De la Espriella gobierna como si siguiera en campaña: mano dura, religión y un cerco cada vez mayor sobre la información

Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia de Colombia después de una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país. En la segunda vuelta del 21 de junio obtuvo el 49,66% de los votos frente al 48,69% del izquierdista Iván Cepeda, una diferencia de apenas 249.901 sufragios sobre más de 25 millones emitidos. No recibió, por lo tanto, un cheque electoral en blanco ni una mayoría social aplastante. Sin embargo, después de asumir el 7 de agosto, comenzó a gobernar como si su tarea principal fuera ampliar aquella coalición electoral y convertir su victoria mínima en una mayoría política duradera. A treinta días de su llegada al poder, la característica más visible de su administración no es todavía una gran reforma legislativa sino una forma particular de ejercer la Presidencia: concentración del mensaje, símbolos fuertes, confrontación permanente y una obsesión por conservar la centralidad del propio mandatario.

La realidad, además, no le concedió período de adaptación. Apenas tres días después de asumir, el terremoto del 10 de agosto golpeó distintas regiones del país y dejó al menos 331 muertos, más de 4.500 heridos, cientos de miles de personas afectadas y decenas de miles de viviendas destruidas. El nuevo Gobierno tuvo que abandonar inmediatamente cualquier transición ordenada y ponerse al frente de una emergencia cuyo costo de reconstrucción se calcula en alrededor de 40 billones de pesos colombianos. De la Espriella viajó a las zonas afectadas, apareció junto a alcaldes y gobernadores y procuró construir desde el primer momento una imagen presidencial ejecutiva, cercana al terreno y personalmente involucrada. También aparecieron controversias por el manejo de la ayuda internacional y por el papel otorgado a la fundación vinculada con su esposa en la recepción de donaciones privadas. El terremoto terminó siendo, involuntariamente, la primera gran prueba de un mandatario que había ganado presentándose como el hombre dispuesto a restaurar el orden después de cuatro años de Gustavo Petro.

Pero pasada la primera fase de la emergencia, De la Espriella regresó rápidamente al terreno en el que construyó buena parte de su capital político: la seguridad. El contraste con Petro fue deliberado. Mientras su antecesor había apostado por la llamada “paz total”, mediante negociaciones simultáneas con guerrillas, disidencias y organizaciones criminales, el nuevo presidente clausuró mesas de diálogo, incrementó las operaciones militares y comenzó a hablar de una ofensiva sostenida contra estructuras armadas y narcotraficantes. En su primer mes, el Gobierno difundió balances de decenas de combatientes muertos, cerca de 800 capturados y operaciones contra organizaciones como las disidencias encabezadas por Iván Mordisco y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. La alianza con Estados Unidos le proporciona, además, mayor cooperación operativa, inteligencia y recursos para intentar obtener resultados rápidos.

La comunicación de esas operaciones permite entender quizás mejor que cualquier discurso cómo piensa políticamente el nuevo Gobierno. De la Espriella apareció vestido de verde oliva, realizando saludos militares y caminando junto a cuerpos de combatientes muertos después de bombardeos. Cuando las primeras imágenes generaron críticas, repitió una escena semejante días más tarde. La Defensoría del Pueblo cuestionó públicamente la utilización de cadáveres como parte de la escenografía política y recordó que incluso quienes mueren en operaciones de las fuerzas estatales conservan su dignidad. El Gobierno respondió defendiendo la necesidad de mostrar los resultados de su estrategia de seguridad. Para los críticos, existe allí una banalización peligrosa de la muerte y ecos inquietantes de la historia reciente colombiana; para una parte de quienes lo votaron, en cambio, las imágenes funcionan exactamente como el Presidente pretende: como prueba visible de que terminó la época de negociación y comenzó la de la fuerza.

Ese método explica por qué algunos analistas colombianos describen su primer mes como una prolongación de la campaña electoral. De la Espriella no parece estar administrando solamente políticas públicas; continúa construyendo antagonismos, escenas y mensajes destinados a consolidar una identidad. La cuestión resulta especialmente importante porque ganó con menos de la mitad de los votos válidos y necesita ampliar su legitimidad. En lugar de moderarse después de la elección, eligió profundizar varios de los elementos que lo llevaron al poder: Fuerzas Armadas, orden público, conservadurismo cultural, religión y una política exterior alineada con la derecha internacional. La hipótesis es sencilla: instituciones como la Iglesia, las Fuerzas Armadas y la Policía conservan niveles de imagen positiva superiores al porcentaje con el que llegó a la Presidencia y, por lo tanto, ofrecen un terreno donde todavía puede crecer.

