Milei desligó al Gobierno de la morosidad, pero los datos muestran un fuerte deterioro del crédito de las familias

Javier Milei incorporó este viernes un nuevo capítulo a la defensa del programa económico. Esta vez puso el foco sobre uno de los indicadores que más inquietud comenzó a generar en los últimos meses: el creciente número de argentinos que tienen dificultades para cumplir con sus deudas. Durante el acto por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Presidente rechazó que la política económica de su Gobierno pueda ser considerada responsable del fenómeno y acusó a sectores de la oposición de utilizar la morosidad como una herramienta política de cara al proceso electoral de 2027.

“No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad”, aseguró Milei. La explicación presidencial apunta principalmente hacia otro lugar: la incertidumbre política que, según su interpretación, se produjo durante 2025 elevó el riesgo país y las tasas de interés, provocó un racionamiento del crédito y terminó afectando la capacidad de pago de quienes se habían endeudado anteriormente. Incluso sostuvo que buena parte de la mora que aparece actualmente estaría vinculada con créditos otorgados durante 2024 y no con préstamos nuevos.

El problema es que, más allá de la discusión acerca de sus causas, el deterioro existe y es considerable. Según los datos citados por el propio Banco Central, la morosidad de los créditos bancarios otorgados a las familias alcanzó el 12,8%, frente al 5,2% registrado un año antes. Es decir, en apenas doce meses el porcentaje de financiamiento familiar irregular aumentó más del doble. Los préstamos personales presentan la situación más delicada, con una mora del 16,4%, mientras que las tarjetas de crédito registran un 12,6%, los prendarios un 7,9% y los hipotecarios permanecen mucho más contenidos, en torno al 1,6%.

La particularidad es que el 12,8% de junio interrumpió una secuencia de 19 meses consecutivos de aumentos de la morosidad familiar. Eso significa que la estabilización del último dato puede ser una primera señal favorable, pero todavía se produce sobre un nivel históricamente elevado respecto de los registros recientes. En junio de 2025, por ejemplo, la mora familiar era apenas del 5,2%.

El problema es todavía mayor fuera de los bancos

La discusión se vuelve más compleja cuando se incorpora el universo de las fintech, emisoras de tarjetas, cooperativas, mutuales y otros proveedores no financieros de crédito. Allí el deterioro es significativamente mayor.

El último informe específico disponible del Banco Central indicó que, en febrero de 2026, la irregularidad de los proveedores no financieros había llegado al 26,9% de la cartera, casi diez puntos porcentuales más que en agosto de 2025. Entre los préstamos personales otorgados por estas entidades la mora alcanzaba nada menos que el 34,1%, mientras que en las tarjetas era del 19,4%.

Es un dato especialmente relevante porque este mercado creció con mucha fuerza durante los primeros años de la gestión Milei. En febrero había aproximadamente 12,1 millones de personas con algún financiamiento otorgado por proveedores no bancarios, mientras que las fintech superaban los siete millones de clientes. Sólo en ese segmento, la cartera había aumentado un 47% interanual en términos reales.

El propio Milei reconoció durante su discurso una parte de ese mecanismo. Explicó que algunos consumidores que no calificaban para acceder al sistema bancario terminaron recurriendo a entidades capaces de asumir mayores riesgos y que, como contrapartida, cobraban tasas más elevadas. Su argumento fue que esa relación forma parte de un contrato voluntario entre privados y que el Estado no debería intervenir posteriormente para rescatar a quienes no pueden pagar.

“Si yo voy a tomar más riesgo, ¿no sería normal que pida más retorno?”, planteó el Presidente. Más adelante agregó que “nadie fue a esos mercados con una pistola en la cabeza” y defendió que tanto prestamistas como prestatarios conocían las condiciones de las operaciones que estaban realizando.

Pero hay una cuestión económica que excede la discusión sobre la libertad contractual. Una deuda puede haber sido tomada voluntariamente y, al mismo tiempo, volverse impagable posteriormente por una combinación de caída del ingreso disponible, tasas elevadas, pérdida de empleo, reducción de horas trabajadas o necesidad de utilizar crédito para gastos corrientes. De hecho, el propio Presidente reconoció en Rosario que durante el período que identifica como origen del problema “se frenó la actividad económica”, “se congelaron los ingresos” y “los salarios reales cayeron”.

