Alejandro Cabrera
Argentina atraviesa desde hace décadas un crecimiento sostenido de la narcocriminalidad. Su ubicación geográfica en el corredor del Cono Sur, entre los productores andinos de cocaína y los mercados de consumo de Europa y Estados Unidos, la convierte en ruta de paso estratégica. Además, el país desarrolló sus propios mercados locales de droga: el consumo de cocaína, marihuana, drogas sintéticas y paco abastece a barrios vulnerables y a ciudades intermedias.
En contextos de pobreza estructural y desempleo, las cocinas clandestinas y bunkers ofrecen ingresos rápidos a jóvenes que carecen de otras oportunidades. Estos enclaves se insertan en barrios donde la presencia estatal es débil y donde la violencia es una forma de control social. Las organizaciones narco invierten en armas, se valen de la corrupción policial y política, reclutan menores y se disputan territorios a sangre y fuego.
Este informe repasa las principales “mecas” del narcotráfico en el país —Rosario, Villa 1‑11‑14 (Padre Ricciardelli) en la Ciudad de Buenos Aires, Zavaleta (Barrio 21‑24) y el partido de San Martín—. Se explica cómo operan las bandas, cómo se abastecen y qué respuestas han tenido del Estado y la sociedad civil. El objetivo es comprender el fenómeno en su dimensión histórica y actual, y proponer caminos para su abordaje.
Rosario: los puertos de la soja convertidos en corredores de cocaína
La principal ciudad de Santa Fe, Rosario, es uno de los puertos más importantes de Sudamérica. Aproximadamente 80 % de la soja argentina se exporta por sus muelles, lo que generó infraestructura logística de primer nivel. Esa misma infraestructura se volvió atractiva para carteles internacionales que buscan trasladar cocaína hacia Europa y Asia.
A fines de los años 90 surgieron bandas locales que manejaban el narcomenudeo en los barrios. Con el tiempo se sofisticaron, tejieron alianzas con productores bolivianos, peruanos y colombianos, y consolidaron rutas de exportación de cocaína desde Rosario. La droga se oculta en contenedores con granos y otros productos, se envía vía fluvial por la hidrovía Paraná–Paraguay y luego a puertos oceánicos, con la complicidad de funcionarios portuarios y algunas fuerzas de seguridad.
Estructura de Los Monos y violencia
Entre las organizaciones surgidas en Rosario, destaca “Los Monos”, liderada por la familia Cantero. Controlan vastos territorios mediante “soldaditos” —niños y adolescentes reclutados como vigías y vendedores—, sicarios, redes de lavado y conexiones políticas. Su poder se consolidó a principios de este siglo y, aunque la mayoría de sus jefes está encarcelada, el clan sigue operativo gracias a la corrupción y la complicidad desde las cárceles.
La violencia asociada a estas disputas es extrema. En 2023, la ciudad registró 258 homicidios, muchos vinculados a ajustes de cuentas y peleas entre Los Monos y facciones rivales. Informes independientes señalan que la tasa de homicidios llegó a 22 cada 100.000 habitantes, casi cinco veces el promedio nacional. Además, se detectaron casos en que las órdenes para asesinatos y extorsiones se emitían desde los celulares de los líderes presos, lo que evidencia la falta de control en el sistema penitenciario.
Plan Bandera y resultados
En 2024 el Gobierno nacional lanzó el “Plan Bandera”, un operativo coordinado que buscó aislar a los jefes narco, restringir su acceso a celulares, reforzar la presencia de fuerzas federales (con más de 1.400 agentes adicionales) y realizar inspecciones sorpresivas en las prisiones. La respuesta de las bandas fueron ataques a civiles al azar y amenazas a periodistas y funcionarios.
A pesar de la escalada inicial, los homicidios se redujeron en aproximadamente un 65 % según informes oficiales. Sin embargo, especialistas advierten que el plan se centró en la represión sin abordar las causas estructurales. La precariedad laboral, el hacinamiento y la falta de oportunidades siguen alimentando el reclutamiento juvenil, y la corrupción en las fuerzas de seguridad permite que los negocios continúen.
