El caso $LIBRA: criptomonedas, Gobierno argentino y un escándalo sin precedentes

En febrero de 2025, Argentina quedó sacudida por un escándalo financiero conocido como el caso $LIBRA. Se trata de una estafa con criptomonedas de proporciones inéditas en la que, insólitamente, el propio presidente de la Nación estuvo involucrado al promover públicamente un token digital. El episodio combinó el auge y colapso vertiginoso de una criptomoneda con implicancias políticas de alto voltaje: miles de ahorristas perdieron sus fondos, se abrieron múltiples investigaciones judiciales tanto en Argentina como en el extranjero, y la figura del presidente Javier Milei quedó bajo la lupa. Este informe investigativo reconstruye el origen y cronología del caso $LIBRA, identifica a los actores clave –desde empresas detrás del token hasta funcionarios y empresarios vinculados–, detalla el rol del Gobierno y el avance de las causas judiciales (incluyendo presuntos delitos como lavado de dinero y fraude), y analiza las repercusiones políticas, económicas y mediáticas de un escándalo que trasciende fronteras. Finalmente, se comparará esta situación con casos similares en la región y el mundo, para dimensionar por qué el caso $LIBRA marca un antecedente sin precedentes en la relación entre criptomonedas y poder político en América Latina.

Origen del caso y cronología del escándalo

Antecedentes: Javier Milei, economista de perfil mediático devenido en político, ya contaba con antecedentes polémicos en el mundo cripto antes de ser presidente. En 2021, cuando era diputado nacional, promocionó una plataforma de inversión llamada CoinX que prometía rendimientos asombrosos de 8% mensual. Aquella plataforma fue posteriormente denunciada por fraude y calificada como esquema Ponzi por las autoridades financieras, dejando a miles de pequeños ahorristas perjudicados. Milei se defendió entonces alegando que “solo di mi opinión”. Meses después, en 2022, volvió a incursionar en promociones arriesgadas recomendando un proyecto de videojuegos NFT llamado Vulcano, cuyo token ($VULC) colapsó a cero poco tiempo después. Estos antecedentes delinearon un patrón preocupante: Milei mostraba afinidad por difundir proyectos cripto de dudosa solidez, aprovechando la confianza de su base de seguidores libertarios y su retórica anti-sistema. Sin embargo, nada de eso anticipó la magnitud de lo que ocurriría en 2025 con $LIBRA.

Gestación de $LIBRA: Tras asumir la presidencia en diciembre de 2024, Milei continuó rodeándose de entusiastas de las criptomonedas. En octubre de 2024, durante su período de presidente electo, se reunió en Buenos Aires con Julian Peh, un empresario singapurense del ámbito tech, para conversar sobre inteligencia artificial y posibles negocios en Argentina. En esos encuentros también estuvieron jóvenes traders y asesores cripto cercanos a Milei, como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes actuaban como nexos. De hecho, Novelli –un operador cripto que conocía a Milei desde al menos 2021– y su socio Terrones (de origen español) fueron quienes presentaron a Milei con el estadounidense Hayden Mark Davis, el principal impulsor del futuro token $LIBRA. Se empezaba a gestar la idea de lanzar un proyecto de inversión privada para “fondear emprendedores argentinos” aprovechando el discurso liberal del nuevo presidente. Hayden Davis, por su parte, traía un plan ambicioso: tokenizar parte de la economía argentina mediante su empresa, y para ello buscaba el aval implícito del flamante gobierno. En esas reuniones preliminares –una de ellas el 30 de enero de 2025 en Casa Rosada– Milei posó sonriente para fotos con Davis, indicando una aparente sintonía. Todo indicaba que se estaba preparando el terreno para un lanzamiento inminente.

El tuit presidencial y el “rug pull”: El viernes 14 de febrero de 2025 a las 19:01 (hora argentina) llegó el evento detonante. Desde su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Javier Milei publicó un mensaje entusiasta promocionando un nuevo token de criptomoneda llamado $LIBRA. “¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, anunciaba eufóricamente el posteo, que incluía el enlace a un sitio web del “Viva La Libertad Project” y hasta la dirección del contrato inteligente en la blockchain asociado al token $LIBRA. El Presidente fijó el tuit en su perfil, exhibiéndolo para sus 3,8 millones de seguidores. El impacto fue instantáneo: miles de personas, confiando en la palabra del jefe de Estado, se lanzaron a comprar el activo digital. En cuestión de minutos, el valor de $LIBRA se disparó desde una fracción ínfima de centavo (aprox. US$0,000001) hasta alcanzar picos en torno a 5 dólares por token. La capitalización de mercado teórica del proyecto trepó a unos 4.500 millones de dólares en apenas una hora, un crecimiento meteórico que desafía toda lógica.

Sin embargo, el espejismo duró poco. A las pocas horas del lanzamiento, comenzó un derrumbe estrepitoso del precio. De forma repentina, las principales billeteras tenedoras de $LIBRA –casualmente, las que habían creado el token y concentraban la mayor parte de las monedas– liquidaron posiciones millonarias: retiraron decenas de millones de dólares en valor (convertidos a criptomonedas estables como USDC o a Solana, la moneda base utilizada). Se estima que los creadores-vendedores lograron extraer por encima de 90 millones de dólares durante ese breve pico de cotización, antes de que el precio se desplomara. En cuestión de horas, $LIBRA pasó de valer varios dólares a casi cero, arruinando a quienes compraron tarde. Para la medianoche, el propio Milei –acorralado por las críticas– eliminó su tuit promocional.

El desconcierto reinaba. Algunos especularon inicialmente con que la cuenta del Presidente hubiese sido hackeada dado lo insólito del mensaje; pero figuras de su espacio político como Lilia Lemoine desmintieron esa teoría, y pronto el propio Milei asumiría la autoría del posteo (aunque intentando despegarse del proyecto). La maniobra ya era evidente para los expertos: se había tratado de un “rug pull”, la clásica estafa de salida donde los promotores inflan artificialmente el valor de un token para luego tirar de la alfombra y huir con el dinero, dejando a los inversores con las manos vacías. En redes sociales, usuarios más experimentados advirtieron en tiempo real lo que ocurría. De hecho, la misma noche del 14 de febrero comenzaron a aparecer “notas de la comunidad” bajo el tuit presidencial, alertando que varias billeteras asociadas a $LIBRA habían retirado sumas multimillonarias y vaciado sus saldos, un comportamiento consistente con una estafa. La reacción de Milei no tardó demasiado: cinco horas y media después de su post original, ya en la madrugada del 15 de febrero, publicó un nuevo mensaje retractándose. En ese segundo tuit, el Presidente afirmó: “Hace unas horas publiqué un tweet apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso borré el tweet).” Intentando justificarse, Milei alegó desconocimiento sobre lo que promovía. Sin embargo, inmediatamente adoptó un tono combativo contra sus críticos: calificó de “ratas inmundas de la casta política” a quienes –según él– buscaban usar la situación para dañarlo, redoblando su retórica contra la clase dirigente tradicional.

Pese al intento de Milei por distanciarse, el daño ya estaba hecho. Para el 15 de febrero, el precio de $LIBRA había caído a valores prácticamente nulos (alrededor de 1 dólar y continuando en picada, llegando a centavos). La gran mayoría de los ~50.000 inversores que ingresaron durante el furor inicial vieron cómo sus ahorros desaparecían en horas. En contrapartida, un puñado de cuentas privilegiadas obtuvieron ganancias extraordinarias: se supo que unas pocas billeteras iniciales habían amasado entre 70 y 100 millones de dólares al vender en el punto más alto. La relación era obscena: aproximadamente nueve cuentas fundadoras se llevaron esas ganancias multimillonarias, dinero aportado por decenas de miles de pequeños inversores que absorbieron las pérdidas. La concentración del token resultó clave para posibilitar la estafa: luego se supo que cerca del 80% del total de $LIBRA estuvo en manos de solo cinco billeteras al inicio (cuando en lanzamientos legítimos rara vez los creadores se reservan más de 10-15%). Ese esquema permitió manipular el mercado a voluntad.

Las revelaciones posteriores y el segundo “impulso”: Tras la debacle inicial, en los días siguientes emergieron detalles que agravaron el escándalo. El sábado 15, los responsables del proyecto rompieron el silencio: la empresa detrás de $LIBRA, KIP Network Inc., publicó un comunicado agradeciendo el “éxito” del lanzamiento y aclarando que “el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto, que es absolutamente privado”. La intención era deslindar al mandatario de la autoría, presentándolo como un tercero ajeno que solo brindó publicidad. Sin embargo, ese mismo día trascendió un elemento explosivo: Hayden Mark Davis, el empresario norteamericano asociado a $LIBRA, difundió mensajes acusando a Milei de “traición” por haberse bajado abruptamente de la promoción. Davis aseguró que la campaña publicitaria de $LIBRA –incluido el tuit presidencial– había sido acordada previamente con el equipo de Milei, insinuando que existía un pacto de por medio. Más polémico aún, se filtró el contenido de un chat en el que el propio Davis alardeaba con tener “controlado” a Javier Milei gracias a supuestos sobornos entregados a distintos allegados al presidente, entre ellos a la hermana de Milei. Si bien Davis luego negó haber pagado coimas y no se hallaron comprobantes de esos dichos, la sola mención de eventuales cohechos encendió las alarmas sobre una posible corrupción dentro del entorno presidencial.

Como si todo esto fuera poco, el lunes 17 de febrero Milei volvió a agitar la cotización de $LIBRA de manera inesperada. Aquel día, apenas 72 horas después del colapso, el presidente lo hizo de nuevo: retuiteó desde su cuenta un posteo de Darío Epstein, un economista de su círculo cercano, que explicaba en detalle cómo comprar $LIBRA. Epstein –quien integraba el equipo económico asesor de Milei– había publicado un hilo con la intención de defender a su jefe, argumentando que “no era fácil para una persona común” adquirir $LIBRA, dado que requería cierta pericia técnica (una billetera en la blockchain Solana, uso de criptomoneda SOL, etc.). En sus tweets, Epstein brindaba casi un tutorial paso a paso de cómo se podía acceder al token, intentando subrayar que solo inversionistas avanzados habrían participado. Pero el efecto práctico fue contraproducente: muchos usuarios interpretaron el hilo como una invitación tardía a comprar la moneda caída, viendo la oportunidad de un rebote. El retuit de Milei le dio amplia visibilidad a esas instrucciones. En minutos, cientos de aventureros siguieron la guía y comenzaron a adquirir $LIBRA, provocando un nuevo salto en su cotización. Alrededor del mediodía del 17/2, el token duplicó su valor (pasando aproximadamente de US$0,36 a US$0,77 en cuestión de 30 minutos). Sin embargo, otra vez la suba duró muy poco: hacia las 13:38, apenas un par de minutos después de su pico, el precio volvió a desplomarse abruptamente, retrocediendo a ~US$0,46 y luego continuando su tendencia a la baja. En resumen, la intervención de Milei (aunque esta vez indirecta, vía retuit) había ocasionado un segundo pump & dump fugaz. Quedó demostrado que cualquier mención suya encendía la volatilidad extrema del token. Este episodio insólito –el presidente repitiendo el “error” de difundir $LIBRA aun después de admitir que era problemático– agregó más leña al fuego político. La opinión pública, atónita, oscilaba entre la indignación y la burla, mientras los medios titulaban que Milei lo había “vuelto a hacer”.

