La movilización de personas con discapacidad y organizaciones sociales crece en intensidad, con fuertes críticas a la decisión del Gobierno de vetar la ley de emergencia. La tensión política escala mientras familias denuncian un panorama crítico.
Política18 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
La escena volvió a repetirse en distintos puntos del país: sillas de ruedas, bastones blancos, pancartas y cánticos reclamando por la restitución de derechos. La nueva marcha contra el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad expuso una vez más el malestar de un sector que asegura estar atravesando uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas. Familias y referentes de organizaciones no solo reclamaron por la falta de apoyo económico y cobertura de tratamientos, sino que denunciaron directamente que la decisión del Gobierno profundiza la exclusión.
La concentración más numerosa se produjo en la Ciudad de Buenos Aires, donde columnas de personas se movilizaron desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. Allí se escucharon consignas reclamando la intervención urgente del Estado para garantizar medicamentos, transporte adaptado y asistencia domiciliaria. Testimonios en primera persona revelaron situaciones dramáticas: padres que describieron la imposibilidad de costear terapias para sus hijos y jubilados que aseguraron no tener acceso a prótesis esenciales.
El trasfondo político del reclamo se agudizó tras el fallo de un juez federal que declaró inconstitucional el veto presidencial, una decisión que abrió un nuevo frente de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Mientras tanto, en el Congreso, bloques opositores impulsan un nuevo debate para reinstaurar la ley, mientras que desde el oficialismo se defiende la medida como un “acto de responsabilidad fiscal”.
En paralelo, marchas similares se replicaron en Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata, en algunos casos con cortes de calles y caravanas de vehículos particulares que sumaron fuerza a la protesta. La dimensión federal del reclamo sorprendió incluso a sectores de la oposición, que vieron en la convocatoria un punto de inflexión en la agenda social.
Los discursos que se sucedieron en el acto principal giraron en torno a una consigna central: la defensa de la dignidad. Organizaciones advirtieron que la combinación de recortes presupuestarios y el veto presidencial configura un escenario “insostenible” que amenaza la vida cotidiana de miles de personas. También se remarcó el impacto indirecto en el sistema de salud, con hospitales públicos sobrecargados y profesionales que reclaman recursos para poder atender la demanda creciente.
La movilización, lejos de agotarse en una jornada, dejó planteada la continuidad de un plan de lucha que podría escalar en las próximas semanas. Referentes de la protesta anunciaron nuevas acciones coordinadas con sindicatos, asociaciones de profesionales de la salud y agrupaciones de derechos humanos. El objetivo es sostener la presión política y visibilizar lo que describen como una “emergencia humanitaria” dentro de la emergencia económica.
La respuesta del Gobierno se mantiene en línea con el discurso de control del gasto público y disciplina fiscal. Sin embargo, el impacto político empieza a sentirse en la agenda oficial, con crecientes cuestionamientos desde sectores que hasta ahora se mantenían en silencio. El veto, que buscaba mostrar autoridad y firmeza, terminó desatando un conflicto social que pone en primer plano el debate sobre los límites de la austeridad en áreas sensibles.
La pulseada recién comienza, pero lo cierto es que la calle volvió a marcar el pulso de una discusión que toca fibras profundas de la sociedad argentina.
El Presidente firmará el decreto para abrir sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre, con el Presupuesto 2026 como prioridad y un paquete de reformas laboral, tributaria y penal en el centro de la agenda. El Gobierno ya trabaja con gobernadores y bloques aliados para asegurarse los votos.
El gobernador bonaerense consiguió los votos necesarios para avanzar con el endeudamiento tras ceder espacios en organismos provinciales y habilitar la ampliación del directorio del Banco Provincia. Los nombres que suenan para ocupar los cargos explican cómo se destrabó un acuerdo político que dejó expuesta la fragilidad legislativa del oficialismo.
La asunción de los nuevos diputados agrupó escenas de tensión, confrontaciones simbólicas, gestos polémicos y un clima de choque entre bloques. Los libertarios celebraron su surgimiento como primera minoría mientras referentes de la oposición cuestionaron la falta de respeto y alertaron sobre el deterioro del clima institucional. La jura fue más que un acto protocolar: expuso las grietas políticas del país.
El incremento de fondos destinados a los organismos de inteligencia generó una nueva polémica en el Congreso. Mientras el Ejecutivo afirma que busca modernizar capacidades y fortalecer la seguridad nacional, legisladores opositores y expertos advierten sobre los riesgos de discrecionalidad, opacidad y uso político de la inteligencia. El tema vuelve a exponer una deuda histórica: la falta de controles reales sobre el sistema.
El gobernador bonaerense volvió a exigir el aval legislativo para contraer deuda y refinanciar vencimientos críticos. Aseguró que la provincia enfrenta un ahogo financiero deliberado y que sin la autorización peligra el pago a proveedores, municipios y áreas esenciales. La oposición plantea dudas, reclama transparencia y acusa al mandatario de intentar blindarse políticamente.
La dispersión del Congreso y la fragmentación de bloques dispararon la relevancia de los gobernadores. Mientras fuerzas tradicionales como la Unión Cívica Radical (UCR) buscan rearmarse, mandatarios provinciales exploran —o ya negocian— bancas legislativas para fortalecerse. El 10 de diciembre se perfila como un punto de inflexión que podría redefinir alianzas y equilibrios de poder.
En un mensaje divulgado tras un ataque en Washington, Trump prometió suspender “definitivamente” la inmigración procedente de lo que calificó como “países del tercer mundo”. La medida busca revertir políticas migratorias anteriores, revocar visas y terminar con beneficios federales para no ciudadanos, lo que generó alarma y fuertes críticas internacionales.
Miles de ciudadanos tomaron las calles de Madrid y otras ciudades exigiendo la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez, tras la detención de exfuncionarios por presuntos casos de corrupción. El grito común es “Mafia o democracia”: una demanda de limpieza institucional que vuelve a sacudir al poder en España.
En la antesala del recambio legislativo, Diego Santilli viaja a Corrientes para reunirse con Gustavo Valdés y asegurar un respaldo estratégico. El gobernador saliente asumirá como senador nacional y su provincia se vuelve decisiva en el nuevo mapa de poder que comienza el 10 de diciembre.
Mientras el escándalo por supuesta corrupción y lavado de dinero salpica a dirigentes del fútbol, surgieron denuncias que complican a Claudio "Chiqui" Tapia: se acusa a una red de testaferros de haber usado cuentas falsas, memes y hasta un tuit de Carlos Tevez como prueba de operaciones financieras ilícitas. El caso reaviva viejas dudas sobre la transparencia en la gestión del deporte más popular del país.
Cinco hombres argentinos fueron arrestados en Miami acusados de integrar un esquema organizado de robos en el reconocido Dolphin Mall. La policía los detuvo tras detectar una maniobra coordinada que incluía el hurto de valijas y mercadería en locales de marcas internacionales. Enfrentan cargos graves y podrían permanecer detenidos mientras avanza el proceso judicial.