La movilización de personas con discapacidad y organizaciones sociales crece en intensidad, con fuertes críticas a la decisión del Gobierno de vetar la ley de emergencia. La tensión política escala mientras familias denuncian un panorama crítico.
Política18 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
La escena volvió a repetirse en distintos puntos del país: sillas de ruedas, bastones blancos, pancartas y cánticos reclamando por la restitución de derechos. La nueva marcha contra el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad expuso una vez más el malestar de un sector que asegura estar atravesando uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas. Familias y referentes de organizaciones no solo reclamaron por la falta de apoyo económico y cobertura de tratamientos, sino que denunciaron directamente que la decisión del Gobierno profundiza la exclusión.
La concentración más numerosa se produjo en la Ciudad de Buenos Aires, donde columnas de personas se movilizaron desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. Allí se escucharon consignas reclamando la intervención urgente del Estado para garantizar medicamentos, transporte adaptado y asistencia domiciliaria. Testimonios en primera persona revelaron situaciones dramáticas: padres que describieron la imposibilidad de costear terapias para sus hijos y jubilados que aseguraron no tener acceso a prótesis esenciales.
El trasfondo político del reclamo se agudizó tras el fallo de un juez federal que declaró inconstitucional el veto presidencial, una decisión que abrió un nuevo frente de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Mientras tanto, en el Congreso, bloques opositores impulsan un nuevo debate para reinstaurar la ley, mientras que desde el oficialismo se defiende la medida como un “acto de responsabilidad fiscal”.
En paralelo, marchas similares se replicaron en Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata, en algunos casos con cortes de calles y caravanas de vehículos particulares que sumaron fuerza a la protesta. La dimensión federal del reclamo sorprendió incluso a sectores de la oposición, que vieron en la convocatoria un punto de inflexión en la agenda social.
Los discursos que se sucedieron en el acto principal giraron en torno a una consigna central: la defensa de la dignidad. Organizaciones advirtieron que la combinación de recortes presupuestarios y el veto presidencial configura un escenario “insostenible” que amenaza la vida cotidiana de miles de personas. También se remarcó el impacto indirecto en el sistema de salud, con hospitales públicos sobrecargados y profesionales que reclaman recursos para poder atender la demanda creciente.
La movilización, lejos de agotarse en una jornada, dejó planteada la continuidad de un plan de lucha que podría escalar en las próximas semanas. Referentes de la protesta anunciaron nuevas acciones coordinadas con sindicatos, asociaciones de profesionales de la salud y agrupaciones de derechos humanos. El objetivo es sostener la presión política y visibilizar lo que describen como una “emergencia humanitaria” dentro de la emergencia económica.
La respuesta del Gobierno se mantiene en línea con el discurso de control del gasto público y disciplina fiscal. Sin embargo, el impacto político empieza a sentirse en la agenda oficial, con crecientes cuestionamientos desde sectores que hasta ahora se mantenían en silencio. El veto, que buscaba mostrar autoridad y firmeza, terminó desatando un conflicto social que pone en primer plano el debate sobre los límites de la austeridad en áreas sensibles.
La pulseada recién comienza, pero lo cierto es que la calle volvió a marcar el pulso de una discusión que toca fibras profundas de la sociedad argentina.
Las malas condiciones climáticas, con tormentas y ráfagas de viento previstas, obligaron a cancelar la visita presidencial. Se descarta cualquier riesgo antes de reprogramar el compromiso.
La decisión de un juez federal vuelve a poner en el centro de la escena el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, mientras organizaciones sociales celebran un fallo que podría tener efectos inmediatos sobre la política oficial.
El gobernador anunció un proyecto de ley para declarar la emergencia en obra pública nacional paralizada en el territorio bonaerense. La iniciativa busca intervenir en caminos y obras hídricas críticas, tras dos años de paralización.
El jefe del Comando Sur de EE.UU., almirante Alvin Holsey, llega esta semana a Buenos Aires. Su visita incluye reuniones clave con funcionarios de Defensa y su rol como coanfitrión de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC).
El Ejecutivo creó una estructura de coordinación entre Defensa y Seguridad para supervisar las zonas limítrofes. La medida busca enfrentar el narcotráfico y el contrabando con un esquema unificado de planificación y despliegue.
El Ejecutivo lanzó la licitación de cuatro hidroeléctricas clave en Neuquén y Río Negro. El plan prevé contratos por 30 años, un nuevo esquema de regalías y obras de seguridad hídrica. La medida divide opiniones por el impacto en soberanía y tarifas.
Un jefe policial de Taco Pozo, en evidente estado de ebriedad, golpeó a un voluntario, detuvo a una médica y amenazó a un equipo de profesionales que asistía a niños en comunidades rurales.
Durante la madrugada, un camión conducido por dos personas en estado de ebriedad perdió el control y se incrustó contra una vivienda en Abasto, justo donde dormían dos familias. Por fortuna, nadie resultó herido.
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Bajo la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, Hamas aceptó una propuesta de tregua que incluye la liberación parcial de rehenes y el ingreso de ayuda humanitaria, mientras Israel aún mantiene reservas sobre el acuerdo.