Alejandro CabreraVenezuela vivió entre el viernes 14 y este sábado 15 de agosto una de las jornadas más importantes del proceso de liberación de presos políticos iniciado durante 2026. El Gobierno anunció que 131 personas recibirían medidas alternativas a la privación de libertad, mientras familiares esperaban durante horas frente a distintas cárceles para conocer quiénes estaban incluidos. La cifra oficial, sin embargo, todavía estaba en proceso de verificación: Foro Penal confirmó hasta las 10 de la mañana de este sábado la salida de 72 presos políticos, 55 hombres y 17 mujeres, y continuaba recorriendo centros penitenciarios y contactando familiares para completar el listado.
La diferencia no es menor. El chavismo presenta las 131 medidas como parte de su denominado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, pero las organizaciones especializadas prefieren contabilizar únicamente a las personas cuya salida efectiva de prisión consiguieron verificar. Antes de esta tanda, Foro Penal registraba 391 presos políticos al 10 de agosto: 365 hombres y 26 mujeres, 228 civiles y 163 militares. De ellos, 158 estaban condenados y 233 todavía no tenían condena firme; además, 40 eran ciudadanos extranjeros.
Detrás de esas estadísticas aparecen historias que explican por qué estas liberaciones tienen una enorme carga política y humanitaria. Ninguna probablemente resulte tan representativa como la de Emirlendris Benítez, una comerciante y madre venezolana que pasó ocho años encarcelada y que este viernes abandonó prisión en silla de ruedas.
Benítez fue detenida el 5 de agosto de 2018, un día después del supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro durante un acto militar en Caracas. Viajaba en un taxi junto con su pareja cuando fue arrestada y posteriormente quedó incorporada a la investigación del denominado “Caso Dron”. Las autoridades la acusaron de terrorismo, conspiración y otros delitos vinculados con el intento de magnicidio, acusaciones que ella rechazó desde el comienzo. En 2022 recibió una condena de 30 años de cárcel, la pena máxima prevista en Venezuela.
Su caso comenzó entonces a trascender las fronteras venezolanas, principalmente por las denuncias sobre lo ocurrido durante los interrogatorios. Benítez estaba embarazada cuando fue detenida. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que fue sometida a fuertes agresiones físicas y torturas, perdió el embarazo y quedó posteriormente con graves secuelas de movilidad. Durante años también hubo denuncias por dificultades para acceder a la atención médica que necesitaba. Su situación fue llevada ante Naciones Unidas, organismos del sistema interamericano, el Parlamento Europeo y la Corte Penal Internacional.
Ocho años después del arresto y cuatro después de aquella condena, Benítez salió finalmente de prisión este viernes. Lo hizo en silla de ruedas.
Su liberación se convirtió por eso en una de las imágenes más simbólicas de esta tanda de excarcelaciones: no solamente pone nuevamente bajo análisis las condiciones en las que permanecieron los presos políticos, sino que reactiva una discusión que las organizaciones de derechos humanos consideran todavía pendiente. Excarcelar a las víctimas no resuelve qué ocurrió durante sus años de detención, quiénes fueron responsables de eventuales torturas y si esas responsabilidades serán investigadas.
La preocupación no se limita a denuncias de la oposición. En marzo de 2026, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó que su oficina continuaba recibiendo denuncias de torturas y malos tratos contra detenidos, incluidas acusaciones relacionadas con centros como Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU tiene precisamente entre sus mandatos investigar detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela.
La de Benítez no fue la única excarcelación emblemática. Entre los liberados aparecen personas vinculadas con algunas de las principales causas políticas y militares construidas durante los últimos años del chavismo.
Una de ellas es María Auxiliadora Delgado, cuyo expediente fue denunciado durante años por organizaciones defensoras de derechos humanos. Delgado fue detenida y acusada de delitos vinculados con terrorismo pese a los cuestionamientos sobre las pruebas utilizadas en su contra. Su situación también se convirtió en un ejemplo de lo que los defensores de presos políticos consideran el uso de responsabilidades familiares o vínculos personales para desarrollar investigaciones y detenciones de carácter político.
También recuperó la libertad Yolimar Alemán, relacionada judicialmente con la denominada Operación Gedeón, el fallido intento de incursión marítima de mayo de 2020 contra el gobierno de Maduro. Su caso había generado controversias porque permaneció detenida y posteriormente fue sentenciada pese a decisiones judiciales previas favorables a su excarcelación.
Otro expediente especialmente dramático es el de Daniel Zambrano, detenido desde mayo de 2022. Su hermano Juan Nahir Zambrano, una persona dentro del espectro autista, había sido llevado previamente por funcionarios de inteligencia bajo la promesa de reincorporarlo a la Guardia Nacional. Cuando Daniel intentó averiguar qué había ocurrido con él, terminó también arrestado. Los dos fueron posteriormente involucrados en una investigación por supuesta conspiración contra el Gobierno. Juan Nahir había sido excarcelado en marzo de este año y Daniel pudo finalmente reencontrarse con su familia este viernes.
El caso muestra, además, una característica fundamental del actual proceso: salir de la cárcel no significa necesariamente recuperar la libertad completa.
