Alejandro Cabrera
El juicio de los Cuadernos llegó a un punto clave. Tras años de audiencias, declaraciones, arrepentimientos y reconstrucciones del circuito de los sobornos, el fiscal del caso volvió a plantear que Cristina Fernández de Kirchner habría sido la destinataria final del dinero que, según la acusación, recaudaban funcionarios del Ministerio de Planificación a cambio de contratos de obra pública.
La afirmación no es nueva dentro del expediente, pero adquiere un peso determinante en este tramo del juicio oral, donde la causa se juega su credibilidad definitiva: los jueces deberán decidir si existió o no una estructura centralizada de corrupción y, sobre todo, si esa estructura tenía un beneficiario político directo.
Mientras tanto, empresarios, exfuncionarios y exintegrantes del entorno de Néstor y Cristina Kirchner vuelven a ocupar el centro de la discusión judicial. La reconstrucción de rutas de dinero, viajes, bolsos, contrataciones y reuniones secretas se volvió a desplegar en el tribunal en una etapa del proceso donde ya no hay margen para maniobras dilatorias: el juicio avanza hacia su resolución.
La posición del fiscal se sostiene sobre un argumento central: el sistema de recaudación ilegal no funcionó como una suma de hechos aislados, sino como una estructura organizada que tenía objetivos políticos y económicos que excedían a los funcionarios ejecutores.
Según la fiscalía, el circuito funcionaba así: empresarios de la obra pública entregaban dinero en efectivo a funcionarios de confianza del Ministerio de Planificación, quienes administraban los retornos. Las anotaciones de los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, registran viajes, fechas, domicilios y entregas que, según el fiscal, formaban parte de una operatoria continua.
Esa mecánica, plasmada en cientos de planillas, audios y declaraciones, es interpretada como la evidencia de un sistema que tenía un sentido final: garantizar poder político, financiamiento y control económico durante los mandatos kirchneristas. La fiscalía sostiene que ese sistema no podía existir sin un nivel de conducción superior.
En ese marco, la figura de Cristina Kirchner reaparece como la presunta destinataria final del dinero, no solo por su rol institucional, sino por su posición central dentro del entramado político que permitió el funcionamiento de lo que el fiscal definió como un “esquema de recaudación ilegal y sostenido”.
Uno de los elementos más importantes del juicio fue la participación de los arrepentidos, una figura que permitió abrir nuevos capítulos del expediente. Exfuncionarios, empresarios y choferes aportaron datos sobre recorridos, entregas de bolsos, órdenes transmitidas verbalmente y mecanismos que, según sus relatos, se utilizaban para evitar dejar registros.
Sus declaraciones, presentadas ante la Justicia con validación procesal, fueron clave para reconstruir la forma en que se administraban las recaudaciones, cómo se entregaban los bolsos y qué niveles de jerarquía intervenían detrás de cada movimiento.
Varios testimonios coincidieron en que la operatoria estaba vinculada a campañas electorales, sostenimiento territorial y financiamiento de estructuras políticas que dependían directamente del kirchnerismo. Esa coincidencia, sumada a lo registrado en los cuadernos, reforzó el argumento fiscal de que el sistema no se mantuvo solo, sino que formaba parte de una red más amplia.
Los empresarios de la obra pública, históricamente reticentes a hablar, tuvieron en este juicio un rol central. Muchos de ellos brindaron declaraciones que explicaron cómo funcionaba la presión para “colaborar” con las recaudaciones y qué mecanismos se usaban para sostener las relaciones con el Estado.
La tensión entre “aportes obligados” y “aportes voluntarios” quedó expuesta con crudeza, y la causa permitió observar el funcionamiento de un sistema donde las empresas que querían seguir contratando con el Estado debían aceptar reglas que se imponían desde arriba.
Si bien algunos empresarios buscaron relativizar su participación, otros reconocieron la existencia de prácticas que, aunque normalizadas en el rubro, revelaban un circuito informal que hoy aparece bajo escrutinio judicial.
Las contradicciones, la memoria selectiva y los silencios también formaron parte de esta etapa, dejando en claro que la causa toca un nervio sensible del sector de la obra pública.
Una parte importante del juicio está centrada en exfuncionarios que integraron el Ministerio de Planificación durante las gestiones de Julio De Vido y Roberto Baratta. Las audiencias permitieron reconstruir cómo se administraban contratos, qué funcionarios tenían acceso a decisiones estratégicas y cómo se manejaba la relación con empresarios que participaban en licitaciones millonarias.
El juicio también expuso la estructura interna del ministerio, señalando cómo ciertas áreas tenían más autonomía que otras y cómo funcionaba la cadena de decisiones vinculada a la ejecución de obras.
Las defensas intentaron desligar la responsabilidad de los imputados de cualquier orden directa desde más arriba, pero la fiscalía insiste en que la reiteración de los hechos registrados y la forma sistemática en que aparecen relatados no admiten la explicación de “iniciativas individuales”.
En paralelo al juicio, la figura de Cristina Kirchner se mantiene en el centro del debate político. La acusación de ser la beneficiaria final de los sobornos es un punto de enorme tensión institucional, y su defensa, tanto jurídica como mediática, busca sostener la idea de una persecución judicial motivada políticamente.
La discusión se instaló de nuevo en la agenda pública. Algunos sectores plantean que la causa carece de pruebas directas que vinculen a la expresidenta con el dinero recaudado, mientras que otros consideran que la magnitud del sistema descrito por la fiscalía hace improbable que esta estructura haya funcionado sin conocimiento superior.
La causa, más allá de la resolución judicial, vuelve a dejar en evidencia cómo la política y la Justicia entran en conflicto cada vez que un dirigente de máxima relevancia aparece en el banquillo. El juicio de los Cuadernos es, otra vez, un campo de disputa donde se juegan posiciones, discursos y lecturas contrapuestas sobre el pasado reciente del país.
Con el trámite oral en avance y el fiscal ya firme en su postura, el proceso se encamina a su etapa más delicada: los alegatos finales y el análisis del tribunal. Será en ese momento cuando los jueces definan si el caso constituye un sistema de recaudación ilegal, si hubo responsabilidades políticas y si existió una beneficiaria final.
La sentencia, cualquiera sea su sentido, tendrá un impacto inmediato en la política argentina. El juicio no se limita a un hecho aislado, sino a una reconstrucción del poder, los vínculos económicos y las dinámicas de decisión durante años clave del kirchnerismo.
El país observa cómo se desarrolla una causa que atraviesa a empresarios, funcionarios, dirigentes y a una de las figuras más influyentes de la historia reciente. El desenlace no solo definirá responsabilidades penales: también reordenará el debate político y marcará una lectura judicial sobre una de las tramas de corrupción más relevantes de las últimas décadas.
