Alejandro CabreraLa guerra entre Estados Unidos e Irán atraviesa una transformación que puede terminar siendo tan importante como los bombardeos que sacudieron Medio Oriente desde febrero. Washington y Teherán parecen haber llegado a una situación en la que ninguno consigue imponer militarmente todas sus condiciones, pero tampoco está dispuesto a aceptar las exigencias del adversario. El resultado es una guerra de desgaste económico, centrada cada vez más en petróleo, sanciones, rutas marítimas, activos congelados y, fundamentalmente, el estrecho de Ormuz.
El acuerdo provisional alcanzado en junio pretendía detener las operaciones militares y abrir una ventana de 60 días para negociar un entendimiento mucho más ambicioso. Ese plazo vence este lunes 17 de agosto y prácticamente perdió significado. No se registran ataques estadounidenses contra territorio iraní desde fines de julio, pero tampoco existe un verdadero alto el fuego consolidado y las conversaciones destinadas a resolver el programa nuclear y la navegación por Ormuz están estancadas.
La nueva etapa puede resumirse en una pregunta: ¿qué país puede soportar durante más tiempo el costo económico del enfrentamiento?
Estados Unidos apuesta a que la economía iraní termine debilitándose hasta obligar a su dirigencia a negociar. Irán cree exactamente lo contrario: que puede utilizar las rutas energéticas del Golfo para aumentar el precio internacional de la guerra y provocar suficiente presión económica y política dentro de Estados Unidos y entre sus aliados como para forzar a Washington a hacer concesiones.
El actual conflicto comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva coordinada contra instalaciones militares, nucleares y centros de mando iraníes. Entre los muertos estuvo el líder supremo Ali Khamenei, además de importantes integrantes de la estructura militar y de la Guardia Revolucionaria. Irán respondió con misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses y objetivos situados en distintos países del Golfo.
Washington presentó inicialmente la operación como una ofensiva destinada a impedir que Irán pudiera obtener un arma nuclear, destruir buena parte de su capacidad misilística y debilitar a la dirigencia de la República Islámica. Trump llegó incluso a sugerir que la población iraní tenía una oportunidad para provocar un cambio político interno. Cinco meses y medio después, sin embargo, el objetivo inmediato estadounidense parece considerablemente más limitado: conseguir que Irán normalice la navegación en Ormuz y vuelva a negociar.
El estrecho se convirtió así en el centro de la guerra.
Ormuz es una angosta vía marítima entre Irán y Omán que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Por allí circulan exportaciones de petróleo y gas de algunas de las mayores potencias energéticas del planeta, y la Administración de Información Energética estadounidense lo considera uno de los puntos de tránsito petrolero más importantes del mundo. Una interrupción prolongada puede elevar los costos de transporte, reducir la oferta disponible y repercutir sobre combustibles e inflación mucho más allá de Medio Oriente.
Irán comprendió rápidamente que allí poseía su mayor herramienta de presión.
Desde el comienzo de la guerra restringió la navegación y actualmente sostiene que ningún barco puede atravesar determinadas áreas sin autorización iraní. Estados Unidos afirma, por su parte, que garantizará la libertad de navegación para embarcaciones no iraníes y mantiene un bloqueo naval destinado a impedir el movimiento comercial de Teherán. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró esta semana que la Marina estadounidense posee capacidad para mantener ese bloqueo “indefinidamente”, mediante la rotación de buques desplegados en la región.
La navegación está lejos de haberse normalizado. Los datos recopilados por Kpler mostraron esta semana apenas nueve buques de commodities atravesando Ormuz durante una jornada en la que el promedio de agosto había sido de doce. El problema se agravó después de que Emiratos Árabes Unidos denunciara ataques iraníes contra barcos vinculados con la petrolera estatal ADNOC.
Frente a esa situación, Trump regresó a una estrategia que conoce perfectamente.
El Departamento del Tesoro denomina actualmente la campaña “Economic Fury”, pero su lógica se parece mucho a la política de “máxima presión” aplicada durante el primer mandato de Trump: restringir las exportaciones petroleras iraníes, impedir el acceso del régimen al sistema financiero internacional, perseguir intermediarios y castigar a empresas extranjeras que ayuden a Teherán a eludir las sanciones.
La campaña ya es extensa. Solamente durante 2026, el Tesoro sancionó más de un centenar de barcos vinculados con la denominada “flota fantasma” iraní, el conjunto de petroleros y estructuras societarias utilizado para vender crudo pese a las restricciones internacionales. Washington también atacó redes financieras, operaciones de contrabando y plataformas vinculadas con criptomonedas.
Pero Trump quiere ir más lejos.
