El Senado le aprobó a Michelli el pliego que Milei quería frenar y dejó al oficialismo expuesto en plena negociación judicia

El Senado transformó una sesión que el Gobierno quería usar para ordenar su agenda judicial y legislativa en una derrota política de alto impacto para Javier Milei. La Cámara alta aprobó el pliego de María Verónica Michelli, la candidata a jueza federal que la Casa Rosada había intentado retirar por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, y dejó al oficialismo en una posición incómoda: no solo no logró frenar la postulación, sino que quedó dividido, expuesto y obligado a explicar por qué una decisión que pretendía mostrar autoridad terminó revelando debilidad parlamentaria.

El pliego de Michelli fue aprobado por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. Todos los votos negativos provinieron del oficialismo, que intentó sostener la orden de la Casa Rosada de rechazar la candidatura. Sin embargo, la oposición y sectores dialoguistas impusieron el tratamiento sobre tablas y lograron convertir el expediente en una señal institucional contra el veto presidencial. Ahora la última palabra queda en manos de Milei, porque la aprobación del Senado no alcanza por sí sola: el Presidente debe firmar el decreto de designación para que Michelli quede formalmente nombrada como jueza del Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

La escena dejó un mensaje político claro. Milei conserva poder de agenda, capacidad de presión pública y centralidad discursiva, pero en el Congreso no puede imponer todas sus decisiones sin construir mayorías. El caso Michelli empezó como un trámite judicial, se convirtió en una disputa por libertad de prensa y terminó como una prueba de fuerza entre el Poder Ejecutivo y el Senado. En esa prueba, el Gobierno perdió.

La sesión también mostró los límites de Patricia Bullrich como jefa del bloque libertario. La senadora venía de marcar su “objeción de conciencia” frente al retiro del pliego, pero en la votación terminó absteniéndose. Su posición buscó evitar una ruptura abierta con Milei, aunque tampoco acompañó el rechazo del oficialismo. Francisco Paoltroni fue el único senador del espacio libertario que votó a favor de Michelli, mientras que Luis Juez directamente abandonó el recinto para no participar de la votación. La postal fue elocuente: el oficialismo no logró ordenar ni siquiera una imagen homogénea frente a un expediente que ya lo venía desgastando.

El caso Michelli y el origen del conflicto

María Verónica Michelli había sido propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Su pliego había ingresado al Senado y había avanzado en la Comisión de Acuerdos. El problema político apareció cuando la Casa Rosada advirtió su vínculo familiar con Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación y autor de investigaciones sensibles para el Gobierno, entre ellas temas vinculados al caso Libra y a funcionarios de la administración libertaria.

A partir de ese dato, Milei decidió retirar el pliego. La defensa oficial se basó en un argumento formal: el Presidente tiene la potestad constitucional de enviar postulaciones judiciales al Senado y también de retirarlas antes de que se complete el proceso de designación. El problema es que la explicación jurídica no alcanzó para despejar la sospecha política. La pregunta que quedó instalada fue por qué Michelli dejó de ser una candidata válida después de conocerse su parentesco con un periodista incómodo para el poder.

Ese fue el punto que encendió la reacción de la oposición, de sectores judiciales y de parte del propio oficialismo. Bullrich había anticipado que no acompañaría el retiro del pliego y llegó a poner su renuncia como jefa del bloque a disposición del Presidente. Milei no se la aceptó, y la Casa Rosada buscó cerrar filas con una foto de Bullrich junto a Karina Milei. Pero la sesión demostró que la tensión estaba lejos de haber sido resuelta.

El caso se volvió sensible porque toca una frontera institucional delicada. Un Gobierno puede tener objeciones sobre un candidato judicial, pero debe poder explicarlas con argumentos profesionales, éticos o técnicos. En este caso, al no presentarse públicamente una impugnación concreta sobre la trayectoria de Michelli, el retiro quedó asociado a una posible represalia indirecta contra el entorno familiar de un periodista crítico. Esa lectura le dio al expediente una fuerza política mucho mayor.

Una sesión que se le desordenó al oficialismo

La sesión del Senado debía servirle al Gobierno para avanzar con parte de su agenda. Estaban en discusión pliegos judiciales, el acuerdo con bonistas por el default de 2001 y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el oficialismo. Sin embargo, el caso Michelli terminó ordenando la escena.

