Titular de Discapacidad fue removido tras audios que lo vinculaban con coimas

Diego Spagnuolo fue apartado de su cargo luego de filtrarse grabaciones en las que refiere presuntos pagos de dinero irregular a proveedores vinculados a la Agencia.

Política21 de agosto de 2025Alejandra LarreaAlejandra Larrea
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Caos en la Agencia de Discapacidad.

En el centro de una nueva crisis política, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue removido de su cargo tras la difusión de audios en los que describía, con dureza, un esquema de recaudación ilegal dentro del organismo. Las conversaciones fueron consideradas explosivas y arrastraron al funcionario fuera del organismo.

En los audios, difundidos por el canal de streaming Carnaval, Spagnuolo menciona explícitamente que trabajaba con una estructura que exigía "garantías" monetarias a los prestadores como condición para otorgar convenios. Incluso nombra a la droguería Suizo Argentina como nexo del circuito de coimas y señala que parte de ese dinero ascendía hasta Presidencia, haciendo referencia a figuras del entorno político cercano, como Karina Milei y Eduardo Menem. 

La reacción del Poder Ejecutivo fue rápida: el presidente Javier Milei solicitó su remoción inmediata, que fue efectivizada horas después, poniendo un punto final a su gestión al frente de ANDIS. 

La exposición pública generó un terremoto político. En el Congreso, diputados oficialistas y opositores exigieron explicaciones urgentes, mientras que organizaciones de personas con discapacidad reclamaron sanciones ejemplares y mayor transparencia. 

El escándalo no se limita a motivaciones personales. ANDIS administra recursos destinados a pensiones, tratamientos y programas vinculados a la discapacidad. La revelación de un circuito de coimas abre una crisis institucional sobre el control de lo público y compromete la confianza en una de las agencias más sensibles del Estado.

Además, se investiga si hubo coordinación desde otras áreas del Estado para facilitar estas prácticas. El caso da impulso no solo a los procesos judiciales que puedan abrirse, sino también a una demanda ciudadana que ya reclama la destitución de otros implicados y reformas profundas en la estructura de control. 

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