Un Presidente que intenta controlar no sólo el Gobierno, sino también su relato

Dentro de esa estrategia aparece uno de los fenómenos más llamativos de este comienzo: la extraordinaria centralización de la comunicación oficial. Desde sus primeros días, De la Espriella prácticamente eliminó la rueda de prensa tradicional entendida como un intercambio entre funcionarios y periodistas. Convocó a medios después del terremoto, pero no permitió preguntas. El esquema se repitió posteriormente. Los ministros concedieron pocas entrevistas y las principales cifras, anuncios y decisiones fueron concentrándose alrededor de Presidencia y de contenidos preparados previamente para televisión y redes sociales.

El 1° de septiembre, Caracol Radio reveló las notas tomadas por un funcionario durante una reunión entre responsables de prensa de distintos organismos y la jefa de comunicaciones de la Casa de Nariño, María Fernanda Sandoval. No se trata de una resolución oficial publicada ni de un documento cuya autenticidad haya sido formalmente reconocida por Presidencia, una precisión fundamental. Pero las instrucciones registradas coinciden ampliamente con la práctica comunicacional observada durante estas primeras semanas. Según esas notas, la línea era evitar ruedas de prensa y entrevistas salvo en asuntos considerados estratégicos, privilegiar en esos casos a medios considerados “amigos”, exigir autorización previa a los ministros, impedir que los viceministros funcionen como voceros y reservar para el Presidente los anuncios principales.

El esquema incorpora incluso una estructura interna destinada a disciplinar la información. Cada ministerio tendría un enlace directo con la oficina de comunicaciones presidencial; los funcionarios deberían evitar utilizar sus cuentas personales para realizar anuncios institucionales; los comunicados tendrían que ser breves y previamente coordinados; y el vocero de la Presidencia, Miller Soto, podría realizar hasta tres intervenciones diarias recopilando los asuntos principales de cada cartera. Las pautas publicitarias de los ministerios, además, quedaron sometidas a revisión. Si un funcionario se cruza con periodistas durante una actividad pública puede realizar una declaración, pero la instrucción registrada indica que no debería aceptar preguntas. Incluso el propio portavoz presidencial debutó bajo ese formato.

Centralizar la comunicación no constituye por sí mismo una anomalía democrática. Todos los gobiernos intentan coordinar mensajes, reducir contradicciones entre ministros y administrar políticamente sus anuncios. El problema comienza cuando coordinación significa reemplazar sistemáticamente las preguntas por declaraciones unidireccionales y cuando aparece la categoría de “medios amigos” para decidir quién puede acceder a entrevistas. La organización colombiana El Veinte, especializada en libertad de expresión, sostuvo que semejante esquema puede afectar no sólo el trabajo periodístico sino el derecho de los ciudadanos a recibir información pública. Incluso Camilo Granada, quien manejó las comunicaciones durante la presidencia de Juan Manuel Santos y comprende la necesidad de ordenar una narrativa gubernamental, advirtió que un control de semejante intensidad resulta difícil de sostener cuando la realidad empieza a producir crisis, contradicciones y temas imposibles de administrar desde una única oficina.

La paradoja es que De la Espriella llegó al poder después de años en los que las redes sociales debilitaron precisamente la posibilidad de controlar verticalmente la agenda. Su respuesta parece consistir en combinar ambos mundos: restringir la intermediación periodística mientras multiplica contenidos directamente producidos por Presidencia. No necesita necesariamente silenciar a los medios si puede convertir su propia maquinaria comunicacional en la principal fuente de imágenes, cifras y declaraciones sobre el Gobierno. Esa estrategia posee una eficacia evidente en términos de campaña: el Presidente aparece siempre con el mensaje que eligió, en la escenografía que preparó y sin preguntas que puedan modificar el eje del día. El problema es que gobernar cuatro años no funciona igual que disputar una elección durante algunos meses.

La primera muestra se produjo con las operaciones militares. La difusión oficial de imágenes de cuerpos permitía mostrar una Presidencia fuerte y activa, pero abrió inmediatamente una controversia sobre derechos humanos, dignidad de los muertos y límites del uso político de la fuerza. Después de que un bombardeo en Guaviare provocara la muerte de menores, una jueza ordenó a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar operaciones aéreas sobre objetivos cuando exista información verificable acerca de la presencia de niños. Es decir, mientras el Gobierno intenta transmitir que el Presidente posee capacidad prácticamente ilimitada para restaurar el orden, el sistema institucional colombiano empieza a recordarle que existen tribunales, organismos de control y reglas capaces de restringir la actuación del Ejecutivo.

