A 25 años del 11-S, Trump honra a las víctimas mientras profundiza su política de abrazos a los hombres fuertes del Golfo

Hay fechas que obligan a una potencia a recordar quién era, qué prometió defender y en qué terminó convirtiéndose. El 11 de septiembre de 2001 fue una de ellas. A las 8.46 de aquella mañana, el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center. Diecisiete minutos después, otro avión atravesó la Torre Sur. Un tercero destruyó parte del Pentágono y un cuarto cayó en Pensilvania después de que sus pasajeros intentaran recuperar el control. Murieron 2.977 personas, además de los seis fallecidos en el atentado contra el World Trade Center de 1993. Veinticinco años después, Estados Unidos volvió a detenerse frente a los nombres, las fotografías y los espacios vacíos que dejó aquel ataque, mientras por primera vez la ceremonia de Nueva York incorporó un séptimo minuto de silencio para quienes murieron posteriormente por enfermedades vinculadas con el polvo tóxico de Ground Zero.

Donald Trump participó este viernes del homenaje en el Pentágono y firmó una proclamación en la que volvió a utilizar la fórmula de “nunca olvidar”. En Nueva York estuvieron el vicepresidente JD Vance y los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. Pete Hegseth afirmó que “el precio de la libertad es la vigilancia permanente” y Trump recordó a los rescatistas, los militares y las víctimas de los ataques. Es el lenguaje tradicional de una Presidencia norteamericana frente a uno de los traumas fundacionales del siglo XXI. Pero el aniversario encuentra a Estados Unidos en una posición bastante más incómoda que la ceremonia: el país que convirtió el 11-S en una guerra global contra el terrorismo mantiene hoy relaciones extraordinariamente estrechas con gobiernos autoritarios del Golfo, y Trump convirtió esa cercanía en una parte central y abiertamente personal de su política exterior.

Eso no significa que Arabia Saudita, Qatar o Emiratos Árabes Unidos sean responsables colectivamente del 11-S. Hacer esa afirmación sería históricamente incorrecto y políticamente irresponsable. Tampoco existe evidencia de que Mohammed bin Salman, Tamim bin Hamad Al Thani o Mohammed bin Zayed hayan tenido participación alguna en los ataques. El problema es diferente y más profundo: Estados Unidos pasó 25 años afirmando que el 11-S demostraba la necesidad de defender la libertad frente al extremismo y, al mismo tiempo, nunca dejó de considerar que petróleo, bases militares, inversiones y estabilidad regional justificaban relaciones preferenciales con algunas de las monarquías más restrictivas del planeta. Trump no inventó esa contradicción; la volvió más explícita, personal y transaccional.

Arabia Saudita sigue siendo la contradicción imposible de borrar

El punto más sensible continúa siendo Arabia Saudita. Quince de los 19 secuestradores del 11-S eran ciudadanos saudíes. Osama bin Laden había nacido en Riad, aunque Arabia Saudita le retiró posteriormente la ciudadanía y el régimen saudí terminó convertido también en enemigo de Al Qaeda. La Comisión del 11-S concluyó en 2004 que no había encontrado evidencia de que el Gobierno saudí como institución o altos funcionarios saudíes hubieran financiado individualmente a Al Qaeda. Esa conclusión sigue siendo indispensable para evitar convertir sospechas y conexiones personales en una acusación colectiva contra el Estado saudí.

Pero tampoco cerró definitivamente la historia. Documentación del FBI desclasificada posteriormente, testimonios y nuevas pruebas alimentaron durante años la demanda civil presentada por familiares de las víctimas contra Arabia Saudita. En agosto de 2025, el juez federal George Daniels rechazó el pedido saudí para desestimar completamente el litigio y sostuvo que los demandantes habían presentado evidencia suficiente para que un tribunal analice la actuación de Omar al-Bayoumi y Fahad al-Thumairy, dos hombres vinculados institucionalmente con estructuras saudíes en Estados Unidos y relacionados con dos de los futuros secuestradores que llegaron a California. El fallo no estableció que Arabia Saudita haya organizado, financiado o conocido el atentado; permitió que las familias intenten demostrar su caso en juicio. Riad rechaza terminantemente cualquier responsabilidad.

