Alejandro CabreraJavier Milei volvió a colocar el aborto en el centro de la discusión política y esta vez lo hizo a partir de uno de los problemas estructurales más importantes que enfrenta la Argentina: cada vez nacen menos chicos. Durante su discurso ante el Council of the Americas, el Presidente vinculó directamente la baja natalidad con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y aseguró que sus consecuencias ya se sienten sobre el crecimiento económico y el sistema jubilatorio.
“Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”, afirmó Milei. Luego sostuvo que la Argentina ya no alcanza una tasa de natalidad suficiente para garantizar el reemplazo poblacional y llevó todavía más lejos su razonamiento al afirmar que esa “pasión por asesinar niños en el vientre de la madre” está teniendo costos económicos y previsionales.
Hay una parte del diagnóstico presidencial que es indiscutible: la Argentina atraviesa una caída extraordinariamente pronunciada de la natalidad y, de sostenerse durante décadas, tendrá consecuencias sobre la cantidad de trabajadores, la estructura de edades de la población, el financiamiento jubilatorio, la educación y el funcionamiento general de la economía.
El problema aparece cuando Milei identifica al aborto legal como explicación central de ese fenómeno. Los propios datos oficiales del Estado muestran que la cronología no encaja.
La Ley 27.610 fue sancionada el 30 de diciembre de 2020 y entró en vigencia en todo el país el 24 de enero de 2021. Sin embargo, la caída sostenida de los nacimientos argentinos había comenzado varios años antes.
Un informe de la Dirección Nacional de Población elaborado con datos del RENAPER muestra con particular claridad el proceso. En 2014 se habían registrado alrededor de 780.000 nacimientos. En 2015 ya habían bajado a unos 756.000; en 2016 fueron aproximadamente 720.000; en 2017, 701.000; en 2018, 684.000; y en 2019, antes de la legalización del aborto y antes incluso de la pandemia, habían caído hasta alrededor de 621.000.
Para 2020 se ubicaban aproximadamente en 556.000. Es decir que cuando la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo comenzó a regir, la Argentina ya había perdido más de 220.000 nacimientos anuales respecto del pico de 2014. La tendencia descendente llevaba seis años.
Después de la legalización la caída continuó: según esa misma serie del RENAPER, hubo aproximadamente 512.000 nacimientos en 2021, 487.000 en 2022 y 445.000 en 2023. Otras series oficiales, como las de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud, presentan diferencias en los totales debido a criterios de registro distintos, pero muestran exactamente la misma dirección. La DEIS contabilizó 460.902 nacidos vivos registrados en 2023, un 6,9% menos que en 2022.
El fenómeno es incluso más antiguo que la última década. La Dirección Nacional de Población señala que la tasa global de fecundidad argentina cayó aproximadamente 57% entre 1980 y 2022: pasó de unos 3,3 hijos por mujer a alrededor de 1,4. La tasa bruta de natalidad, por su parte, descendió de alrededor de 25 nacimientos cada mil habitantes en 1980 a poco más de 9 por mil cuatro décadas después.
Argentina está actualmente muy por debajo de los aproximadamente 2,1 hijos por mujer que suelen considerarse necesarios para garantizar el reemplazo generacional de una población en ausencia de migraciones significativas.
Y la velocidad del cambio fue particularmente fuerte. Un estudio oficial sobre natalidad publicado en 2025 calculó que Argentina tuvo la mayor reducción porcentual de nacimientos de Sudamérica entre 2012 y 2023: 31,6%. En otras palabras, en 2023 nacieron aproximadamente dos chicos por cada tres que habían nacido en 2012.
Hasta ahí, Milei tiene razón en señalar un problema que muchas veces queda desplazado de la discusión pública. Una población con menos jóvenes y mayor proporción de adultos mayores genera desafíos formidables.
Si dentro de algunas décadas hay proporcionalmente menos personas en edad laboral y más jubilados, un sistema previsional basado fundamentalmente en los aportes de los trabajadores activos estará sometido a una presión creciente. También habrá cambios en la demanda educativa, sanitaria y habitacional y podría reducirse el crecimiento potencial de la economía.
El error consiste en convertir ese fenómeno multicausal en la consecuencia de una única política aprobada en 2020.
Incluso desde un punto de vista estrictamente estadístico, tampoco sería correcto tomar cada aborto registrado después de la sanción de la ley y considerarlo automáticamente como un nacimiento que la legalización “eliminó”. Los abortos existían mucho antes de 2021, pero se realizaban en gran medida en la clandestinidad.
El propio Ministerio de Salud estimaba antes de la legalización que en Argentina se producían entre 370.000 y 522.000 interrupciones de embarazos por año, aunque advertía que era imposible conocer la cifra exacta justamente debido al carácter clandestino de buena parte de las prácticas. En 2015, por ejemplo, los hospitales públicos habían registrado casi 46.000 internaciones relacionadas con abortos.
Por eso, que después de 2021 aparezcan abortos contabilizados dentro del sistema sanitario no significa que todas esas prácticas hayan sido creadas por la nueva legislación. Una parte importante de un fenómeno que antes ocurría oculto pasó a ser visible y registrado por el Estado.
