Alejandro CabreraEl jueves 3 de septiembre Pablo Bertuzzi juró como juez titular de la Sala I de la Cámara Federal porteña. No era exactamente un recién llegado a Comodoro Py: ocupaba ese mismo lugar desde 2018, cuando Mauricio Macri dispuso su traslado desde un tribunal oral. Lo novedoso era otra cosa. Después de ocho años de controversias sobre la legalidad de aquel movimiento, un concurso que sufrió modificaciones en su orden de mérito y una larga batalla institucional, Javier Milei terminó el procedimiento constitucional que Macri había dejado incompleto: eligió a Bertuzzi entre los candidatos enviados por el Consejo de la Magistratura, mandó su pliego al Senado, obtuvo el acuerdo y firmó el decreto que lo convirtió definitivamente en camarista titular.
Menos de veinticuatro horas después llegó la primera decisión políticamente explosiva de la nueva etapa. Bertuzzi y Mariano Llorens confirmaron la exclusión de cinco inversores que pretendían continuar como querellantes en la causa $LIBRA, la investigación por el criptoactivo que Javier Milei promocionó públicamente antes de su derrumbe. El fallo no sobreseyó al Presidente, no cerró la investigación y tampoco declaró que no hubiera delito, pero dejó afuera del expediente como acusadores particulares a quienes venían impulsando medidas de prueba y cuestionando la operatoria. La investigación quedó fundamentalmente bajo el impulso de la fiscalía.
Ese mismo viernes, la misma dupla firmó otra resolución de enorme trascendencia. Bertuzzi y Llorens confirmaron el archivo de la causa que investigaba la contratación del préstamo de hasta US$57.100 millones acordado entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional en 2018. El expediente alcanzaba al expresidente, al exministro Nicolás Dujovne y a quienes hoy vuelven a ocupar lugares centrales en el gobierno de Milei: Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Los camaristas entendieron que no se habían acreditado conductas penalmente relevantes y que determinadas decisiones pertenecían al ámbito de actuación de los poderes políticos, confirmando así el criterio que había adoptado en primera instancia la jueza María Eugenia Capuchetti.
Este lunes 7 de septiembre apareció el tercer capítulo. Bertuzzi y Llorens ratificaron el sobreseimiento de Luis Caputo en una causa distinta, donde se investigaban presuntas negociaciones incompatibles con la función pública correspondientes a su etapa como secretario de Finanzas de Macri. El fiscal Carlos Rívolo había pedido en tres oportunidades que Caputo fuera citado a declaración indagatoria y sostenía que había elementos suficientes para que explicara la omisión de sociedades offshore en sus declaraciones, la facturación de servicios profesionales a una de ellas mientras ejercía funciones públicas y la compra de bonos del Tesoro por parte de una firma vinculada a él en una licitación en la que había intervenido como funcionario. El juez Julián Ercolini había sobreseído a Caputo sin llamarlo a indagatoria y ahora la Cámara confirmó aquella resolución.
Tres decisiones en apenas cuatro días. Una afecta una investigación que toca directamente al actual Presidente; otra cerró una causa contra el expresidente Macri y dos actuales funcionarios fundamentales del gobierno libertario; la tercera confirmó el sobreseimiento del ministro de Economía. Ninguna de esas circunstancias permite por sí sola afirmar que exista direccionamiento judicial y los fallos deben analizarse por sus fundamentos jurídicos. Pero la concentración temporal, la sensibilidad política de los expedientes y, sobre todo, la historia de cómo quedaron integrados los jueces que los resolvieron convierte a la Sala I en un foco inevitable de atención.
Mariano Llorens tiene un recorrido institucional mucho más lineal. En 2017 el Consejo de la Magistratura había enviado al Poder Ejecutivo una terna integrada por Julio César Báez, Domingo Montanaro y el propio Llorens para cubrir una vacante que llevaba aproximadamente una década abierta. Mauricio Macri eligió a Llorens, envió su candidatura al Senado y, después de obtener el acuerdo, lo nombró en junio de 2018 mediante el decreto 514/2018 firmado junto con el entonces ministro de Justicia Germán Garavano. Es decir, Llorens es formalmente un camarista elegido por el Poder Ejecutivo de Macri después de atravesar el mecanismo constitucional correspondiente.