Escalada política inicial: En las horas y días inmediatamente posteriores al 14 de febrero, la clase política y la sociedad reaccionaron con dureza. La oposición calificó el hecho como un “escándalo sin precedentes” y empezó a articular acciones institucionales. Legisladores del peronismo (coalición Unión por la Patria) y de fuerzas de izquierda presentaron denuncias penales contra Milei por la presunta estafa y alzaron la voz pidiendo su juicio político. Figuras como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fustigaron públicamente a Milei, apodándolo “el gancho de una estafa digital” por haber prestado su cuenta oficial para promocionar una cripto de origen dudoso. El temblor llegó también al Congreso: bloques opositores anunciaron que impulsarían tanto la recolección de firmas para un juicio político al Presidente como la formación de una comisión investigadora parlamentaria. En paralelo, miles de damnificados comenzaron a organizarse para exigir reparaciones y acciones legales. Durante ese fin de semana, el propio Gobierno de Milei quedó en estado de shock: el Presidente guardó un perfil bajo tras sus tuits iniciales y muy pocos miembros de su Gabinete salieron a dar explicaciones o defenderlo. El lunes 17 (mientras Milei retuiteaba a Epstein y la polémica seguía candente) fue feriado bursátil en EE.UU., pero al día siguiente los mercados reflejaron el nerviosismo: la bolsa de Buenos Aires (índice S&P Merval) cayó alrededor de un 5,6% en la primera rueda tras el escándalo, señal de la preocupación de inversores locales ante la crisis de confianza.

Así, en menos de una semana, el caso $LIBRA pasó de ser una curiosidad en redes a constituir un terremoto político-financiero. El origen había sido un simple tuit presidencial; las consecuencias, en cambio, estaban siendo mayúsculas y multidimensionales. A continuación, se profundizará en los distintos ejes de este caso: quiénes fueron los actores involucrados, cómo se armó el andamiaje detrás del token, qué hizo (y dejó de hacer) el Gobierno, en qué instancias se dirimen las responsabilidades legales, y qué impacto tuvo todo esto en el escenario argentino.

Empresas, plataformas e intermediarios involucrados

Detrás del token $LIBRA operaba una estructura empresarial y tecnológica orquestada para montar la estafa. Aunque públicamente se lo presentó como un “proyecto privado para invertir en Argentina”, las características técnicas y logísticas de $LIBRA revelan que fue diseñado para beneficiar a un núcleo reducido de creadores. Estos son los puntos clave sobre las entidades y plataformas involucradas:

El token y su blockchain: $LIBRA fue emitido como un token en la blockchain de Solana, una red conocida por su rapidez y bajas comisiones, pero también criticada por vulnerabilidades de seguridad. La elección de Solana no fue casual: facilitaba la creación rápida de activos digitales y permitía cierto anonimato. De hecho, análisis posteriores mostraron que $LIBRA fue creado apenas 2 o 3 minutos antes del famoso tuit de Milei. Es decir, los estafadores listaron el token en el mercado prácticamente en simultáneo con la promoción presidencial, una sincronización perfecta para maximizar el impacto. Técnicamente, $LIBRA era un simple token sin ningún respaldo tangible (un típico “memecoin” o moneda meme); su valor dependía exclusivamente del apoyo de una figura influyente que generara confianza (en este caso, el propio Presidente). No había activos, reservas ni proyecto productivo real detrás, más allá de vagas promesas de inversión en emprendimientos. Por su naturaleza, $LIBRA encajaba en el patrón de tantas criptomonedas efímeras: activos altamente volátiles, sin fundamento económico, cuya vida suele ser fugaz (se estima que la gran mayoría de tokens similares lanzados en 2023-2024 terminaron valiendo cero al poco tiempo).

KIP Network Inc. y el “Viva la Libertad Project”: La empresa responsable del lanzamiento de $LIBRA se llama KIP Network Inc., una sociedad registrada en Panamá. Esta firma, a través de su plataforma KIP Protocol, creó y manejó el proyecto denominado “Viva la Libertad”. El nombre claramente buscaba capitalizar el eslogan de campaña de Milei (“¡Viva la libertad, carajo!”), dándole un aura patriótica-liberal a la iniciativa. KIP Protocol actuó como desarrollador del contrato inteligente del token y aparentemente coordinó la emisión y distribución inicial. Según se supo, el director ejecutivo de KIP Network es Julian Peh, el emprendedor de Singapur que se había reunido con Milei meses antes. Peh y su compañía mostraban intenciones de invertir en tecnología en Argentina, pero terminaron vinculados a esta operatoria oscura. Un dato sugestivo: la dirección de correo electrónico de contacto del proyecto era simplemente una cuenta genérica de Gmail, indicador de improvisación poco profesional en algo que pretendía mover millones.

Concentración y distribución dudosa: Al momento del lanzamiento, la distribución de los tokens $LIBRA era extremadamente concentrada en manos de los creadores. Aproximadamente el 70-80% del total de monedas quedó bajo control de las billeteras fundadoras, un porcentaje atípicamente alto (en emprendimientos legítimos suele retenerse una fracción mucho menor para los desarrolladores). Esta sobreconcentración fue la clave que permitió manipular el precio: unas pocas direcciones podían inundar el mercado con ventas masivas en el momento oportuno. De hecho, así ocurrió el 14F: los insiders compraron $LIBRA apenas se creó, a un precio irrisorio (alrededor de 0,01 USD), y luego descargaron sus tenencias cuando la demanda externa –impulsada por el tuit de Milei– había llevado el valor por encima de los 4-5 USD. Ese mecanismo generó ganancias astronómicas en minutos para los iniciados. También se detectó la presencia de bots de trading operando en el momento del lanzamiento, lo que sugiere que algunos actores estaban preparados de antemano con software automatizado para comprar/vender en cuanto se diera la señal (es decir, el tuit presidencial). Toda esta coordinación evidencia que la subida y bajada de $LIBRA no fue azarosa, sino el resultado de una maniobra deliberada de pump and dump planificada por sus desarrolladores.

Ensayo con un token “$MILEI”: Una revelación particularmente ingeniosa salió a la luz semanas después: los creadores de $LIBRA habrían realizado una prueba previa con otro token al que bautizaron $MILEI. Investigadores de blockchain descubrieron que el mismo 14 de febrero, apenas unos minutos antes de lanzar $LIBRA “oficialmente”, una billetera vinculada al equipo desarrollador creó en Solana un token de prueba nombrado $MILEI. Este activo compartía la metadata con $LIBRA (mismo archivo de información en la red IPFS) e incluso se configuró un pequeño fondo de liquidez en una plataforma denominada Meteora. El token $MILEI se emitió con 1000 millones de unidades y su primera transacción ocurrió exactamente al mismo tiempo que las primeras compras de $LIBRA. ¿Qué sentido tenía esto? Al parecer, un bot mal configurado compró $MILEI por error creyendo que era el token real, y los desarrolladores aprovecharon esa confusión para transferir rápidamente los fondos hacia $LIBRA y sacar provecho. Se verificó que 63 de las 70 billeteras que operaron $MILEI también participaron en $LIBRA, y que una de ellas convirtió ese desliz en ganancias de alrededor de 600 mil dólares. Luego, por compartir la metadata, algunas plataformas mostraban el nombre $LIBRA cuando en realidad se trataba del token $MILEI, lo cual generó ruido. Este hallazgo confirmó el elevado nivel de premeditación de la estafa: los autores hicieron un dry run minutos antes, usando el propio apellido de Milei como señuelo, para asegurarse de maximizar el rédito y quizás despistar a ciertos rastreos. Es decir, no solo contaban con información privilegiada, sino que desarrollaron tácticas activas para explotar el lanzamiento en cada detalle técnico.

Plataformas de compraventa: En un principio, para adquirir $LIBRA era necesario cierto conocimiento técnico: había que usar una billetera compatible con Solana (por ejemplo Phantom) y contar con la criptomoneda SOL para intercambiar por $LIBRA en algún exchange descentralizado. Esto limitaba la participación a usuarios relativamente avanzados del ecosistema cripto. Sin embargo, muy rápidamente uno de los exchanges locales más conocidos, Ripio, listó el token en su aplicación. Ripio habilitó $LIBRA en la sección “Playground” de su plataforma apenas un par de horas después del tuit de Milei, facilitando que inversores minoristas comunes (sin tanta pericia técnica) pudieran comprar simplemente desde sus teléfonos, con pesos o stablecoins. Esta decisión de Ripio fue polémica: la empresa luego explicó que se enteraron del furor por $LIBRA en tiempo real y decidieron agregarla temporalmente para que sus usuarios pudieran operar, argumentando que formaba parte de su oferta experimental de activos. No obstante, la consecuencia fue que mucha gente pudo involucrarse en la “inversión” sin comprender los riesgos, por la confianza que les daba usar una app nacional regulada. Tras el derrumbe, Ripio rápidamente retiró a $LIBRA de su listado, pero el mal ya estaba hecho. Este caso suscitó debates sobre la responsabilidad de las plataformas en filtrar tokens de dudosa legitimidad: con $LIBRA, la codicia del momento pareció imponerse a la prudencia.

Otras empresas vinculadas: En el entramado empresarial detrás de $LIBRA aparecen también nombres como Kelsier Ventures y la ya mencionada plataforma Meteora. Kelsier Ventures es una firma asociada a Hayden Davis –posiblemente vehículo de inversión o consultora del proyecto– que fue señalada luego en demandas civiles por su rol en la maniobra financiera. Meteora, por su parte, es una plataforma DeFi (finanzas descentralizadas) sobre Solana donde se configuraron pools de liquidez para el token; es decir, fue parte de la infraestructura usada para darle salida al dinero durante el rug pull. Estas empresas satélite, junto con KIP, sirvieron para mover fondos y dar apariencia de ecosistema al proyecto. Cabe destacar que la utilización de una sociedad offshore panameña (KIP) sugiere una intención de eludir regulaciones y dificultar el rastreo de los beneficiarios finales del dinero. Panamá es conocida por su opacidad corporativa, lo que encaja en el modus operandi típico de fraudes financieros transnacionales.

En síntesis, $LIBRA no fue el resultado de un “emprendimiento argentino innovador” como se intentó presentar, sino el producto de una ingeniería meticulosa para defraudar. Se montó una estructura internacional: desarrolladores en el exterior, empresa en paraíso fiscal, promocionado desde las más altas esferas del poder local, y vendido a través de canales digitales globales y locales. Todo en un marco de descentralización que los autores pensaron que les permitiría escapar de responsabilidades. A continuación veremos quiénes eran las personas físicas detrás de esta estructura y cuál fue su vínculo con el gobierno.