Algo similar ocurrió con la religión. La ceremonia de asunción estuvo cargada de referencias cristianas, con líderes religiosos, oraciones y una imagen de la Virgen de Fátima. La utilización de esos símbolos fue tan explícita que una decisión judicial obligó posteriormente al Presidente a rectificar por vulnerar el principio de neutralidad religiosa del Estado. De la Espriella acató formalmente la orden, pero terminó su mensaje con un “¡Viva Cristo Rey!” y al día siguiente participó junto con ministros y familiares de una ceremonia religiosa por las víctimas del terremoto. La secuencia ilustra perfectamente su método: respetar formalmente el límite institucional sin renunciar políticamente al símbolo que originó la controversia.

El componente religioso tampoco parece accesorio. En este primer mes comenzó a perfilarse una disputa dentro de la propia administración entre un ala conservadora, concentrada en la llamada batalla cultural, y un sector más tecnocrático representado especialmente por el vicepresidente José Manuel Restrepo. De la Espriella ha vuelto sobre asuntos como aborto, familia tradicional y presencia pública del cristianismo mientras su Gobierno necesita simultáneamente resolver cuestiones fiscales, económicas y administrativas de enorme complejidad. Según la reconstrucción de EL PAÍS, en Bogotá existe la percepción de que el sector técnico está perdiendo inicialmente esa pulseada frente a la identidad ideológica que movilizó al electorado presidencial.

El límite puede aparecer en la economía y en las instituciones

La gran pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse una Presidencia basada fundamentalmente en símbolos cuando comiencen las decisiones que tienen costos concretos. El mejor ejemplo está en las cuentas públicas. De la Espriella llegó prometiendo austeridad y reducción del tamaño estatal, pero el primer presupuesto presentado por su administración para 2027 asciende a 634,9 billones de pesos, aproximadamente 10% más que el proyecto que había dejado Petro. El Gobierno sostiene que no representa una expansión irresponsable, sino un “sinceramiento” de obligaciones que la administración anterior había subestimado: pensiones, salud, subsidios eléctricos, combustibles y otros compromisos que, según Hacienda, no estaban correctamente financiados.

El resultado es políticamente incómodo. El déficit proyectado para 2027 llega al 9,4% del PBI, uno de los niveles más elevados de la historia reciente colombiana, y la deuda podría alcanzar el 66,2% del producto. Cerca de uno de cada cuatro pesos del presupuesto terminaría destinado al servicio de la deuda. El Gobierno descarta, por ahora, recurrir al FMI y también evita hablar de aumentos tributarios generales, por lo que analiza refinanciar vencimientos, revisar exenciones y buscar una reducción gradual del déficit. Pero cualquiera de esas alternativas acabará exigiendo decisiones distributivas: recortar gastos, modificar subsidios, conseguir nuevos ingresos o aceptar un endeudamiento todavía mayor.

Durante este primer mes De la Espriella eligió evitar algunas de esas peleas. Congeló el precio de la gasolina durante septiembre, mantuvo el subsidio al diésel y respaldó nuevas líneas del metro de Bogotá mientras aplazaba, por falta de recursos, otros compromisos sociales. Esa prudencia contrasta con el lenguaje de ruptura utilizado durante la campaña. Allí aparece otra explicación de por qué continúa comportándose como candidato: el Gobierno todavía está utilizando capital político para aumentar popularidad antes de afrontar el ajuste que probablemente exijan las cuentas públicas. Economistas colombianos advierten que la ventana para tomar las decisiones más difíciles puede ser de apenas unos meses, antes de que las elecciones locales, el Congreso y la caída natural de popularidad reduzcan el margen presidencial.

En política exterior, en cambio, la ruptura con Petro fue inmediata. De la Espriella profundizó el vínculo con Donald Trump, incorporó a Colombia al llamado Escudo de las Américas, reforzó la cooperación militar con Estados Unidos y autorizó una presencia operativa estadounidense más amplia. También recompuso de manera acelerada los vínculos con Israel y llegó a reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, una posición que se aparta de la postura predominante en la comunidad internacional. Paralelamente, Colombia comenzó a distanciarse de la Nueva Ruta de la Seda china. El nuevo mandatario cumple así una de las promesas más claras de su campaña: abandonar la política exterior más autónoma y tercermundista de Petro para insertar nuevamente al país dentro del eje estratégico de Washington.