Precisamente este viernes, Terry Strada, cuyo esposo murió en el World Trade Center y que preside 9/11 Families United, volvió a acusar a sucesivos gobiernos estadounidenses de proteger la relación con Arabia Saudita antes que llegar hasta el final de las preguntas pendientes. Su crítica no se limita a Trump. La relación estratégica entre Washington y Riad atravesó administraciones republicanas y demócratas durante décadas. George W. Bush sostuvo la alianza después del atentado; Barack Obama preservó la cooperación militar y de inteligencia; Joe Biden prometió inicialmente convertir al reino en un “paria” por el asesinato de Jamal Khashoggi y terminó viajando a reunirse con Mohammed bin Salman cuando la energía y la geopolítica volvieron a imponerse. La excepcionalidad de Trump no está en haber descubierto que Estados Unidos necesita a Arabia Saudita, sino en haber prácticamente eliminado cualquier incomodidad pública respecto de esa relación.

En noviembre de 2025, Trump recibió a Mohammed bin Salman en Washington y lo llamó públicamente su “amigo” y un “gran caballero”, mientras celebraba acuerdos comerciales por unos US$270.000 millones. El príncipe heredero se convirtió durante la última década en el gobernante de facto del reino y es simultáneamente el hombre que impulsa una transformación económica y social extraordinaria y dirige un sistema sin elecciones nacionales competitivas, con severas restricciones a la oposición y a la libertad de expresión. La inteligencia estadounidense concluyó durante la administración Biden que MBS aprobó la operación para capturar o matar al periodista Jamal Khashoggi en 2018; el príncipe ha negado haber ordenado el asesinato, aunque asumió responsabilidad política por haber ocurrido bajo su gobierno.

Nada de eso demuestra una conexión entre MBS y el 11-S; tenía 16 años cuando ocurrieron los atentados. Pero sí crea una imagen políticamente incómoda en cada aniversario: familiares continúan litigando para determinar si agentes vinculados al Estado saudí ayudaron a algunos de los secuestradores mientras el presidente estadounidense convierte al actual jefe de ese mismo Estado en uno de sus socios internacionales predilectos. La contradicción no es criminal, sino moral y diplomática.

Qatar, el avión presidencial y una política exterior cada vez más personal

Qatar ofrece otra variante de la misma discusión, aunque no existe conexión comparable entre Doha y el 11-S. El emirato es uno de los socios militares esenciales de Estados Unidos en Medio Oriente y alberga la gigantesca base aérea de Al Udeid. Washington depende de esa relación para operaciones regionales, logística, inteligencia y negociaciones diplomáticas. Esa cooperación existió antes de Trump y continuará probablemente después de él.

Lo novedoso fue convertirla en un vínculo tan personal que Qatar terminó entregando al Gobierno estadounidense un Boeing 747-8 valuado aproximadamente en US$400 millones para ser utilizado como avión presidencial interino. Trump agradeció públicamente al emir Tamim bin Hamad Al Thani, al que calificó como un hombre “fantástico” y “muy valiente”, mientras mostraba la aeronave en junio. El avión fue posteriormente sometido a modificaciones militares y de seguridad y ya integra temporalmente la flota presidencial.

El debate no consiste en afirmar que aceptar ese avión convierte a Trump en aliado del terrorismo. Consiste en preguntarse qué tipo de relación quiere tener el presidente de la principal democracia occidental con gobiernos extranjeros que concentran enormes cantidades de poder y dinero y que pueden ofrecer inversiones, contratos o incluso bienes de lujo de valor extraordinario. La política exterior estadounidense siempre tuvo componentes transaccionales. Con Trump, esa lógica se volvió casi doctrinaria: la calidad democrática del socio pasa a importar considerablemente menos que lo que está dispuesto a ofrecer.

