La Justicia lo sentenció a tres años de prisión en suspenso tras comprobar que lideró la ocupación de predios fiscales en zonas protegidas. El caso reaviva el debate sobre los reclamos territoriales y la gestión estatal de áreas naturales.
Política23 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
Un fallo judicial volvió a poner bajo la lupa el conflicto por tierras en la Patagonia. El dirigente mapuche Cruz Cárdenas fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la usurpación de terrenos pertenecientes a Parques Nacionales. La sentencia cierra un extenso proceso en el que se investigaron tomas ilegales, enfrentamientos con autoridades y denuncias cruzadas.
El veredicto, que lo declara culpable pero sin cumplimiento efectivo de la pena, generó reacciones encontradas: mientras sectores ambientalistas celebraron el fallo, referentes de comunidades originarias lo cuestionaron por considerar que desconoce los reclamos históricos de las comunidades.
La causa judicial se centró en la ocupación de predios fiscales dentro de áreas bajo jurisdicción de Parques Nacionales. Según el expediente, Cárdenas lideró un grupo que se instaló en terrenos protegidos, levantó construcciones precarias y resistió los intentos de desalojo durante varios meses.
Los fiscales sostuvieron que la usurpación no solo violaba la propiedad estatal sino que además comprometía la conservación de áreas naturales de alto valor ambiental. A partir de pruebas documentales, testimonios y peritajes, el tribunal concluyó que Cárdenas fue responsable de la toma y lo condenó a tres años de prisión en suspenso, lo que implica que no irá a la cárcel pero quedará sujeto a reglas de conducta y supervisión judicial.
La sentencia incluyó la obligación de abandonar los predios y la prohibición de volver a ocupar terrenos fiscales sin autorización. También se dispuso que las estructuras levantadas en el lugar sean retiradas para permitir la restauración ambiental de la zona afectada.
El caso tuvo un fuerte componente político y social. Organizaciones mapuches sostuvieron que la condena criminaliza reclamos legítimos por territorios ancestrales y denunciaron que el Estado responde con represión en lugar de diálogo. En contraste, voces oficiales remarcaron que la ocupación fue ilegal y que se trataba de tierras de Parques Nacionales, destinadas a la preservación de ecosistemas y al disfrute público.
El fallo se suma a otros procesos judiciales que en los últimos años involucraron a comunidades originarias en la Patagonia por la ocupación de tierras fiscales. Cada episodio reaviva un conflicto de larga data, donde se cruzan demandas históricas, intereses económicos y la necesidad de preservar áreas naturales bajo custodia estatal.
La condena a Cruz Cárdenas marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre comunidades mapuches y el Estado. Con una pena en suspenso y el desalojo de los terrenos, la Justicia dio un mensaje de límite a las ocupaciones ilegales. Pero el trasfondo del conflicto territorial permanece intacto y promete seguir generando tensiones en una región donde las demandas ancestrales chocan con las políticas de conservación y propiedad estatal.
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