Alejandro CabreraEl acuerdo anunciado como un paso histórico para desarmar a Hamas enfrenta sus primeras dificultades antes de comenzar a aplicarse.
La profunda desconfianza entre las partes, la falta de un calendario concreto y las elecciones israelíes del próximo 27 de octubre amenazan con paralizar un proceso que pretende terminar con la presencia militar de Israel en Gaza y desmantelar la estructura armada del movimiento islamista.
El documento, negociado durante meses por la Junta de Paz encabezada por el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, contiene 15 puntos y propone una implementación por etapas. Pero Israel todavía no lo aprobó formalmente y el primer ministro Benjamin Netanyahu evitó pronunciarse públicamente sobre sus términos.
Donald Trump aseguró que el Gobierno israelí estaba “muy contento” con el entendimiento. Sin embargo, funcionarios israelíes transmitieron una posición mucho más cautelosa y señalaron que el texto no satisface completamente las exigencias de seguridad del país.
El centro de la disputa está en el orden de las medidas.
Hamas sostiene que Israel debe detener sus operaciones militares, cumplir los compromisos pendientes del alto el fuego, permitir el despliegue de una fuerza internacional y comenzar una retirada verificable antes de que las facciones palestinas entreguen sus armas pesadas.
Israel plantea exactamente lo contrario: las tropas no abandonarán sus posiciones hasta que Hamas se desarme completamente y Gaza quede desmilitarizada.
La diferencia no es menor. El Gobierno israelí controla actualmente más de la mitad de la Franja mediante la denominada Línea Amarilla y ha advertido que no retrocederá mientras continúen existiendo túneles, depósitos de armas y capacidad militar dentro del territorio.
El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que Israel no se retirará “ni un milímetro” antes de que sea destruida toda la infraestructura militar de Hamas. La posición oficial israelí continúa siendo que el desarme debe preceder a cualquier retirada.
Hamas, en cambio, considera que entregar sus armas mientras el Ejército israelí permanece desplegado equivaldría a una rendición sin garantías. El movimiento sostiene que no puede pedirles a sus combatientes que se desarmen mientras existen posibilidades de que Israel reanude una ofensiva a gran escala.
El acuerdo intenta resolver esa contradicción estableciendo que el desarme y la retirada se realicen paralelamente y por etapas. Pero todavía no existe un cronograma detallado.
La Junta de Paz otorgó un plazo inicial de 14 días para negociar ese calendario una vez que todas las partes acepten formalmente el documento. Ese período podría extenderse por decisión del futuro Comité Internacional de Verificación.
El texto no plantea una entrega inmediata de todo el arsenal.
La primera etapa obliga a Israel a completar sus compromisos pendientes, detener las operaciones militares y facilitar el funcionamiento de las estructuras previstas para administrar y proteger Gaza.
Después debería desplegarse una Fuerza Internacional de Estabilización y asumir funciones un comité tecnocrático palestino que reemplazaría a Hamas en la administración civil del territorio.
Solo entonces comenzaría la segunda fase, que incluye la entrega, inhabilitación o almacenamiento del armamento pesado, los cohetes, los morteros, los centros de fabricación militar, los depósitos y los túneles.
Hamas evita hablar de una rendición total. Sus dirigentes sostienen que las armas pesadas quedarían almacenadas y bajo custodia palestina, no necesariamente destruidas ni entregadas directamente a Israel.
El movimiento también pretende conservar parte de las armas ligeras, como fusiles y pistolas, argumentando que serían necesarias para la seguridad interna y para responder ante una eventual nueva incursión israelí.
Esa interpretación es incompatible con la postura de Israel, que reclama la eliminación permanente de toda capacidad militar independiente en Gaza. El plan original respaldado por la Junta de Paz y por la resolución internacional que estableció la fuerza de estabilización contempla la desmilitarización de la Franja y el decomiso permanente de las armas pertenecientes a grupos no estatales.
También existe una dificultad interna para Hamas. El movimiento no funciona como un ejército convencional con una cadena de mando completamente centralizada.
Algunas células podrían obedecer una orden de desarme, mientras que otras podrían esconder sus armas o rechazar el acuerdo. A eso se suman otras facciones armadas que operan en Gaza y que también deberían aceptar el proceso.
Israel celebrará elecciones generales el 27 de octubre de 2026. El proceso para desarmar a Hamas comenzaría, por lo tanto, en plena campaña electoral.
Netanyahu necesita conservar el respaldo de los sectores nacionalistas y religiosos que integran su coalición. Dentro de ese espacio, cualquier retirada de Gaza antes de la desaparición total de Hamas puede ser presentada como una concesión o una derrota.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, uno de los representantes más duros de la derecha israelí, ya cuestionó el entendimiento y rechazó que las fuerzas israelíes abandonen posiciones sin que se produzca previamente una desmilitarización completa.
La fecha electoral fue fijada para el 27 de octubre, el último día permitido por la legislación israelí. La votación será interpretada, en buena medida, como un referéndum sobre la conducción de Netanyahu después de los ataques del 7 de octubre de 2023, la guerra en Gaza y la prolongación del conflicto.
Avanzar con la retirada podría generar una crisis con sus socios más duros. Pero rechazar completamente el acuerdo también implicaría confrontar con Trump, que presentó el entendimiento como uno de los principales logros de su política para Medio Oriente.
Hamas parece apostar a esa contradicción. Al aceptar discutir el desarme, trasladó parte de la presión hacia Netanyahu y busca demostrar que ahora es Israel el que debe decidir si cumple con el cese de las operaciones, la retirada y la reconstrucción.
La fragilidad del proceso quedó expuesta pocas horas después de conocerse el acuerdo.
Israel continuó realizando ataques en Gaza durante este sábado 1° de agosto. Una operación en el barrio Sheikh Radwan, en Ciudad de Gaza, causó la muerte de dos palestinos que el Ejército israelí identificó como miembros de Hamas.
Otro bombardeo destruyó depósitos cercanos al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah. Las autoridades sanitarias palestinas afirmaron que allí se almacenaban medicamentos y materiales para tratamientos de diálisis y heridas. Israel aseguró que las instalaciones eran utilizadas para guardar armas y ocultar integrantes de Hamas.
Estos episodios profundizan la desconfianza. Hamas sostiene que no puede iniciar el proceso mientras continúen las operaciones militares. Israel responde que mantendrá su capacidad de actuar contra cualquier amenaza hasta comprobar un desarme real.
El acuerdo constituye el avance más concreto alcanzado hasta ahora para vincular la retirada israelí con el desmantelamiento militar de Hamas. Pero todavía es una hoja de ruta condicionada, no un pacto plenamente aceptado y en ejecución.
Su futuro dependerá de que Israel apruebe formalmente el mecanismo, que Hamas logre imponerlo a todas sus células y que la fuerza internacional pueda desplegarse con garantías suficientes dentro de un territorio devastado y sin confianza entre las partes.