El propio Trump defendió la aceptación del avión bajo una lógica empresarial elemental: sería absurdo rechazar algo tan valioso si otro país está dispuesto a entregarlo. La explicación resume bastante bien su concepción de las relaciones internacionales. No existen amigos permanentes basados en afinidades políticas ni enemigos permanentes basados en valores. Existen tratos, inversiones y ventajas que pueden conseguirse en cada momento. Esa filosofía puede resultar pragmática, pero vuelve mucho más difícil sostener simultáneamente que Estados Unidos organiza su política exterior alrededor de la defensa de la democracia y la libertad.

Emiratos Árabes Unidos ocupa un espacio similar. Mohammed bin Zayed dirige uno de los Estados más eficientes, ricos y tecnológicamente ambiciosos de Medio Oriente, pero también un sistema político con escasa competencia democrática. Washington profundizó su cooperación con Abu Dhabi en inteligencia artificial, defensa y energía, mientras empresas estadounidenses desarrollan allí uno de los mayores proyectos de infraestructura de IA fuera de Estados Unidos. Emiratos constituye un socio enormemente valioso frente a Irán y en la competencia tecnológica global. Para la administración Trump, eso es suficiente para tratarlo como aliado estratégico prácticamente sin incorporar su sistema político dentro de la ecuación.

Aquí aparece una diferencia importante con el discurso posterior al 11-S. George W. Bush cometió errores estratégicos enormes y la invasión de Irak terminaría convirtiéndose en uno de los mayores desastres de la política exterior estadounidense contemporánea, pero la doctrina que utilizaba públicamente se apoyaba en la idea —muchas veces aplicada de forma contradictoria— de que la expansión de la democracia podía reducir las condiciones que alimentaban el extremismo. Trump prácticamente invirtió esa filosofía: no pretende democratizar Medio Oriente, no condiciona las alianzas a reformas políticas y prefiere líderes capaces de garantizar decisiones rápidas y acuerdos estables.

En algunos aspectos, la corrección tiene lógica. Veinticinco años de experiencia demostraron que intentar transformar sociedades mediante invasiones militares puede producir consecuencias muchísimo peores que el problema que pretendía resolver. Afganistán terminó nuevamente bajo control talibán; Irak quedó devastado y permitió posteriormente la aparición del Estado Islámico; trillones de dólares fueron gastados y miles de estadounidenses y centenares de miles de habitantes de la región murieron. El error de la administración Bush no fue simplemente haber combatido a Al Qaeda, sino haber transformado el 11-S en una justificación para guerras que excedieron ampliamente la responsabilidad por los atentados.

Trump consiguió parte de su ascenso político precisamente denunciando esas “guerras eternas”. La paradoja de 2026 es que Estados Unidos está nuevamente inmerso en un conflicto prolongado en Medio Oriente, esta vez contra Irán, mientras el presidente que prometía evitar aventuras militares mantiene fuerzas desplegadas alrededor de monarquías autoritarias cuya seguridad depende en buena medida del paraguas estadounidense. Reuters recordó este viernes que la reacción posterior al 11-S contribuyó indirectamente al ascenso político de Trump, pero que su promesa de evitar nuevos conflictos exteriores está siendo puesta a prueba por la guerra actual.

Trump no inventó el abrazo a los autócratas, pero sí lo convirtió en parte de su identidad

La contradicción no termina en el Golfo. Trump desarrolló durante años una particular fascinación política por dirigentes capaces de concentrar poder y presentar esa concentración como eficacia. Su relación con Vladimir Putin es el ejemplo más evidente. Incluso mientras Rusia mantiene la invasión de Ucrania y multiplica operaciones híbridas contra Europa, Trump continúa conversando directamente con Putin y ofreciendo incentivos económicos para alcanzar un acuerdo. Hace apenas tres días ambos volvieron a mantener una conversación telefónica mientras el Kremlin insistía en que no representa una amenaza para Europa.