La historia de Bertuzzi fue mucho más conflictiva. También en 2018, pocos meses después de la llegada de Llorens, el macrismo impulsó su desembarco en la Cámara Federal. Bertuzzi era juez del Tribunal Oral Federal N°4 y solicitó ser trasladado a una vacante de la Sala I. El Consejo de la Magistratura aprobó el movimiento con una mayoría favorable al oficialismo y Macri firmó el decreto 835/2018 que concretó el traslado. No hubo en ese momento un nuevo concurso ni un nuevo acuerdo del Senado específicamente para el cargo que pasaba a ocupar en la Cámara.
La situación tenía incluso una particularidad que hoy adquiere otro significado: Llorens se había opuesto al traslado de Bertuzzi. Apenas había asumido su cargo, sostuvo junto con Martín Irurzun que esa vacante debía ser cubierta mediante un concurso. Llorens aclaró entonces que no cuestionaba personalmente ni profesionalmente a Bertuzzi, sino que planteaba una objeción institucional al mecanismo utilizado para incorporarlo. El único integrante de la Cámara que respaldó entonces su llegada fue Leopoldo Bruglia, antiguo compañero de Bertuzzi en el Tribunal Oral Federal N°4.
La controversia explotó dos años después. En septiembre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto mediante un decreto los traslados que habían llevado a Bertuzzi a la Cámara. El argumento era que aquel mecanismo no había completado el procedimiento establecido por el artículo 99 inciso 4 de la Constitución, que contempla la intervención del Consejo, la propuesta del Presidente y el acuerdo del Senado para el nombramiento de los jueces federales. La disputa terminó en la Corte Suprema, que permitió que Bertuzzi continuara provisionalmente en su cargo hasta que la vacante fuese cubierta mediante el procedimiento constitucional correspondiente.
El concurso definitivo terminó convirtiéndose en una historia política por derecho propio. El proceso para cubrir dos lugares de la Sala I comenzó años atrás y atravesó sucesivos dictámenes. Según los antecedentes reconstruidos durante el proceso de designación de este año, en un primer ordenamiento de 2022 Pablo Yadarola aparecía noveno y Bertuzzi vigésimo. Cuatro años más tarde, sin nuevas entrevistas personales, una nueva valoración de aquellas audiencias modificó sustancialmente las posiciones: Yadarola terminó quinto y Bertuzzi sexto. El Consejo finalmente aprobó una primera terna integrada por Fernando Poviña, Agustina Rodríguez y Yadarola, y una segunda formada por Julio César Di Giorgio, Cecilia Incardona y Bertuzzi.
El Poder Ejecutivo no está obligado a elegir al primero del orden de mérito: constitucionalmente recibe las ternas y puede seleccionar a cualquiera de los postulantes que las integran. Milei eligió a Yadarola, quinto en el orden final, y Bertuzzi, sexto, y envió ambos pliegos al Senado. Bertuzzi, por lo tanto, no llegó al cargo definitivo simplemente porque ya lo ocupaba: fue una elección política e institucional del actual Presidente entre los candidatos habilitados por el Consejo. El Senado dio su acuerdo el 27 de agosto y Milei formalizó las designaciones mediante los decretos 847 y 848, firmados el 1° de septiembre. Ambos magistrados juraron el jueves 3.
La paradoja es evidente. Macri había trasladado a Bertuzzi a la Sala I en 2018 utilizando un procedimiento que después fue cuestionado porque no suponía un nombramiento definitivo. Ocho años más tarde, Milei terminó otorgándole justamente aquello que faltaba: un nombramiento específico para ese cargo después del concurso y el acuerdo del Senado. Llorens, mientras tanto, había sido seleccionado directamente por Macri. El tribunal que hoy firma algunas de las decisiones judiciales más importantes de la política argentina tiene así una integración atravesada por decisiones de dos administraciones distintas, pero políticamente cercanas en varios de los expedientes que ahora llegan a su escritorio.
A esa historia institucional se agregó un detalle decisivo durante estos primeros días. La Sala I debería estar integrada por tres jueces: Llorens, Bertuzzi y Pablo Yadarola. Pero Yadarola se tomó licencia prácticamente inmediatamente después de asumir. Eso dejó las decisiones pendientes en manos de Bertuzzi y Llorens, mientras Leopoldo Bruglia ya había dejado de integrar esa conformación por la llegada de los nuevos titulares. De acuerdo con la reconstrucción publicada este lunes, la ausencia de Yadarola permitió además que expedientes cuyas audiencias ya se habían realizado fueran resueltos sin esperar a que el nuevo camarista estudiara los casos.
