Alejandro CabreraEl juez federal de Mar del Plata Alfredo Eugenio López fue destituido este martes 18 de agosto después de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados concluyera que incurrió en mal desempeño por una serie de publicaciones y republicaciones de contenido antisemita realizadas desde su cuenta de X. Hasta ahora encabezaba el Juzgado Federal N°4 de la ciudad balnearia y llevaba más de dos décadas como magistrado federal, además de una trayectoria de alrededor de cuatro décadas dentro del Poder Judicial.
La decisión tiene un peso institucional que excede la situación personal del magistrado porque el tribunal dejó establecido que el centro del caso no era determinar si un juez puede criticar al Estado de Israel, al sionismo o incluso a organizaciones de la comunidad judía, sino establecer cuándo una serie reiterada de manifestaciones deja de ser una opinión política protegida y empieza a comprometer la confianza pública necesaria para que un magistrado pueda juzgar sin prejuicios a cualquier ciudadano. Ese fue el argumento principal utilizado para apartarlo definitivamente del cargo.
El Foro Argentino contra el Antisemitismo presentó la resolución como un antecedente histórico y difundió que era la primera vez que un juez argentino era destituido por conductas antisemitas. Javier Milei se hizo eco de esa definición en sus redes sociales y destacó la decisión, en línea con la política de fuerte condena al antisemitismo que el Gobierno viene sosteniendo desde el comienzo de su gestión.
El expediente se inició a partir de denuncias promovidas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el Foro Argentino contra el Antisemitismo y representantes de la Fundación Apolo. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura había concluido en marzo que existían elementos suficientes para llevar al magistrado a jury por mal desempeño, una decisión que fue aprobada por unanimidad en esa instancia.
Durante el juicio político se analizaron específicamente 15 publicaciones y republicaciones consideradas auténticas. Entre ellas aparecía una encuesta en la que López preguntaba a quiénes eran “leales” los judíos residentes en la Argentina, una expresión en la que reclamaba difusión contra una supuesta “judiada interna y externa”, referencias a integrantes del Foro Argentino contra el Antisemitismo como “fariseos” y una respuesta a otro usuario en la que utilizó su condición de judío para dirigirse hacia él.
Otra de las publicaciones mostraba una fotografía de Eliahu Hamra, gran rabino de la AMIA, acompañada por un cuestionamiento acerca de si en una eventual ampliación de la Corte Suprema se utilizaría la Torá o la Constitución Nacional. Para la acusación, la sucesión de posteos revelaba un patrón de hostilidad que no podía reducirse a una crítica circunstancial hacia el gobierno israelí o hacia la guerra en Medio Oriente.
Las primeras denuncias habían comenzado a adquirir volumen durante 2025. Para entonces, López ya generaba polémica por publicaciones en las que mezclaba críticas a Israel con comentarios referidos directamente al judaísmo y a ciudadanos argentinos judíos. También había difundido contenidos vinculados con teorías sobre una supuesta presencia israelí destinada a controlar territorios de la Patagonia, otro de los argumentos que las organizaciones denunciantes incorporaron al expediente.
El tribunal terminó diferenciando expresamente esas manifestaciones de una posición política sobre Benjamin Netanyahu o sobre las decisiones del Estado israelí. Esa distinción fue una de las cuestiones centrales del fallo porque la defensa sostuvo durante todo el proceso que López estaba siendo castigado por expresar opiniones sobre asuntos públicos y por denunciar lo que él considera violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel.
La defensa de López sostuvo que existía una “persecución ideológica” y argumentó que un magistrado conserva, como cualquier ciudadano, el derecho constitucional a expresarse sobre cuestiones políticas. También remarcó que las publicaciones cuestionadas no habían dado lugar a condenas penales ni civiles y que parte de los contenidos incorporados a la acusación eran republicaciones o respuestas de terceros.
El Jurado de Enjuiciamiento reconoció el principio general pero rechazó la conclusión de la defensa. El fallo sostuvo, en esencia, que la libertad de expresión de un juez existe pero no elimina las obligaciones especiales derivadas de su función. Quien tiene el poder de decidir sobre la libertad, los bienes o los derechos de otras personas debe conservar una apariencia objetiva de imparcialidad frente a todos los ciudadanos, independientemente de su origen, religión o identidad.
Ese fue el punto decisivo. El tribunal entendió que no estaba sancionando a López por una posición crítica sobre Israel, sino porque la reiteración, el contenido y el contexto de sus mensajes podían hacer que un integrante de la comunidad judía razonablemente dudara de recibir un trato imparcial si debía presentarse ante su juzgado. El diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz, integrante del jurado, hizo precisamente esa diferenciación al fundamentar su voto: la Constitución protege incluso las ideas incómodas, pero un juez tiene una responsabilidad adicional vinculada con la confianza pública.
La resolución consideró además que los mensajes no podían ser interpretados como un único exabrupto cometido en medio de una discusión. La reiteración fue fundamental para el resultado y permitió al jurado encuadrar la conducta como mal desempeño por graves desórdenes de conducta personales, la causal constitucional mediante la cual finalmente fue removido.
El tribunal descartó, en cambio, otro tramo de la acusación relacionado directamente con su actuación jurisdiccional. Es decir, López no fue destituido porque hubiera dictado sentencias discriminatorias contra ciudadanos judíos ni porque existiera una causa concreta en la que hubiese perjudicado judicialmente a alguien por su religión. La remoción estuvo fundada específicamente en que su conducta pública resultó incompatible con las condiciones necesarias para continuar ejerciendo como juez federal.