Funcionarios, empresarios y asesores implicados

El caso $LIBRA expuso a una constelación de personajes que van desde los más altos cargos gubernamentales hasta promotores cripto internacionales. Estos son los nombres clave señalados en la investigación y su rol en los hechos:

Javier Milei (Presidente de la Nación): Es la figura central del escándalo por su papel de promotor público del token. Fue él quien, con su tuit, desencadenó la estampida de inversores. Milei sostiene que no tuvo ninguna participación ni beneficio en el proyecto, y que solo “difundió” un emprendimiento que le presentaron como algo positivo para el país. Sin embargo, su responsabilidad política es innegable: usó la investidura presidencial para avalar (aun sin quererlo) una estafa. Legalmente, se lo investiga por posibles delitos como fraude, incumplimiento de los deberes de funcionario público e incluso asociación ilícita, aunque su situación es especial por los fueros e inmunidades que ostenta como Presidente. Milei ha negado haber cometido delito alguno; en entrevistas afirmó que “no promocioné, solo compartí” y llegó a culpar a los inversores por asumir riesgos: “Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Sabían las condiciones”, declaró, esquivando cualquier mea culpa. No obstante, las pesquisas apuntan a determinar si hubo algún tipo de beneficio económico o acuerdo oculto entre Milei (o su entorno) y los organizadores de $LIBRA. Su propio patrimonio y movimientos bancarios están bajo la lupa para detectar incrementos injustificados tras el incidente.

Karina Milei: Hermana mayor de Javier Milei y su principal colaboradora política (oficialmente es la Secretaria General de la Presidencia, pero se la conoce como la mano derecha e incluso “jefa de campaña” en las sombras). Karina tuvo un rol relevante en los contactos con los impulsores de $LIBRA. Según registros oficiales, ella recibió personalmente en Casa Rosada a varios de los llamados “criptobros” involucrados en la estafa. De hecho, la mayoría de las visitas de empresarios cripto al presidente fueron gestionadas y autorizadas por Karina. Mauricio Novelli, por ejemplo, ingresó al despacho presidencial numerosas veces con firma de Karina Milei en las planillas. Este nivel de acceso sugiere que la hermana del Presidente estaba al tanto del proyecto $LIBRA y facilitó que su hermano se vinculase con Davis, Peh y otros. La acusación más grave es la insinuación de sobornos: el mensaje filtrado de Hayden Davis decía haber “comprado” la voluntad de ciertos allegados de Milei, mencionando directamente a la hermana. Aunque no hay pruebas materiales de pagos, la Justicia investiga las finanzas de Karina en detalle, buscando indicios de un posible enriquecimiento ilícito. Karina Milei, al igual que su hermano, ha evitado hacer declaraciones públicas específicas sobre $LIBRA. Ambos incluso ignoraron una citación a una audiencia de mediación con damnificados. Su silencio y ausencia han sido interpretados como una estrategia para no exponer posiciones que pudieran complicarlos judicialmente. En la causa penal, Karina figura en la pesquisa patrimonial y podría ser imputada si se comprobara que recibió dinero a cambio de favorecer el engaño.

Mauricio Novelli: Se trata de un joven empresario y trader argentino del mundo cripto, muy cercano a Milei. Novelli dirigía una academia de negocios donde Milei dio clases antes de ser presidente, lo cual habla de una relación de confianza previa. Es señalado como nexo directo entre Milei y los organizadores de $LIBRA. Junto a su socio Terrones, Novelli contactó a Hayden Davis y compañía con la órbita de Milei, facilitando las reuniones en Argentina. Durante el gobierno de Milei, Novelli visitó la Casa Rosada al menos nueve veces (y la quinta presidencial de Olivos otras tres), muchas de ellas acompañando a Davis en reuniones clave para planificar el lanzamiento del token. De hecho, se confirmó que el 30 de enero de 2025 Novelli estuvo presente en el cónclave donde se ultimaron detalles del proyecto, pocos días antes de abrir las cajas de seguridad bancarias que luego usaría (lo que indicaría que anticipaba el manejo de dinero en efectivo). Novelli aparece como uno de los principales beneficiados del rug pull: la Justicia sospecha que él y su familia manejaron parte del botín retirado. Evidencias contundentes en su contra son las filmaciones de video que lo muestran a él, su madre y su hermana vaciando cajas de seguridad en un banco tras el estallido de la estafa (se detallará más adelante). Actualmente Novelli está imputado en la causa penal argentina por estafa y lavado de activos. La jueza ordenó congelar sus bienes y está investigando sus movimientos patrimoniales. Su figura ilustra cómo miembros del entorno libertario de Milei habrían participado activamente en el esquema fraudulento, quizás aprovechando la confianza y la imprudencia del Presidente.

Manuel Terrones Godoy: Socio y colaborador estrecho de Novelli. Terrones es un joven de origen español, experto en criptomonedas, que también habría conocido a Milei desde antes de su carrera política. Fuentes describen a Terrones como un youtuber e influencer cripto que ya estuvo envuelto en otras estafas similares, es decir, no es la primera vez que aparece asociado a maniobras turbias con activos digitales. Él también actuó de facilitador con los inversores extranjeros: estuvo implicado en conectar a Milei con Julian Peh y con otros interesados en el plan. Terrones formaba parte del grupo que se reunía en la Casa Rosada en torno a $LIBRA. Al igual que Novelli, se encuentra imputado y con sus bienes inhibidos judicialmente. Su nombre resalta la dimensión internacional del grupo: ciudadano español operando en Argentina, sirviendo de puente con capitales foráneos. Incluso la Audiencia Nacional de España recibió una denuncia contra Terrones (y su familia) por el caso $LIBRA, lo que indica que su accionar será escrutado también fuera del país. Si bien Terrones no es una figura pública conocida, en el expediente se lo considera un engranaje importante de la asociación ilícita montada para la estafa.

Hayden Mark Davis: Empresario estadounidense, identificado como el “cerebro” o principal impulsor de $LIBRA. Davis fue quien concibió la idea de aprovechar la imagen de Milei para lanzar el token y atraer inversores globales. Es dueño de una firma llamada Keiser Ventures (o KaisER Ventures, según distintas fuentes) y presentaba el proyecto $LIBRA como parte de un plan mayor para invertir en Argentina. Durante la promoción, Davis se mostró públicamente como uno de los voceros del token. Tras el colapso, se volvió una figura polémica: por un lado difundió videos justificando que $LIBRA había sido “un experimento, un plan que salió mal”, incluso alegando que recibió amenazas a su vida por lo ocurrido; por otro lado, en chats privados presumió de haber tenido el aval del entorno de Milei y sentirse defraudado cuando el Presidente borró los posteos. Según Davis, “los socios de Milei me aseguraron su apoyo público en el lanzamiento y durante todo el proceso; cuando Milei y su equipo borraron sus posts, los inversores se sintieron traicionados y cundió el pánico vendedor”. Es claro que contaba con Milei como pieza central de la estrategia. Hayden Davis hoy enfrenta consecuencias severas: la justicia de Estados Unidos lo investiga por fraude y lavado de dinero vinculados a $LIBRA, y a pedido de fiscales norteamericanos se congelaron cerca de 60 millones de dólares en criptomonedas de billeteras bajo su control. Parte de esos fondos mal habidos fueron rastreados a través de múltiples jurisdicciones. Davis es, probablemente, la cabeza internacional visible de la estafa, y las autoridades estadounidenses están colaborando con Argentina para cercarlo. Incluso en España su nombre fue objeto de denuncia (impulsada por un diputado de origen argentino). La envergadura de su rol hace pensar que $LIBRA pudo ser una operación fríamente calculada desde el exterior, usando a Milei como catalizador local.

Julian Peh: Emprendedor tecnológico de Singapur, CEO de KIP Network Inc. y pieza clave en la creación técnica del token. Peh fue quien estructuró la plataforma KIP Protocol que dio soporte al proyecto Viva la Libertad. Se reunió en persona con Milei en 2024 discutiendo potenciales inversiones tecnológicas. Si bien mantuvo un perfil más bajo en lo mediático, su nombre figura entre los demandados en acciones legales internacionales por manipulación del mercado. Es razonable inferir que Peh aportó conocimientos de programación de smart contracts y logística cripto, siendo el enlace asiático de la trama. Al registrarse la empresa en Panamá y usar infraestructura global, se aseguró una capa de anonimato. Peh también participó de reuniones con Milei previas al lanzamiento, mostrando que tuvo interacción directa con el Presidente bajo el paraguas de posibles negocios legítimos. Que un empresario extranjero esté involucrado refleja cómo se buscó darle un cariz cosmopolita al proyecto para atraer capital global. Actualmente, su situación legal es complicada: enfrenta la demanda colectiva en Nueva York y posiblemente requerimientos de la justicia argentina si se formalizan pedidos de cooperación internacional. Peh encarna el componente tecnológico-financiero sofisticado detrás de $LIBRA.

Sergio Morales: Este nombre corresponde a un argentino que se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo regulador de mercado en Argentina. Morales era un consultor técnico en la CNV (designado probablemente por afinidad con el nuevo gobierno) que tuvo que renunciar a su cargo en cuanto estalló el escándalo $LIBRA, debido a su presunta vinculación. Se lo investiga por haber participado en la promoción o armado del token mientras ocupaba un rol en un organismo que debería velar por la transparencia financiera. Básicamente, habría estado de los dos lados del mostrador: asesorando en el ente regulador y a la vez involucrado con los estafadores. Morales está imputado en la causa penal; sus bienes fueron congelados por orden judicial junto a los de Novelli y Terrones. Su caso es paradigmático de una falla ética grave: un funcionario (aunque sea de segundo rango) implicado en maniobras especulativas ilegales. También se solicitó información sobre su patrimonio para ver si recibió pagos. Su figura sugiere que los organizadores de $LIBRA quisieron contar con alguien inside de la regulación local para moverse con mayor impunidad o conocimiento del terreno legal. La CNV, al enterarse, se deshizo de él rápidamente para marcar distancia.

Darío Epstein: Economista y financista argentino, cercano colaborador de Milei en temas económicos. Epstein formó parte del equipo de asesores de Milei (se lo mencionaba incluso como posible directivo del Banco Central en el armado libertario). No fue parte del esquema inicial de $LIBRA, pero quedó envuelto por su acción posterior: publicó el hilo explicativo sobre cómo comprar el token e intentando justificar al Presidente, lo que terminó generando el segundo pico especulativo. Epstein, en su post, aparentemente quiso argumentar que los afectados eran inversores sofisticados, no “gente común”, señalando que la complejidad técnica limitaba el acceso. Sin embargo, al detallar el procedimiento, terminó reavivando el interés en la moneda. Por este traspié, Epstein recibió duras críticas en redes y en la prensa, tildándolo de imprudente. Políticamente, su movida debilitó aún más la posición del Gobierno, dando la impresión de que no se comprendía la gravedad. Si bien Epstein no enfrenta cargos penales (no cometió un delito en sí al escribir esos tweets), su actuación quedó manchada. En los hechos, tuvo que bajar su exposición pública tras el escándalo y prácticamente desapareció del círculo visible. Representa cómo incluso miembros del entorno técnico de confianza de Milei contribuyeron –por torpeza o desconocimiento del impacto– a empeorar la situación.

