Alejandro CabreraLa guerra de Kosovo no fue simplemente un enfrentamiento entre serbios y albaneses, ni una operación militar de la OTAN contra Slobodan Milošević. En realidad, fueron varios conflictos superpuestos: una rebelión separatista contra el Estado yugoslavo, una campaña represiva contra la población albanesa y una intervención internacional cuya legalidad continúa siendo discutida.
El conflicto armado comenzó a gran escala en 1998, pero sus causas se habían acumulado durante décadas. Kosovo era una provincia de Serbia dentro de Yugoslavia, habitada mayoritariamente por albaneses, pero ocupaba un lugar central en la historia, la religión y la identidad nacional serbia.
Para los serbios, allí se encontraban monasterios medievales, antiguos centros de la Iglesia ortodoxa y el escenario de la batalla de Kosovo de 1389, convertida durante siglos en un símbolo de sacrificio nacional. Para los albanokosovares, en cambio, Kosovo era la tierra en la que constituían la mayoría de la población y donde reclamaban el derecho a gobernarse.
Ese choque entre memoria histórica, soberanía estatal y composición demográfica convirtió al territorio en uno de los puntos más delicados de la antigua Yugoslavia.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Kosovo quedó integrado en la República Socialista de Serbia, una de las seis repúblicas que componían la Yugoslavia dirigida por Josip Broz Tito.
La Constitución yugoslava de 1974 concedió a Kosovo una autonomía muy amplia. Aunque formalmente continuaba siendo parte de Serbia, contaba con gobierno, parlamento, policía, sistema judicial y representación en las instituciones federales yugoslavas.
La mayoría albanesa pudo desarrollar instituciones educativas y culturales en su idioma. La Universidad de Pristina se convirtió en uno de los principales centros de formación de la comunidad albanokosovar.
Sin embargo, Kosovo seguía siendo una de las regiones más pobres de Yugoslavia. La falta de empleo, las desigualdades económicas y las tensiones entre comunidades alimentaban un descontento permanente.
Después de la muerte de Tito en 1980, Yugoslavia entró en una crisis económica y política cada vez más profunda. En 1981 se produjeron protestas estudiantiles en Kosovo que rápidamente incorporaron la demanda de que la provincia se convirtiera en una república yugoslava con los mismos derechos que Serbia, Croacia o Eslovenia.
Las autoridades reprimieron las manifestaciones y acusaron a los dirigentes albaneses de impulsar el separatismo. Al mismo tiempo, sectores serbios denunciaban discriminación, amenazas y presiones que, según afirmaban, obligaban a numerosas familias serbias a abandonar la provincia.
En ese clima apareció Slobodan Milošević, un dirigente comunista serbio que comprendió el poder político del nacionalismo. En 1987 visitó Kosovo y prometió defender a los serbios que se consideraban abandonados por el Gobierno yugoslavo.
Su ascenso estuvo estrechamente relacionado con la utilización de ese descontento. Milošević presentó la recuperación del control sobre Kosovo como una cuestión de unidad y dignidad nacional.
En 1989, Serbia redujo drásticamente la autonomía de Kosovo. Al año siguiente disolvió su Asamblea, tomó el control de la policía y las instituciones, y desplazó a miles de albaneses de empleos públicos, medios de comunicación, escuelas y hospitales.
La enseñanza en albanés fue restringida y numerosos docentes y estudiantes quedaron fuera del sistema oficial. La respuesta de los albanokosovares fue crear una sociedad paralela.
Bajo el liderazgo de Ibrahim Rugova, organizaron escuelas en viviendas particulares, redes sanitarias, estructuras administrativas y elecciones no reconocidas por Belgrado. Rugova defendía una estrategia de resistencia pacífica destinada a lograr la independencia mediante presión internacional.
Durante varios años, esa política evitó una guerra abierta. Los albanokosovares rechazaban las instituciones serbias, pero también evitaban una confrontación militar que probablemente habría provocado una represión devastadora.
La situación comenzó a cambiar después de las guerras de Croacia y Bosnia. Los acuerdos de Dayton de 1995 pusieron fin al conflicto bosnio, pero prácticamente no abordaron el problema de Kosovo.
Para muchos jóvenes albanokosovares, aquello demostró que la estrategia pacífica de Rugova no había conseguido atraer suficiente atención internacional.