Vínculos con el narcotráfico internacional
Rosario es un nodo de exportación para cocaína proveniente de Perú y Bolivia. Distintas investigaciones señalan que Argentina se convirtió en un “tránsito clave” hacia Europa, con participación de bandas brasileñas (como el Primeiro Comando da Capital, PCC) y mexicanas (Cartel de Sinaloa). Estas organizaciones proveen infraestructura, dinero y logística, mientras los grupos locales se encargan del fraccionamiento y la distribución. La combinación de puertos, autopistas y la hidrovía permite mover grandes volúmenes de droga con relativa facilidad.
Villa 1‑11‑14 (Padre Ricciardelli): un “narcoestado” en Buenos Aires
Origen y consolidación del enclave
Ubicada en el Bajo Flores, la Villa 1‑11‑14 —rebautizada Barrio Padre Ricciardelli— alberga a unas 20.000 personas. Su historia narco se remonta a finales de los 90, cuando exmiembros del grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso huyeron de su país y se instalaron allí. Estos hombres, apodados “Ruti” Quispe Palomino, “Meteoro” Ramos Mariños y otros, trajeron consigo tácticas de guerrilla: construyeron bunkers fortificados, reclutaron familias enteras y establecieron rutas de cocaína desde Perú, pasando por Bolivia.
Con el tiempo emergió el Clan Estrada, liderado por Marco Antonio Estrada González (“Marcos”). El clan fraccionaba la cocaína en sótanos y controlaba la venta en toda la villa. Se convirtió en un “narcoestado paralelo”: mantenían autos de lujo, tenían antenas satelitales y laboratorios custodiados por hombres armados con fusiles FAL y AK‑47. El barrio funcionaba como una microciudad con reglas propias y altísima vigilancia.
Operaciones judiciales y decadencia del Clan Estrada
A partir de la década de 2010 la justicia federal comenzó a golpear al Clan Estrada. Hubo varios operativos que terminaron con la detención de Marcos y sus principales lugartenientes, y en 2024 se dio un golpe importante al arrestar a más integrantes en Buenos Aires y en Perú. Sin embargo, la organización se mantuvo gracias a la sucesión de mandos y a la complicidad de algunas instituciones.
Pese a estas detenciones, la villa sigue siendo un centro de fraccionamiento y venta. Muchos de los viejos “soldados” formaron sus propios grupos o se aliaron con otras bandas. Esta atomización generó un aumento de la violencia.
Herederos y nuevas facciones
Después de la caída del clan Estrada, surgieron facciones que buscan controlar el negocio. Entre ellos se destaca “Pequeño J” (Julio Valverde o Julio Noguera), un joven peruano de poco más de 20 años. Se lo acusa de planificar el triple femicidio de Florencio Varela —caso que conmocionó al país— y pesa sobre él un pedido de captura internacional.
“Pequeño J” es considerado extremadamente sanguinario: en el caso de Varela, ordenó cavar pozos para enterrar a las tres víctimas y transmitió el asesinato en vivo por redes sociales para que sus subordinados “aprendan lo que les pasa a quienes traicionan”. Este hecho muestra cómo el narco usa el terror digital como herramienta de disciplina interna.
También se mencionan otros herederos, como Luis Quispe Palomino (“Ruti”) y Pity, hermano de Marcos Estrada, que siguen disputando territorios.
Impacto social: reclutamiento juvenil y violencia de género
La Villa 1‑11‑14 vive situaciones dramáticas:
Reclutamiento juvenil: se estima que nueve de cada diez “soldaditos” son varones de 13 a 17 años. Cobran hasta 30.000 pesos diarios (más que un salario mínimo) por vigilar calles o vender droga.
Homicidios de menores: desde 2013 se registran decenas de menores asesinados en conflictos narco.