Eso no significa que Estados Unidos sea aliado de Rusia. Washington continúa sosteniendo a Ucrania y mantiene sanciones significativas contra Moscú. El punto está en el lenguaje y en el modelo político que Trump parece admirar: dirigentes fuertes, capaces de dominar sus sistemas internos y negociar personalmente grandes acuerdos. La democracia liberal, con parlamentos, jueces, prensa independiente y procedimientos lentos, aparece muchas veces en su discurso como una molestia que impide tomar decisiones rápidas.

Ese rasgo es especialmente llamativo en un aniversario del 11-S porque el relato norteamericano de 2001 no se construyó solamente alrededor de una venganza militar. Se construyó alrededor de una idea: Estados Unidos había sido atacado por representar una sociedad abierta y debía demostrar que esas libertades podían sobrevivir al terrorismo.

La historia posterior mostró cuán difícil fue sostener esa promesa. Washington aprobó el Patriot Act, expandió masivamente la vigilancia, abrió prisiones secretas, autorizó técnicas de interrogatorio consideradas tortura y mantuvo Guantánamo. Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el principal arquitecto de los atentados, sigue detenido 23 años después de su captura sin haber sido juzgado y enfrenta un proceso militar tan contaminado por los abusos cometidos durante su interrogatorio que muchos especialistas dudan que llegue alguna vez a una sentencia definitiva.

Es decir, la contradicción que hoy expresa Trump tiene raíces bastante anteriores. Estados Unidos defendió la libertad recortando libertades; combatió el terrorismo utilizando métodos que dañaron su autoridad moral; invadió Irak por armas de destrucción masiva que nunca aparecieron y mantuvo alianzas con monarquías autoritarias mientras hablaba de democratizar Medio Oriente.

La diferencia está en que gobiernos anteriores al menos intentaban presentar esas contradicciones como excepciones incómodas. Trump muchas veces parece considerarlas irrelevantes.

Para su administración, un líder extranjero es valioso si controla su país, puede garantizar inversiones, compra armas estadounidenses, contiene adversarios y acepta negociar directamente con la Casa Blanca. Arabia Saudita cumple esas condiciones. Qatar también. Emiratos Árabes Unidos también. Y en contextos distintos, Trump ha demostrado sentirse cómodo negociando con Putin o Kim Jong-un precisamente porque considera que las relaciones internacionales pueden resolverse entre dirigentes capaces de comprometer personalmente a sus Estados.

Ese realismo tiene defensores. La política exterior no es una competencia de virtudes y Estados Unidos mantiene relaciones con regímenes autoritarios desde mucho antes de 2001 porque las grandes potencias necesitan socios en regiones estratégicas. Arabia Saudita controla enormes reservas energéticas y posee enorme influencia en el mundo árabe; Qatar alberga una de las principales instalaciones militares estadounidenses; Emiratos es un centro financiero, logístico y tecnológico; negociar con Rusia resulta inevitable si se pretende poner fin a la guerra de Ucrania. Una diplomacia basada exclusivamente en afinidades democráticas sería prácticamente imposible.

Pero reconocer esa realidad no obliga a borrar cualquier distinción entre alianzas necesarias y admiración política.

Ahí aparece el problema con Trump. Su administración no se limita a cooperar con hombres fuertes por necesidad estratégica. Con frecuencia los elogia justamente por las características que los vuelven poco compatibles con el modelo político estadounidense: capacidad para tomar decisiones sin demasiados contrapesos, permanencia prolongada en el poder y control sobre sus propios sistemas. Ese lenguaje debilita la capacidad norteamericana de afirmar que los principios que recuerda cada 11 de septiembre poseen un valor superior al de cualquier acuerdo económico.

Veinticinco años después, la pregunta no es sólo quién atacó Estados Unidos sino qué aprendió Estados Unidos

El aniversario obliga además a regresar a las consecuencias originales del ataque. Aquel día murieron ciudadanos de más de 90 países. Las imágenes de personas saltando desde las Torres, bomberos subiendo mientras miles bajaban y pasajeros del vuelo 93 decidiendo enfrentar a los secuestradores quedaron incorporadas para siempre a la memoria occidental. NATO activó por primera vez en su historia el artículo 5 de defensa colectiva y durante algunas semanas Estados Unidos recibió una solidaridad internacional casi universal.

