El Gobierno quiere presentar el proyecto de reforma laboral el 9 de diciembre, en la última ventana legislativa antes del recambio del Congreso. Mientras tanto, Javier Milei reorganiza su Gabinete, reúne al Consejo de Mayo por última vez en su composición actual y enfrenta una creciente distancia de los gremios, que ya anticipan conflicto.
Política26 de noviembre de 2025
Alejandro Cabrera
El tramo final del año se convirtió en un corredor de alta intensidad para el Gobierno. Javier Milei decidió pisar el acelerador y forzar el ingreso de la reforma laboral antes del 10 de diciembre, cuando cambia la composición del Congreso. La fecha elegida, el 9 de diciembre, es una señal política directa: el Ejecutivo quiere su proyecto en el recinto antes de perder la correlación de fuerzas que aún le permite negociar con mayor margen.
En paralelo, el Presidente impulsó un recambio de gabinete y convocó la última reunión del Consejo de Mayo en su formato actual, con la intención de cerrar definiciones legislativas y afinar la estrategia de comunicación para una reforma que será uno de los movimientos más ambiciosos —y polémicos— de su administración.
A diferencia de otras iniciativas oficiales, esta vez los gremios se adelantaron: tomaron distancia de la Casa Rosada, encendieron alertas internas y comenzaron a preparar sus primeros movimientos de resistencia. Lo que se viene no será un trámite administrativo: será una batalla política y social de alto voltaje.
El Gobierno marca el 9 de diciembre como fecha clave y acelera negociaciones
La decisión de presentar la reforma laboral el próximo 9 de diciembre no es casual. Es un movimiento estratégico que reconoce dos realidades:
primero, que el Gobierno tiene más capacidad de negociación con la actual composición legislativa; y segundo, que el recambio del 10 de diciembre introduce nuevas variables que podrían frenar, condicionar o espesar el trámite parlamentario.
La Casa Rosada entiende que el tiempo es un recurso político. Por eso, la orden es clara: entrar antes del cambio, instalar el tema, fijar los términos del debate y obligar a los bloques a pronunciarse con un panorama aún favorable al oficialismo.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabajan en una hoja de ruta legislativa que involucra tanto negociaciones con aliados parlamentarios como conversaciones con grupos empresarios que vienen pidiendo señales para 2026.
La estrategia del Gobierno combina velocidad, presión y un mensaje central: la reforma laboral es necesaria para frenar la caída del empleo formal, reducir litigiosidad y mejorar la “competitividad” del mercado de trabajo. Pero el Ejecutivo sabe que el camino será empinado, sobre todo porque los actores con poder para frenarlo ya dieron señales de resistencia.
La última reunión del Consejo de Mayo: el oficialismo cierra filas antes del recambio
El Consejo de Mayo, la mesa política ampliada del mileísmo, tuvo este miércoles su última reunión en la configuración actual. El espacio, que fue clave para coordinar reformas, ordenar el discurso y fijar prioridades, funcionó como una sala de comandos en los primeros meses del gobierno.
La sesión final, encabezada por Adorni, estuvo dominada por dos ejes: el avance de la reforma laboral y la reorganización ministerial. Funcionarios, asesores y operadores legislativos evaluaron escenarios, costos y tiempos, conscientes de que la ventana política previa al recambio es estrecha.
La decisión de tratar la reforma antes del 10 de diciembre implica también blindar el frente interno: garantizar que los nuevos ministros entren alineados con la estrategia de confrontación controlada que el Ejecutivo adoptará frente a los gremios. No es casual que la Casa Rosada haya acelerado los reemplazos y anunciado definiciones antes de la reunión del Consejo: Milei quiere un equipo preparado para el desgaste que se avecina.
Reacomodamientos en el Gabinete: señales de orden y de poder
El Presidente aprovechó la semana para completar su recambio de gabinete. El movimiento incluyó no solo decisiones administrativas: fue una señal política hacia adentro y hacia afuera.