Otros aliados y difusores: El 14 de febrero, apenas Milei lanzó el tuit de $LIBRA, varios de sus aliados políticos amplificaron el mensaje. Por ejemplo, Martín Menem (diputado y presidente de la Cámara baja, aliado de Milei), José Luis Espert y Damián Arabia (también diputados liberales), y figuras mediáticas afines al oficialismo como Agustín Laje, Emmanuel Danann o el youtuber “El Gordo” Dan, compartieron entusiastamente la publicación presidencial creyendo promover un proyecto beneficioso. Si bien ninguno de ellos está acusado de participar en la estafa –es probable que actuaran de buena fe, sin saber que era fraudulenta– su involucramiento propagó el alcance del engaño. En pocas horas, gracias a esta red de difusión, el mensaje llegó a millones. Esto demuestra el poder de las redes de apoyo político en la viralización de información económica sin verificar. Ninguno de estos replicadores enfrenta acciones legales, pero políticamente muchos debieron luego borrar sus posteos y reconocer que habían sido irresponsables. Su rol fue tangencial pero importante para el efecto multiplicador inicial.

En suma, la lista de implicados abarca desde el Presidente y su hermana, pasando por operadores locales que actuaron como facilitadores (Novelli, Terrones, Morales), hasta empresarios globales que armaron la estafa (Davis, Peh). Esta convergencia de actores públicos y privados, nacionales e internacionales, conformó una trama compleja. El caso $LIBRA reveló conexiones insospechadas entre el poder político argentino y personajes del mundo cripto de varias latitudes, todos confluyendo en una operación que prometía ganancias rápidas. Identificar a cada uno y su papel es crucial para entender las posibles responsabilidades. Con esto claro, veamos ahora cómo reaccionó institucionalmente el Gobierno argentino y qué papel jugó (directa o indirectamente) en la investigación posterior.

Rol del Gobierno argentino: investigación interna y vínculos bajo la lupa
Frente a la avalancha de denuncias y el escándalo público, el Gobierno de Javier Milei tuvo que responder en varios frentes. Su posición fue oscilante: pasó del aturdimiento inicial a intentar dar señales de colaboración con la Justicia, aunque sin admitir culpa alguna. Asimismo, surgieron indicios de posibles vínculos indirectos de funcionarios con la maniobra, lo que puso a la administración en una situación incómoda. Estos son los aspectos más relevantes del rol gubernamental:

Inacción inicial y silencios: En los primeros días tras el estallido, el Gobierno nacional dio una imagen de desconcierto. Milei, aparte de sus breves comunicados en X, prácticamente no habló del tema en público durante ese fin de semana. Su gabinete mostró una “solidaridad” tibia: pocos ministros o voceros salieron a explicar qué había ocurrido. La mayoría de las figuras del oficialismo optaron por guardar silencio o por minimizar el asunto como un “error”. Esta falta de reacción contundente fue muy criticada, interpretada como desinterés o, peor, como encubrimiento. Daba la impresión de que el Presidente y su equipo esperaban que el tema se enfriara solo. Sin embargo, ante la presión opositora creciente, debieron adoptar algunas medidas.

Creación de una Unidad de Investigación (UTI): El 25 de febrero de 2025, 11 días después del tuit de Milei, el Poder Ejecutivo anunció la formación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) específica para el caso $LIBRA. Esta unidad especial, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, tenía la misión de recopilar información sobre la operatoria del criptoactivo y asistir a la Justicia. Fue una jugada para mostrar iniciativa: la UTI debería centralizar datos provenientes de organismos técnicos como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otros, y remitirlos a los fiscales que lo solicitaran. En teoría, la creación de la UTI denotó voluntad de colaborar y esclarecer lo sucedido. En la práctica, su desempeño fue modesto y breve: se conformó con algunos especialistas designados por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero duró menos de tres meses activa. Hacia mediados de mayo, el propio Presidente Milei y Cúneo Libarona firmaron un decreto disolviendo la UTI, alegando que “la tarea fue cumplimentada” y que toda la información recabada ya había sido entregada al Ministerio Público Fiscal. Esta clausura apresurada generó suspicacias. Para la oposición, fue una forma de “bajar la persiana” al tema desde el Ejecutivo; para el Gobierno, simplemente la unidad había terminado su trabajo (cuyos detalles nunca se difundieron públicamente). En cualquier caso, la UTI no llegó a exhibir resultados concretos conocidos ni emitió informes públicos, alimentando la percepción de que fue más un gesto político de contención que un esfuerzo real de investigación.

Investigación de la Oficina Anticorrupción: Paralelamente, el Gobierno instruyó a la Oficina Anticorrupción (OA) –un organismo que depende del Poder Ejecutivo– a que indagara si hubo alguna conducta impropia de algún funcionario nacional en relación con $LIBRA. Esto incluía al propio Presidente, ya que entraría en juego la Ley de Ética Pública (que prohíbe a funcionarios lucrar con operaciones incompatibles con su cargo, entre otras cosas). La OA anunció que abriría un expediente administrativo para determinar si Milei o miembros de su gobierno violaron normas éticas al promocionar el token. Esta movida buscó mostrar que el oficialismo no tenía nada que ocultar y que sometía a escrutinio interno el asunto. No obstante, dado que la OA carece de poder sancionatorio fuerte (más allá de recomendar medidas) y sus titulares suelen ser cercanos al gobierno de turno, muchos lo vieron como un gesto cosmético. Hasta la fecha, no trascendieron conclusiones de esa pesquisa interna; es probable que siga abierta mientras se dilucidan los casos judiciales penales. En suma, el Ejecutivo intentó adelantarse pidiendo a su propio organismo de control que investigue, aunque el impacto real de eso es discutible.

Declaraciones y alineamiento del gabinete: Oficialmente, la posición del Gobierno siempre fue que Milei no obtuvo ningún beneficio personal con $LIBRA y que fue, en todo caso, una víctima más de información incompleta. Los ministros que hablaron del tema adoptaron esa línea: que el Presidente solo quiso apoyar una iniciativa privada creyendo que ayudaría a la economía, que cuando supo de las irregularidades se retractó, y que no tenía relación con los desarrolladores. En privado, sin embargo, hubo malestar dentro de la coalición gobernante. Algunos aliados de Milei (sobre todo los del espacio de Juntos por el Cambio que se habían sumado al gobierno) manifestaron preocupación por el daño a la credibilidad institucional. Por ejemplo, referentes de la Coalición Cívica (socia minoritaria) dijeron que lo ocurrido era grave y potencialmente delictivo, aunque se opusieron a un juicio político, prefiriendo que actúe la justicia penal. En el partido PRO (otro socio clave que apoyaba a Milei legislativamente), también mostraron inquietud por el impacto económico, pero calificaron de “oportunista” la movida de juicio político de la oposición. En síntesis, el gabinete y aliados cerraron filas para evitar una crisis de gobernabilidad, pero ninguno defendió abiertamente la acción de promocionar la cripto; más bien trataron de enmarcarlo como un error desafortunado ya subsanado. Un indicio: durante el fin de semana del escándalo, prácticamente ningún ministro relevante salió en conferencia de prensa. Recién el lunes 17 por la noche Milei dio una entrevista televisiva, donde expresó su ya mencionada defensa (negando error propio y culpando a inversores imprudentes). Tras eso, la estrategia del Gobierno fue “girar la página” lo antes posible. Incluso, casi coordinadamente, esa misma semana Milei recibió un impensado espaldarazo del entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, quien posteó en su red Truth Social una foto suya junto a una célebre frase de Milei sobre política monetaria. Este apoyo internacional fue capitalizado por el oficialismo para cambiar el foco mediático: se habló de la sintonía Milei-Trump y del respaldo diplomático, restándole protagonismo en los medios al caso $LIBRA por algunos días.

Secreto y manejo de información: Un aspecto a resaltar es que el Gobierno, pese a clamar transparencia, mantuvo bajo reserva la mayor parte de las actuaciones internas sobre $LIBRA. Por ejemplo, cuando la Justicia pidió informes sobre las cuentas bancarias de Milei y Karina, y sobre sus declaraciones juradas patrimoniales, el Ejecutivo cumplió pero todo se tramitó bajo secreto de sumario y de manera muy discreta. No hubo divulgación pública de qué encontraron (y es natural, al estar judicializado). Asimismo, la decisión de cerrar la UTI se tomó con un escueto comunicado en mayo, sin detallar qué había hallado esa unidad. Para la opinión pública, entonces, la sensación fue que el Gobierno quería dar por terminado el asunto cuanto antes. De hecho, funcionarios del entorno del Presidente llegaron a declarar off the record que para ellos “el escándalo $LIBRA es un caso cerrado”, intentando afirmar que ya se había esclarecido suficiente y no había más que perseguir. Estas afirmaciones contrastan con la realidad de causas en curso y, para muchos, suenan a un deseo de enterrar el tema.

Vínculos indirectos y conflictos de interés: Por último, el caso planteó serias dudas sobre posibles vínculos estructurales entre el movimiento político de Milei y ciertos operadores financieros poco ortodoxos. Que su hermana haya tenido un rol en introducir a los criptoempresarios, que un asesor en la CNV estuviera implicado, que su asesor económico terminara haciendo apología del token, sugiere que la frontera entre la gestión pública y los intereses privados estuvo mal delimitada. No se probó hasta ahora que Milei o algún ministro hayan estado confabulados para cometer la estafa, pero claramente hubo falta de filtros y de controles. El Gobierno no supo (o no quiso) evaluar la seriedad del emprendimiento antes de impulsarlo desde la cuenta presidencial, lo cual es una falla institucional grave. En una democracia republicana, se espera que existan instancias que eviten que el Jefe de Estado use su cargo para publicitar inversiones especulativas. En este caso no ocurrió, tal vez por la inexperiencia del equipo gobernante y por la cercanía ideológica de Milei con el discurso libertario-pro-cripto. Así, más allá de lo legal, el Gobierno quedó impregnado de una sombra de connivencia con los estafadores ante los ojos de muchos argentinos.

En resumen, el rol del Gobierno argentino combinó defensiva política, acciones simbólicas de investigación, pero también indicios preocupantes de que gente del propio oficialismo estuvo demasiado cerca del esquema $LIBRA. La gestión de la crisis por parte de la administración Milei fue ampliamente cuestionada: se la tildó de tardía, insuficiente y más enfocada en proteger la imagen presidencial que en resarcir a las víctimas o esclarecer totalmente lo ocurrido. Ahora bien, el esclarecimiento formal recae en el ámbito judicial. Veamos a continuación cómo avanzaron las causas legales, quiénes son los jueces y fiscales actuantes, y en qué estado se encuentran los expedientes.

Causas judiciales abiertas y estado procesal

El escándalo $LIBRA dio lugar a una cascada de acciones legales en múltiples jurisdicciones. Se abrieron expedientes tanto en la Justicia argentina como en tribunales extranjeros, reflejando el alcance global de la estafa. A continuación detallamos las principales causas, los órganos intervinientes y su estado al día de hoy:

Denuncias penales en Argentina: En las primeras 48 horas posteriores al colapso de $LIBRA, se presentaron más de un centenar de denuncias penales en la Justicia Federal argentina. Inversores damnificados, dirigentes opositores e incluso organismos oficiales impulsaron estas denuncias. Todas confluyeron en los tribunales federales de Comodoro Py (Ciudad de Buenos Aires), donde por sorteo recayó el caso en el juzgado de la Dra. María Romilda Servini, decana de los jueces federales. La fiscalía federal a cargo de la investigación quedó en manos del Fiscal Eduardo Taiano. Servini y Taiano ya tenían experiencia en causas complejas, y rápidamente unificaron las denuncias en un único expediente madre que investiga la posible comisión de delitos como estafa, asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros. Dado que involucra al Presidente de la Nación, este expediente se tramita con carácter reservado y bajo secreto de sumario en lo referente a Milei, por la sensibilidad institucional.