El proceso tuvo además un capítulo particularmente importante antes de comenzar el juicio político. Cuando la acusación avanzó, López presentó su renuncia. Si el Poder Ejecutivo la hubiera aceptado, habría abandonado voluntariamente el cargo y el procedimiento de remoción habría perdido su objeto. Pero el Gobierno nacional decidió no aceptar la dimisión, por lo que el Consejo de la Magistratura pudo continuar con el procedimiento hasta llegar al veredicto de este martes.
La diferencia no era solamente simbólica. Una renuncia aceptada y una destitución producen consecuencias distintas para la situación institucional del magistrado y su posterior relación con el sistema judicial. Por eso la decisión del Ejecutivo permitió que no hubiera simplemente una salida silenciosa del cargo, sino un pronunciamiento formal sobre la conducta que se estaba investigando.
El Plenario del Consejo terminó suspendiendo a López y enviándolo al Jurado de Enjuiciamiento. El tribunal estuvo integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y Christian Zulli, de Unión por la Patria, y las senadoras María Belén Monte de Oca, de LLA, y María Florencia López, de UP. La composición multipartidaria también fortaleció políticamente el fallo, porque la remoción no quedó identificada exclusivamente con una fuerza partidaria.
El jury atravesó momentos de una tensión poco habitual. Durante los alegatos de julio, cuando el senador Luis Juez reclamaba la destitución del magistrado, un grupo de personas que había concurrido a respaldar a López interrumpió la audiencia con gritos e insultos. El presidente del tribunal terminó ordenando desalojar la sala y solicitó presencia policial para poder continuar el procedimiento.
Según las crónicas de aquella jornada, entre las manifestaciones aparecieron referencias conspirativas sobre una supuesta influencia de Israel sobre funcionarios y magistrados. La escena terminó reforzando involuntariamente uno de los argumentos planteados durante el proceso: el efecto que determinados discursos pueden producir cuando abandonan la discusión sobre las políticas de un Estado y se trasladan hacia generalizaciones sobre una comunidad religiosa o étnica.
El juicio terminó este martes con otra escena de tensión. Después de la lectura de la sentencia, López reaccionó contra los integrantes del tribunal y los calificó a los gritos como “traidores a la patria”. También se registraron cuestionamientos hacia Luis Juez, uno de los dos representantes del Consejo de la Magistratura que sostuvieron formalmente la acusación junto con el abogado Alberto Maques.
López había llegado al Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata en 2002, durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, y acumulaba una larga trayectoria dentro de la Justicia. Su defensa utilizó precisamente esos antecedentes para sostener que durante décadas no había existido un cuestionamiento semejante sobre su imparcialidad y que esa carrera debía ser considerada a la hora de evaluar los posteos que originaron el proceso.
El jurado rechazó que una buena trayectoria anterior pudiera neutralizar automáticamente una incompatibilidad presente con el cargo. El razonamiento fue que la conducta exigida constitucionalmente a un magistrado debe mantenerse durante todo el período en el que ejerce la función y no funciona como un sistema de créditos acumulados mediante el cual años anteriores sin sanciones permitan compensar una falta posterior considerada grave.
López ya había protagonizado anteriormente otras controversias. En 2021 hizo lugar a una medida cautelar destinada a suspender la aplicación de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. La Cámara Federal de Mar del Plata anuló rápidamente aquella resolución y calificó la decisión como un grave error judicial. El magistrado se había pronunciado públicamente en contra del aborto y participado además de movilizaciones identificadas con el movimiento provida.
Ese antecedente, sin embargo, no fue el motivo de la destitución conocida ahora. El proceso que terminó con su salida se concentró sobre las publicaciones en redes y sobre las exigencias de imparcialidad y conducta que corresponden a quien ejerce una magistratura federal.
La importancia institucional de la decisión reside precisamente en el delicado límite que establece. Una democracia no puede exigir que sus jueces carezcan de opiniones políticas, religiosas o ideológicas. Tampoco puede considerar antisemita automáticamente toda crítica al gobierno de Israel, a Netanyahu, al sionismo o a las operaciones militares israelíes. Hacerlo convertiría una acusación extremadamente grave en una herramienta para impedir discusiones políticas legítimas.
Pero el fallo de este martes avanzó sobre otro terreno: qué ocurre cuando un magistrado pasa de cuestionar las políticas de Israel a utilizar expresiones y generalizaciones dirigidas hacia los judíos como colectivo. Para el Jurado de Enjuiciamiento, allí apareció el problema que terminó haciendo incompatible la permanencia de López en el Poder Judicial.
Esa diferenciación será probablemente la parte más observada del precedente. El tribunal no realizó una condena penal y aclaró que cualquier eventual responsabilidad de esa naturaleza corresponde a otros órganos judiciales. Lo que determinó fue algo diferente: si López conservaba las condiciones institucionales necesarias para seguir siendo juez federal. La respuesta fue negativa.
La sentencia será comunicada formalmente a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación, a la Cámara Federal de Mar del Plata y a los organismos administrativos correspondientes para hacer efectiva la salida definitiva del magistrado.
El caso deja así una discusión que probablemente continuará mucho después de la destitución. El punto no es solamente qué puede decir un juez en una red social, sino cuánto cambia la responsabilidad de una persona cuando detrás de su usuario aparece la investidura de alguien que tiene poder para impartir justicia.
En el caso de Alfredo López, el Jurado consideró que esa frontera había sido cruzada. Y el 18 de agosto de 2026 terminó una carrera judicial de cuatro décadas con una decisión que las organizaciones denunciantes y el propio Presidente destacaron como un precedente histórico en la lucha contra el antisemitismo dentro de las instituciones argentinas.
