AMIA, 32 años después: el reclamo de justicia vuelve a chocar contra las demoras judiciales

A las 9.53 del 18 de julio de 1994, una explosión destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicada en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.

El ataque asesinó a 85 personas, provocó cientos de heridos y se convirtió en el atentado terrorista más grave cometido en territorio argentino. Treinta y dos años después, ninguna persona cumple una condena por haber planificado o ejecutado la masacre.

La investigación atravesó pruebas manipuladas, pagos ilegales, pistas desviadas, funcionarios condenados por encubrimiento y acusados que nunca comparecieron ante la Justicia argentina. La causa fue declarada crimen de lesa humanidad, por lo que no prescribe, pero el paso del tiempo continúa debilitando testimonios, pruebas y posibilidades de reparación.

El aniversario de 2026 volvió a mostrar esa contradicción: la memoria permanece activa, mientras la respuesta judicial sigue llegando con décadas de demora.

Un acto adelantado por el Shabat

La ceremonia central se realizó el viernes 17 de julio, un día antes de la fecha exacta, porque el aniversario coincidió con el Shabat.

Familiares, sobrevivientes, representantes de la AMIA y la DAIA, funcionarios y dirigentes políticos volvieron a reunirse frente al edificio reconstruido de Pasteur 633. El acto comenzó con la tradicional sirena a las 9.53, el minuto exacto de la explosión, y tuvo como lema “Hoy no podemos perder la memoria”.

El presidente Javier Milei asistió acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y miembros del Gabinete. También estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich. Milei no fue uno de los oradores del acto organizado por las instituciones y los familiares.

La conmemoración incluyó intervenciones culturales y la inauguración del mural “Pasteur 9.52”, que recrea la fachada del antiguo edificio un minuto antes del atentado e incorpora piedras originales de la construcción destruida.

“Es como si la causa estuviera cajoneada”

El reclamo más fuerte fue pronunciado por el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza.

El dirigente aseguró que durante el último año no se produjo ninguna novedad relevante en la investigación y calificó los 32 años de impunidad como un “abismo intolerable” para una democracia.

Armoza exigió a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva de manera urgente la discusión sobre la validez del juicio en ausencia. También afirmó que la investigación parece detenida, adormecida o directamente cajoneada.

El titular de la mutual reclamó además que se mantengan las alertas rojas de Interpol contra los prófugos y pidió al Gobierno reforzar los controles en la Triple Frontera y otros pasos fronterizos.

La denuncia apuntó directamente al ritmo de la Justicia. Para la AMIA, la existencia de discusiones procesales no puede transformarse en una nueva excusa para que los acusados continúen evitando un tribunal.

El movimiento de Casación después de las críticas

Horas después del acto, la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el 10 de septiembre.

Ese día deberá comenzar a resolver el planteo de inconstitucionalidad contra la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia en la causa AMIA. También quedó definida la integración de la sala que analizará el expediente.

La convocatoria representa un movimiento concreto, pero todavía no significa que el juicio oral haya comenzado ni que exista una fecha para juzgar a los acusados.

El proceso sigue atravesado por recursos y cuestionamientos sobre las garantías de defensa. La discusión central es si una persona puede ser juzgada sin estar físicamente presente cuando conoce la acusación, se mantiene deliberadamente prófuga y ha rechazado durante años los pedidos de la Justicia.

Qué es el juicio en ausencia

La ley fue sancionada en febrero de 2025 y permite continuar determinados procesos por terrorismo, genocidio, delitos de lesa humanidad y otros crímenes graves cuando los acusados conocen la existencia del expediente, permanecen prófugos y fracasaron los intentos de captura o extradición.

La norma establece mecanismos de defensa y contempla la posibilidad de revisar el proceso si el acusado se presenta y demuestra que no conocía la causa o que tuvo un impedimento legítimo para comparecer.

En abril de 2025, la Unidad Fiscal AMIA pidió aplicar esa herramienta contra diez imputados con pedidos de captura internacional. En junio de aquel año, el juez federal Daniel Rafecas declaró procedente el juicio en ausencia.