Imputaciones y medidas en Argentina: Si bien Javier Milei no puede ser formalmente procesado sin antes ser sometido a juicio político (según la Constitución, un presidente en ejercicio tiene inmunidad), la Justicia igualmente lo considera imputado a los efectos investigativos. Esto significa que se están reuniendo pruebas sobre sus acciones para determinar si hubo delito de su parte, aunque no pueda avanzarse a una acusación formal en tanto mantenga el cargo. En paralelo, hay varios imputados sobre los cuales sí se avanza plenamente: Novelli, Terrones Godoy, Sergio Morales y otros partícipes locales. La jueza Servini ha dictado una serie de medidas importantes: ordenó el levantamiento del secreto bancario sobre las cuentas de Javier y Karina Milei (pidiendo al Banco Central informes de todas las entidades financieras en que ambos tengan cuentas, movimientos desde 2023 a la fecha, etc.), para analizar si hubo un incremento patrimonial anómalo coincidente con el caso. Asimismo, Servini dispuso la inhibición general de bienes por 90 días para los principales sospechosos civiles –Novelli, Terrones y Morales– con el fin de congelar sus activos y evitar que se desprendan de eventuales ganancias malhabidas. Esta inhibición se extendió incluso a familiares de Novelli (su madre María Alicia Rafaele y su hermana María Pía Novelli), dado que surgieron fuertes indicios de que ellas colaboraron en ocultar dinero (el episodio de las cajas de seguridad vaciadas tras la estafa, captado por las cámaras del banco, es parte del expediente). Esas cajas fueron allanadas semanas después por orden de Servini, encontrándolas vacías, lo que reforzó la sospecha de vaciamiento deliberado.

Delitos investigados en Argentina: La carátula del expediente incluye potencialmente varios tipos penales. El eje central es la figura de defraudación (estafa) contra los inversores. Se analiza si Milei y los demás involucrados conformaron una asociación ilícita, es decir una banda organizada para cometer ese fraude masivo. En el caso del Presidente, además, se considera el incumplimiento de deberes de funcionario público, por haber usado su cargo de manera irregular al promocionar un negocio privado que derivó en perjuicio ciudadano. Conforme avanza la pesquisa, también cobraron fuerza hipótesis de delitos de corrupción: la fiscalía investiga posibles actos de cohecho (sobornos) y tráfico de influencias, si es que se comprueba que gente del entorno de Milei recibió dinero o beneficios para facilitar la promoción oficial del token. Incluso se mencionan negociaciones incompatibles con la función pública, dado que un presidente no debería aprovechar su posición para negociar ventajas para terceros. Todas estas figuras están siendo evaluadas; no se ha dictado procesamiento a nadie aún porque la causa está en etapa de recolección de evidencia, pero ya hay una imputación general que abarca esos delitos.

Pruebas en la causa local: Entre los elementos probatorios reunidos por Servini y el fiscal Taiano, destacan: los registros de las redes sociales (capturas del tweet original de Milei y sus interacciones), la traza de las transacciones en la blockchain (donde se ve el retiro de ~US$100 millones por las billeteras fundadoras y el colapso subsiguiente), las filmaciones de seguridad del Banco Galicia mostrando las actividades sospechosas de Novelli y familia antes y después del 14F, informes de la Policía Federal (División Lavado de Activos) confirmando esos movimientos en las cajas de seguridad, y documentación bancaria sobre transferencias relevantes. Además, se han tomado declaraciones testimoniales a numerosos damnificados que relataron cómo decidieron invertir confiando en Milei y perdieron sus ahorros. También se convocó a declarar como testigos a algunos funcionarios y allegados para entender la secuencia de hechos dentro del Gobierno. Es un expediente voluminoso y complejo, con evidencia técnica (informática, financiera) y testimonial.

Estado actual en Argentina: La investigación penal en Argentina se encuentra avanzada en términos de recopilación de pruebas, pero aún no definió situaciones procesales finales. Dado que hay un Presidente involucrado, es posible que Servini opte por aguardar resultados contundentes o definiciones políticas (por ej., que prospere o no un juicio político) antes de intentar elevar algo a juicio. De momento, Milei continúa en funciones y con inmunidad, lo que congela cualquier posibilidad de imputación formal contra él salvo que medie su destitución. Para los demás, es esperable que en los próximos meses la Justicia resuelva sus procesamientos si halla evidencia suficiente de la estafa. Por ahora, siguen siendo técnicamente sospechosos no procesados, pero con medidas restrictivas (congelamiento de bienes, prohibición de salida del país, etc.). La causa se maneja con hermetismo y bajo secreto, por lo cual los plazos son difusos. Aun así, la sola existencia de esta investigación en curso mantiene vivo el frente legal contra el entorno de Milei.

Demanda civil en Argentina: Paralelamente a lo penal, un grupo de damnificados inició una demanda civil por daños y perjuicios contra Milei y demás responsables, buscando ser resarcidos por sus pérdidas económicas. Un abogado que representa a unos 25 inversores (tanto argentinos como extranjeros) promovió esta acción reclamando aproximadamente US$4,5 millones en concepto de indemnización. Como es preceptivo, se convocó primero a una audiencia de mediación entre las partes. Esa audiencia tuvo lugar en mayo de 2025 vía Zoom, pero ni Milei ni Karina (quienes estaban citados) se presentaron, ni enviaron representantes legales. Solo asistió un abogado de uno de los co-imputados (Terrones Godoy). La ausencia del Presidente y su hermana en la mediación fracasada deja vía libre para que los demandantes formalicen la demanda ante el fuero civil. De ocurrir, sería un pleito millonario contra los Milei. No obstante, vale señalar que incluso si estos inversores obtuvieran una sentencia favorable, sería complejo ejecutar cobros si los bienes de los responsables permanecen ocultos o congelados. Aun así, la vía civil agrega presión y escrutinio público. La negativa del Presidente a avenirse siquiera a dialogar en mediación fue muy criticada como muestra de insensibilidad hacia las víctimas.

Investigaciones en Estados Unidos: Dado que la estafa afectó a personas de múltiples países y que grandes sumas fueron movidas en dólares a través de plataformas globales, las autoridades de Estados Unidos tomaron cartas en el asunto. A instancias de un estudio jurídico argentino radicado en EE.UU. que asesora a víctimas, se elevó una denuncia formal ante el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI norteamericano, señalando entre los responsables a Javier Milei y los organizadores de $LIBRA. Esto ocurrió el 17 de febrero de 2025, apenas días después del hecho, buscando que se investigue posible fraude electrónico, manipulación de mercado y lavado de dinero bajo jurisdicción estadounidense (recordemos: muchas transacciones cripto pasan por exchanges con sedes en EE.UU. o tocan el sistema financiero en dólares). El caso captó la atención de fiscales federales en Nueva York, quienes iniciaron sus propias indagaciones. Fruto de esa cooperación internacional, en mayo de 2025 la justicia norteamericana logró identificar y congelar casi 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados a Hayden Mark Davis. Mediante una orden judicial de EE.UU. y con la colaboración de una plataforma cripto (no se divulgó cuál, pero podría ser algún exchange global), se bloquearon dos billeteras digitales asociadas a Davis para impedir que siguiera moviendo los fondos. Los investigadores yanquis rastrearon durante meses el flujo de esos activos y consideran ese congelamiento un paso crucial. Estiman, sin embargo, que aproximadamente la mitad del dinero obtenido por la estafa aún no ha sido localizado, lo que representa un desafío adicional: los autores habrían dispersado gran parte del botín en múltiples billeteras o convertidores, aprovechando el anonimato relativo de las criptos. La cooperación entre EE.UU., Argentina y otras jurisdicciones continúa para trazar el camino del dinero. No se descarta que próximamente Estados Unidos presente cargos criminales contra algunos implicados extranjeros (Davis, Peh u otros) por delitos federales como wire fraud o conspiración, dado que muchos damnificados en ese país también sucumbieron al fraude.

Demanda colectiva en Nueva York: En paralelo a la vía penal, un grupo de inversionistas extranjeros (de EE.UU., Europa y otras partes) se organizó para presentar una demanda colectiva civil (class action) ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Representados por el bufete Burwick Law y otros estudios asociados, más de 200 inversores afectados demandaron a los supuestos artífices de la estafa $LIBRA buscando recuperar su dinero. La demanda, interpuesta a fines de febrero de 2025, lista entre los acusados a Hayden Davis, sus parientes Gideon Davis y Thomas Davis (quienes habrían colaborado con él), Julian Peh, Benjamin Chow (otro socio asiático del proyecto) y las empresas vinculadas (Kelsier Ventures, Kip Protocol, Meteora, etc.), bajo cargos de fraude, manipulación financiera y enriquecimiento indebido. Notablemente, la demanda menciona a Javier Milei en la narrativa de los hechos, dada su participación crucial como promotor, pero no lo incluye como demandado directo. ¿Por qué? Seguramente por la inmunidad soberana que tiene como jefe de Estado extranjero y las dificultades de jurisdicción para acusarlo en una corte estatal de EE.UU. Aun así, su rol queda descrito, lo que es jurídicamente y políticamente significativo. Este litigio colectivo en Nueva York está en proceso: inicialmente los demandantes tuvieron éxito en notificar a varios de los acusados y congelar ciertos activos, pero aún debe resolverse si la corte neoyorquina es el foro apropiado y si logrará resarcir a los afectados. Más allá de eso, representa un precedente de alcance mundial: ciudadanos de diversos países uniéndose para buscar justicia contra un esquema fraudulento que involucra a un presidente en ejercicio.

Acciones legales en Europa: El eco internacional de $LIBRA llegó también a Europa. En España, el diputado hispano-argentino Gerardo Pisarello (miembro de las Cortes Generales) presentó el 28 de febrero de 2025 una denuncia ante la Audiencia Nacional en Madrid contra Hayden Davis y sus familiares, alegando que el fraude con $LIBRA afectó a inversores en España y podría constituir delitos de estafa transnacional y blanqueo de capitales. La Audiencia Nacional es el tribunal encargado de casos complejos de crimen organizado o con dimensión internacional. Si bien Milei no es objeto directo de esa denuncia (por obvias razones diplomáticas), la iniciativa de Pisarello buscó que la justicia española colabore en investigar a los promotores del token y proteja a ciudadanos españoles damnificados. Por el momento, esa actuación española está en etapa inicial de recopilación de información y podría eventualmente coordinarse con la investigación de EE.UU. o con exhortos a Argentina. Además de España, no se descarta que otras jurisdicciones europeas examinen el caso si identifican víctimas locales (por ejemplo, en Italia o Francia donde hay comunidades cripto atentas). No hay un proceso penal formal contra Milei en Europa, pero sí un interés de organismos internacionales en el caso.

