El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se presentó ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, en el marco de una causa que analiza audios en los que se describe un supuesto circuito de pagos ilegales. Spagnuolo optó por no declarar formalmente, pero negó los hechos de modo informal.
Política19 de noviembre de 2025
Alejandro Cabrera
En los tribunales de Comodoro Py se definió otra etapa clave del escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Diego Spagnuolo se presentó a las 13 h para prestar indagatoria ante el juez Casanello y el fiscal Picardi, acusado de integrar un presunto esquema de cobros y pagos ilegales con proveedores del organismo. Al ingresar, llevaba saco azul, camisa blanca y pantalón beige. Al salir, poco más de una hora después, se negó a contestar preguntas. Y aun así, hizo una aclaración que quedó registrada: “hubo audios manipulados, editados por inteligencia artificial”.
La causa se basa en grabaciones que habrían sido captadas en el entorno del organismo y que contienen descripciones detalladas de lo que la fiscalía describe como una “ventanilla de pagos permanentes y direccionados”. Spagnuolo negó haber cometido los delitos que le imputa la fiscalía, aunque decidió no responder formalmente a las preguntas de la autoridad judicial.
Spagnuolo ingresó a Comodoro Py media hora antes de su turno, y la audiencia finalizó a las 14.40 h. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, informó antes del trámite que su cliente “hablaría ante el juez y aportaría una pericia de los audios”, aunque la presentación no se concretó.
Según consta, Spagnuolo “negó frente al juez haber cometido los delitos de los que está acusado, pese a anunciar que no declararía formalmente por recomendación de su abogado”. Una fuente del expediente lo describió como “cabizbajo”.
En nombre de su cliente, D'Alessandro manifestó además: “Hubo audios manipulados, editados por inteligencia artificial”. En cambio, el fiscal sostuvo públicamente que “no hay una sola evidencia que demuestre que Spagnuolo sufrió un acto de espionaje ilegal” y que la investigación se sostiene independientemente de la autenticidad o no de las grabaciones.
La fiscalía acusa a Spagnuolo de haber “permitido, consentido o supervisado” un direccionamiento de licitaciones y contrataciones dentro de ANDIS en favor de ciertas droguerías, implicadas en lo que el dictamen denomina una “ventanilla de pagos con sobreprecios”. En los audios atribuidos al exdirector se escuchan frases como: “Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear”.
El fiscal Picardi describe a Spagnuolo como pieza central de una estructura que afectó contratos de alto valor, provocó perjuicio al Estado y operó con bajo control institucional. El exdirector había sido designado al frente de ANDIS luego de su paso como abogado del presidente. Su vínculo con el poder reforzó la atención sobre la causa.
Cuestiones procesales y estrategia de la defensa
Una faceta clave del trámite es la verificación de los audios. Los defensores de Spagnuolo sostienen que fueron obtenidos ilegalmente o editados con herramientas de inteligencia artificial; un argumento que la fiscalía rechaza. “Fueron obtenidos, si fueran ciertos los audios que se invocan, de forma ilegal. No sabemos su origen, no sabemos si esos audios se obtuvieron en una charla, si fueron editados con inteligencia artificial…” dijo D’Alessandro durante la audiencia.
La defensa también plantea que el hecho de que no declare formalmente no implica reconocimiento de culpa, sino que está amparado por la ley para formular su descargo por escrito. En cambio, la fiscalía enfatiza que el silencio no obstaculiza la acusación, y que el desarrollo del proceso seguirá por los caminos ordinarios del derecho penal.
La indagatoria de Diego Spagnuolo marca un momento agudo de la causa ANDIS: por un lado, pone en evidencia la dimensión operativa del expediente; por otro, revela cómo cambian los equilibrios institucionales cuando un proceso de esa magnitud llega al centro del entramado político. El hecho de que Spagnuolo haya ingresado, haya hecho declaraciones informales y luego haya optado por no responder formalmente resume la tensión entre la exposición pública, el proceso penal y la protección de derechos individuales. La próxima fase de la causa definirá si este capítulo es el inicio de revelaciones mayores o un paso más en una investigación compleja.
