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Mientras la Casa Rosada presenta la desaceleración de la inflación y el crecimiento de algunos sectores exportadores como pruebas de una recuperación económica, los indicadores difundidos esta semana muestran otra realidad: los hogares compran menos, cae la confianza, la industria trabaja con capacidad ociosa y el empleo asalariado privado continúa retrocediendo.

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más escuchados por el Presidente, reconoció que la nueva matriz productiva puede mejorar las cuentas externas mientras destruye trabajo en las grandes ciudades. Su advertencia alcanza especialmente al conurbano bonaerense, donde teme que la apertura deje desempleo, pobreza y una crisis social difícil de resolver únicamente con el mercado.

La crisis comenzó con llegadas crecientes por mar tras una sentencia que limitó las devoluciones inmediatas, desbordó los centros de acogida y explotó el jueves 30 de julio con un cruce sin precedentes. España desplegó al Ejército, confirmó al menos 34 muertes y acordó con Marruecos acelerar los retornos, mientras Europa exige recuperar el control de la frontera.

El Presidente anunció una regla permanente para impedir que la administración nacional mantenga déficits durante varios meses. Si el Congreso no recompone las cuentas dentro de un plazo todavía no precisado, se paralizarían actividades públicas, se congelarían gastos y contratos y dejarían de cobrar las máximas autoridades. La propuesta promete que el costo recaiga sobre la política, pero podría afectar servicios, trabajadores, proveedores y provincias.