Algunos de los documentos de excarcelación imponen medidas cautelares que obligan a los antiguos detenidos a presentarse periódicamente ante los tribunales y les prohíben abandonar Venezuela. Las causas penales tampoco necesariamente desaparecen. Por eso familiares y organizaciones insisten en diferenciar entre “excarcelación” y “libertad plena”.
El momento elegido agrega una dimensión política decisiva. Las liberaciones comenzaron apenas dos días después de finalizar el primer ciclo del nuevo diálogo entre el chavismo y sectores de la oposición venezolana, promovido por Estados Unidos.
La libertad de los presos políticos no terminó incluida formalmente en el primer acuerdo alcanzado por las partes, pero la delegación opositora asegura haber planteado el tema desde el comienzo. El exdiputado Ramón López sostuvo que no puede existir un auténtico diálogo nacional mientras continúen los detenidos políticos y reclamó que los presos no sean utilizados como moneda de negociación.
El primer entendimiento produjo, sin embargo, otro movimiento de enorme relevancia institucional: oficialismo y oposición acordaron avanzar hacia una renovación completa de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, además de crear nuevas mesas de trabajo vinculadas con la reconstrucción institucional y económica. Las conversaciones deberán continuar en septiembre.
Las excarcelaciones fueron interpretadas así como una señal destinada a favorecer ese proceso, aunque formalmente el Gobierno no las presentó como una contraprestación negociada. Estados Unidos celebró la medida y la consideró un avance hacia la reconciliación, mientras representantes opositores y organismos de derechos humanos remarcaron que todavía quedan centenares de casos pendientes.
El proceso tampoco comenzó ahora. Durante 2026 se produjeron diferentes tandas de liberaciones. Entre los nombres conocidos aparece el activista de derechos humanos Javier Tarazona, director de FundaRedes, excarcelado en febrero después de más de cuatro años detenido. Para ese momento Foro Penal ya contabilizaba centenares de personas liberadas desde comienzos de enero, aunque existían fuertes discrepancias entre los balances oficiales y los de las organizaciones independientes.
Ese problema volvió a manifestarse durante las últimas horas. El Gobierno anunció 131 beneficiados. Foro Penal había podido comprobar primero 29, después 64 y finalmente 72 para la mañana de este sábado, mientras continuaba verificando nombres. La organización pidió expresamente no dar por confirmadas las cifras hasta comprobar que cada detenido hubiera abandonado efectivamente su centro de reclusión.
Antes de estas excarcelaciones, el registro del 10 de agosto contabilizaba 391 presos políticos. La cifra había subido desde los 379 registrados el 27 de julio, en parte porque Foro Penal incorporó nuevos casos después de verificar denuncias anteriores. Esto explica por qué los balances pueden aumentar incluso cuando durante una determinada semana no se producen nuevas detenciones: muchas veces las organizaciones conocen o consiguen comprobar los casos semanas después de ocurridos.
Naciones Unidas también viene reclamando desde comienzos de año que las excarcelaciones no sean parciales ni selectivas. En enero, la Misión de Determinación de los Hechos advertía que, de unos 800 detenidos políticos que estimaba entonces, apenas alrededor de 50 parecían haber recuperado la libertad durante las primeras jornadas del proceso. En marzo, sus expertos reiteraron el pedido de liberación inmediata de todos los detenidos políticos restantes, incluidos ciudadanos extranjeros y personas con doble nacionalidad.
El número ha descendido sustancialmente desde entonces, pero la discusión se trasladó ahora desde la cantidad hacia las condiciones: si los liberados continúan procesados, si pueden salir del país, si deben presentarse mensualmente ante tribunales y, fundamentalmente, qué ocurrirá con las denuncias de abusos sufridos durante la prisión.
El caso de Emirlendris Benítez concentra precisamente esa discusión.
Su salida representa una noticia extraordinaria para ella y su familia después de ocho años de encarcelamiento. Pero al mismo tiempo deja abiertas preguntas mucho más graves. Las acusaciones sobre tortura en Venezuela no surgieron exclusivamente de testimonios individuales. La Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas documentó durante años patrones que incluyeron golpes, asfixia, violencia y otras formas de maltrato contra personas detenidas por organismos de seguridad.
Por eso las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que una transición política no puede limitarse a abrir las puertas de las cárceles. Reclaman el cierre de los procesos considerados arbitrarios, reparación para las víctimas y sus familias, investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura y garantías de que esos mecanismos de persecución no vuelvan a utilizarse.
La imagen de este viernes resume la dimensión de ese desafío: una mujer detenida embarazada en 2018, denunciada como víctima de torturas, que perdió a su bebé, recibió posteriormente una condena de 30 años y ocho años más tarde pudo finalmente abandonar prisión en silla de ruedas.
Las 72 excarcelaciones verificadas hasta este sábado constituyen uno de los avances más importantes registrados durante los últimos meses. Pero Venezuela todavía tiene por delante una discusión mucho más profunda que la liberación de cada detenido: determinar qué ocurrió dentro de esas cárceles, establecer responsabilidades y decidir si el nuevo proceso político será solamente una negociación para repartir poder o también un mecanismo para reconstruir el Estado de derecho y responder a las víctimas de años de represión.