La estrategia inicial era dejar el pliego fuera del tratamiento inmediato. Pero la oposición presionó para incluirlo y logró imponer su postura. Después de un cuarto intermedio, se acordó tratar todos los pliegos judiciales con dictamen que cumplían los plazos reglamentarios, incluidos los 73 expedientes pendientes más el de Michelli, que había sido resistido por la Casa Rosada.

El Gobierno quedó atrapado entre dos problemas. Si se negaba a tratar el pliego, aparecía bloqueando una postulación ya avanzada por razones difíciles de defender. Si lo aceptaba, corría el riesgo de perder la votación. Finalmente, ocurrió lo segundo. La oposición consiguió los dos tercios necesarios y dejó a Milei ante una decisión incómoda: firmar el decreto de una jueza que quiso frenar o resistirse a completar el nombramiento, prolongando el conflicto.

La sesión también tuvo otro costo para el oficialismo: debió postergar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada ante la resistencia de bloques dialoguistas que reclamaban cambios adicionales. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, buscaba modificar normas vinculadas al régimen de propiedad y era presentada por el Gobierno como parte de su agenda de reformas estructurales. Pero quedó para más adelante, otro síntoma de que Milei necesita negociar más de lo que su discurso suele admitir.

El único avance claro: el acuerdo con bonistas

En medio de una jornada difícil, el oficialismo sí consiguió aprobar el acuerdo con Bainbridge Fund y Attestor por US$171 millones, vinculado a reclamos pendientes de bonistas por el default de 2001. El proyecto ahora deberá pasar por Diputados para convertirse en ley.

Ese fue el principal resultado positivo para el Gobierno en la sesión. El acuerdo permite cerrar un frente judicial y financiero que seguía abierto desde la crisis de comienzos de siglo. Para la Casa Rosada, representa una señal de normalización frente a acreedores y mercados, en línea con la política económica que busca mostrar previsibilidad, cierre de conflictos pendientes y voluntad de cumplir compromisos.

Sin embargo, el avance quedó opacado por la derrota política del caso Michelli. En términos legislativos, el acuerdo con bonistas era importante. En términos políticos, la imagen de la jornada quedó asociada a otra cosa: un oficialismo desordenado, una oposición que encontró un punto de unidad y un Presidente que ahora debe decidir si firma o no el decreto de una candidata que intentó bajar.

Ese contraste marca una dificultad recurrente para el Gobierno. Puede conseguir avances puntuales en temas económicos o administrativos, pero cuando una disputa toca el poder, la Justicia o la prensa, la tensión política domina la agenda y desplaza los logros legislativos.

Bullrich, Villarruel y la interna que volvió a aparecer

La sesión también expuso tensiones dentro del propio oficialismo ampliado. Bullrich quedó en el centro porque conduce el bloque libertario, pero no compartía la orden presidencial de retirar el pliego de Michelli. Su abstención fue una forma de equilibrio: no votó a favor de la candidata, pero tampoco se alineó con el rechazo que impulsaba la Casa Rosada.

Victoria Villarruel también tuvo un papel relevante durante el debate. La vicepresidenta intervino en medio de una discusión por el acuerdo de Labor Parlamentaria y dejó constancia de cómo se había negociado originalmente el tratamiento de los pliegos. Su participación volvió a mostrar que el Senado tiene una dinámica propia, donde los acuerdos previos, las formas y las reglas internas pesan tanto como las órdenes que llegan desde Balcarce 50.

La relación entre Milei y Villarruel ya venía atravesada por tensiones políticas. En este caso, la vicepresidenta no apareció como protagonista de una rebelión contra el Presidente, pero sí como figura institucional que ordenó parte del debate parlamentario en un momento de confusión para el oficialismo. Ese dato no es menor: en el Senado, Villarruel sigue siendo una pieza que el Gobierno necesita, aunque muchas veces no pueda controlar del todo.