En 2021 se reportaron 73.487 interrupciones en el sistema público y para 2022 los registros oficiales informaban decenas de miles de prácticas adicionales. Pero incluso esas cifras no permiten determinar cuántos nacimientos adicionales habría habido si la Ley 27.610 no hubiese sido sancionada, porque para responder esa pregunta habría que saber cuántos de esos embarazos igualmente se habrían interrumpido clandestinamente bajo la legislación anterior.
Es perfectamente razonable sostener que facilitar legalmente el acceso al aborto puede tener algún efecto sobre la cantidad final de nacimientos. Lo que los datos disponibles no permiten sostener es que sea la explicación de la caída estructural de la natalidad argentina, mucho menos cuando ese derrumbe comenzó varios años antes.
De hecho, en mayo Milei ya había realizado una afirmación similar al señalar que la Argentina había hecho “un desastre” en materia de aborto. La revisión de las series demográficas llevó entonces a la misma conclusión: la caída había comenzado aproximadamente seis años antes de que la IVE fuera aprobada.
La Argentina tampoco constituye una excepción mundial. La fecundidad está cayendo en buena parte de América Latina, Europa y Asia, incluso en países con legislaciones sobre aborto completamente diferentes.
En América Latina, la tasa global de fecundidad pasó de aproximadamente 5,85 hijos por mujer en 1962 a alrededor de 1,8 en 2024. Más de la mitad de los países y regiones del planeta se encuentran actualmente por debajo del nivel de reemplazo poblacional.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas investigó precisamente por qué millones de personas terminan teniendo menos hijos de los que desearían. Su informe mundial de 2025 encontró que el problema no es simplemente que las nuevas generaciones hayan decidido abandonar la maternidad o la paternidad.
Más de la mitad de las personas consultadas identificaron obstáculos económicos para alcanzar el tamaño de familia deseado. Entre las dificultades aparecen el costo de criar un hijo, la inestabilidad laboral, el precio de la vivienda, la falta de servicios de cuidado accesibles, la incertidumbre sobre el futuro y las dificultades para encontrar una pareja adecuada.
Ese diagnóstico resulta especialmente relevante para la Argentina. Tener un hijo no depende solamente de una discusión cultural sobre el aborto. Supone disponer de una vivienda adecuada, cierta previsibilidad laboral, ingresos suficientes, tiempo para cuidar, acceso a jardines maternales y una expectativa razonable de estabilidad futura.
En una sociedad en la que acceder a una vivienda propia resulta cada vez más difícil para los jóvenes, los alquileres absorben una proporción importante de los ingresos, el empleo informal ocupa a millones de trabajadores y formar una familia implica comprometer una parte enorme del presupuesto durante décadas, las decisiones reproductivas inevitablemente cambian.
A eso se suman transformaciones culturales profundas: mayor educación femenina, incorporación de las mujeres al mercado laboral, acceso masivo a métodos anticonceptivos, retraso en la edad de formación de pareja, maternidades más tardías y una reducción de los embarazos adolescentes.
Este último componente fue particularmente intenso en Argentina. Entre 2014 y 2021 el porcentaje de nacimientos correspondiente a madres menores de 20 años cayó desde 15,2% hasta 9,2%, mientras aumentó la participación de las madres de 35 años o más.
Paradójicamente, buena parte de esa reducción de embarazos adolescentes fue considerada durante años un éxito de las políticas sanitarias, porque implica menos maternidades no intencionales en edades tempranas. Pero también contribuye matemáticamente a disminuir la cantidad total de nacimientos.
Por eso la discusión planteada por Milei contiene un problema real pero una explicación demasiado sencilla.
Argentina efectivamente necesita discutir qué hacer frente a una fecundidad de aproximadamente 1,4 hijos por mujer. Necesita pensar cómo sostendrá su sistema previsional, cómo adaptará sus escuelas a generaciones cada vez más pequeñas, qué política migratoria tendrá y, sobre todo, qué condiciones necesitarían los adultos jóvenes para formar las familias que desean.
Pero esa discusión difícilmente pueda resolverse señalando a los “pañuelitos verdes”.
Si el Gobierno considera que la Argentina necesita más nacimientos, la discusión más profunda debería ser qué incentivos ofrece para que las personas que quieren tener hijos puedan hacerlo: estabilidad de ingresos, empleo, vivienda, licencias familiares, jardines maternales, políticas de cuidado y previsibilidad económica.
El propio informe global de Naciones Unidas advierte contra reducir la crisis de fecundidad a una supuesta falta de deseo de tener hijos. Una parte importante de las personas desearía tener una familia más grande de la que finalmente puede sostener.
Milei identificó correctamente una bomba demográfica que Argentina deberá enfrentar durante las próximas décadas. Con menos jóvenes y más adultos mayores, las consecuencias económicas y previsionales pueden ser importantes.
Pero otra cosa es explicar por qué ocurre.
Los nacimientos argentinos comenzaron a caer sostenidamente en 2015. El aborto legal comenzó a regir en enero de 2021. Y la reducción de la fecundidad lleva, en realidad, alrededor de cuatro décadas.
Se puede discutir el aborto desde una perspectiva moral, jurídica, sanitaria o religiosa. También se puede debatir si la Argentina debería mantener o modificar la Ley 27.610.
Lo que resulta mucho más difícil es alterar la cronología.
Cuando el Congreso legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, la crisis de natalidad argentina ya llevaba años en marcha.