El nuevo equipo ministerial, reforzado por perfiles más técnicos y alineados con la agenda de reformas, busca mostrar que el Gobierno está en control, que no improvisa y que tiene un rumbo definido. La presencia reforzada del jefe de Gabinete en las últimas horas —tomando decisiones, comunicando y coordinando— forma parte de ese mensaje.
La imagen buscada es clara: un oficialismo en orden, que planifica, que ajusta piezas y que avanza sin titubeos hacia una de las reformas más sensibles desde el inicio de la gestión. El recambio, más que un trámite, fue un gesto de reafirmación del poder presidencial.
Qué contiene el borrador: cambios profundos en el régimen laboral
Aunque la Casa Rosada evita dar detalles antes de la presentación formal, en los despachos oficiales y en los sectores empresariales circulan los lineamientos centrales de la reforma. Milei quiere un texto que transforme la lógica del mercado laboral privado: un esquema más flexible, con modalidades modernas de contratación y menos costos no salariales para las empresas.
En su diseño preliminar, el proyecto apunta a modificar la Ley de Contrato de Trabajo con tres ejes que son considerados innegociables por el Ejecutivo:
la reducción de la litigiosidad, una estructura de indemnizaciones más previsible y la posibilidad de negociar acuerdos más descentralizados para adaptarse a realidades sectoriales y regionales.
El Gobierno sostiene que el sistema actual desalienta contrataciones formales y promueve la informalidad, lo que para Milei es una de las peores deformaciones del mercado laboral argentino. La reforma se presenta como una herramienta para revertir esa estructura.
Pero el borrador también contiene definiciones que complican el clima con los gremios: la ampliación de modalidades de empleo temporario, la simplificación de causales de despido y una reconfiguración del sistema de multas que, según el oficialismo, hoy incentiva la litigiosidad en lugar del empleo genuino.
Los gremios toman distancia y preparan respuesta: el conflicto ya empezó
La reacción sindical fue inmediata y contundente. Las centrales obreras y los gremios sectoriales advirtieron que no acompañarán una reforma que, según sus propios diagnósticos, recorta derechos históricos, precariza relaciones laborales y desequilibra el poder de negociación entre empleadores y trabajadores.
Los sindicatos rechazan de plano cualquier intento de “flexibilización” que implique debilitar convenios colectivos o fomentar la negociación por empresa. Y aunque algunos sectores empresarios celebran esa posibilidad, los gremios la consideran una amenaza directa a su capacidad de representación.
La distancia entre ambas posiciones no es solo conceptual: también es ideológica, histórica y política. Y la Casa Rosada lo sabe. De hecho, en el Gobierno reconocen que una parte del impacto de la reforma será precisamente ese: una reconfiguración del mapa de poder sindical en la Argentina.
La CGT, por su parte, comenzó a activar mecanismos internos de consulta y dejó trascender que evalúa medidas de fuerza escalonadas si el oficialismo avanza sin diálogo. Nadie quiere anunciar un conflicto abierto, pero todos admiten que el escenario está cada vez más cerca.
Un país en vilo ante una reforma que puede cambiar la estructura laboral por décadas
La reforma laboral será, probablemente, la pulseada política más importante que enfrentará Milei desde que llegó a la Casa Rosada. El proyecto promete reordenar la matriz de relaciones laborales en la Argentina, con efectos que podrían sentirse durante décadas.
Pero también abre la puerta a un conflicto social de magnitud: movilizaciones, negociaciones tensas, resistencia sindical y una discusión parlamentaria que, aun con urgencia, puede transformarse en un campo minado.
Para la Casa Rosada, el desafío no será solo aprobar la reforma. Será hacerlo sin que el país se detenga, sin que la economía se resienta y sin que el conflicto gremial derive en un ciclo de parálisis.
El cronómetro ya comenzó a correr. El 9 de diciembre será el primer round de una pelea que recién empieza.