El problema es que esa política también puede tener costos. Colombia mantiene enormes intereses comerciales con China, comparte más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela y necesita preservar relaciones funcionales con gobiernos ideológicamente distintos. Una diplomacia construida principalmente sobre afinidades políticas puede ofrecer beneficios inmediatos con Washington, especialmente en seguridad, pero también reducir el margen tradicional de maniobra de Bogotá. El mismo patrón que aparece en la política doméstica —aliados y adversarios claramente definidos— está comenzando a trasladarse al exterior.

El resultado de los primeros treinta días es, por eso, mucho más complejo que una simple descripción de un Gobierno “de derecha”. De la Espriella llegó con un mandato estrechísimo y está intentando ampliarlo mediante una Presidencia extraordinariamente personalista en su comunicación. La emergencia del terremoto le permitió mostrar capacidad de reacción; la inseguridad le dio el escenario ideal para recuperar su promesa de mano dura; la religión reforzó el vínculo con su base conservadora; y la alianza con Trump le ofreció un socio internacional poderoso. Al mismo tiempo, los primeros fallos judiciales, las críticas de la Defensoría, las dudas sobre derechos humanos y las cuentas fiscales empiezan a mostrar que la capacidad de convertir una campaña en una forma permanente de gobierno tiene límites.

El manejo de la información es particularmente relevante porque conecta todos esos elementos. Si los ministros prácticamente no responden preguntas, los viceministros no pueden funcionar como voceros y las grandes decisiones se conocen fundamentalmente mediante videos y comunicados preparados por Presidencia, el Gobierno obtiene durante un tiempo una formidable disciplina narrativa. Pero también concentra sobre De la Espriella toda la responsabilidad por los éxitos, las contradicciones y los fracasos. La misma centralización que permite controlar el mensaje cuando las noticias son favorables puede convertirse en un problema cuando llegue una crisis que no pueda resolverse mediante una puesta en escena.

Hay además una diferencia fundamental entre campaña y gobierno. Un candidato puede escoger prácticamente todos los escenarios donde aparece, seleccionar adversarios y reducir su mensaje a unas pocas ideas repetidas con eficacia. Un presidente debe explicar presupuestos, responder por funcionarios, afrontar decisiones judiciales, negociar leyes, reaccionar ante tragedias y convivir con información que no controla. Colombia acaba de experimentar esa tensión durante el terremoto, los bombardeos y la discusión presupuestaria, y apenas pasó un mes.

Por ahora, De la Espriella conserva la iniciativa. Tiene un Congreso más favorable que el que tuvo Petro durante buena parte de su mandato, una alianza estrecha con Estados Unidos, una oposición golpeada después de la derrota electoral y sectores económicos y mediáticos que parecen dispuestos a concederle un período inicial de gracia. Incluso el Consejo Nacional Electoral elegido a fines de agosto quedó integrado por siete magistrados vinculados con la coalición de derecha que sostiene al Ejecutivo y sólo dos provenientes del espacio opositor. Es una estructura de poder considerable para alguien que llegó a la Presidencia por menos de un punto.

Pero precisamente por eso el verdadero examen todavía está por comenzar. De la Espriella puede mostrar cadáveres para demostrar que combate a los grupos armados, utilizar símbolos cristianos para consolidar a su electorado y administrar desde la Casa de Nariño cada palabra pronunciada por sus ministros. Lo que no puede controlar con la misma facilidad son un déficit cercano al 10% del PBI, los tribunales que revisan sus decisiones, una sociedad prácticamente dividida por mitades y un conflicto armado que lleva décadas sobreviviendo a presidentes de ideologías completamente distintas.

Su primer mes muestra un Gobierno que aprendió extraordinariamente rápido a dominar la escena, pero todavía debe demostrar que también puede dominar la gestión. Esa será probablemente la tensión que marque la etapa siguiente: si Abelardo de la Espriella consigue transformar la poderosa maquinaria política que lo llevó a la Presidencia en una administración capaz de resolver los problemas colombianos o si, cuatro años después, su paso por la Casa de Nariño termina recordándose como una campaña electoral que nunca llegó realmente a terminar.