible que se habían vuelto parte de la vida cotidiana boliviana. Pero el centro del problema era también el punto más explosivo: los subsidios a la gasolina y al diésel.

El Gobierno anunció la eliminación de subsidios históricos a los combustibles como parte de un intento de estabilizar las finanzas públicas. La medida implicó subas fuertes en los precios: el diésel pasó de 3,72 a 9,80 bolivianos por litro y la gasolina premium de 3,74 a 6,96 bolivianos. El Ejecutivo lo presentó como una decisión necesaria para frenar una sangría fiscal y permitir importaciones directas de diésel, pero el impacto sobre transporte, agro, comercio y precios fue inmediato.

El primer gran aprendizaje del Gobierno fue que la crisis boliviana no se podía resolver solamente con decretos. Paz llegó prometiendo gradualismo, pero la magnitud del desequilibrio lo empujó a tomar decisiones de shock en un país con sindicatos fuertes, organizaciones sociales movilizadas y una memoria política marcada por la conflictividad callejera. Cada movimiento económico tuvo una reacción social.

A comienzos de año, el Ejecutivo incluso debió retroceder parcialmente y retirar parte de un decreto de ajuste económico frente a la presión social. El episodio mostró la fragilidad del nuevo poder: Paz tenía legitimidad electoral, pero no contaba con un cheque en blanco para desmontar de golpe el sistema heredado.

La economía mostró algunos intentos de estabilización, pero sin resolver el fondo del problema. En el Presupuesto General del Estado Reformulado, el Gobierno proyectó una inflación de 14% para 2026, frente al 20% registrado en 2025, y un déficit fiscal de 9%. Es decir, la administración buscó mostrar una trayectoria descendente, pero todavía dentro de niveles muy exigentes para una economía acostumbrada durante años a una inflación mucho más baja.

El caso YPFB y la batalla contra las “mafias” del combustible

Otro frente decisivo fue el escándalo dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Paz denunció una red de robo y adulteración de gasolina y diésel dentro de la petrolera estatal. Según la denuncia oficial, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 unas 5.000 cisternas participaron en maniobras de sustracción de combustible en puertos chilenos como Iquique y Arica, y luego adulteraban el producto con agua y aceite antes de distribuirlo en Bolivia.

El caso fue políticamente útil para Paz porque le permitió responsabilizar al viejo aparato estatal por parte de la crisis. Pero también fue riesgoso, porque confirmó algo muy grave para la sociedad: el Estado no solo no podía garantizar combustible suficiente, sino que además había distribuido combustible de mala calidad. Conductores, transportistas y talleres denunciaron daños mecánicos, mientras el Gobierno prometía investigar, despedir responsables y revisar contratos con empresas internacionales.

Paz intentó transformar esa crisis en un relato de depuración del Estado. Su argumento fue que Bolivia no solo estaba quebrada económicamente, sino capturada por redes de corrupción, burocracia y privilegios heredados. Esa narrativa lo acerca a otros gobiernos regionales que intentan justificar reformas profundas como una operación de limpieza moral. Pero en Bolivia, donde el Estado fue durante años el principal organizador de la economía, atacar al aparato estatal implica tocar intereses, empleos, sindicatos, empresas públicas y estructuras territoriales de poder.

“Tranca Cero” y la búsqueda de inversiones

En marzo, Paz lanzó el programa “Tranca Cero”, presentado como un shock desregulatorio para eliminar trabas burocráticas, simplificar trámites, digitalizar procedimientos y mejorar el clima de negocios. La medida buscó enviar una señal al sector privado y a los inversores extranjeros: Bolivia quiere dejar de ser un país cerrado, lento y estatizado para convertirse en una economía más amigable con la inversión.

El Gobierno también habló de reformas en hidrocarburos, minería y energía, sectores estratégicos para la recuperación boliviana. Bolivia tiene recursos importantes, especialmente litio, gas, minerales y potencial energético, pero no logró convertir esa riqueza en una plataforma sostenida de desarrollo. La apuesta de Paz es atraer capital privado nacional y extranjero, renegociar o revisar contratos heredados y reducir la interferencia estatal que, según su mirada, frenó la inversión.