El episodio también reaviva la pregunta sobre quién conduce realmente la estrategia legislativa del oficialismo. Bullrich intenta ordenar el bloque. Karina Milei incide desde la Casa Rosada. Milei define el rumbo político. Villarruel preside la Cámara. Pero cuando todos esos factores se cruzan, el resultado puede ser desordenado. El caso Michelli fue una demostración concreta.

La oposición encontró un punto de unidad

La aprobación del pliego de Michelli fue posible porque casi todo el arco opositor coincidió en que el veto presidencial debía ser enfrentado. Kirchnerismo, radicales, sectores provinciales y bloques dialoguistas encontraron en este caso una causa común: defender el trámite parlamentario de una candidata que ya había avanzado y rechazar la idea de que el Ejecutivo pudiera bajarla sin explicar razones de fondo.

Para el kirchnerismo, el caso fue una oportunidad para golpear al Gobierno en un terreno sensible: la libertad de prensa, la independencia judicial y el uso discrecional del poder. Para los bloques dialoguistas, fue una forma de marcar límites sin romper necesariamente todos los puentes con la Casa Rosada. Para algunos sectores del radicalismo y del PRO, además, el episodio permitió diferenciarse de una medida que podía resultar difícil de justificar ante la opinión pública.

Ese punto es clave. La oposición no siempre logra actuar de manera coordinada frente a Milei. El Gobierno suele beneficiarse de esas divisiones y consigue aprobar medidas negociando caso por caso. Pero el pliego de Michelli produjo una convergencia distinta, porque el conflicto no se discutía solo en términos ideológicos. Se discutía en términos institucionales.

Cuando una decisión del Ejecutivo aparece asociada a un castigo por parentesco con un periodista, el costo de acompañarla crece para legisladores que no quieren quedar pegados a una señal de represalia. Por eso el caso rompió la comodidad habitual de algunos aliados ocasionales del Gobierno.

El problema que ahora queda en manos de Milei

La aprobación del Senado no cierra el caso. Lo traslada al despacho presidencial. Milei debe decidir si firma el decreto de designación de Michelli o si deja el proceso en suspenso. Cualquiera de las dos opciones tiene costo.

Si firma, acepta en los hechos una derrota política y designa a una jueza cuya candidatura quiso retirar. Podría presentar la decisión como respeto al procedimiento institucional, pero quedaría claro que el Senado le impuso una salida. Si no firma, prolonga el conflicto y mantiene viva la sospecha de que la verdadera razón del veto fue el parentesco de Michelli con Alconada Mon. Además, abriría una discusión sobre los límites del poder presidencial después de que el Senado ya prestó acuerdo.

Esa es la trampa política que el propio Gobierno ayudó a construir. Al retirar el pliego sin una explicación sólida, dejó que la oposición convirtiera el caso en una bandera institucional. Al defender el retiro únicamente desde la potestad constitucional, no despejó la duda sobre los motivos. Y al no lograr ordenar al Senado, quedó forzado a enfrentar una decisión que puede seguir generando ruido en los próximos días.

El desenlace será importante porque puede sentar un antecedente. Si Milei no firma el decreto, el caso puede quedar como una señal de confrontación entre Ejecutivo y Senado. Si lo firma, quedará como una derrota parlamentaria que el Gobierno decidió absorber para evitar un conflicto mayor.

La agenda judicial como campo de disputa

Más allá de Michelli, la sesión dejó aprobados decenas de nombramientos judiciales. El Senado avanzó con un paquete amplio de pliegos que tenían dictamen de la Comisión de Acuerdos. La mayoría fueron aprobados por unanimidad, aunque algunos casos debieron votarse por separado por objeciones puntuales.

Entre los nombres más sensibles apareció Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. También hubo otros postulantes cuestionados por vínculos familiares, políticos o judiciales. Ese dato muestra que la discusión por Michelli no ocurre en el vacío: forma parte de una tanda más amplia de designaciones que puede modificar el mapa de la Justicia federal.

El Gobierno necesita cubrir vacantes y avanzar en nombramientos judiciales para ordenar una parte clave del sistema institucional. Pero cada pliego abre negociaciones, tensiones y sospechas. En una Argentina donde la Justicia siempre está atravesada por la política, los acuerdos judiciales nunca son solo trámites técnicos.

