Avanza la investigación por el caso LIBRA: la comisión detectó transferencias millonarias entre Terrones Godoy, Novelli y Kip Protocol

El escándalo por la caída del token $LIBRA —una de las mayores maniobras financieras de la historia reciente del país— suma ahora un capítulo decisivo. La comisión especial creada en el Congreso detectó una serie de transferencias que conectan a dos de los principales nombres del caso, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, con el entorno operativo del ecosistema cripto Kip Protocol.

Los investigadores sostienen que el rastro de las operaciones en monedas estables (USDT) permitió reconstruir parte del circuito financiero utilizado antes del colapso del proyecto, que había sido promocionado como una “innovación de soberanía digital argentina” y terminó arrastrando a miles de ahorristas.

El circuito financiero que reveló la investigación
Según el informe presentado esta semana ante la comisión, Terrones Godoy realizó el 20 de noviembre de 2024 una transferencia por 59.992 USDT —equivalente a casi 60 mil dólares— desde una cuenta en la plataforma Gate.io a una billetera a nombre de Mauricio Novelli.
Esa operación fue la primera de una serie que continuó el 5 y 12 de diciembre, cuando se detectaron dos envíos adicionales por 50.000 y 42.720 USDT, respectivamente, desde la misma dirección de origen.

Las tres transferencias habrían sido direccionadas hacia una cuenta que, semanas más tarde, se convirtió en el epicentro de la maniobra final del fraude. El 15 de febrero de 2025, la noche en que el token $LIBRA colapsó y sus tenedores perdieron acceso a los fondos, esa billetera transfirió 120 mil USDT a otra dentro del mismo exchange, cerrando el circuito.

La trazabilidad fue posible gracias a la cooperación de las plataformas de intercambio con el pedido de la comisión, que libró oficios a Gate.io y Binance para identificar a los titulares y reconstruir la ruta de los movimientos. Los analistas financieros del equipo técnico confirmaron que los montos coinciden con las fechas clave del derrumbe del proyecto.

Conexiones con Kip Protocol
En paralelo, el informe detecta vínculos operativos entre los involucrados y el ecosistema Kip Protocol, una red de contratos inteligentes lanzada a fines de 2024 que, según los peritos, fue utilizada para mover parte de los activos del esquema LIBRA hacia el exterior.
El patrón de transacciones muestra un flujo de USDT y ETH que conecta las billeteras de Terrones Godoy con nodos de Kip Protocol en Singapur y Estonia, lo que sugiere que la estructura no se limitaba al territorio argentino.

En la documentación analizada se incluyen intercambios de tokens de gobernanza y una serie de operaciones especulativas con NFT financieros que habrían servido para blanquear los movimientos iniciales. Si bien los montos exactos aún se evalúan, los técnicos estiman que la red pudo canalizar al menos unos 250.000 USDT en operaciones encubiertas entre noviembre y febrero.

Perfil de los implicados
Manuel Terrones Godoy, conocido en el ambiente cripto por su paso por empresas de consultoría tecnológica, había figurado como asesor externo del proyecto $LIBRA durante su lanzamiento inicial. Mauricio Novelli, en cambio, integraba una sociedad anónima vinculada al área de marketing y expansión internacional.
Ambos habían sido mencionados en el informe preliminar de la CNV que analizó el desplome de la cotización y la imposibilidad de respaldo real de los activos. Sin embargo, esta es la primera vez que se documenta un vínculo financiero directo entre sus cuentas y las operaciones que desembocaron en la noche del fraude.

El quiebre del 15 de febrero
Esa fecha se transformó en el punto de inflexión. Pasadas las 22 horas, las plataformas que operaban el token $LIBRA suspendieron las operaciones y bloquearon los retiros. Miles de usuarios comenzaron a reportar que sus saldos habían desaparecido o que el sistema arrojaba “error 404”.
Horas antes, se habían producido movimientos inusuales desde las billeteras ahora vinculadas a Terrones Godoy y Novelli, en lo que los peritos describen como un “vaciamiento controlado”. Las transferencias sumaban montos idénticos a los invertidos por el fondo de liquidez del proyecto, lo que sugiere que los administradores retiraron los fondos de respaldo antes del colapso público.

El valor del token pasó de 1 dólar a 0,02 en menos de una hora, y el volumen transaccionado se desplomó en un 98 %. La pérdida total estimada por la comisión asciende a unos 42 millones de dólares, cifra que podría crecer cuando se completen los relevamientos internacionales.

El rol de la comisión investigadora
La comisión parlamentaria —integrada por legisladores de distintos bloques y especialistas en ciberfinanzas— lleva ocho meses de trabajo y mantiene bajo secreto los nombres de otros implicados. En su último informe, recomendó ampliar la investigación hacia el extranjero y coordinar con organismos de cooperación judicial, dado que varias de las billeteras utilizadas están radicadas en jurisdicciones de baja regulación.
El documento también solicita que el Banco Central y la UIF actualicen los protocolos de prevención de lavado aplicables a criptoactivos, con foco en plataformas descentralizadas.

Un escándalo que no se detiene
A medida que avanza la investigación, el caso LIBRA deja al descubierto la fragilidad regulatoria del ecosistema cripto argentino y la permeabilidad de los circuitos financieros digitales a operaciones de fraude. Los informes preliminares señalan que el dinero desviado podría haber pasado por al menos cinco países, y que parte de los activos fue convertida en stablecoins para eludir rastreos.

El impacto político también crece: algunos legisladores de la oposición cuestionaron la falta de controles iniciales y exigieron explicaciones al Ejecutivo por el contexto de promoción oficial que tuvo el proyecto antes de su desplome. En el Congreso, la próxima audiencia se centrará en determinar si hubo conflicto de intereses en los organismos que debían auditar la operatoria.

La caída de $LIBRA ya no se analiza solo como una estafa financiera, sino como un caso testigo de la vulnerabilidad estructural de los sistemas digitales en el país. La ruta del dinero —ahora más visible— podría ser la llave para establecer responsabilidades y, quizás, recuperar parte de lo perdido.

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