Un grupo de dirigentes de origen radical presentó un amparo para frenar el decreto que modificó la Ley de Inteligencia. El caso vuelve a exponer la tensión entre el Ejecutivo y el sistema institucional en un año marcado por disputas de poder, reconfiguraciones políticas y un clima social cada vez más sensible a los límites del Estado.
El Gobierno argentino formalizó en la Organización de Estados Americanos su respaldo al operativo de Estados Unidos que derivó en la detención de Nicolás Maduro. La posición expuesta consolida un alineamiento explícito con Washington y marca una definición política de alto impacto regional, en un escenario hemisférico atravesado por tensiones diplomáticas, debates sobre legalidad internacional y la redefinición del poder en Venezuela.
El Gobierno nacional avanzará con un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar la Ley de Inteligencia y otorgarle mayores atribuciones operativas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluida la ampliación de su capacidad de acción en tareas de seguridad e intervención directa. La decisión reabre un debate histórico en la Argentina sobre los límites entre inteligencia, seguridad interior y derechos individuales, y anticipa una fuerte controversia política e institucional.
El Gobierno nacional decidió asistir financieramente a una provincia gobernada por un aliado político con una transferencia de $220.000 millones destinada a cubrir el pago de aguinaldos y compromisos de deuda. La decisión expone las tensiones entre el discurso de ajuste fiscal y la necesidad de sostener gobernabilidades provinciales en un escenario de cuentas públicas asfixiadas y negociaciones políticas permanentes.
Los incidentes frente al Concejo Deliberante de Quilmes durante una protesta contra una ordenanza de tránsito y estacionamiento no fueron un episodio municipal más. El choque entre organizaciones vinculadas a Juan Grabois y la gestión ligada a Mayra Mendoza expuso una fractura política que ya venía abierta en el peronismo bonaerense. La pelea dejó heridos, detenidos, acusaciones cruzadas y un trasfondo mucho más profundo: la disputa por quién representa hoy “lo popular”, cómo se administra el orden y quién conduce a la oposición.
Las sesiones extraordinarias del Congreso entraron en su tramo decisivo con una ventana formal que va del 10 al 30 de diciembre. En el Senado, el escenario es más complejo que en Diputados: el oficialismo no tiene mayoría propia, la oposición no actúa como bloque monolítico y los interbloques provinciales se mueven con lógica territorial. El Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal concentran la disputa, con una sesión clave prevista para el 26 de diciembre y negociaciones que se definen voto a voto.
Las ventas por el Día de Reyes dejaron una señal clara sobre el estado del consumo en Argentina. Aunque el volumen comercial mostró una leve mejora interanual, el gasto promedio por compra cayó con fuerza y expuso un comportamiento cada vez más defensivo de los hogares, atravesados por la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de priorizar gastos esenciales.
El envío de once buques vinculados a Chevron hacia Venezuela marca uno de los movimientos económicos más significativos desde la caída de Nicolás Maduro. La decisión no solo anticipa un reposicionamiento del sector energético, sino que también funciona como una señal política: el nuevo equilibrio de poder empieza a ser validado por actores estratégicos del mercado internacional.
El gobierno colombiano elevó una queja formal ante Estados Unidos tras declaraciones de Donald Trump que fueron interpretadas como amenazas directas. La decisión marca un punto de inflexión en la relación bilateral y expone un clima regional cada vez más tenso, donde la retórica de Washington empieza a generar respuestas diplomáticas abiertas en América Latina.
La intercepción del buque marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Washington contra la evasión de sanciones petroleras vinculadas a Venezuela y reaviva la tensión con Moscú. La operación se produjo en aguas internacionales tras una persecución prolongada y bajo órdenes judiciales estadounidenses.
El disparo fatal ocurrió durante un procedimiento en la vía pública y quedó registrado en video. El caso generó conmoción nacional, reabrió el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales y volvió a poner a Estados Unidos frente a sus tensiones estructurales en materia de seguridad y migración.