El caso Michelli mostró que la Casa Rosada puede enviar pliegos, pero no controla completamente su recorrido. Una vez que entran al Senado, pasan a formar parte de una negociación más amplia. Allí pesan los bloques, los antecedentes, los acuerdos internos, las reglas reglamentarias y los costos políticos de cada decisión.

Milei intentó corregir sobre la marcha una nominación que ya había enviado. El Senado le respondió que no todo puede deshacerse por decisión unilateral.

Una derrota parlamentaria con impacto político

La aprobación de Michelli no es solo una victoria de la candidata ni una derrota formal del oficialismo. Es una señal sobre el momento político del Gobierno. Milei llega al Congreso con una agenda ambiciosa, pero con minoría propia. Necesita aliados. Y esos aliados, cuando perciben que una decisión cruza ciertos límites, pueden tomar distancia.

El caso también golpea sobre el discurso presidencial contra el periodismo. Milei suele confrontar con medios y periodistas, y una parte de su base celebra esa actitud. Pero cuando la confrontación pasa de la palabra pública a una decisión estatal que afecta a una persona por su vínculo familiar con un periodista, la discusión cambia de escala. Ya no es un cruce discursivo. Es el uso del poder institucional.

Por eso el Senado reaccionó. No necesariamente porque todos los legisladores compartan la mirada de Michelli o de Alconada Mon, sino porque la decisión de retirarla resultaba difícil de defender sin más argumentos que la voluntad presidencial.

La política argentina suele tener mucha tolerancia a la rosca, a los acuerdos y a los movimientos tácticos. Pero incluso en ese sistema, ciertas señales generan anticuerpos. El intento de retirar el pliego de una candidata judicial por una razón que no fue explicada técnicamente activó esos anticuerpos.

Un Senado que le recordó sus límites al Presidente

La jornada dejó una enseñanza para la Casa Rosada. El Senado no es una extensión de la cuenta de redes de Milei ni una escribanía automática de sus decisiones. Tiene su propia lógica, sus propios tiempos y sus propias reglas. El oficialismo puede presionar, negociar y ordenar parte de la agenda, pero no puede garantizar obediencia plena cuando no tiene los votos.

Ese recordatorio llega en un momento en que el Gobierno necesita aprobar reformas, sostener vetos, cubrir cargos judiciales y mostrar gobernabilidad. Cada derrota legislativa tiene un costo adicional porque contradice la imagen de fuerza que Milei intenta proyectar.

El Presidente suele hablar desde una lógica de confrontación: quienes acompañan el cambio y quienes lo frenan. Pero el Congreso opera con una lógica distinta: negociación, dictámenes, acuerdos de labor, mayorías especiales, concesiones y tiempos parlamentarios. El caso Michelli mostró que cuando esas dos lógicas chocan, la épica presidencial puede perder frente al procedimiento.

La Casa Rosada todavía tiene margen para administrar el daño. Puede firmar el decreto, cerrar el capítulo y concentrarse en otros temas. Puede no firmarlo y seguir peleando. Puede intentar explicar mejor la decisión. Pero lo que ya no puede hacer es borrar la foto de la sesión: el Senado aprobó el pliego que Milei quería retirar.

El conflicto sigue abierto

La aprobación de Michelli no clausura la crisis. La desplaza. Ahora la pregunta es qué hará el Presidente. Si la designa, el caso terminará como una derrota absorbida. Si no la designa, puede convertirse en un conflicto institucional más profundo y en una nueva bandera para la oposición.

El Gobierno salió de la sesión con resultados mixtos. Logró avanzar con el acuerdo de bonistas y con una amplia tanda de pliegos judiciales. Pero perdió el control político del caso más sensible, postergó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y volvió a mostrar tensiones internas en el Senado.

Para Milei, el episodio es una advertencia. La agenda legislativa no depende solo de la voluntad presidencial ni de la firmeza discursiva. Depende de votos, de confianza, de explicación pública y de la capacidad de no convertir cada decisión discutible en una batalla de alto costo.

El caso Michelli empezó como una objeción silenciosa de la Casa Rosada. Terminó como una votación amplia en contra de la estrategia oficial. Ahora queda en manos de Milei decidir si acepta el resultado institucional o si mantiene abierta una pelea que ya le produjo más costos que beneficios.