La causa por presuntas coimas y direccionamiento de contratos en la Agencia Nacional de Discapacidad ya no es solo un expediente técnico: se convirtió en una investigación que alcanza al Ministerio de Economía, involucra a la familia Calvete y obliga a renuncias que tocan incluso al círculo político más sensible del oficialismo. La salida de Javier Ignacio Cardini revela el avance de una red que la Justicia sigue de cerca.
Política27 de noviembre de 2025
Alejandro Cabrera
Lo que durante meses parecía un caso complejo pero contenido dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad terminó convirtiéndose en un escándalo que golpea directa y públicamente al Gobierno. La renuncia de Javier Ignacio Cardini, funcionario de Economía y yerno de Miguel Ángel Calvete, fue el movimiento que terminó de exponer que la causa ANDIS no era un asunto limitado a un organismo desbordado, sino un entramado que avanzaba hacia arriba y empezaba a tocar oficinas, vínculos y nombres de peso político real.
Su salida se produjo luego de una secuencia que tuvo un ritmo casi quirúrgico: primero cayó Ornella Calvete, luego renunció Susana Calvete y finalmente se produjo la dimisión de Cardini. Tres renuncias en pocos días y en un mismo ministerio delinearon la primera señal de que la trama que investiga la Justicia tenía ramificaciones más profundas que las que inicialmente se conocían. La causa, que nació asociada a audios y cuadernos internos de ANDIS, tomó una dimensión mayor y comenzó a mostrar un circuito familiar y político que operaba en silencio dentro del Estado.
Cardini ocupaba un cargo que, sin estar en la línea de máxima exposición, tenía manejo sobre áreas técnicas relevantes en la estructura económica. Su nombre comenzó a rodear la causa por el simple hecho de formar parte del círculo familiar de los Calvete, que aparecía mencionado en el expediente, pero con el paso de los días quedó claro que su posición no era solo periférica sino que formaba parte de un engranaje que la Justicia necesitaba revisar.
Su renuncia fue leída dentro del Gobierno como una salida que buscaba cortar una cadena de daño político. Pero, aunque la decisión frenó una primera ola de cuestionamientos, instaló un problema mayor: si un funcionario de Economía vinculado por lazos familiares debía renunciar por la causa ANDIS, es porque la investigación ya había superado los límites administrativos del organismo de discapacidad y avanzaba hacia dependencias de otra escala.
En ese escenario, el caso dejó de ser un conflicto interno de un organismo para transformarse en un punto de tensión institucional. La caída de Cardini mostró que las ramificaciones incluían a personas con roles operativos y acceso a áreas estratégicas, y que la investigación podía seguir desplazándose hacia otros espacios del Estado.
De dónde viene todo: audios, cuadernos y el sistema de retornos que abrió la caja negra
La causa ANDIS nació del estallido de unos audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones se escuchaba a una voz que describía un sistema de retornos del ocho por ciento, mencionaba contactos políticos que funcionaban como respaldo y hablaba con naturalidad de compras sensibles como medicamentos de alto costo. Ese material fue la chispa que dio origen a la investigación judicial y permitió que comenzaran los allanamientos, las pericias sobre teléfonos y el análisis de documentación interna.
A partir de esos documentos, la Justicia reconstruyó un circuito que parece haber funcionado como una estructura paralela dentro del organismo, donde proveedores, operadores privados y funcionarios habrían interactuado para direccionar contratos. La pregunta que guía ahora al expediente no es solo quién autorizó las maniobras, sino cómo se distribuía el poder dentro del organismo y por qué un sistema supuestamente controlado quedó tan expuesto.
Los cuadernos internos fueron decisivos. Allí aparecían anotaciones sobre pagos, porcentajes y contactos, lo que permitió ampliar el perímetro tanto de los investigados como de los eventuales destinatarios de beneficios. Esa documentación fue el puente que conectó a la causa con otros actores y provocó que nombres que antes parecían lejanos entraran definitivamente en el campo judicial.
La Justicia detectó en el camino que personas vinculadas a la familia Calvete, tradicionalmente cercana a sectores de consumo y negocios, ocupaban cargos en el Ministerio de Economía. Aunque sus funciones no estaban directamente conectadas con ANDIS, la coincidencia de nombres, vínculos y movimientos de dinero obligó a una revisión profunda. Así llegaron las renuncias de Ornella Calvete, de Susana Calvete y finalmente de Cardini.
El allanamiento que derivó en la renuncia de Ornella fue un punto de inflexión: la presencia de dólares en su domicilio abrió una nueva línea de sospechas que empujó al Gobierno a desprenderse de esa pieza con velocidad. La salida de Susana Calvete sumó un capítulo paralelo que profundizó la sensación de que la red tocaba oficinas dentro del ministerio. Finalmente, la renuncia de Cardini completó la secuencia y le dio a la causa un volumen político indiscutible.
La caída del clan dentro de Economía implicó una señal de alarma. Que un ministerio clave quedara salpicado por un caso que comenzó como un desorden interno de ANDIS mostró que la investigación ya tenía vida propia, avanzaba por fuera del organismo original y generaba consecuencias directas en el gabinete.
La figura de Spagnuolo sigue siendo central. La causa lo tiene como uno de los principales investigados y la Justicia considera que fue clave para entender la arquitectura de decisiones dentro de ANDIS. Los cuestionamientos hacia él se enfocan tanto en la asignación de contratos como en la política de bajas masivas de pensiones, una medida que dejó a miles de personas con discapacidad sin ingresos y que luego debió ser parcialmente revertida.
Más allá de su salida del organismo, Spagnuolo continúa siendo pieza fundamental para explicar si existió o no una estructura organizada. Su declaración es vista como uno de los puntos críticos que puede permitir avanzar hacia arriba o delimitar responsabilidades dentro de la agencia.
Mientras tanto, el organismo quedó sumido en un estado de crisis institucional que combina pérdida de personal técnico, reacomodamientos internos y una desconfianza generalizada hacia sus mecanismos de control. Lejos de recomponerse, la estructura aparece debilitada y sin claridad sobre cómo evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
La causa entró en una fase de indagatorias que involucra a funcionarios, exfuncionarios, operadores privados y personas vinculadas al circuito de compras. La Justicia avanza sobre pericias contables, rastreo de comunicaciones y análisis de resoluciones que podrían señalar quiénes participaron en cada eslabón del sistema de beneficios.
Cada movimiento del expediente sigue produciendo efectos en el Gobierno, que ahora intenta separar responsabilidades y contener un daño que se amplifica con cada renuncia. La salida de Cardini, como la de las otras dos personas vinculadas al clan Calvete, se suma a un clima político donde la presión para esclarecer qué pasó realmente en ANDIS crece día a día.
La investigación avanzará ahora sobre la ruta del dinero, los vínculos políticos y la reconstrucción de la cadena de decisiones. La pregunta que se abre es cuánto más podrá extenderse la causa dentro del Estado y cuántos actores quedarán involucrados a medida que la Justicia revele los detalles de un entramado que dejó de ser solo administrativo.
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