En otras palabras, Milei admite una parte importante del mecanismo que produce morosidad, aunque discute quién es responsable de haberlo provocado. Su tesis es que el aumento del riesgo político generado por la oposición produjo tasas más altas y deterioró la actividad; sus críticos sostienen que el ajuste fiscal, las tasas reales positivas, el deterioro del ingreso disponible y la debilidad del consumo también tuvieron influencia. Los datos permiten comprobar el deterioro crediticio, pero por sí solos no permiten atribuirlo exclusivamente a una sola de esas causas.

La comparación de Milei con Estados Unidos tiene un problema

Otro punto llamativo del discurso apareció cuando Milei comparó los niveles argentinos con los estadounidenses. Según el Presidente, la morosidad en Estados Unidos ronda el 13%, por lo que la situación argentina no sería excepcional.

La comparación, sin embargo, requiere una aclaración importante porque no todos los indicadores de morosidad miden lo mismo. El último informe de deuda de los hogares publicado por la Reserva Federal de Nueva York, correspondiente al segundo trimestre de 2026, muestra que apenas 4,7% del total de deuda de los hogares estadounidenses estaba en alguna situación de mora al cierre de junio.

Hay métricas específicas para tarjetas, préstamos automotores, créditos estudiantiles y distintas categorías de atraso —30 días, 90 días o más, cuentas que entraron recientemente en incumplimiento, proporción de personas o proporción del saldo— que pueden arrojar números sustancialmente distintos. La propia Reserva Federal de Nueva York publicó este mes un análisis específicamente dedicado a explicar por qué diferentes metodologías producen resultados distintos cuando se mide la mora de tarjetas de crédito. Por eso, comparar directamente el 12,8% argentino con un supuesto 13% estadounidense sin identificar exactamente qué cartera y qué metodología se utiliza puede conducir a una conclusión incorrecta.

De hecho, el indicador agregado estadounidense de 4,7% y el indicador argentino de 12,8% tampoco son perfectamente comparables: el primero incluye el conjunto de las deudas familiares norteamericanas, mientras que el segundo corresponde a financiaciones bancarias destinadas específicamente a familias. La comparación adecuada debería utilizar categorías equivalentes.

Milei también rechazó cualquier eventual rescate generalizado de los deudores. Consideró que utilizar recursos públicos para cubrir obligaciones privadas generaría un problema de “riesgo moral”: quienes tomaron decisiones financieras equivocadas serían salvados con dinero de contribuyentes que no participaron de esas operaciones. “Si hago una operación con mi contraparte y yo me equivoco, ¿por qué carajo tienen que pagar todos ustedes? Es inmoral”, afirmó.

En ese punto, la discusión no necesariamente se reduce a rescatar o no rescatar. Existen mecanismos intermedios: refinanciación voluntaria, extensión de plazos, transparencia de tasas, límites sobre determinadas prácticas crediticias, evaluación del riesgo más precisa y programas de educación financiera. Milei aseguró que el sistema financiero ya está avanzando en renegociaciones que permitirían refinanciar determinadas deudas a tres años y tasas cercanas al 20%, además de trabajar sobre una mayor transparencia en el otorgamiento de créditos.

Los propios bancos, mientras tanto, muestran cautela. En la Encuesta de Condiciones Crediticias correspondiente al segundo trimestre de 2026, las entidades consultadas por el Banco Central informaron restricciones en los montos máximos y las condiciones para tarjetas y anticiparon criterios más exigentes para tarjetas y otros préstamos de consumo. También detectaron una caída de la demanda de crédito por parte de los hogares.

El debate, entonces, va bastante más allá de determinar si existe una supuesta “opereta” contra el Gobierno. La morosidad familiar es un fenómeno estadísticamente verificable, creció de manera muy importante durante el último año y es especialmente grave fuera del sistema bancario tradicional. Lo que puede discutirse es cuánto de ese deterioro responde a factores políticos, cuánto a la política económica, cuánto al ciclo crediticio y cuánto al fuerte crecimiento previo del financiamiento hacia sectores con mayor riesgo.

Y ahí aparece quizás la contradicción más interesante del discurso presidencial: Milei sostiene que la política económica no es responsable de la morosidad, pero al explicar cómo se llegó hasta aquí menciona tasas más altas, caída de salarios reales, freno de la actividad y racionamiento del crédito. Puede discutirse quién originó cada uno de esos factores; lo que resulta mucho más difícil es sostener que no guardan relación con la capacidad de las familias para pagar sus deudas.