Buena parte de ese capital político terminó desperdiciado.

La invasión de Afganistán comenzó con un objetivo relativamente claro: destruir la infraestructura de Al Qaeda y expulsar al régimen talibán que le daba refugio. La posterior invasión de Irak no tenía esa conexión. Saddam Hussein no organizó el 11-S y la justificación principal sobre armas de destrucción masiva resultó equivocada. Estados Unidos terminó ocupando durante años dos países, expandiendo enormemente su deuda y su aparato de seguridad y dejando un legado de resentimiento cuyas consecuencias todavía atraviesan Medio Oriente.

Trump comprendió políticamente ese agotamiento antes que buena parte de la dirigencia tradicional. Su crítica a las guerras interminables conectó con millones de estadounidenses que consideraban que Washington había pagado demasiado por intentar reconstruir otras sociedades. Pero su solución terminó yendo hacia el extremo contrario: si la cruzada democrática posterior al 11-S intentaba convertir a todos en democracias, la doctrina Trump parece dispuesta a considerar irrelevante cómo gobierna un aliado mientras el trato resulte beneficioso.

El problema de ambas posiciones es parecido. En un extremo, Estados Unidos creyó que podía exportar instituciones mediante soldados. En el otro, corre el riesgo de concluir que los principios políticos no importan nunca.

El 25º aniversario debería permitir una tercera lectura.

Estados Unidos no necesita invadir Arabia Saudita porque no sea una democracia ni romper con Qatar porque tenga un emir. Tampoco necesita fingir que todas las monarquías del Golfo constituyen una extensión de su propio sistema político. Puede mantener relaciones estratégicas y, al mismo tiempo, conservar distancia institucional, exigir transparencia, proteger a sus propios ciudadanos y no convertir la diplomacia en una sucesión de vínculos personales entre dirigentes.

La causa judicial del 11-S contra Arabia Saudita es un buen ejemplo. Riad merece el derecho de defenderse y nadie debería atribuirle una responsabilidad que un tribunal todavía no estableció. Pero las familias también merecen conocer hasta dónde llegaron las relaciones entre funcionarios saudíes y algunos de los secuestradores. Una alianza estratégica no debería convertirse en un argumento para impedir que esa evidencia sea examinada.

Ese fue precisamente el reclamo que volvió a escucharse este viernes en Ground Zero.

Y es allí donde la imagen de Trump resulta más contradictoria. El mismo presidente que proclama que Estados Unidos “nunca olvidará” gobierna mediante una política exterior en la que el pasado parece importar muy poco cuando aparece delante un negocio estratégico suficientemente grande.

Trump no tiene responsabilidad por las conexiones saudíes que todavía investigan los tribunales. MBS tampoco la tiene por hechos ocurridos cuando era adolescente. Qatar y Emiratos no pueden ser introducidos artificialmente en una historia en la que no tuvieron un papel equivalente. La crítica correcta no consiste en construir culpabilidades inexistentes, sino en observar el modelo político que Washington está normalizando.

Veinticinco años después del ataque que destruyó las Torres Gemelas, el presidente de Estados Unidos mantiene una relación extraordinariamente cómoda con algunos de los dirigentes menos democráticos del planeta y considera esa comodidad una virtud de su diplomacia.

Puede que eso produzca inversiones, bases militares, contratos de armas y acuerdos regionales. Puede incluso ser más pragmático que intentar reconstruir Medio Oriente a punta de fusil.

Pero tiene un costo.

Porque cada 11 de septiembre Estados Unidos recuerda a las víctimas diciendo que fueron atacadas por aquello que el país representa. Si libertad, instituciones y democracia forman realmente parte de aquello que se está homenajeando, no deberían transformarse en palabras ceremoniales durante una mañana y desaparecer de la política exterior durante los otros 364 días del año.

Esa quizás sea la pregunta más incómoda del aniversario: no sólo si Estados Unidos recuerda correctamente qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001, sino si después de 25 años todavía recuerda qué decía estar defendiendo cuando decidió responder.