El Gobierno reinstauró la restricción cruzada: quienes compren dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días

El Banco Central volvió a imponer un límite clásico del cepo cambiario. Los compradores de dólar oficial quedarán inhabilitados durante tres meses para operar en el mercado financiero a través del MEP y el contado con liquidación. La medida apunta a frenar los “rulos” especulativos y cuidar las reservas en un contexto de tensión económica.

Economía26 de septiembre de 2025Alejandro CabreraAlejandro Cabrera
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La economía argentina, atravesada por décadas de crisis recurrentes y controles cambiarios, suma un nuevo capítulo en la larga saga del cepo. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió reinstaurar la restricción cruzada, una medida que prohíbe a quienes compren dólares en el mercado oficial operar en los circuitos financieros durante 90 días.

La norma, formalizada mediante la Comunicación “A” 8336, busca cerrar la puerta a maniobras conocidas como “rulos”, en las que ahorristas y empresas aprovechan la diferencia entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras para obtener ganancias rápidas. Con esta medida, quienes accedan al dólar oficial quedarán automáticamente excluidos de operar en el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o el contado con liquidación (CCL).

La decisión llega en un momento en que la brecha cambiaria se había vuelto a ensanchar y las reservas del Banco Central se veían presionadas por la necesidad de abastecer la demanda del mercado oficial.

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¿Qué significa la restricción cruzada?
La restricción implica una inhabilitación temporal y recíproca. Si una persona compra dólar oficial —el que se adquiere en bancos y casas de cambio a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)—, queda impedida de operar en los mercados financieros de divisas durante 90 días. Lo mismo ocurre al revés: si alguien opera con MEP o CCL, no podrá comprar dólar oficial en ese período.

El mecanismo busca cerrar las posibilidades de arbitraje. En la práctica, las entidades financieras deberán exigir a sus clientes una declaración jurada en la que se comprometen a no violar la norma. Esta obligación también alcanza a sociedades de bolsa y plataformas fintech.

Antecedentes de la medida
No es la primera vez que la Argentina aplica este tipo de limitación. Durante los períodos más estrictos del cepo, especialmente entre 2011 y 2015, y luego nuevamente desde 2019, el BCRA implementó restricciones similares.

La lógica es siempre la misma: impedir que los dólares que el Banco Central vende a un precio oficial subsidiado terminen alimentando el mercado financiero, donde la cotización es más alta. Es un intento de cortar el canal de transferencia de reservas oficiales hacia las operaciones especulativas.

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¿Qué son los “rulos”?

En la jerga financiera argentina, los “rulos” son maniobras de arbitraje. Consisten en comprar dólares en el mercado oficial y luego venderlos en los mercados financieros, aprovechando la diferencia de cotización.

Por ejemplo, si el dólar oficial cotiza a 1.000 pesos y el MEP a 1.400, un ahorrista que compra el cupo oficial (200 dólares por mes) podría luego venderlos vía MEP y quedarse con una ganancia del 40% en pesos.

Aunque para el pequeño ahorrista el beneficio es modesto, a nivel empresarial las operaciones pueden ser de gran escala y generar un drenaje significativo de reservas. Para el Banco Central, que debe defender sus dólares en un contexto de escasez, el impacto es insostenible.

El contexto económico

La decisión del BCRA no ocurre en el vacío. En las últimas semanas, la brecha entre el dólar oficial y los financieros se había ampliado nuevamente, llegando a niveles del 40%. Esta diferencia reavivó los incentivos para realizar rulos y puso en alerta a la autoridad monetaria.

Además, el Banco Central venía de jornadas muy exigidas: según cálculos de operadores privados, en apenas tres días había vendido más de 1.100 millones de dólares de sus reservas. Ese ritmo de intervención no era sostenible y aceleró la necesidad de tomar medidas.

Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en pesos y dólares, negociaciones con organismos internacionales y la necesidad de mantener cierto nivel de estabilidad hasta fin de año. El dólar, en la Argentina, es el termómetro más sensible de la economía: cualquier movimiento brusco impacta en precios, expectativas y clima político.

