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La Organización Meteorológica Mundial confirmó que El Niño ya está consolidado, seguirá intensificándose durante la primavera y tiene una probabilidad prácticamente del 100% de mantenerse hasta febrero de 2027. La NOAA incluso calcula un 69% de posibilidades de que alcance una intensidad histórica, superior a todos los episodios medidos desde 1950. Para la Argentina, el principal riesgo se concentra en el Litoral, la Cuenca del Plata y el centro del país, donde pueden aumentar las lluvias, las crecidas de los ríos y las inundaciones durante la primavera y el verano. El Gobierno ya activó un plan federal de emergencia, mientras la OMM advierte que un fenómeno de esta magnitud puede amplificar sequías, inundaciones, olas de calor y tormentas en distintas partes del planeta.

 

Javier Milei utilizó una cadena nacional para presentar un endurecimiento de las medidas contra empresas que participen de la explotación de recursos en Malvinas y para colocar la soberanía en el centro de la agenda. Pero hay una pregunta que atraviesa todo el anuncio: ¿para qué hace falta una nueva ley destinada a “garantizar” la soberanía argentina cuando la Constitución ya establece que es “legítima e imprescriptible” y que su recuperación constituye un “objetivo permanente e irrenunciable”? La respuesta es importante: una ley no puede crear ni reafirmar jurídicamente algo que ya tiene rango constitucional, aunque sí puede agregar instrumentos para sancionar a quienes exploten recursos sin autorización argentina. El problema para el Gobierno es que incluso en ese terreno ya existen desde 2011 y 2013 leyes que contemplan multas, inhabilitaciones, penas de prisión y hasta operaciones financieras, logísticas y comerciales. La verdadera discusión, entonces, no es si Malvinas es argentina, sino qué tiene realmente de nuevo el paquete que Milei presentó con una puesta en escena extraordinaria.

 

La cadena nacional dejó una imagen de refundación de la política argentina sobre Malvinas, pero la lectura de los decretos publicados este viernes y de las leyes vigentes muestra un cuadro mucho menos novedoso. La soberanía “legítima e imprescriptible” está en la Constitución desde 1994; las sanciones contra petroleras que operen sin autorización existen desde 2011 y contemplan penas de hasta 15 años de prisión desde 2013; Rockhopper fue inhabilitada hace trece años y Navitas en 2022; las cartas a empresas para desalentar inversiones se enviaban al menos desde 2020 y la Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó a construirse en 2022. ¿Qué agregó Milei? Un procedimiento sancionatorio más rápido, controles específicos para impedir beneficios del RIGI a compañías vinculadas con actividades ilegales, nuevos recursos para Defensa y un proyecto que podría ampliar las penas a proveedores y a otras actividades sobre recursos naturales. Hay novedades reales, pero bastante menos revolucionarias que la puesta en escena presidencial.