El Presidente firmará el decreto para abrir sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre, con el Presupuesto 2026 como prioridad y un paquete de reformas laboral, tributaria y penal en el centro de la agenda. El Gobierno ya trabaja con gobernadores y bloques aliados para asegurarse los votos.
El gobernador bonaerense consiguió los votos necesarios para avanzar con el endeudamiento tras ceder espacios en organismos provinciales y habilitar la ampliación del directorio del Banco Provincia. Los nombres que suenan para ocupar los cargos explican cómo se destrabó un acuerdo político que dejó expuesta la fragilidad legislativa del oficialismo.
La asunción de los nuevos diputados agrupó escenas de tensión, confrontaciones simbólicas, gestos polémicos y un clima de choque entre bloques. Los libertarios celebraron su surgimiento como primera minoría mientras referentes de la oposición cuestionaron la falta de respeto y alertaron sobre el deterioro del clima institucional. La jura fue más que un acto protocolar: expuso las grietas políticas del país.
El incremento de fondos destinados a los organismos de inteligencia generó una nueva polémica en el Congreso. Mientras el Ejecutivo afirma que busca modernizar capacidades y fortalecer la seguridad nacional, legisladores opositores y expertos advierten sobre los riesgos de discrecionalidad, opacidad y uso político de la inteligencia. El tema vuelve a exponer una deuda histórica: la falta de controles reales sobre el sistema.
El gobernador bonaerense volvió a exigir el aval legislativo para contraer deuda y refinanciar vencimientos críticos. Aseguró que la provincia enfrenta un ahogo financiero deliberado y que sin la autorización peligra el pago a proveedores, municipios y áreas esenciales. La oposición plantea dudas, reclama transparencia y acusa al mandatario de intentar blindarse políticamente.
La dispersión del Congreso y la fragmentación de bloques dispararon la relevancia de los gobernadores. Mientras fuerzas tradicionales como la Unión Cívica Radical (UCR) buscan rearmarse, mandatarios provinciales exploran —o ya negocian— bancas legislativas para fortalecerse. El 10 de diciembre se perfila como un punto de inflexión que podría redefinir alianzas y equilibrios de poder.
Mientras el escándalo por supuesta corrupción y lavado de dinero salpica a dirigentes del fútbol, surgieron denuncias que complican a Claudio "Chiqui" Tapia: se acusa a una red de testaferros de haber usado cuentas falsas, memes y hasta un tuit de Carlos Tevez como prueba de operaciones financieras ilícitas. El caso reaviva viejas dudas sobre la transparencia en la gestión del deporte más popular del país.
El incremento de fondos destinados a los organismos de inteligencia generó una nueva polémica en el Congreso. Mientras el Ejecutivo afirma que busca modernizar capacidades y fortalecer la seguridad nacional, legisladores opositores y expertos advierten sobre los riesgos de discrecionalidad, opacidad y uso político de la inteligencia. El tema vuelve a exponer una deuda histórica: la falta de controles reales sobre el sistema.
El presidente de Estados Unidos encabezará la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, en un evento que promete convertirse en un megaespectáculo global. La decisión sorprende al mundo del fútbol, expone lecturas políticas y anticipa una ceremonia sin precedentes en la historia de la competencia.
Durante un sobrevuelo turístico un helicóptero se precipitó sobre una pista de tenis en el barrio porteño de Palermo. El incidente generó pánico entre jugadores y vecinos, cortes de tránsito y una investigación policial y aeronáutica para determinar las causas del accidente.
El Presidente firmará el decreto para abrir sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre, con el Presupuesto 2026 como prioridad y un paquete de reformas laboral, tributaria y penal en el centro de la agenda. El Gobierno ya trabaja con gobernadores y bloques aliados para asegurarse los votos.