Comisión investigadora en el Congreso argentino: Aunque no es una causa judicial, cabe mencionarlo aquí por su relevancia cuasi-judicial. La oposición en Argentina logró a comienzos de abril de 2025 aprobar en la Cámara de Diputados la creación de una Comisión Investigadora parlamentaria sobre la criptomoneda $LIBRA. Esta comisión de diputados tiene por objeto reunir información, citar funcionarios a declarar y elaborar un informe sobre responsabilidades políticas e institucionales del caso. La comisión se integró con legisladores de distintas bancadas (incluyendo opositores y algunos oficialistas) y comenzó a funcionar citando a miembros del Gobierno para ser interpelados. En concreto, la Cámara citó a Guillermo Francos (Jefe de Gabinete), Luis Caputo (Ministro de Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Ministro de Justicia) para que brinden explicaciones sobre el rol del Ejecutivo en todo el asunto. Francos efectivamente concurrió a la comisión en abril y respondió preguntas, pero Caputo y Cúneo Libarona faltaron a las primeras dos convocatorias alegando problemas de agenda, lo que generó roces. La comisión insistió y volvió a citarlos con apercibimiento. Esta dinámica mostró cierta resistencia del oficialismo a exponerse al escrutinio parlamentario. La labor de la comisión aún está en desarrollo: espera el testimonio de los ministros ausentes y está recopilando documentación (por ejemplo, solicitó copia de los decretos de creación/disolución de la UTI, informes de la CNV sobre qué se sabía del token, etc.). Si bien una comisión legislativa no tiene capacidad de sancionar penalmente, su informe final podría recomendar medidas (incluso un eventual juicio político) o derivar elementos a la Justicia. Representa un frente institucional adicional donde el caso $LIBRA se debate, ampliando la rendición de cuentas a la arena política más allá de los tribunales.

Estado procesal resumido: Al cierre de este informe (mediados de 2025), ninguna de las causas principales ha concluido. En Argentina, la investigación penal sigue su curso, con el Presidente bajo indagación pero protegido por sus fueros, y con varios partícipes al borde de ser procesados. La causa está en secreto de sumario y sin resoluciones definitivas aún. La demanda civil local avanzará a instancia judicial tras la fallida mediación. En Estados Unidos, se han tomado medidas cautelares fuertes (congelamientos) y se espera la definición de cargos o acuerdos en la demanda colectiva; la cooperación DOJ–fiscalía argentina continúa activa. En España y otros países las iniciativas están germinando. Esto quiere decir que el caso $LIBRA está lejos de estar cerrado: sus derivaciones legales se extenderán probablemente por varios años, dada la complejidad transnacional.

Vínculos y comparaciones con otras causas judiciales
El caso $LIBRA, por sus características únicas, ha sido comparado con otros escándalos financieros y criptográficos, aunque difícilmente encuentre uno idéntico dado el involucramiento presidencial. No obstante, existen algunos paralelismos y vínculos que vale la pena señalar, tanto en el plano nacional como internacional:

Precedentes argentinos de estafas financieras: Argentina lamentablemente tiene un historial de fraudes masivos, algunos con connotación de esquema Ponzi o similares. En 2022 estuvo muy presente el caso de Generación Zoe, una supuesta academia de coaching financiero que prometía altísimos retornos y terminó defraudando a miles de ahorristas; su líder, Leonardo Cositorto, fue detenido y procesado por estafa piramidal. Si bien en Zoe no hubo cripto de por medio (ofrecían un pseudo-token llamado Zoe Cash pero operaba más bien como secta financiera), la mecánica de aprovechar la fe ciega de la gente con promesas irreales recuerda a $LIBRA. También en 2020-2021 emergieron esquemas como OneCoin (una estafa global estilo multinivel que tuvo víctimas en Argentina) o pirámides locales disfrazadas de inversión en criptos (por ejemplo, Intense Live o Vayo Business). Ninguno involucró a funcionarios de alto rango, pero muestran un contexto: una población agobiada por la crisis económica, con ahorristas buscando refugio o ganancias en dólares, y un caldo de cultivo para embaucadores que ofrecían la “llave de la libertad financiera”. En ese sentido, $LIBRA se alimentó del mismo anhelo y credulidad colectiva, con el agravante de traer el sello del Presidente de la Nación, lo que le otorgó un nivel de credibilidad sin precedentes.

El patrón Milei: CoinX y otros casos personales: Más directamente vinculado, están los antecedentes personales de Milei en promover esquemas dudosos como CoinX (el broker trucho) y el token Vulcano. Esos episodios prefiguraron en pequeña escala lo que sería $LIBRA. De hecho, Milei enfrenta todavía reclamos morales (y potenciales complicaciones legales) por CoinX: reconoció que había cobrado dinero por publicitar esa plataforma. En aquel entonces se zafó de mayor repercusión porque no era Presidente; hoy, esa conducta pretérita se ve bajo otra luz. Podría argumentarse que existe una causa judicial implícita en la reincidencia: Milei no aprendió de la experiencia de CoinX y repitió accionar similar ya en la Presidencia. Algunos detractores hablan de “Libragate” o incluso retoman el término “Cryptogate” englobando todos los casos donde Milei se asoció al mundo cripto de manera escandalosa. Si bien no es una causa judicial formal conjunta, en el debate público estos antecedentes se unieron para cuestionar la idoneidad y la ética del mandatario.

Conexiones personales con otros casos: Dentro de los implicados en $LIBRA, algunos han aparecido vinculados a otras causas. Por ejemplo, Manuel Terrones Godoy –según trascendidos– estuvo involucrado en estafas cripto previas en España u otros países europeos. Se menciona que tuvo participación en varias iniciativas de trading automatizado o venta de tokens que terminaron mal, lo que explicaría por qué en España ya lo tenían en la mira. De confirmarse, el caso $LIBRA podría aprovechar esas investigaciones previas para trazar un modus operandi repetido de Terrones y su círculo. Por otro lado, Hayden Davis y socios podrían haber estado ligados a otros proyectos cripto turbios globalmente; la demanda de Nueva York podría sacar a la luz si esta red ya había operado con diferentes nombres (a veces, los estafadores seriales prueban con distintos tokens o esquemas en diversos países hasta dar un “golpe maestro”). Un indicio de esto fue el token de prueba $MILEI que crearon: esa sofisticación indica experiencia en engañar bots y traders. No sería sorprendente que los Davis, Peh y compañía tuvieran historial en manipular mercados DeFi o participar en otros rug pulls menores antes de $LIBRA.

Comparación con OneCoin, Bitconnect y otros fraudes globales: A nivel internacional, los referentes inmediatos son grandes estafas en el mundo de criptomonedas o inversiones. OneCoin, liderada por Ruja Ignatova (la “Cryptoqueen”), recaudó miles de millones de dólares a nivel global entre 2014-2017 vendiendo una falsa criptomoneda; eventualmente fue desbaratada y sus líderes acusados penalmente en múltiples países. Bitconnect fue otro esquema Ponzi cripto que colapsó en 2018 dejando perjudicados en todo el mundo, con procesos penales abiertos en EEUU y otros lugares. También está el reciente escándalo de la plataforma FTX (2022), donde si bien no fue un esquema Ponzi clásico, sí hubo fraude masivo y malversación de fondos de clientes por parte del joven magnate Sam Bankman-Fried, que ahora enfrenta juicio. Estos casos comparten con $LIBRA la característica de arruinar a decenas de miles de inversores mediante engaños en el ecosistema cripto. Sin embargo, ninguno de ellos involucró directamente a un Jefe de Estado en ejercicio. Ahí radica la singularidad de $LIBRA: la participación de la máxima autoridad de un país como promotor –voluntario o involuntario– de la estafa. En OneCoin se llegó a sobornar a políticos de segundo nivel en Bulgaria y otros países para ganar impunidad, pero ningún presidente salió a tuitear “compren OneCoin”. En Bitconnect, hubo celebridades de YouTube que la publicitaron, pero ningún gobernante oficial. Incluso casos de celebridades promocionando criptos (como Kim Kardashian con EthereumMax, o actores y deportistas con diversos tokens) derivaron en sanciones civiles o administrativas, pero nunca habían escalado a crisis institucional porque no eran funcionarios públicos.

El Salvador y el bitcoin estatal: Una comparación regional obligada, aunque de naturaleza distinta, es con El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en 2021 y promovió fuertemente su uso estatal. Si bien esa política generó controversias y volatilidad financiera en el país, no fue una estafa en sí misma (fue una decisión de política económica soberana, debatible pero legítima). La analogía está en que Bukele, al igual que Milei, basó parte de su identidad política en las criptomonedas, asumiendo personalmente ese riesgo. Pero en El Salvador no hubo un colapso por fraude (más allá de pérdidas potenciales por la caída del precio de Bitcoin); en Argentina con $LIBRA sí lo hubo, y con un token no institucional sino privado. Por tanto, no es equiparable a nivel jurídico, pero marca cómo líderes populistas/antisistema en la región han coqueteado con la idea de las criptos como símbolo de independencia financiera –con resultados diametralmente opuestos en este caso.

Nuevas regulaciones y aprendizaje: Lo ocurrido con $LIBRA está teniendo repercusiones en la discusión regulatoria. En Argentina, la CNV y el BCRA ya venían trabajando en proyectos para regular los criptoactivos y las promociones financieras en redes. Tras este escándalo, seguramente se acelerarán medidas para evitar “otro Libra”: por ejemplo, fijar que funcionarios públicos no puedan recomendar inversiones sin autorización o al menos deban aclarar que no hay respaldo estatal; aumentar los controles sobre exchanges que listan tokens extremadamente riesgosos; campañas de concientización a inversores para que no caigan en cantos de sirena, etc. A nivel internacional, foros como GAFI (grupo anti-lavado) y la SEC en EE.UU. están siguiendo de cerca este caso para entender las lagunas legales explotadas. No se descarta que de acá surjan colaboraciones para marcos globales sobre criptomonedas. En ese sentido, aunque no es un “vínculo” con otra causa judicial per se, el caso $LIBRA servirá como referencia jurisprudencial y regulatoria en el futuro. Abogados ya lo comparan con jurisprudencia de casos de manipulación de mercado tradicionales, adaptándolos al mundo cripto.

En síntesis, $LIBRA guarda similitudes con esquemas fraudulentos previos (el engaño, la codicia, las víctimas masivas) pero se diferencia en un elemento crucial: la participación de un Presidente. Esto lo convierte en un caso prácticamente sin precedente global. Mientras OneCoin o Bitconnect muestran cómo la justicia internacional puede perseguir estafas cripto, el caso argentino añade la capa de responsabilidad política y constitucional. Su desenlace, aún abierto, probablemente sentará un precedente de cómo abordar legalmente situaciones donde se entrelazan tecnología descentralizada y poder centralizado.

Repercusiones políticas, económicas y mediáticas en Argentina

El terremoto del caso $LIBRA no solo se sintió en los tribunales; también sacudió la arena política, la economía y ocupó titulares en los medios durante semanas. Las repercusiones han sido profundas:

Crisis política y solicitud de juicio político: En el plano político doméstico, la oposición capitalizó rápidamente el escándalo para cuestionar la continuidad de Javier Milei en el poder. Diputados de Unión por la Patria (peronismo/kirchnerismo) y del Frente de Izquierda presentaron formalmente pedidos de juicio político contra el Presidente, acusándolo de participación en una estafa multimillonaria, violación de la Constitución y mal desempeño de sus funciones. Estos pedidos sostienen que lo ocurrido dañó gravemente la confianza en la investidura presidencial y en la seguridad económica del país. Si bien lograr destituir a Milei vía impeachment es considerado poco probable (se requiere una mayoría agravada de dos tercios en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, números con los que la oposición no cuenta plenamente), el simple hecho de impulsarlo representa un golpe a la autoridad de Milei. Por ahora, la comisión de juicio político de Diputados ha tomado nota pero no avanzó a trámite activo, en parte esperando ver el curso de la comisión investigadora especial que mencionamos antes. Aun así, la palabra “destitución” comenzó a sobrevolar en el horizonte político apenas dos meses después de asumido el nuevo gobierno, algo dramático. Algunos analistas lo compararon con el “Swiftgate” de los 90 (un escándalo financiero que salpicó a Menem) o incluso con Watergate en términos de erosión de la figura presidencial, de ahí que se hable de Libragate.

