Alejandro CabreraLa investigación por la muerte de Isabella Aguirre dejó de concentrarse exclusivamente en lo ocurrido dentro de una vivienda de Villa Gesell.
La declaración de los hijos mayores de Lucía Sosa, detenida por el fallecimiento de la niña, abrió nuevas líneas vinculadas con presuntos abusos, episodios de violencia familiar y la muerte de otra de sus hijas, ocurrida trece años atrás.
También colocó bajo revisión la actuación de los juzgados, servicios de protección y profesionales que intervinieron durante la infancia de varios de los hermanos.
Isabella tenía dos años y estaba a pocos días de cumplir tres cuando el 21 de julio ingresó sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. Su madre aseguró que la había alimentado con una mamadera, la había acostado y después la encontró con dificultades para respirar.
La autopsia determinó que la niña murió por una asfixia obstructiva que provocó una falta severa de oxígeno y un paro cardiorrespiratorio. Los investigadores ordenaron analizar la sustancia extraída de sus vías respiratorias para establecer si efectivamente se trataba de leche y reconstruir cómo se produjo la obstrucción.
Lucía Sosa fue detenida el 27 de julio por orden del juez de Garantías David Mancinelli, a pedido del fiscal Juan Pablo Calderón, responsable de la fiscalía descentralizada de Villa Gesell.
La imputación es por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Esto significa que, al menos en la etapa actual, la fiscalía no la acusa formalmente de haber asesinado a Isabella, sino de haber colocado o dejado a la niña en una situación de peligro que terminó provocando su muerte.
La detención fue solicitada ante el riesgo de que pudiera entorpecer la investigación. Sosa fue convocada a declarar, pero ejerció su derecho a guardar silencio por recomendación de su defensa.
Un médico y dos enfermeras que atendieron a Isabella declararon ante la fiscalía. Explicaron que la niña llegó sin pulso y que durante aproximadamente una hora intentaron reanimarla, intubarla y extraer el material que obstruía sus vías respiratorias.
La investigación deberá determinar cuánto tiempo transcurrió desde que Isabella comenzó a asfixiarse hasta que recibió asistencia y si existieron posibilidades de evitar el desenlace.
El otro hijo que Sosa tuvo con su actual pareja, un niño de cuatro años, quedó bajo protección estatal. La fiscalía también buscó obtener su testimonio mediante procedimientos adaptados a su edad, debido a que podría haber estado presente durante los momentos anteriores a la muerte de su hermana.
La detención adquirió una dimensión mayor cuando los investigadores revisaron los antecedentes familiares.
Candela, otra hija de Sosa, murió en Mar del Plata en agosto de 2013, cuando tenía entre cinco y seis meses. En aquel momento, los primeros informes médicos mencionaron la posible presencia de cocaína en su organismo, pero estudios posteriores no confirmaron ese resultado.
La familia sostuvo que la muerte había sido provocada por una medicación que le habían indicado para un cuadro respiratorio. El expediente terminó archivado sin que se acreditara una responsabilidad penal.
En 2016 murió Yazmín, de once meses. La niña había registrado varios ingresos al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y permaneció internada durante tres días antes de fallecer.
Una primera autopsia informó lesiones que fueron interpretadas como compatibles con abuso sexual y maltrato. Sosa y quien entonces era su pareja, Héctor Javier Picart, fueron detenidos y permanecieron privados de su libertad durante casi dos años.
El juicio se realizó en agosto de 2018 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Mar del Plata.
Una junta médica puso en duda las conclusiones iniciales y consideró que la niña podía haber muerto por una bronconeumonía. La defensa sostuvo que no existían pruebas de una muerte traumática ni de las lesiones sexuales atribuidas inicialmente.
El tribunal absolvió a Sosa y Picart. La decisión no fue una condena anulada por una cuestión técnica: los jueces entendieron que la prueba presentada no permitía demostrar los delitos por los que habían llegado al juicio.
Esa absolución permanece vigente y debe ser respetada. La nueva investigación no permite presentar a Sosa o Picart como responsables comprobados de la muerte de Yazmín.
La principal novedad conocida este domingo 2 de agosto es que la fiscalía podría reabrir el expediente por la muerte de Candela en 2013.
La posibilidad apareció después de la declaración de Rocío, hija mayor de Sosa, quien se presentó ante el fiscal y denunció que habría sido abusada sexualmente por Picart cuando tenía aproximadamente siete años.
Según su testimonio, el episodio habría ocurrido durante uno de los procesos de revinculación con su madre biológica. Rocío afirmó que Sosa se encontraba presente y que no intervino. También aseguró que posteriormente le ordenaron que no contara lo sucedido.
La denuncia todavía debe ser investigada y Picart conserva su presunción de inocencia. Sin embargo, la acción penal por ese presunto abuso continuaría vigente y podría dar origen a un nuevo expediente.
La información aportada por Rocío también permitiría revisar la muerte de Candela, cuyo expediente había sido archivado.
La causa por Yazmín tendría una situación diferente. Debido al juicio y a la absolución firme de 2018, no podría reabrirse por los mismos hechos y contra las mismas personas, salvo que apareciera una circunstancia jurídica excepcional.