Violencia de género: el triple femicidio de Florencio Varela mostró la brutalidad contra las mujeres en estos entornos y cómo se utiliza la transmisión en vivo para amedrentar.
Villa Zavaleta (Barrio 21‑24): búnkeres, “transas” y resistencia comunitaria
El Barrio 21‑24, conocido como Villa Zavaleta, está en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Históricamente fue un enclave de paco y cocaína. Desde Zavaleta se abastece a barrios cercanos y a sectores del conurbano. La zona cobró notoriedad nacional cuando las investigaciones del triple femicidio de Florencio Varela apuntaron a una banda asentada allí.
En 2025, fuerzas federales realizaron varios allanamientos en Zavaleta y detuvieron a ocho personas vinculadas a “Pequeño J”. Aunque no lo encontraron a él, se incautaron armas y celulares. Las cámaras mostraron viviendas y un comedor comunitario que eran utilizados como base de operaciones y lugar de reunión.
Narco-menudeo y ausencia estatal
Zavaleta combina la presencia de “transas” (vendedores de droga) con la de vecinos que intentan mantener la vida comunitaria. Sacerdotes y organizaciones barriales denuncian que la droga estuvo “despenalizada de hecho” desde hace años: al retirarse el Estado, el narco se ocupó del espacio.
En entrevistas a líderes comunitarios, como el padre Lorenzo “Toto” de Vedia, se destaca que cada vez hay más chicos que abandonan la escuela para dedicarse a la venta, seducidos por el dinero rápido. También se subraya la complejidad social: es habitual que el hijo de un transa reciba ayuda de la parroquia o de centros de contención, mostrando que la comunidad no es un bloque homogéneo sino un espacio atravesado por tensiones.
Redes de apoyo y Hogares de Cristo
Frente al avance del narco, surgieron redes de contención. Los Hogares de Cristo son centros comunitarios que ofrecen tratamiento contra adicciones, apoyo psicológico y capacitación laboral. Uno de los más grandes está en la Villa 21; allí trabajan voluntarios que ayudan a jóvenes a desengancharse del paco, a finalizar la escuela y a encontrar empleo.
Estos centros están presentes en más de 300 barrios del país y se sostienen gracias a donaciones y apoyo de organizaciones religiosas. Su lema, “La vida como viene”, resume la idea de abrazar a los jóvenes sin juzgarlos y de ofrecer alternativas a la violencia.
San Martín y el Clan Villalba: carfentanilo y poder político
Historia y arraigo
San Martín, en el conurbano bonaerense, es un municipio de unos 400.000 habitantes. Allí se asentó la familia Villalba, liderada por Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. Mameluco llegó a candidatearse como intendente en 2010 y dirigía una red de venta de cocaína y marihuana en barrios como Villa La Cárcova y Villa 18.
El clan se caracterizó por su capacidad de corromper fuerzas de seguridad y de tener apoyo político. Mientras dirigía operaciones narco, patrocinaba equipos de fútbol locales, organizaba festivales y entregaba bolsones de comida para ganar legitimidad.
Operativo 2022 y detenciones
En febrero de 2022 un operativo conjunto de la Policía Federal y la Bonaerense, ordenado por una jueza federal y un fiscal especializado, terminó con 28 detenidos en Villa 18 y otros asentamientos de San Martín. Entre ellos estaban varios integrantes del clan Villalba y colaboradores.
Lo llamativo del operativo fue que incluyó allanamientos dentro de las propias celdas de Mameluco y su hijo Iván “El Salvaje” Villalba. Mediante escuchas se comprobó que padre e hijo seguían manejando la banda desde la cárcel, dando órdenes y coordinando envíos de droga adulterada.
Las fuerzas incautaron cocaína, maquinarias para fraccionar, un fusil FAL, una ametralladora, varias pistolas, dinero en efectivo y más de veinte celulares y notebooks. Además, se encontraron pruebas que vinculaban al clan con la cocaína envenenada con carfentanilo que mató a 24 personas e intoxicó a otras 80 en 2022.