Los acusados son siete ciudadanos iraníes y tres libaneses: Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Según la acusación de la fiscalía argentina, el atentado fue ejecutado por la estructura armada de Hezbollah y contó con autorización, instrucciones y financiamiento de altos funcionarios de la República Islámica de Irán. Los imputados niegan o desconocen esas acusaciones, mientras Irán rechaza los pedidos argentinos y no entrega a sus ciudadanos.

Una causa que avanzó y volvió a frenarse

La aplicación del nuevo procedimiento generó una compleja discusión judicial.

Durante 2026, el juez Rafecas consideró que no debía avanzarse mientras Casación analizaba los recursos contra la ley. La Cámara Federal revocó esa paralización en mayo y sostuvo que los planteos pendientes no podían bloquear indefinidamente un mecanismo creado precisamente para impedir que la fuga de los acusados garantizara su impunidad.

Los camaristas ordenaron continuar con el expediente y reforzar las notificaciones diplomáticas y consulares. También señalaron que un juicio en ausencia no reduce las exigencias probatorias ni permite condenar automáticamente a los imputados.

Pero el debate constitucional quedó abierto. Esa es la cuestión que Casación deberá abordar en la audiencia de septiembre.

No todos los familiares apoyan la herramienta

El juicio en ausencia tampoco genera consenso entre las agrupaciones de víctimas.

La AMIA, la DAIA y algunas querellas consideran que puede abrir una instancia pública para presentar las pruebas, reconstruir responsabilidades y emitir una sentencia pese a la negativa de los acusados a presentarse.

Otras organizaciones, como Memoria Activa, APEMIA y la Asociación 18J, expresaron reparos o rechazo. Sus cuestionamientos se relacionan con la constitucionalidad del mecanismo, la calidad de la investigación acumulada y el riesgo de que un juicio sin imputados presentes termine cerrando interrogantes que todavía consideran pendientes.

La diferencia es importante. El reclamo de justicia es compartido, pero no existe una posición única sobre cuál es el camino procesal adecuado para alcanzarla.

El atentado y el encubrimiento son causas diferentes

La ausencia de condenas por el ataque no significa que ningún funcionario haya sido juzgado en expedientes relacionados con la AMIA.

Existieron procesos por el encubrimiento y las irregularidades cometidas durante la investigación original. En esas causas se analizaron maniobras como el pago ilegal a Carlos Telleldín, la desviación de pistas y la actuación de integrantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia.

La Cámara Federal de Casación confirmó y modificó condenas por algunos de esos hechos en 2024. Pero esas sentencias se refieren a la investigación fraudulenta y no a los autores materiales o intelectuales del atentado.

La distinción resulta central: hubo responsabilidades judiciales establecidas por el encubrimiento, pero el crimen principal continúa sin condenados.

Una deuda reconocida internacionalmente

La falta de avances no es solamente una crítica de los familiares o de las instituciones comunitarias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado argentino por graves deficiencias en la investigación, por las maniobras de encubrimiento y por no garantizar a las víctimas un acceso efectivo a la verdad y la justicia.

Ese antecedente fue citado por la Cámara Federal al ordenar que el expediente continuara avanzando durante 2026. Los jueces recordaron que la demora excesiva puede constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales.

La causa AMIA se transformó así en una prueba sobre la capacidad del Estado para investigar un ataque de terrorismo internacional sin quedar atrapado por intereses políticos, servicios de inteligencia, conflictos diplomáticos y maniobras judiciales.

Memoria activa, justicia pendiente

Cada aniversario vuelve a repetir los mismos elementos: la sirena, las fotografías de las víctimas, los nombres, los familiares y la exigencia de una respuesta que nunca llega por completo.

Este año apareció una novedad después del acto: Casación fijó una audiencia y deberá pronunciarse sobre el juicio en ausencia.

Pero todavía no existe una fecha para el debate oral. Tampoco hay acusados detenidos, extraditados o sentados frente a un tribunal argentino.

A 32 años, la causa sigue dividida entre una certeza histórica y una deuda institucional.

La certeza es que 85 personas fueron asesinadas en el centro de Buenos Aires.

La deuda es que el Estado argentino todavía no consiguió transformar décadas de investigaciones, acusaciones y expedientes en una sentencia contra quienes organizaron y ejecutaron el atentado.