Bancos estadounidenses negocian ampliar auxilio financiero a Argentina

El gobierno argentino avanza en gestiones internacionales para ampliar la asistencia financiera que Estados Unidos articula a través de su Tesoro y de los principales bancos privados. Según confirmó La Nación, un grupo de entidades encabezado por JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup ya se encuentra en conversaciones preliminares para reforzar el paquete de apoyo a la Argentina con un monto adicional de US$ 20.000 millones.

La iniciativa se enmarca dentro del programa de estabilización económica que la administración de Javier Milei impulsa junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. El objetivo central es fortalecer la posición de reservas, apuntalar la credibilidad externa y sostener la hoja de ruta de “déficit cero” sin recurrir a emisión monetaria.

De acuerdo con la información publicada, los bancos involucrados actúan como intermediarios para estructurar una línea de crédito garantizada por activos soberanos argentinos, entre ellos títulos en dólares y flujos de exportaciones energéticas. El proyecto sería complementario al swap de US$ 20.000 millones que el Tesoro estadounidense analiza con el Banco Central, en un esquema mixto de fondeo oficial y privado.

La conversación entre Washington y Buenos Aires comenzó a intensificarse después del viaje de Caputo a Estados Unidos, donde el funcionario mantuvo reuniones con Bessent y con autoridades de la Casa Blanca. Desde entonces, se trabaja en un plan de asistencia que combine la participación del Tesoro norteamericano con el aporte de bancos de inversión y fondos institucionales interesados en la deuda argentina.

En términos prácticos, el paquete adicional buscaría duplicar el volumen de respaldo disponible para el Tesoro argentino, pasando de los actuales US$ 10.000 millones a unos US$ 30.000 millones. Parte del dinero se destinaría a garantizar compromisos de corto plazo y otra parte a operaciones de recompra de deuda o fortalecimiento del balance del Banco Central.

Los bancos internacionales ven en el acuerdo una oportunidad para consolidar posiciones financieras en América del Sur y recuperar presencia en el mercado argentino después de años de volatilidad. Sin embargo, el éxito de la operación depende de la aprobación técnica del Tesoro estadounidense, que debe definir los términos de las garantías, los plazos de repago y las condiciones de supervisión.

Fuentes financieras en Buenos Aires sostienen que el plan se encuentra “en fase de armado” y que las entidades ya enviaron sus primeras propuestas formales. También se menciona que el Gobierno pretende cerrar los términos antes de fin de año para encarar 2026 con un colchón de liquidez robusto.

El eventual acuerdo sería presentado como un respaldo externo a la política de estabilización que el Ejecutivo defiende desde enero: apertura de mercados, disciplina fiscal y control monetario. Caputo busca traducir esas metas en un flujo sostenido de divisas que garantice el cumplimiento de vencimientos y al mismo tiempo refuerce la confianza de los inversores.

En el Palacio de Hacienda reconocen que la volatilidad cambiaria de septiembre aceleró las negociaciones. El Gobierno interpreta que un nuevo respaldo del Tesoro norteamericano enviaría una señal política potente a los mercados y serviría como ancla de expectativas en la antesala electoral de 2026.

Si el esquema prospera, Argentina contaría con la red de contención financiera más grande de la última década, combinando swaps, líneas contingentes y financiamiento bilateral. La operación consolidaría a EE. UU. como el principal socio estratégico del programa económico y reconfiguraría la relación del país con los organismos multilaterales.

La expectativa oficial es que los anuncios formales se produzcan en las próximas semanas, una vez que se definan los aspectos técnicos del paquete. Por ahora, tanto el Ministerio de Economía como las entidades implicadas mantienen un bajo perfil y evitan confirmaciones públicas, aunque la negociación ya figura en las agendas de ambos gobiernos.

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