Cayó “Pito Wey”, el jefe de una banda de entraderas que sembraba el terror en La Matanza

Fue detenido en San Justo tras semanas de seguimiento. Vivía en una lujosa casa de Canning mientras organizaba robos violentos en el conurbano.

Policiales01 de agosto de 2025Alejandra LarreaAlejandra Larrea
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Cayó “Pito Wey”.

El conurbano bonaerense sumó una nueva captura resonante: Dylan Gonzalo Ezequiel Pérez, más conocido por su alias criminal “Pito Wey”, fue arrestado en las últimas horas acusado de liderar una organización dedicada a entraderas violentas en la zona de La Matanza. Tenía 22 años y vivía en un barrio cerrado de Canning, desde donde coordinaba los asaltos.

Su nombre había cobrado notoriedad en los últimos meses entre investigadores judiciales y policiales. Estaba vinculado a una serie de robos con alto grado de violencia, realizados en viviendas particulares, siempre bajo la modalidad de irrupción forzada. En los registros de los casos, se repiten escenas de armas empuñadas, reducción de las víctimas, y golpes para obtener dinero, electrodomésticos y objetos de valor.

El operativo que terminó con su libertad
La detención de “Pito Wey” fue el resultado de una pesquisa silenciosa que se extendió por semanas. La fuerza especial que lo seguía había detectado movimientos irregulares en sus entornos más próximos. Con orden judicial, se iniciaron múltiples allanamientos, tanto en casas del conurbano como en la propiedad donde vivía el sospechoso. Allí se lo encontró junto a un vehículo importado, teléfonos celulares, ropa utilizada en varios delitos y otros elementos incriminatorios.

A pesar de su juventud, Pérez contaba con una estructura organizada. La banda operaba con roles definidos, uso de vehículos no registrados y una estrategia de rotación de domicilios. Utilizaban datos previos de sus objetivos, realizaban tareas de inteligencia en barrios vulnerables o de clase media, y ejecutaban los robos durante la madrugada, muchas veces con menores de edad presentes en las viviendas.

En total, la investigación logró establecer su participación directa en al menos siete entraderas, pero no se descarta que haya más hechos no denunciados o que estén siendo analizados bajo otra carátula. Los vecinos afectados, al reconocer al detenido por imágenes, se acercaron a las fiscalías para ampliar declaraciones y aportar pruebas.

Un estilo de vida que no coincidía con sus ingresos
Pérez vivía en una casa valuada en más de 250 mil dólares, con piscina, cámaras de seguridad y comodidades propias de alguien con ingresos elevados. Sin embargo, no tenía registro laboral ni actividad económica conocida. Esa diferencia entre su nivel de vida y su situación formal fue una de las pistas clave que llevó a los investigadores a profundizar su perfil.

En el barrio cerrado donde residía, algunos vecinos manifestaron sorpresa y otros aseguraron haber notado movimientos extraños en horarios atípicos. Las autoridades allanaron esa vivienda y dispusieron su clausura. Se secuestraron computadoras, documentación y un arma de fuego sin registrar, además de municiones.

En paralelo, otras cinco personas fueron detenidas por estar vinculadas a la misma organización. En los distintos procedimientos, se incautaron herramientas para forzar cerraduras, capuchas, chalecos antibalas, y una suma considerable de dinero en efectivo. El grupo operaba con una lógica casi paramilitar, lo que llamó la atención de los fiscales a cargo del caso.

Tras la detención, “Pito Wey” fue trasladado a una comisaría de La Matanza y puesto a disposición del juzgado que ordenó su captura. En las próximas horas será indagado, mientras se evalúan nuevas imputaciones por asociación ilícita, robo agravado y tenencia ilegal de armas. La investigación se encuentra en pleno desarrollo y no se descartan nuevas detenciones.

La caída de Pérez fue interpretada como un golpe significativo contra una modalidad delictiva que se había intensificado en el último tiempo. Las entraderas, muchas veces cometidas en barrios donde las cámaras de seguridad no funcionan o no existen, habían generado un clima de temor constante en la población. La visibilidad del caso también puso en agenda el nivel de organización que pueden alcanzar estas bandas, incluso lideradas por jóvenes sin antecedentes formales.

El impacto político y social del caso es alto. En un año electoral, y con la seguridad como una de las principales preocupaciones del electorado, la noticia corrió rápidamente por medios, redes y grupos vecinales. El debate sobre prevención, patrullaje y acceso a la Justicia volvió a encenderse, y se multiplicaron los reclamos por mayor presencia estatal en los barrios afectados.

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