Impacto en la coalición de gobierno: La propia coalición gobernante (una heterogénea alianza liberal-conservadora) sufrió tensiones internas. Por un lado, los dirigentes puramente libertarios cerraron filas con Milei argumentando teoría de complot: según ellos, la “casta política” enemiga exageraba el caso para tumbar al gobierno reformista. Pero por otro lado, los sectores más institucionalistas (algunos provenientes de Juntos por el Cambio) manifestaron incomodidad. Hubo reuniones reservadas entre referentes del PRO y Milei donde se le habría exigido que no reincida en actos impetuosos que comprometan al país. Incluso se rumoreó que ciertos aliados condicionaron su apoyo futuro a que Milei reorganice su asesoramiento y controle mejor sus comunicaciones oficiales. La relación con parte de la oposición “moderada” quedó resentida: figuras de la UCR y peronismo federal que inicialmente buscaban dialogar con Milei se distanciaron tras verlo involucrado en este traspié. En suma, el caso $LIBRA aisló políticamente un poco más a Milei, volviéndolo dependiente casi exclusivo de su núcleo duro.

Efecto sobre la imagen pública de Milei: En términos de opinión pública, el escándalo generó un deterioro notable en la imagen del Presidente. Encuestas realizadas a fines de febrero mostraron que alrededor de 60% de los argentinos consideraba a Milei responsable de lo sucedido con $LIBRA, y una proporción similar opinaba que merecía algún tipo de sanción o juicio político. Incluso muchos votantes que lo habían apoyado por su discurso antisistema expresaron desilusión al ver que ese antisistema promovió un esquema poco claro que los perjudicó. La credibilidad de Milei en materia económica, que era su bandera (con promesas de dolarización y estabilidad), sufrió un revés: ¿cómo confiar en su criterio financiero si acababa de avalar un token fraudulento? Los índices de aprobación presidencial cayeron varios puntos en las semanas posteriores, según mediciones de consultoras. Especialmente entre sectores de clase media que habían visto en él una esperanza de cambio, cundió la idea de que había actuado con irresponsabilidad. Para Milei, que basa su capital político en la confianza personal de sus seguidores, este fue un golpe duro.

Repercusión en los mercados y la economía real: Aunque $LIBRA en sí era un token marginal sin incidencia en la macroeconomía, la forma en que estalló sí tuvo efectos económicos colaterales. Como mencionamos, la bolsa local cayó abruptamente apenas se reanudaron las operaciones tras el suceso, reflejando que los inversores percibieron un aumento del riesgo político. Los bonos soberanos argentinos en mercados internacionales también sufrieron leves bajas en aquellos días, y el riesgo país subió unos puntos básicos, atribuido en parte al ruido institucional generado. No es que $LIBRA moviera los números macro, pero sí dañó la percepción de seriedad del gobierno en lo económico. Argentina ya lidiaba con una crisis de confianza y alta inflación; este incidente le sumó volatilidad. Empresas e inversores extranjeros que venían dialogando con el nuevo gobierno para posibles proyectos manifestaron cautela ante “la imprevisibilidad” demostrada por Milei. En el plano interno, el escándalo distrajo y ralentizó la agenda de reformas que el gobierno pretendía impulsar: durante semanas, en lugar de discutirse leyes económicas, el Congreso estuvo abocado a citar ministros por $LIBRA y la agenda quedó parcialmente paralizada. El Banco Central incluso tuvo que salir a aclarar que el incidente con $LIBRA no afectaba al sistema financiero tradicional, ante rumores que se tejieron en redes. Por último, la adopción de criptomonedas por parte del público argentino sufrió un golpe reputacional: muchos que veían al mundo cripto con buenos ojos, tras esta estafa, se volvieron más escépticos o temerosos de participar. Esto podría frenar temporalmente el crecimiento de ese ecosistema en el país.

Cobertura mediática y narrativa pública: Mediáticamente, el caso $LIBRA fue un manjar informativo. Todos los diarios, canales de TV y portales digitales dedicaron amplios espacios a desmenuzar la historia, con coberturas especiales denominadas “Criptogate” o “El escándalo $LIBRA”. Se publicaron infografías explicando qué es un rug pull, se entrevistó a víctimas contando sus casos (muchos mostraron chats donde convencían a familiares de invertir por la confianza en Milei y luego lo perdieron todo), y se hostigó a funcionarios pidiéndoles declaraciones. La prensa internacional también levantó la historia: diarios como El País de España, The Washington Post, la BBC, etc., escribieron artículos subrayando lo insólito de que un presidente esté implicado en un escándalo cripto. Esto puso a Argentina nuevamente en una vidriera negativa global, equiparando la situación a casos de corrupción de alto perfil. En redes sociales, los memes y las críticas inundaron las tendencias; Milei, acostumbrado a ser amo de la narrativa digital, esta vez fue objeto de burlas y hashtags adversos. Por ejemplo, circularon montajes de Milei como vendedor de humo, billetes de juguete con su cara, referencias irónicas a “libertad financiera” convertida en estafa, etc. Desde el humor ácido hasta la indignación genuina, la conversación pública se mantuvo durante semanas. Incluso luego, cada vez que Milei hacía una declaración económica, no faltaba el periodista o tuitero que respondiera con sarcasmo “¿y por qué deberíamos creerle después de $LIBRA?”. Es decir, su autoridad moral quedó mellada.

Reacciones oficiales y contranarrativa: En cuanto a la respuesta comunicacional del Gobierno, una vez pasado el shock inicial, hubo un intento de instalar una contranarrativa: que todo fue una “operación política” para ensuciar a Milei, orquestada por la oposición, y que se sobredimensionaba algo en lo que el Presidente era ajeno. Voceros libertarios apuntaron que los verdaderos culpables eran los empresarios estafadores y que la oposición quería “colgarle” ese muerto a Milei injustamente. Esta línea argumentativa tuvo eco principalmente entre la base más fiel de seguidores de Milei, quienes desconfían de los medios tradicionales y tendieron a creer en teorías conspirativas (llegó a circular la descabellada idea de que tal vez sí hackearon a Milei y todo fue un plan de sus enemigos, pese a las desmentidas). Sin embargo, esa versión no permeó al público general. La mayoría entendió que, conspiración o no, Milei había tuiteado voluntariamente promoviendo algo que resultó ser una estafa, y por ende debía asumir su cuota de responsabilidad. Los medios más afines al oficialismo (algunos portales digitales alternativos) intentaron enfocar en que las víctimas eran inversionistas experimentados, casi culpándolos a ellos por avariciosos, y resaltaron que no hubo afectación de dinero público. Pero en la balanza de la opinión, predominó la visión crítica hacia el gobierno.

Secuelas en la gestión: Desde el punto de vista del día a día de la gestión, el caso $LIBRA tuvo algunas secuelas adicionales. Por ejemplo, la oposición en el Congreso endureció su postura para aprobarle leyes a Milei, condicionando cualquier diálogo a que primero se esclarezca este tema. Asimismo, organismos internacionales con los que Argentina negociaba (como el FMI) mostraron reparos: si bien el FMI no se pronuncia sobre estos temas domésticos, puertas adentro los funcionarios argentinos notaron impaciencia en los técnicos del Fondo al ver distraído al equipo económico apagando el incendio reputacional en vez de abocarse a las metas. En cuanto a Milei mismo, algunos observadores señalaron un cambio: tras el escándalo, moderó marginalmente su uso de las redes sociales para anuncios sensacionalistas, volviéndose más cauto (aprendiendo por las malas). Aunque sigue siendo estridente en su oratoria, ya no lanza recomendaciones financieras en Twitter.

En resumen, políticamente el caso minó la autoridad de Milei y le dio munición a sus rivales; económicamente, añadió ruido y erosión de confianza en un momento delicado; mediáticamente, se convirtió en un hito noticioso que dañó la imagen país. Es posible que sus efectos se sientan a largo plazo: a nivel electoral, podría pesar en la evaluación de la gestión Milei; a nivel social, ha generado mayor conciencia (aunque sea por la vía dolorosa) sobre las trampas del mundo cripto y la necesidad de no seguir ciegamente a líderes carismáticos en decisiones de inversión.

Posición oficial del gobierno y declaraciones públicas

A pesar de las fuertes críticas, el Gobierno de Javier Milei ha mantenido una posición oficial cerrada en torno al caso $LIBRA: negar cualquier involucramiento doloso, destacar que se actuó de buena fe, y contraatacar acusando motivaciones políticas en quienes exigen explicaciones. Repasemos las principales declaraciones y posturas públicas adoptadas:

Negación de responsabilidad y argumento de buena fe: Desde el primer momento, Milei dejó claro que no se considera responsable de las pérdidas ocasionadas. En su comunicado del 15 de febrero (al borrar el tuit) ya plantó la idea de que él “no estaba interiorizado” del proyecto y que al conocer sus pormenores, se alejó. Posteriormente, en su entrevista televisiva del 18 de febrero, redobló esa noción: “Yo no lo promocioné, solo lo difundí. Soy tecnofanático y ese proyecto era para financiar emprendedores sin acceso al mercado formal”. Con esa frase intentó enmarcarse casi como un impulsor idealista de la tecnología, no como un avalador consciente de una inversión. Además, insistió en que los inversores sabían que era un mercado de altísimo riesgo y que “es como jugar a la ruleta rusa y les tocó la bala”, traspolando la culpa a quienes participaron. En síntesis, la narrativa oficial es que Milei actuó de buena fe, apoyando algo privado creyendo que ayudaría a la economía, y que si ese proyecto resultó ser una estafa no es su culpa sino de quienes lo montaron. Nunca se ha oído un pedido de disculpas explícito del Presidente hacia los damnificados; a lo sumo lamentó que haya sucedido, pero siempre aclarando que él también fue sorprendido.

“Milei no ganó un peso”: Una línea de defensa reiterada por funcionarios y voceros es que Milei no obtuvo ningún beneficio económico con $LIBRA. Resaltan que no tiene inversiones en criptomonedas (de hecho, Milei es un entusiasta del oro y ha criticado ciertas criptos en el pasado, aunque apoye su libertad de uso) y que su único “pecado” fue confiar en un proyecto. El Gobierno asegura que, tras el tweet, Milei no recibió dinero ni ventajas de ninguna índole, y que por tanto mal podría acusárselo de estafa o cohecho. Subrayan que eliminó el tweet en horas y que eso provocó incluso que se desplomara el token, lo cual “perjudicó” a los mismos estafadores, sugiriendo que Milei, al retractarse, actuó en contra de los defraudadores. Esta argumentación busca desvincularlo de la conspiración y presentarlo casi como un tercero ingenuo. No obstante, los críticos responden que aunque no haya lucrado, sí habilitó con su acción que otros lucraran. El Gobierno ha esquivado esa contrarréplica y se aferra al mantra de “Milei no ganó nada con esto”.