Entre las posibilidades analizadas aparecen sanciones secundarias contra refinerías independientes de China que continúan comprando petróleo iraní, medidas contra grandes bancos chinos que procesan esas operaciones y nuevas restricciones contra las compañías que van apareciendo para reemplazar a las previamente sancionadas. Washington también estudia ampliar las herramientas comerciales mediante aranceles secundarios contra países o empresas que mantengan determinados negocios con Teherán.
China es la pieza más delicada.
Una cosa es sancionar a empresas pequeñas vinculadas con el transporte clandestino de petróleo iraní y otra muy diferente penalizar a importantes bancos o compañías chinas. Una escalada de ese tipo podría trasladar el conflicto iraní directamente hacia la relación entre Washington y Beijing y abrir un nuevo frente económico entre las dos mayores economías del mundo.
La estrategia consiste, en definitiva, en reducir los dólares que ingresan a Irán hasta convertir la continuidad de la guerra en algo financieramente insoportable.
Ahí aparece el punto central de la nota publicada por La Nación: la nueva estrategia se parece muchísimo a otras políticas estadounidenses que no consiguieron resolver definitivamente el problema iraní.
Durante años, Estados Unidos aplicó sanciones petroleras, bancarias y comerciales para intentar limitar el programa nuclear de Teherán. La enorme presión internacional desarrollada durante la presidencia de Barack Obama contribuyó finalmente a llevar a Irán a la negociación que terminó con el acuerdo nuclear de 2015, conocido como JCPOA. Pero llegar a aquel pacto requirió más de dos años de negociaciones complejas.
Trump se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018 y restableció las sanciones mediante su campaña de máxima presión. El objetivo era obtener un pacto más amplio que limitara no solamente el programa nuclear sino también los misiles y la política regional iraní.
Ese nuevo acuerdo nunca llegó.
Irán respondió progresivamente reduciendo el cumplimiento de las limitaciones nucleares y aumentando su enriquecimiento de uranio, mientras buscaba formas alternativas de vender petróleo y comerciar con China y otros socios. La disputa se prolongó durante años hasta desembocar finalmente en la escalada militar actual.
Por eso existe escepticismo acerca de que más sanciones, por sí solas, consigan ahora aquello que décadas de presión económica no pudieron obtener.
Pueden debilitar a Irán.
Pueden aumentar el costo de mantener sus Fuerzas Armadas.
Pueden generar inflación, escasez y problemas internos.
Pero ninguna de esas consecuencias garantiza automáticamente que Teherán acepte las condiciones estadounidenses.
Incluso podría ocurrir lo contrario: que la dirigencia iraní decida aumentar todavía más el costo internacional del conflicto mediante Ormuz, ataques contra infraestructura energética o presión sobre otras rutas marítimas. Reuters informó a comienzos de agosto que esa es precisamente una de las apuestas que analistas y funcionarios del Golfo atribuyen a Teherán: convertir las arterias comerciales de Medio Oriente en puntos de presión sobre Washington.
Teherán no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos para conseguir un resultado favorable.
Le alcanza con hacer suficientemente caro el conflicto.
Irán pretende que Washington levante sanciones, libere activos iraníes congelados en el extranjero y acepte una fórmula diferente para el funcionamiento del estrecho. Estados Unidos exige primero la reapertura efectiva de Ormuz. Cada lado sostiene que el otro incumplió el entendimiento alcanzado en junio.
Por eso las negociaciones quedaron atrapadas en una secuencia circular.
Washington dice: primero abran Ormuz.
Teherán responde: primero cumplan con el alivio económico prometido.
Y ninguno quiere realizar la primera concesión porque teme perder su principal herramienta de negociación.
El canciller iraní Abbas Araghchi sostuvo que el plazo de 60 días ya perdió relevancia y afirmó que lo que había sido presentado como un final de la guerra adquirió ahora un “nuevo estatus”. Para Teherán, ya no existe simplemente un alto el fuego pendiente de renovación, sino un enfrentamiento diferente y prolongado.
Ese concepto ayuda a entender la situación actual: ni guerra total ni paz.
Estados Unidos no bombardea diariamente territorio iraní, pero mantiene el bloqueo.
Irán no lanza constantemente grandes oleadas de misiles contra Estados Unidos, pero sigue disputando Ormuz.
Continúan las sanciones, los ataques contra barcos, las amenazas y la presión militar alrededor del Golfo.
La gran diferencia respecto de muchas crisis anteriores es la magnitud de la interrupción energética.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos calcula que alrededor de 5,5 millones de barriles diarios de producción permanecieron fuera del mercado durante julio como consecuencia de las interrupciones regionales. También estima que los envíos por Ormuz seguirán severamente restringidos durante agosto.
La EIA proyecta un Brent promedio cercano a 85 dólares por barril durante el tercer trimestre, aproximadamente once dólares por encima de su pronóstico anterior, y supone que los precios recién comenzarán a bajar con mayor claridad cuando se normalicen progresivamente los flujos marítimos y vuelvan a aumentar los inventarios globales.