El problema es que Bolivia no es una hoja en blanco. La Constitución mantiene un fuerte control estatal sobre los recursos naturales, y cualquier reforma profunda en minería, hidrocarburos o litio puede abrir conflictos políticos, jurídicos y sociales. A diferencia de otros países donde las reformas promercado se discuten principalmente en el Congreso o en los mercados, en Bolivia se discuten también en la ruta, en los sindicatos mineros, en las comunidades campesinas y en las federaciones sociales.

La resistencia sindical y el regreso de la calle

Los primeros seis meses de Paz confirmaron que el nuevo gobierno enfrenta una oposición social intensa. Sindicatos, mineros, campesinos, maestros rurales y transportistas protagonizaron protestas, bloqueos y enfrentamientos con la policía. Las demandas combinan cuestiones económicas concretas, como combustible, salarios y regulación minera, con reclamos políticos cada vez más duros, incluso pedidos de renuncia presidencial.

La tensión llegó a uno de sus puntos más altos en mayo, cuando mineros marcharon en La Paz, intentaron ingresar a Plaza Murillo y se produjeron enfrentamientos con la policía, con detonaciones de dinamita y gases lacrimógenos. Las protestas se extendieron durante dos semanas y reunieron a distintos sectores, desde mineros hasta maestros y campesinos, en medio de bloqueos y presión sobre el Gobierno.

El conflicto también dejó en evidencia la capacidad de daño que tienen los bloqueos en Bolivia. Las interrupciones de rutas afectaron alimentos, suministros médicos y hasta oxígeno hospitalario. Para Paz, el dilema es difícil: si cede demasiado, pierde autoridad y debilita su programa de reformas; si reprime o endurece la respuesta, puede activar una memoria histórica muy sensible en un país donde la movilización social tumbó o condicionó gobiernos.

Los sindicatos también reclamaron aumentos salariales importantes, mientras el Gobierno descartó conceder un incremento del 20% y planteó reemplazar el tradicional pliego petitorio sindical por acuerdos basados en proyectos productivos. Ese cambio de lenguaje resume la nueva etapa: el Gobierno quiere pasar de una lógica de distribución estatal a una lógica de productividad, pero los sectores sociales todavía operan con herramientas y expectativas construidas durante el ciclo masista.

Un cambio político que todavía no se consolida

El mayor logro de Paz hasta ahora fue haber instalado un cambio de dirección. Bolivia ya no está gobernada por el MAS. La política exterior cambió. La economía empezó a moverse hacia la apertura. El Gobierno puso sobre la mesa el problema del subsidio a los combustibles, la falta de dólares, la corrupción en empresas estatales y la necesidad de atraer inversión.

Pero el mayor problema de Paz es que todavía no logró convertir ese giro en estabilidad. La crisis sigue abierta. La inflación golpea. El dólar informal tensiona expectativas. El combustible sigue siendo un tema sensible. La calle se mantiene activa. Y las reformas económicas todavía deben atravesar un sistema político fragmentado y un entramado social muy acostumbrado a disputar poder por fuera de las instituciones.

Paz gobierna sobre una paradoja. Su victoria electoral mostró que una parte importante de Bolivia quería cerrar el ciclo del MAS. Pero la estructura social, sindical, económica y estatal construida durante esos años sigue viva. El MAS perdió el Gobierno, pero no desapareció del territorio, de las organizaciones, de los sindicatos ni de la cultura política del país.

Por eso los primeros meses de Rodrigo Paz no pueden leerse como una estabilización conseguida, sino como el inicio de una pulseada larga. El Presidente intenta desmontar un modelo que llegó agotado, pero debe hacerlo sin provocar una fractura social inmanejable. Busca atraer inversión, pero necesita sostener gobernabilidad. Quiere abrir Bolivia al mundo, pero gobierna un país donde muchos sectores desconfían de la apertura y la asocian con privatización, ajuste o pérdida de soberanía.

El desenlace dependerá de tres variables. La primera es económica: si logra normalizar dólares, combustible e inflación, ganará tiempo. La segunda es política: si consigue negociar reformas sin quedar rehén de bloqueos permanentes, podrá consolidar autoridad. La tercera es social: si los costos del ajuste no encuentran compensación visible, la calle puede volverse el verdadero límite del experimento.

Rodrigo Paz llegó prometiendo sacar a Bolivia del encierro económico y diplomático.

Seis meses después, el país efectivamente cambió de rumbo.

Pero todavía no está claro si ese nuevo rumbo alcanzará para sacar a Bolivia de la crisis o si la crisis terminará condicionando al presidente que prometió dejar atrás el ciclo del MAS.