Alejandro Cabrera
Según reconstruyó Dolabjian, el empresario volaba de regreso desde Miami hacia Buenos Aires en un avión privado el sábado 15. La Justicia había ordenado a la PSA y a Migraciones interceptarlo en Ezeiza para realizar una requisa completa: necesitaban secuestrar sus dispositivos electrónicos, considerados piezas clave para reconstruir la ruta financiera del circuito de retornos que funcionaba alrededor de ANDIS. El operativo estaba montado y listo para ejecutarse, pero todo cambió sin aviso cuando la nave apareció en un punto inesperado: Tucumán.
A último momento, el sospechoso cambió su plan de vuelo. En lugar de descender en Buenos Aires, aterrizó antes en Tucumán. Esa modificación, tan súbita como sospechosa, desarmó el dispositivo federal. Ni bien tocó tierra, el empresario realizó una llamada cuyo contenido y destinatario aún se desconocen, pero cuyo efecto inmediato fue evidente: pasó por la terminal casi sin controles y abandonó el aeropuerto sin entregar ningún dispositivo. No hubo requisa, no hubo secuestro de teléfonos, ni siquiera hubo una verificación exhaustiva de identidad. Lo dejaron ir.
Cuando el juzgado se enteró de la maniobra, ya era tarde. La orden volvió a emitirse con urgencia y los agentes tuvieron que correr literalmente hacia la zona exterior del aeropuerto para interceptarlo, porque el hombre ya había superado todos los controles internos. Esa decisión desesperada buscaba salvar un operativo que, de hecho, ya estaba perdido. El empresario, rodeado por los agentes, ofreció la explicación que hoy tiene paralizados a los investigadores: dijo que había “perdido” su celular minutos antes. Los oficiales no lograron recuperar ningún dispositivo.
Ese dato —que el principal sospechoso del circuito financiero del caso ANDIS haya ingresado al país sin que la Justicia pueda acceder a su teléfono— marcó un antes y un después en el expediente. El celular no es un detalle accesorio: es la llave para reconstruir meses de comunicaciones, operaciones financieras, llamadas, vínculos, movimientos y contactos que podrían comprometer a otros actores dentro y fuera del Estado. La ausencia de ese dispositivo constituye un golpe directo para la investigación y abre interrogantes sobre cómo se filtró la orden judicial o quién advirtió al empresario para que eludiera el operativo.
A medida que avanzaron las repercusiones, surgió un dato aún más inquietante. Fuentes oficiales de la PSA, consultadas en reserva, admitieron que recién después de que el empresario abandonó el aeropuerto, el organismo advirtió en su sistema que el pasajero tenía una restricción activa. En términos operativos, esto significa que una alerta judicial vigente no fue detectada en tiempo real y que un individuo buscado por una causa federal logró moverse sin obstáculos dentro del país, aun cuando existía una orden explícita de detenerlo para requisarlo.
Dentro del juzgado, este episodio generó un fuerte malestar. No solo se perdió el dispositivo que podría haber acelerado la investigación, sino que quedó expuesto un agujero en el sistema de control y coordinación entre la Justicia y las fuerzas de seguridad. La secuencia plantea preguntas delicadas:
¿Hubo una filtración que permitió al empresario cambiar la ruta para evitar el operativo?
¿Hubo negligencia de la PSA, o algo más?
¿Quién sabía que el vuelo sería desviado?
¿Quién atendió esa llamada que el empresario realizó apenas pisó Tucumán?
¿Y por qué Migraciones no detectó la restricción hasta que ya era demasiado tarde?
Mientras se investigan esas irregularidades, el expediente ANDIS sigue avanzando por otros carriles, pero este capítulo se convirtió en uno de los más determinantes. Sin los teléfonos, la Justicia perdió la posibilidad de acceder al contenido que podía conectar al sospechoso con prestadores, funcionarios, intermediarios y operadores políticos. Como consecuencia, el caso avanza ahora por caminos más lentos: cruces bancarios, declaraciones, pericias contables y testimonios que intentan reemplazar la información que hubiera proporcionado un solo dispositivo.
Lo revelado por Dolabjian no solo aportó datos inéditos: permitió exponer un momento crítico del caso que permanecía oculto y obligó a las autoridades a revisar qué falló en el operativo. En una causa atravesada por denuncias de retornos, sobreprecios multimillonarios, triangulaciones financieras y vínculos con funcionarios del Estado, este episodio agrega un elemento político y judicial de enorme peso: la sospecha de que parte del sistema encargado de garantizar el control pudo haber sido utilizado —o vulnerado— para que un actor central del expediente ganara tiempo y se deshiciera de la evidencia más comprometedora.
El episodio, lejos de ser un accidente aislado, empieza a ser leído como una pieza más dentro de la compleja estructura que investiga el expediente. Y mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió realmente ese día en Tucumán, el caso ANDIS continúa expandiéndose en direcciones que el Gobierno no logra contener.