Eso significa que Trump enfrenta una contradicción.
Cuanto más presión aplica sobre Irán para restringir sus exportaciones petroleras y mantener el bloqueo, mayor puede ser la presión sobre el mercado energético mundial.
Y cuanto más caros sean los combustibles dentro de Estados Unidos, mayor será también el costo político doméstico de continuar la guerra.
Ese asunto es especialmente sensible a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre. Reuters señala que el aumento de los precios de los combustibles ya genera presión sobre Trump, incluidos sectores rurales que forman parte de su propia base electoral.
La guerra económica, por lo tanto, funciona en las dos direcciones.
Estados Unidos tiene una economía muchísimo mayor y un sistema financiero capaz de ejercer una presión extraordinaria sobre Irán.
Pero Irán controla geográficamente una de las arterias energéticas más importantes del planeta.
Washington tiene el dólar; Teherán tiene Ormuz.
Ahí está el equilibrio actual.
Resulta llamativo porque fue una de las principales justificaciones originales de la guerra.
Estados Unidos afirmaba que no permitiría que Irán desarrollara un arma nuclear. Sin embargo, cinco meses después, el programa nuclear aparece menos presente en la negociación inmediata que la apertura de Ormuz. La Nación señala que existen pocas señales de discusiones sustantivas sobre un nuevo acuerdo nuclear desde el pacto provisional de junio.
Además, la propia capacidad internacional para verificar lo que ocurre dentro de Irán quedó dañada por la guerra.
El Organismo Internacional de Energía Atómica informó que en febrero tuvo que suspender todas sus actividades de verificación sobre el terreno debido al conflicto. Algunas inspecciones pudieron retomarse posteriormente, incluida una visita a la central de Bushehr, pero el organismo continúa reclamando cooperación y acceso suficientes para verificar plenamente el estado del programa nuclear.
Esto introduce una paradoja adicional: una guerra iniciada en buena medida alrededor del temor al programa nuclear terminó dificultando parcialmente la capacidad internacional de supervisarlo.
Por ahora, ninguno consiguió sus objetivos máximos.
Estados Unidos e Israel produjeron enormes daños sobre las estructuras militares iraníes y eliminaron figuras centrales del régimen, incluida la máxima autoridad del país. Pero la República Islámica sobrevivió, no entregó completamente su capacidad militar y sigue utilizando Ormuz como instrumento de presión.
Irán, por su parte, consiguió demostrar que puede alterar el comercio energético internacional y aumentar el costo económico de la guerra. Pero su propia economía enfrenta restricciones severas, sus exportaciones están sometidas a una enorme presión estadounidense y sus instalaciones militares y energéticas sufrieron daños importantes.
El problema es que ambos gobiernos todavía parecen creer que el tiempo juega a su favor.
Washington piensa que la economía iraní terminará quebrándose antes.
Teherán apuesta a que los precios de los combustibles, el costo militar, las elecciones estadounidenses y la preocupación de los países del Golfo terminarán erosionando la voluntad de Trump.
Mientras ambos mantengan esa convicción, existen pocos incentivos para realizar concesiones importantes.
Ese puede convertirse en el escenario más peligroso.
No necesariamente una invasión estadounidense de Irán ni una campaña aérea permanente, sino un conflicto congelado pero armado, con bloqueo naval, ataques ocasionales, sanciones, sabotajes, incidentes marítimos y negociaciones intermitentes.
Una especie de guerra de baja intensidad capaz de prolongarse durante meses o incluso años.
Trump llegó a afirmar esta semana que Estados Unidos podría declarar el estrecho de Ormuz territorio estadounidense. No está claro que exista ningún plan concreto para hacerlo, y una decisión semejante tendría enormes problemas jurídicos, diplomáticos y militares. Pero la declaración muestra hasta qué punto Ormuz sustituyó al programa nuclear como símbolo inmediato del enfrentamiento.
La Administración Trump enfrenta así el mismo interrogante que persiguió durante décadas a distintos presidentes estadounidenses respecto de Irán: cómo convertir una enorme superioridad económica y militar en un resultado político concreto.
Obama utilizó sanciones y finalmente negoció.
Trump rompió aquel acuerdo, aplicó máxima presión y años después terminó entrando en guerra.
Ahora, después de meses de bombardeos, vuelve nuevamente a las sanciones.
La diferencia es que esta vez hay portaaviones, un bloqueo naval, barcos atacados y una parte crítica del suministro energético mundial atrapada entre ambos países.
Por eso la guerra con Irán puede haber entrado en una etapa menos espectacular visualmente, pero no necesariamente menos peligrosa. Las explosiones disminuyeron; la confrontación continúa.
Y la pregunta que domina hoy Washington y Teherán ya no parece ser quién posee más misiles.
Es quién puede soportar durante más tiempo las consecuencias económicas de utilizarlos.
