Alejandra Larrea
En un mundo donde los datos circulan con velocidad y volumen sin precedentes, los organismos de seguridad enfrentan un momento de cambio. La aplicación de herramientas de IA en la prevención del delito, el rastreo del narcotráfico y el análisis de redes criminales promete transformar la manera en que el Estado actúa frente a las amenazas. Pero esa promesa llega con una advertencia: bajo la misma tecnología pueden ocultarse riesgos igualmente profundos.
Así lo advierte una reciente revisión oficial realizada por especialistas vinculados a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, que identifica tanto el lado virtuoso como los vectores de peligro de la IA en materia de seguridad nacional.
Los beneficios más evidentes se ubican en la capacidad de procesar y fusionar grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes: cámaras, bases gubernamentales, plataformas de análisis urbano. Esta interoperabilidad permite generar alertas tempranas, identificar patrones delictivos invisibles a simple vista y priorizar recursos de manera estratégica, por ejemplo en operativos contra drogas sintéticas o precursores químicos.
Sin embargo, ese mismo camino de integración plantea múltiples desafíos. En términos operativos, se advierte que el uso de IA por parte de actores delictivos ya no es una hipótesis: algunos emplean modelos de lenguaje para sofisticar campañas de phishing, generar deepfakes destinados a desinformar o vulnerar la ciberdefensa estatal. En el ámbito ético y regulatorio, la recolección masiva y el cruce de datos sensibles debe someterse a marcos de gobernanza robustos, para evitar sesgos algorítmicos, discriminación o abuso del poder estatal en nombre de la “seguridad”.
Otro factor crítico es la dependencia tecnológica y estratégica. Si bien el Estado puede sumar capacidades, también queda expuesto a vulnerabilidades derivadas de la calidad del software, de la dependencia de proveedores externos y del mantenimiento de sistemas complejos. Y, de manera simbólica, el mayor riesgo señalado es el no adoptar la IA mientras el “enemigo” sí lo hace: quedar detrás en la carrera por el control de infraestructuras críticas, comunicaciones y espacios digitales convierte a la defensa en reactiva.
Para mitigar esos riesgos, se propone un enfoque integral que combine auditorías algorítmicas, capacitación del personal de seguridad, cooperación internacional en la materia y una planificación que trascienda la herramienta tecnológica para incluir la estrategia política, institucional y social.
La cuestión es clara: la IA no es un arma por sí sola, pero es un multiplicador. Puede potenciar la prevención y la respuesta, o bien ampliar el daño y la vulnerabilidad si se utiliza sin control. En el contexto argentino, la pregunta no es ya si se usará inteligencia artificial en la seguridad nacional: es cómo, bajo qué reglas y con qué contrapesos.
La encrucijada está ante nosotros: adoptar la IA para reforzar la seguridad del Estado o quedarse rezagado frente a quienes ya la emplean sin freno. Lo que determinará la dirección no será la tecnología en sí, sino la gobernanza, la estrategia y la capacidad de anticipar los riesgos tanto como las oportunidades.
