Cocaina por ácido: escándalo en depósito judicial tras el hallazgo de un químico valuado en 10 mil dólares el kilo

Un nuevo escándalo sacude al sistema judicial argentino tras conocerse que un importante cargamento de cocaína incautada, almacenado en un depósito bajo custodia oficial, había sido reemplazado por una sustancia química que no solo no era droga, sino que tiene un alto valor en el mercado industrial. El hecho se descubrió durante un operativo de rutina previo a la incineración del material, y desató una investigación que ya salpica a funcionarios judiciales, policías y personal logístico.

El procedimiento tuvo lugar en un predio donde se acopian sustancias ilegales decomisadas por orden judicial. Allí, se conservaban varios paquetes rotulados como “clorhidrato de cocaína”, que debían ser destruidos como parte del protocolo de control. Sin embargo, al abrir los envoltorios, los peritos notaron diferencias en la textura, el color y el olor del contenido. Los test rápidos no arrojaron resultados positivos. Frente a la sospecha, se enviaron muestras a un laboratorio especializado.

El análisis confirmó que los paquetes no contenían droga. Pero lo que parecía un simple relleno —una especie de polvo blanco sin valor aparente— resultó ser un ácido utilizado en síntesis químicas de alta complejidad, con un precio estimado de 10 mil dólares por kilo. La sustancia, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, es clave para procesos industriales vinculados a la electrónica y a la fabricación de ciertos medicamentos.

La hipótesis principal de los investigadores es que la cocaína fue retirada del depósito y sustituida por este compuesto, posiblemente con fines de tráfico paralelo o reventa encubierta. La maniobra habría requerido conocimiento técnico y acceso directo al lugar de almacenamiento, lo que plantea la posibilidad de una red de complicidades internas. Por el momento, se revisan registros de acceso, cámaras de seguridad y documentación de cadena de custodia.

El hallazgo puso en alerta a las máximas autoridades judiciales y del Ministerio de Seguridad, que ordenaron una auditoría completa de todos los depósitos de sustancias ilegales en la provincia. También se evalúa reestructurar los protocolos de guarda y destrucción de drogas, incluyendo nuevas formas de control cruzado, participación de organismos independientes y verificación inmediata al momento de los secuestros.

El episodio revive viejas denuncias sobre el descontrol en el manejo de drogas decomisadas en el sistema judicial argentino. En anteriores oportunidades, ya se habían registrado casos de robos, reemplazos, adulteraciones o directamente desapariciones de cargamentos incautados. La novedad en este caso es que la sustancia introducida no era un simple sustituto inofensivo (como harina, yeso o plastilina), sino un químico de alto valor económico.

Aunque no hubo detenciones hasta el momento, la causa avanza con múltiples frentes abiertos. Se espera que en las próximas horas se llamen a declarar a empleados judiciales, policías encargados de la custodia y personal vinculado al traslado y clasificación de los materiales incautados. El seguimiento satelital de los cargamentos y las inconsistencias entre actas de secuestro y las sustancias halladas serán claves para reconstruir la operación.

El impacto institucional es severo. La revelación no solo implica la existencia de un circuito paralelo dentro del sistema, sino también el posible desvío de recursos valiosos hacia redes de tráfico o comercialización clandestina. Incluso se investiga si el ácido hallado pudo haber sido extraído de otros laboratorios estatales o industriales bajo mecanismos de corrupción.

La sospecha ya salpica al menos tres organismos estatales y amenaza con escalar a nivel nacional. Mientras tanto, el material hallado fue aislado y reembalado bajo vigilancia especial, y será objeto de una nueva cadena de custodia reforzada hasta que se determine su destino final.