Lucas, otro de los hijos de Sosa, tiene 17 años y fue criado por una familia adoptiva después de haber pasado por un hogar de protección.
El adolescente contó que fue internado cuando tenía apenas 21 días por un paro respiratorio y que los profesionales consideraron que se encontraba dentro de un contexto familiar de alto riesgo.
Según su relato, durante los años siguientes la Justicia ordenó reiterados intentos de revinculación con su familia biológica, aun cuando él manifestaba miedo y rechazo.
Lucas denunció que durante esas visitas fue golpeado, encerrado en habitaciones oscuras y amenazado. Recordó especialmente una revinculación realizada cuando cumplió tres años, después de la cual regresó, según afirmó, alterado y con señales de haber llorado durante muchas horas.
Sus afirmaciones deberán ser incorporadas formalmente a los expedientes correspondientes. Sin embargo, coinciden con registros hospitalarios que describían reiterados ingresos de distintos hermanos por cuadros respiratorios, lesiones y situaciones calificadas como de “alto riesgo social”.
El reclamo de Lucas y Rocío apunta tanto contra los adultos de su entorno biológico como contra el funcionamiento de la Justicia de Familia.
Sus familias de abrigo aseguran que aceptaban las revinculaciones por temor a que el incumplimiento de las órdenes judiciales provocara la pérdida de las guardas. Incluso después de observar reacciones de miedo en los niños, los encuentros habrían continuado bajo el argumento de que debía preservarse el vínculo con la familia de origen.
La abogada Érika Hooft, que acompaña a Lucas y a su familia adoptiva, afirmó que dentro de uno de los expedientes se había evaluado que Sosa podía presentar el denominado síndrome de Munchausen por poderes.
Este cuadro, actualmente denominado trastorno facticio impuesto a otro, puede involucrar a una persona que inventa, exagera o provoca síntomas en alguien que se encuentra bajo su cuidado para presentarlo como enfermo.
La existencia de ese diagnóstico no puede afirmarse como un hecho confirmado.
Durante el juicio de 2018, la defensora de Sosa sostuvo que la hipótesis de Munchausen nunca había sido demostrada y denunció que había sido utilizada para construir prejuicios contra la pareja.
Ahora, la fiscalía deberá acceder a los informes originales, determinar quiénes realizaron las evaluaciones, establecer su alcance clínico y comprobar si fueron incorporadas a las decisiones tomadas por los juzgados de Familia.
No alcanza con que una abogada o una defensa mencionen un diagnóstico: para establecer qué ocurrió será necesario revisar los documentos y las pericias completas.
El caso expone un problema que supera la responsabilidad penal individual.
Mientras distintas causas penales investigaban muertes, lesiones o posibles abusos, los expedientes civiles y de familia continuaban analizando restituciones de guarda y revinculaciones.
Sebastián Medina, a cargo de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señaló que los menores tienen derecho a ser escuchados durante todo el proceso y no únicamente en una entrevista aislada.
También advirtió que, cuando existen sospechas de violencia o maltrato, deben articularse los antecedentes provenientes de los juzgados penales, civiles, hospitales, escuelas y organismos administrativos.
En este caso, según su evaluación, existió una desarticulación entre los expedientes penales y de familia.
La pregunta no es solamente por qué no hubo condenas anteriores. En 2018 existieron peritajes contradictorios y un tribunal consideró que no había pruebas suficientes para responsabilizar a los acusados.
El interrogante institucional es otro: por qué las alertas hospitalarias, los ingresos reiterados, las medidas de protección, las declaraciones de los niños y las investigaciones precedentes no formaron parte de una evaluación integral antes de disponer nuevas revinculaciones o permitir que otros menores quedaran expuestos.
La causa por Isabella deberá establecer cómo se produjo exactamente la obstrucción respiratoria, cuánto tiempo permaneció la niña sin recibir asistencia y qué conducta tuvo cada adulto presente.
También deberá analizar los resultados toxicológicos, las muestras extraídas durante la atención médica, los teléfonos, las comunicaciones y el testimonio del hermano de cuatro años.
En paralelo, la declaración de Rocío puede abrir una investigación contra Picart por presunto abuso sexual y permitir que vuelva a revisarse la muerte de Candela.
Las acusaciones sobre venta de bebés, drogas u otros delitos mencionadas públicamente por la representación de los hermanos todavía no fueron confirmadas oficialmente. Por eso deben ser tratadas como líneas denunciadas y no como hechos comprobados.
Lucía Sosa permanece detenida y es inocente mientras no exista una condena firme. Picart fue absuelto en 2018 y no se informó hasta ahora una nueva detención en su contra.
Pero los testimonios incorporados durante los últimos días obligan a mirar más allá de la última muerte.
La investigación deberá determinar no solo si existió una responsabilidad penal por el fallecimiento de Isabella, sino también por qué, después de tres niñas muertas, numerosos ingresos hospitalarios y años de advertencias, las instituciones encargadas de proteger a los menores nunca consiguieron construir una respuesta común.
