Alejandro Cabrera
En una declaración que sacudió la política israelí y el tablero diplomático internacional, Benjamín Netanyahu reconoció públicamente que su gobierno autorizó durante años el ingreso de dinero proveniente de Qatar hacia la Franja de Gaza, y que parte de esos fondos llegaron a manos de Hamás. La admisión llega en medio de presiones internas y externas para explicar cómo se financió el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando comandos de Hamás ingresaron a territorio israelí y perpetraron una masacre que dejó más de 1.100 muertos.
Desde 2018, Qatar canalizó mensualmente alrededor de 30 millones de dólares hacia Gaza, bajo el pretexto de asistencia humanitaria y pagos de salarios. Sin embargo, buena parte de ese dinero terminó en manos del ala política y militar de Hamás. Netanyahu afirmó que esta estrategia fue diseñada para “mantener dividido al liderazgo palestino”, debilitando así a la Autoridad Palestina con base en Cisjordania.
La justificación del primer ministro se apoya en el respaldo que, según él, recibió de los servicios de inteligencia Shin Bet y Mossad. Ambos organismos habrían avalado el flujo de dinero como una forma de controlar la tensión social en Gaza y reducir los riesgos de una explosión regional, a través de una paz precaria financiada indirectamente.
Netanyahu aseguró que “una porción menor” de los fondos llegó a manos de Hamás y que no existen pruebas de que esos recursos hayan sido utilizados en la planificación o ejecución del ataque del 7 de octubre. Negó también haber recibido beneficios personales en el llamado “Qatargate” y calificó las denuncias como “una maniobra política destinada a debilitar al gobierno”.
La oposición israelí criticó con dureza las declaraciones, señalando que el reconocimiento de Netanyahu es “una admisión de negligencia estratégica” y exigiendo la creación de una comisión parlamentaria para investigar el vínculo entre los fondos qataríes y la capacidad militar de Hamás. También hubo reacciones en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde congresistas cuestionaron la doble moral del gobierno israelí.
En paralelo, los servicios de inteligencia intensificaron sus informes sobre cómo se utilizó ese dinero en Gaza. Informes preliminares indican que los fondos sirvieron para sostener estructuras paralelas al gobierno local, incluyendo educación, salud, pero también logística armamentística y control territorial por parte de Hamás.
La revelación ocurre en un contexto frágil. Mientras continúan los operativos militares en Rafah y el sur de Gaza, crecen las protestas en Israel contra la gestión del gobierno y la demora en el rescate de los rehenes. La figura de Netanyahu, ya desgastada, ahora queda en el centro de una controversia que lo enfrenta no solo con sus críticos políticos, sino con su propio relato de seguridad.
Este nuevo episodio instala un dilema más profundo: ¿puede una estrategia de fragmentación política justificar el financiamiento de un actor que luego comete un acto de terrorismo masivo? ¿Fue cálculo táctico o negligencia encubierta? Netanyahu apuesta a sostener que fue lo primero. La historia y los documentos internos determinarán si fue lo segundo.
