Tras varios días de protestas frente a la Casa de Gobierno de Neuquén por la personería jurídica de cuatro comunidades, un operativo policial dejó 17 detenidos, que recuperaron la libertad después de ser notificados de la causa. El hecho desató fuertes tensiones y denuncias cruzadas por represión y falta de diálogo.
Policiales21 de julio de 2025
Alejandra Larrea
Una medida de acción directa frente a la Gobernación de Neuquén tomó fuerza después de que referentes de cuatro comunidades mapuches instalaron un acampe en reclamo de reconocimiento legal. A medida que avanzaron los días, la protesta fue ganando visibilidad, respaldada por allegados y organizaciones sociales. Fue entonces cuando la Justicia dictó el desalojo: un ultimátum que se cumplió con presencia de 120 efectivos, bomberos y ambulancias, generando escenas de fuerte represión.
El operativo, realizado después de que el plazo venciera, generó forcejeos, detenciones y escenas de tensión en plena calle. Sin embargo, las 17 personas detenidas —once hombres, seis mujeres y un adolescente— fueron liberadas horas después, una vez informadas formalmente de la investigación judicial que enfrentan por desacato y resistencia a la autoridad.
1. El reclamo mapuche y el acampe
Desde el martes, comunidades como Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas habían montado un acampe en la esquina de Roca y Rioja, reclamando que el gobierno provincial entregara las personerías jurídicas que les permitirían participar legalmente en los proyectos territoriales, especialmente en la consultoría previa a proyectos de impacto.
2. El ultimátum judicial y la respuesta policial
El fiscal de Delitos Económicos otorgó un plazo de dos horas para que liberen la vía pública. Al no acatar, se ejecutó el desalojo con alrededor de 120 policías, respaldados por bomberos y ambulancias, y se delimitó un perímetro de seguridad de 200 metros. Tras los forcejeos, se detuvo a las 17 personas involucradas.
3. Liberación y causas
Poco después del mediodía, todas las personas detenidas fueron liberadas: los hombres, en su mayoría, fueron trasladados a la Comisaría Segunda; las mujeres, a la Comisaría 17. Un adolescente fue descargado en manos femeninas para evitar revictimización. Las detenciones fueron por desacato y resistencia a la autoridad, aunque no se registraron lesiones graves ni heridos críticos, salvo un policía con una mordida y un menor atendido por golpes leves.
4. Tensión y denuncias cruzadas
El gobierno justificó el accionar policial como “cuidado”, asegurando que antes del desalojo buscó diálogo y mediación e incluso solicitó la intervención del obispo Croxatto. En cambio, la Confederación Mapuche denunció represión, violencia sobre las mujeres y reclamó que no se use la ley para reprimir, sino como instrumento de justicia.
5. El fondo del conflicto
Las comunidades reclaman una herramienta fundamental: la personería jurídica. Sin ella, quedan excluidas de los relevamientos territoriales y no pueden exigir la consulta previa en proyectos como los vinculados a Vaca Muerta. A casi 300 días de espera, exigen el cumplimiento de un acta firmada por el Ejecutivo provincial, que hasta ahora no se ha traducido en acciones concretas.
El episodio en Neuquén es más que un desalojo: representa la tensión entre comunidades originarias que buscan reconocimiento legal para proteger su territorio y un Estado que responde con lógica policial ante demandas sociales. Si bien las 17 personas recuperaron la libertad, el conflicto por las siete cuestiones (como los derechos a la tierra, la identidad y la participación institucional) permanece latente e irresuelto.
La movilización deja una pregunta abierta: ¿en Neuquén se privilegia la vía del diálogo y el reconocimiento de derechos, o se vuelve al orden establecido por la fuerza? En el centro del conflicto está la posibilidad de construir un terreno de paz que sólo será real si se garantiza, primero, el derecho a existir como pueblo y a ser escuchado.
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