El Ejecutivo inició el proceso para transferir la mayor empresa de agua y saneamiento del país. Se estableció un cronograma de plazos y se anticipan fuertes debates sobre el impacto social, tarifario y laboral.
Política19 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
La decisión del Gobierno de privatizar Aysa marca un nuevo capítulo en su plan de desestatización. La compañía, que abastece a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pasará a manos privadas bajo un proceso que combina licitación internacional, supervisión regulatoria y transición escalonada.
Desde el oficialismo se destaca que la medida permitirá atraer inversiones por miles de millones de dólares y modernizar la infraestructura de redes, muchas de ellas en estado crítico. Sin embargo, desde los sectores opositores y sindicales surgen advertencias sobre las consecuencias sociales que podría tener el traspaso, especialmente en relación con el costo de las tarifas y la estabilidad de los trabajadores.
El plan contempla un cronograma en dos etapas. En la primera, que se iniciará de inmediato, se abrirá un proceso de consulta pública y se fijarán las condiciones de la licitación internacional. El plazo para la adjudicación de las operaciones se estima en menos de un año. En la segunda etapa, prevista para 2026, se concretará la transferencia efectiva de activos, redes y plantas potabilizadoras.
El Gobierno sostiene que el Estado seguirá teniendo un rol en el control, a través de un ente regulador que establecerá los marcos tarifarios y de calidad del servicio. El modelo, según trascendió, se inspira en experiencias previas de concesión en sectores estratégicos como energía y transporte.
Uno de los principales argumentos oficiales es la necesidad de inversión. Se calcula que Aysa requiere más de 5.000 millones de dólares en los próximos cinco años para expandir y reparar su red. Bajo la lógica oficial, el sector privado podrá aportar capital y tecnología de manera más rápida que el Estado.
Pero la medida no está exenta de tensiones. El personal de la compañía supera los 7.500 trabajadores, lo que convierte la cuestión laboral en un factor clave. Los gremios ya adelantaron que rechazan cualquier intento de ajuste o reducción de puestos, y que exigirán garantías de estabilidad antes de que avance el proceso.
El impacto en los usuarios es otro de los puntos sensibles. Aunque el Gobierno asegura que no habrá un aumento inmediato en las tarifas, se prevé que el esquema de precios se reacomode una vez que los privados asuman el control. El desafío será mantener la accesibilidad en un servicio considerado esencial, al tiempo que se garantizan los recursos para la expansión.
La privatización de Aysa se suma a otras iniciativas similares lanzadas en los últimos meses, como las represas hidroeléctricas de la Patagonia, las terminales ferroviarias y el debate en torno a Aerolíneas Argentinas. El Gobierno busca en este paquete una doble vía: reducir el gasto estatal y, al mismo tiempo, obtener ingresos frescos en dólares.
En el plano político, la decisión refuerza la impronta de un modelo de Estado reducido y orientado al mercado. Para sus defensores, se trata de un paso necesario hacia la eficiencia y la sostenibilidad. Para sus detractores, implica resignar soberanía en un recurso vital como el agua, cuyo acceso universal debe estar garantizado.
El cronograma oficial prevé que en los próximos meses se publiquen los pliegos definitivos. Allí se definirá si la privatización se hará mediante la venta de la totalidad de la empresa o bajo un esquema de concesión de largo plazo. La discusión promete abrir un debate intenso en el Congreso, en la calle y en el ámbito empresarial.
Lo cierto es que Aysa, una compañía emblemática por su rol en la vida cotidiana de millones de argentinos, está en el centro de un proceso que marcará el rumbo de la política de servicios públicos en los próximos años.
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