Buenos Aires reúne a la DEA y delegaciones de un centenar de países para coordinar la lucha contra el narcotráfico

Buenos Aires se convirtió esta semana en uno de los centros mundiales de la discusión sobre narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Entre este martes y el jueves, el Palacio Libertad alberga la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la agencia antidrogas estadounidense —la DEA— y el Ministerio de Seguridad argentino.

Los organizadores esperan entre 400 y 600 delegados, incluidos responsables políticos, policiales y de inteligencia de decenas de países. Aunque la lista completa de participantes no fue difundida, el encuentro reúne a representantes de alrededor de un centenar de naciones y se desarrolla con estrictas medidas de seguridad.

Una reunión cerrada y con información limitada

El programa no fue abierto a la prensa y buena parte de las actividades permanecerá bajo reserva. La explicación oficial es que las delegaciones discutirán operaciones en marcha, sistemas de inteligencia, rutas internacionales y mecanismos para desarticular redes que actúan simultáneamente en varios territorios.

Esa necesidad operativa no elimina una cuestión inevitable: cuanto mayor es el nivel de hermetismo, más importante resulta establecer qué autoridades argentinas controlarán los acuerdos alcanzados. La cooperación internacional puede mejorar las investigaciones, pero debe funcionar dentro de las leyes nacionales y de un esquema claro de rendición de cuentas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, representa al Gobierno argentino. Entre los participantes confirmados se encuentra también el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, cuya presencia adquiere relevancia por las diferencias que ese país mantuvo históricamente con la DEA.

El peso político de la elección

Que la conferencia se realice en Buenos Aires no es un detalle logístico. La sede representa una señal de la cercanía entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump y del lugar que la Argentina pretende ocupar dentro de la estrategia regional promovida por Washington.

La preparación comenzó durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad y continuó tras su salida del ministerio. El Gobierno busca presentar al país como un socio confiable para investigar narcotráfico, lavado internacional de activos y organizaciones capaces de financiar otras formas de violencia.

El desafío será transformar esa relación política en resultados concretos. Compartir información puede permitir seguir transferencias, movimientos de precursores químicos, embarques y estructuras de lavado que ya no pueden investigarse dentro de las fronteras de un solo Estado.

De las grandes organizaciones al narcomenudeo

Para la Argentina, la agenda internacional convive con un problema cada vez más visible en los barrios. Mientras los organismos federales analizan las rutas de grandes cargamentos, distintas zonas del conurbano y del interior enfrentan disputas por pequeños puntos de venta que producen homicidios, amenazas y desplazamiento de familias.

La coordinación con otros países tendrá valor si fortalece también la capacidad local para seguir el dinero, investigar a los responsables superiores y recuperar los territorios dominados por organizaciones criminales. Una política centrada únicamente en detener vendedores de bajo nivel modifica poco la estructura económica de esas redes.

La conferencia debería dejar protocolos comunes, equipos de investigación, canales seguros de intercambio y mecanismos para evaluar resultados. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una fotografía diplomática sin efectos duraderos.

La discusión que seguirá después de la cumbre

El combate contra el narcotráfico requiere cooperación, pero también controles democráticos. Las autoridades deberán explicar qué información se compartirá, qué garantías se aplicarán sobre los datos personales y qué intervención tendrán jueces y fiscales argentinos en eventuales operaciones conjuntas.

La reunión confirma que Buenos Aires ganó protagonismo dentro del mapa regional de seguridad. La medida de su éxito no será la cantidad de delegaciones presentes, sino la posibilidad de traducir los acuerdos en investigaciones judiciales, reducción de la violencia y desarticulación de las estructuras financieras que sostienen el negocio.