Impacto en personas y empresas

La restricción alcanza a personas humanas y jurídicas. Esto significa que no solo los individuos que compran dólares para ahorro se verán afectados, sino también las empresas que acceden al mercado oficial para pagar importaciones o cancelar deudas.

Para los ahorristas, la medida representa un nuevo límite en la ya complicada relación con el dólar. Desde hace años, el cupo de compra de 200 dólares mensuales está cargado de restricciones: no pueden acceder quienes recibieron subsidios de tarifas, quienes cobraron programas sociales, quienes refinanciaron deudas, entre otros casos. Ahora se suma la prohibición de operar en el mercado financiero durante 90 días.

Para las empresas, la norma genera nuevas tensiones. Muchas compañías utilizan los dólares financieros como alternativa para girar utilidades, pagar deudas en el exterior o cubrir operaciones de comercio internacional. La imposibilidad de combinar el mercado oficial con el financiero puede dificultar sus estrategias de cobertura y aumentar la incertidumbre.

Repercusiones en el mercado

La reacción inicial del mercado fue de cautela. Algunos analistas señalaron que la medida puede frenar los rulos en el corto plazo, pero difícilmente logre contener la presión cambiaria de fondo. La brecha entre el dólar oficial y los financieros responde a factores estructurales: la desconfianza, la inflación elevada y la falta de un plan económico integral.

Otros remarcaron que la norma puede reducir la operatoria en los mercados MEP y CCL, al limitar la demanda. Esto podría estabilizar temporalmente las cotizaciones financieras, aunque a costa de una mayor rigidez.

Para los bancos y sociedades de bolsa, la medida implica ajustes administrativos: deberán reforzar los controles sobre sus clientes y recopilar declaraciones juradas. No obstante, se trata de un procedimiento que ya aplicaron en etapas anteriores y que no debería generar mayores complicaciones técnicas.

La política detrás del cepo

El cepo cambiario es una de las herramientas más polémicas de la política económica argentina. Sus defensores argumentan que es indispensable en contextos de escasez de divisas, para evitar una devaluación brusca y proteger las reservas. Sus críticos sostienen que genera distorsiones, desalienta la inversión, alimenta la economía informal y nunca resuelve los problemas de fondo.

La reinstauración de la restricción cruzada muestra que el Gobierno actual no tiene margen para flexibilizar el cepo. Por el contrario, la tendencia es a endurecerlo cada vez que aparecen grietas por donde se filtran dólares.

El debate político se reaviva con cada medida de este tipo. La oposición acusa al oficialismo de improvisar y de ahuyentar capitales. El oficialismo responde que sin controles la corrida sería peor y que no hay otra alternativa mientras se negocian soluciones más estructurales.

Mirada internacional

Desde afuera, el caso argentino se observa como un ejemplo extremo de control cambiario. Pocos países en el mundo tienen un sistema tan complejo, con múltiples cotizaciones y restricciones cruzadas.

Para inversores y organismos internacionales, este tipo de medidas son señales de debilidad: muestran que el Gobierno necesita apelar a controles administrativos porque no logra generar confianza macroeconómica.

Al mismo tiempo, reconocen que la Argentina enfrenta un dilema difícil: con pocas reservas y alta demanda de dólares, levantar el cepo sin un plan de estabilización integral podría detonar una crisis mayor.

La reinstauración de la restricción cruzada confirma que la Argentina sigue atrapada en la lógica del cepo. Se trata de una herramienta que busca frenar maniobras especulativas y ganar tiempo, pero que no resuelve los problemas de fondo.

Quienes compren dólar oficial no podrán operar en el mercado financiero durante 90 días. La medida busca cerrar la puerta a los rulos y aliviar la presión sobre las reservas del Banco Central. Sin embargo, las causas de la brecha cambiaria permanecen intactas: desconfianza, inflación, déficit fiscal y falta de un horizonte claro.

En última instancia, la medida refleja la tensión permanente entre la necesidad inmediata de proteger las reservas y la ausencia de una estrategia de largo plazo para normalizar el mercado cambiario. En la Argentina, el dólar sigue siendo mucho más que una moneda extranjera: es el espejo en el que se refleja la fragilidad económica del país.



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