El primer efecto se vio en $LIBRA. Los cinco inversores excluidos como querellantes sostenían que habían sufrido pérdidas como consecuencia de una maniobra engañosa alrededor del token difundido por Milei en febrero de 2025. Bertuzzi y Llorens consideraron que, en el estado actual de la causa, no habían conseguido demostrar un ardid concreto que los hubiera inducido a comprar el activo y señalaron el carácter altamente volátil y no regulado del mercado en el que habían decidido operar. La decisión es importante porque esos inversores dejan de participar activamente como acusadores, aunque el fiscal Eduardo Taiano conserva la investigación y la responsabilidad penal de Milei o de otros involucrados no fue resuelta por ese fallo.
Horas después llegó la causa del FMI. Allí la decisión tuvo un alcance todavía mayor porque confirmó directamente el cierre de la investigación. La denuncia cuestionaba las condiciones bajo las cuales la administración Macri había recurrido al Fondo en 2018, primero por US$50.000 millones y posteriormente mediante una ampliación que llevó el acuerdo a US$57.100 millones. La fiscalía había señalado irregularidades administrativas y sostenía que había aspectos que debían seguir investigándose, pero la Cámara entendió que no se había demostrado la existencia de un delito. Un elemento adicional es que la Procuración del Tesoro, ya bajo el gobierno de Milei, se retiró como querellante del expediente, de modo que la posibilidad de continuar recurriendo el cierre quedó fundamentalmente en manos del Ministerio Público Fiscal.
El caso resuelto este lunes sobre Caputo suma otra capa porque no estaba vinculado al préstamo del Fondo. Se trata de una investigación independiente sobre su actuación durante el gobierno de Cambiemos. Rívolo sostenía que existían elementos suficientes para indagarlo por sus vínculos con sociedades offshore y por operaciones realizadas mientras ejercía la Secretaría de Finanzas. La defensa consiguió primero el sobreseimiento de Ercolini y ahora Bertuzzi y Llorens lo confirmaron, a pesar de que el fiscal había insistido tres veces con que Caputo debía ser interrogado formalmente como acusado.
El punto institucional es precisamente ese. No hay una prueba que permita afirmar que Bertuzzi o Llorens resolvieron estos expedientes como devolución de favores políticos, y convertir la historia de sus nombramientos en una demostración automática de parcialidad sería ir más allá de los hechos disponibles. Los jueces tienen estabilidad constitucional y sus decisiones pueden beneficiar, perjudicar o contrariar a los mismos gobiernos que alguna vez los propusieron. Pero tampoco sería razonable ignorar la secuencia: Llorens fue elegido por Macri; Bertuzzi llegó por primera vez a la Cámara mediante un traslado impulsado por Macri; Milei acabó de convertirlo en titular definitivo; y, en los primeros días posteriores a esa confirmación, ambos firmaron decisiones favorables en expedientes que alcanzan a Macri, al actual ministro Caputo y a una investigación vinculada directamente con el propio Presidente.
Esa combinación vuelve especialmente relevante el control sobre los fundamentos de los fallos y sobre la composición de la Cámara. La Sala I no es un tribunal secundario: revisa decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py y por sus despachos pasan investigaciones sobre corrupción, funcionarios nacionales, lavado de dinero y algunos de los casos políticamente más sensibles del país. Allí se decide si un procesamiento se confirma, si un sobreseimiento queda firme, si una prueba puede producirse o si una investigación continúa avanzando.
La fotografía de esta semana resume ocho años de movimientos dentro de Comodoro Py. En 2018, Llorens reclamaba que Bertuzzi llegara mediante concurso y no por un simple traslado. En 2026, ese concurso finalmente terminó, Milei eligió a Bertuzzi y ambos quedaron sentados juntos como titulares de la misma Sala. Cuatro días después ya habían intervenido en $LIBRA, cerrado definitivamente en esa instancia la causa por el préstamo del FMI y ratificado otro sobreseimiento de Caputo.
La cuestión, por lo tanto, excede a un juez o a un fallo particular. Lo que comienza a quedar bajo observación es cómo se configuró uno de los tribunales con mayor poder sobre la política argentina y qué decisiones toma apenas esa configuración queda consolidada. El vínculo histórico entre los gobiernos que promovieron a sus integrantes y los dirigentes beneficiados por estos primeros fallos no constituye una condena ni demuestra una maniobra. Pero sí es un dato político e institucional demasiado relevante para tratarlo como una simple coincidencia administrativa.