Colaboración con la justicia (discursiva): Otra postura oficial es proclamar que “no hay nada que ocultar” y que se está colaborando con todas las investigaciones. En comunicados de presidencia y entrevistas, se menciona la creación de la UTI como prueba de tal colaboración. También remarcan que se respondió a todos los pedidos de informes judiciales (por ejemplo, entregar las declaraciones juradas de Milei y Karina, brindar accesos a registros de visitas oficiales, etc.). El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, declaró a la prensa que “el Ejecutivo está a entera disposición de la Justicia, hemos remitido toda la documentación requerida”. Asimismo, cuando la Comisión Investigadora del Congreso citó a los ministros, la versión oficial de por qué Caputo y Cúneo no asistieron a la primera convocatoria fue que “no querían entorpecer procesos judiciales en curso con declaraciones imprudentes” y que asistirían en cuanto la agenda se los permitiera. Pese a estas explicaciones, la realidad es que la oposición percibe trabas, pero el Gobierno insiste en que no interferirá y que confía en que la justicia demostrará la inocencia del Presidente.

Ataque a la “casta” y politización del caso: Fiel al estilo combativo de Milei, el discurso oficial no se limitó a defenderse pasivamente, sino que pasó al ataque contra sus detractores. Milei y sus partidarios más cercanos han enmarcado la reacción política al caso $LIBRA como una exageración malintencionada de la “casta” (término con el que se refieren despectivamente al establishment político tradicional). Aseguran que opositores kirchneristas y sus aliados mediáticos han montado un “show” con el tema $LIBRA para frenar las reformas del Gobierno y para intentar recuperar poder perdido en las elecciones. Un tweet del propio Milei en medio de la tormenta decía: “A las ratas de la casta que quieren hacer leña de esto, les digo que siguen demostrando lo miserables que son; no nos desviarán de liberar Argentina”. Este tono confrontativo buscó consolidar a sus bases cerrando filas contra un enemigo común (la vieja política). Algunos funcionarios incluso sugirieron que resultaba hipócrita que sectores del kirchnerismo –ellos envueltos en casos de corrupción previos– pidieran juicio político por una “simple recomendación financiera fallida”. Se notó un claro sesgo de trinchera: el Gobierno no admitió fallos propios sino que transformó la defensa en un ataque ideológico. Esto obviamente no satisfizo a víctimas ni a la mayoría, pero sí logró que una parte de sus seguidores interpretara todo el escándalo como un intento de golpe blando contra Milei.

Ausencia de gestos hacia los damnificados: Un punto llamativo de la posición oficial es la falta de empatía o gestos hacia los perjudicados. Ninguna autoridad del Gobierno anunció, por ejemplo, la creación de algún fondo de compensación (aunque fuera simbólico) o alguna iniciativa para ayudar a quienes perdieron ahorros. La lógica libertaria de Milei es contraria a ese tipo de intervencionismo, claro está, pero políticamente muchos esperaban al menos palabras de consuelo. Por el contrario, como se mencionó, en algún momento voceros oficiosos insinuaron que los inversores sabían en qué se metían. Esta postura distante probablemente buscó evitar establecer cualquier responsabilidad (si daban ayuda, sería casi admitir culpa). Sin embargo, dejó un sabor amargo en gran parte de la sociedad, que hubiera querido ver algún mea culpa. Recién a fines de marzo, en un acto público, Milei se refirió muy tangencialmente al tema al decir: “Lamento si alguien perdió dinero, pero eso pasa en cualquier mercado; nosotros seguimos enfocados en sacar al país adelante”. Fue lo más cercano a reconocer un efecto negativo, pero rápidamente lo generalizó al riesgo de mercado, diluyendo la cuestión.

Donald Trump y otros respaldos externos: Como mencionamos, el presidente de EE.UU., Donald Trump, salió a respaldar a Milei durante el escándalo. En particular, Trump publicó en redes una foto con Milei y citó una frase atribuida a éste (“Si imprimir billetes diera riqueza, los falsificadores serían millonarios”), elogiándolo implícitamente por su visión anti emisión. Este inesperado gesto fue aprovechado por el Gobierno argentino para desviar la atención: funcionarios y la prensa afín comentaron que “hasta Trump banca a Milei porque sabe que está haciendo lo correcto”, sugiriendo que el escándalo $LIBRA era un tema menor frente a los alineamientos geopolíticos. Asimismo, representantes diplomáticos argentinos explicaron a inversores extranjeros que Milei seguía teniendo apoyo internacional y que $LIBRA no afectaba la agenda macro (por ejemplo, con el FMI). Si bien la relevancia de ese respaldo es discutible, formó parte de la estrategia comunicacional: contrarrestar las malas noticias con otras supuestamente buenas o simbólicas. En la misma línea, internamente Milei posó con su gabinete para fotos de “trabajo normal” durante los días críticos, buscando transmitir imagen de normalidad. Por ejemplo, lanzó anuncios económicos (como un informe de superávit fiscal en febrero) en medio del revuelo, para mostrar que su gobierno seguía gestionando a pesar de la polémica.

Cierre del caso desde la perspectiva oficial: Hacia fines de mayo, tras dissolverse la UTI y pasar algunas semanas sin novedades explosivas, el Gobierno empezó a decir que el tema $LIBRA estaba agotado. “Caso cerrado”, declaró informalmente un alto funcionario, argumentando que ya se había brindado toda la información a la Justicia y que ahora solo quedaba esperar sus conclusiones. Esta frase de “caso cerrado” indignó a la oposición, pero marca la intención del oficialismo: dar vuelta la página cuanto antes. Milei dejó de referirse públicamente al asunto y en conferencias de prensa sus colaboradores pedían a los periodistas “seguir adelante, tenemos temas más importantes como la inflación”. En síntesis, la estrategia final es silencio y olvido: no seguir alimentando la polémica y confiar en que con el tiempo la opinión pública se centre en otros asuntos. Por ahora, internamente han logrado disipar un poco la efervescencia mediática (luego de marzo, la intensidad de cobertura bajó), pero las investigaciones continúan, por lo que es probable que nuevos hallazgos los fuercen a comentar en el futuro.

En resumen, la posición oficial se resume en: negación de dolo, afirmación de haber actuado ingenuamente, ninguna concesión a adversarios (más bien ataque a quienes los acusan), y cerrazón a admitir error. Es una postura defensiva y desafiante a la vez, coherente con el estilo de Milei, pero que no ha logrado convencer más allá de sus fieles. Para los neutrales o críticos, esta actitud denota falta de autocrítica y seriedad. Resta ver si el Gobierno podrá sostener este discurso en caso de que los procesos judiciales avancen con pruebas más comprometedoras. En tal escenario, se pondrá a prueba hasta dónde Milei mantendrá su narrativa o si finalmente debería rendir cuentas de otra manera.

Conclusión: un escándalo sin precedentes y sus lecciones
El caso $LIBRA ha dejado una huella indeleble en la historia reciente argentina. Nunca antes un Presidente se había visto envuelto en una trama de criptofraude de esta magnitud, y las implicancias de este episodio van más allá de la anécdota: desafían la confianza en las instituciones, evidencian la necesidad de marcos regulatorios para nuevos instrumentos financieros y sirven de advertencia sobre los peligros de mezclar sin filtros el fervor político con el mundo de las inversiones digitales.

En la comparación con otros casos similares, $LIBRA se erige como un caso sui generis. Mientras estafas globales como OneCoin o Bitconnect demostraron el alcance de la codicia en el ecosistema cripto, $LIBRA añadió el ingrediente de la validación estatal al engaño, lo cual potenció su efecto dañino. En la región latinoamericana, que ha vivido múltiples escándalos de corrupción política y también varios fraudes financieros, este episodio amalgamó ambas dimensiones en uno solo. Se podría decir que $LIBRA para Argentina fue una tormenta perfecta: ocurrió en un país con alto uso de criptomonedas (como refugio ante la devaluación), con una sociedad predispuesta a creer en soluciones mágicas a la crisis, y con un líder outsider dispuesto a romper moldes, para bien y para mal.

Las consecuencias finales del caso aún están desarrollándose. En el corto plazo, ha debilitado políticamente al gobierno de Milei, generando turbulencias institucionales. En el mediano y largo plazo, puede derivar en jurisprudencia innovadora y marcos legales que sienten cómo abordar jurídicamente la promoción irresponsable de criptoactivos. Asimismo, ha encendido la discusión sobre libertad de expresión vs. responsabilidad en la era digital: ¿Debe un político poder opinar libremente sobre inversiones o debería abstenerse por el peso que sus palabras tienen en el mercado? ¿Cómo evitar que la delgada línea entre una opinión y una recomendación fraudulenta se cruce sin control? Este debate resonará en ámbitos académicos, financieros y políticos, y es una de las lecciones que deja $LIBRA.

Por lo pronto, miles de damnificados esperan justicia. Sus historias personales son las más tristes: familias que volcaron ahorros enteros ilusionados con la promesa de prosperidad, jóvenes que confiaron ciegamente en su líder libertador y terminaron escarmentados. Para ellos, más allá de procesos penales o compensaciones monetarias, quedará el desengaño y la cautela aprendida. En los medios se ha dicho que el caso $LIBRA hizo más por la educación financiera de los argentinos que muchas campañas: dolorosamente, mostró que si algo sube un 1300% en minutos, probablemente se trate de una burbuja insana; que ningún proyecto serio regala dinero fácil; y que ni siquiera la palabra de un presidente en redes garantiza la veracidad de una inversión.

El Gobierno argentino, por su parte, enfrenta el desafío de recuperar credibilidad y avanzar a pesar de esta mácula. Si Milei logra sortear las tormentas legales y políticas, tendrá que gobernar con el fantasma de $LIBRA siempre presente, recordándole a él (y a quienes vengan después) los riesgos de la improvisación temeraria. En la región, otros líderes populistas habrán tomado nota de esta experiencia: coquetear con criptomonedas puede ser tentador, pero manejarlo irresponsablemente puede costar muy caro en términos de estabilidad y confianza.

El “caso $LIBRA” probablemente se convierta en material de estudio obligatorio al hablar de la intersección entre política y criptomercados. Argentina suma así un nuevo capítulo a sus célebres escándalos (de la “ferrocarrilera” a los “cuadernos” de coimas, ahora el “criptogate”). Solo que esta vez, es un capítulo que fusiona la era de la especulación digital con las viejas prácticas de falta de control institucional. La moraleja provisional es clara: la tecnología podrá ser nueva, pero las estafas siguen un libreto antiguo –promesas extravagantes, codicia y caída–, y la participación de figuras de poder solo las hace más devastadoras. En última instancia, quedará por verse si de este colapso surge alguna rendición de cuentas ejemplar que siente precedente o si, como tantos otros, quedará impune en la espuma de la coyuntura. Lo seguro es que $LIBRA ya se inscribió en la memoria colectiva como sinónimo de advertencia: una alianza tóxica entre la fe ciega en líderes carismáticos y la volatilidad de las criptomonedas. El tiempo y la justicia dirán cuál será su desenlace definitivo.