Alcance y ramificaciones
El Clan Villalba no solo operaba en San Martín: sus redes llegaban a Puerta 8 (otro barrio del partido), a José C. Paz y a Tres de Febrero. También tenían socios en Esteban Echeverría y en municipios al oeste del conurbano. Los Villalba diversificaron sus negocios en logística, remises, carnicerías y cooperativas, lo que les permitió lavar dinero y sostener el poder a través de favores y violencia.
A diferencia de Los Monos, que surgieron de un barrio de Rosario, el clan Villalba buscó insertarse en la política local y en sindicatos, lo que complicó su desmantelamiento.
Rutas de ingreso
El narcotráfico en Argentina se abastece principalmente de cocaína proveniente de Bolivia, Perú y, en menor medida, Paraguay y Colombia. La droga entra por pasos fronterizos en Salta, Formosa y Chaco, y por la hidrovía Paraná–Paraguay. Una vez en territorio argentino, se traslada en camiones o avionetas hacia Rosario y Buenos Aires.
Los puertos de Zárate–Campana y de la Ciudad de Buenos Aires también se utilizan para exportar cocaína oculta en contenedores. Además, se registran vuelos clandestinos que aterrizan en pistas rurales de provincias del norte.
Redes de distribución
Tras el ingreso, la droga se almacena en galpones del conurbano bonaerense, donde se mezcla con sustancias como cafeína, lidocaína o carfentanilo y se fracciona en dosis. Luego se distribuye a:
Villas de la Ciudad de Buenos Aires: 1‑11‑14, 21‑24 (Zavaleta), Villa 31 y Villa 20.
Partidos del conurbano: San Martín, La Matanza, José C. Paz, Tres de Febrero y Esteban Echeverría.
Ciudades del interior: Rosario, Córdoba y Mendoza.
Las organizaciones más poderosas —Clan Villalba, Clan Estrada, Los Monos y sucesores como Pequeño J— controlan territorios específicos y mantienen alianzas con carteles peruanos, bolivianos, brasileños y mexicanos. Utilizan remiserías, carnicerías, clubes de fútbol, cooperativas de trabajo e inversiones inmobiliarias para lavar sus ganancias.
Participación de fuerzas de seguridad y corrupción
Un obstáculo central es la connivencia de algunos funcionarios y policías. Comisarios regulan el menudeo y cobran sobornos a los transas. En Rosario, casi la mitad de los homicidios de 2024 estuvieron vinculados a Los Monos, y se denunciaron aportes ilegales a campañas políticas. En el conurbano, intendentes fueron acusados de lavado de dinero.
Esta corrupción sistémica mina la confianza de la sociedad y debilita cualquier operativo. Para combatirla se requieren controles internos, reformas estructurales y mejoras en los salarios y la formación de los agentes.
El narcotráfico en Argentina es un fenómeno complejo, transnacional y arraigado en la estructura social. La combinación de pobreza, desigualdad, corrupción y ausencia estatal permite que clanes familiares y bandas violentas se fortalezcan. Rosario es el principal nodo logístico de exportación; Villa 1‑11‑14 funciona como un narcoestado; Zavaleta es un enclave de paco y un símbolo del terror digital; San Martín muestra cómo las bandas buscan poder político; y las rutas de ingreso vinculan estos puntos con los carteles sudamericanos.
La represión aislada reduce temporalmente la violencia, pero no desarticula las redes. Las políticas de seguridad deben combinarse con programas de inclusión social, educación, oportunidades laborales y tratamientos de adicciones. Las experiencias de los Hogares de Cristo y de otras organizaciones comunitarias demuestran que es posible ofrecer alternativas a los jóvenes. También es indispensable la cooperación internacional, la reforma de las fuerzas de seguridad y la erradicación de la corrupción para cerrar los “caminos” del narcotráfico. Sin estas medidas, la violencia se trasladará a nuevos territorios y las comunidades seguirán siendo rehenes del miedo.