En ese contexto adquirió protagonismo el Ejército de Liberación de Kosovo, conocido por las siglas UÇK en albanés y KLA en inglés. Se trataba de una organización armada que buscaba separar Kosovo de Serbia y que, inicialmente, fue considerada una agrupación marginal.
La guerrilla comenzó a atacar comisarías, policías, funcionarios serbios y albaneses acusados de colaborar con Belgrado. También recurrió a secuestros, asesinatos y centros clandestinos de detención.
Su crecimiento se aceleró en 1997, cuando el derrumbe del Estado albanés permitió que enormes cantidades de armas salieran de los depósitos militares y circularan por la región.
El UÇK recibió apoyo de sectores de la diáspora albanesa y empezó a establecer presencia en zonas rurales de Kosovo. Las autoridades yugoslavas respondieron con operaciones policiales y militares que frecuentemente no distinguían entre guerrilleros y población civil.
En febrero y marzo de 1998, las fuerzas serbias atacaron localidades de la región de Drenica. Una de las operaciones más importantes se desarrolló en Prekaz, donde murió Adem Jashari, uno de los fundadores del UÇK, junto con decenas de integrantes de su familia y otras personas.
Para Belgrado, la operación había eliminado a un dirigente armado responsable de ataques contra policías. Para los albanokosovares, Jashari se convirtió en un mártir y en el principal símbolo de la resistencia.
La represión, lejos de destruir a la guerrilla, multiplicó sus reclutas. Miles de jóvenes se incorporaron al UÇK y el enfrentamiento se extendió por diferentes regiones de Kosovo.
Durante 1998, el Ejército yugoslavo, la policía serbia y grupos paramilitares atacaron pueblos considerados bases de la insurgencia. Se quemaron viviendas, se expulsó a comunidades y cientos de miles de personas tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares.
El UÇK también atacó a civiles serbios, secuestró personas y castigó a albaneses considerados colaboradores. El conflicto adquirió una lógica de control territorial en la que la población civil quedó atrapada entre las fuerzas estatales y la guerrilla.
La guerra no surgió de un odio étnico inevitable: fue el resultado de decisiones políticas, la desaparición de la autonomía, el fracaso de la resistencia pacífica y una represión que terminó fortaleciendo a la insurgencia.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó durante 1998 distintas resoluciones que exigían el cese de la violencia, el retiro de unidades utilizadas contra civiles y el inicio de negociaciones.
También se desplegó la Misión de Verificación de Kosovo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Sus observadores debían controlar el cumplimiento de un alto el fuego acordado entre Milošević y el enviado estadounidense Richard Holbrooke.
La tregua fue precaria. Tanto las fuerzas yugoslavas como el UÇK aprovecharon el período para reorganizarse, ocupar posiciones y prepararse para una nueva etapa del conflicto.
El 15 de enero de 1999, 45 albanokosovares fueron encontrados muertos en la localidad de Račak. El jefe de la misión de la OSCE, William Walker, calificó el hecho como una masacre de civiles.
Las autoridades yugoslavas sostuvieron que las víctimas eran combatientes del UÇK muertos durante un enfrentamiento y que los cuerpos habían sido reorganizados para montar una provocación.
La controversia se convirtió en uno de los momentos decisivos de la guerra. Para Estados Unidos y sus aliados, Račak mostraba que Milošević no tenía intención de detener la represión. Para Serbia, fue utilizado como pretexto para justificar una intervención que ya estaba siendo preparada.
En febrero de 1999, representantes serbios y albanokosovares fueron convocados al castillo de Rambouillet, cerca de París, para negociar una salida política.
La propuesta otorgaba a Kosovo un alto grado de autogobierno dentro de Yugoslavia. La provincia tendría instituciones democráticas, policía propia y amplias competencias administrativas.
El acuerdo también contemplaba el despliegue de una fuerza militar dirigida por la OTAN para garantizar su implementación y establecía que, después de tres años, se analizaría el futuro político del territorio teniendo en cuenta la voluntad de su población.
La delegación albanokosovar aceptó finalmente el documento, aunque el UÇK tuvo dificultades para admitir una solución que no concedía la independencia inmediata.
Serbia rechazó el acuerdo. Milošević estaba dispuesto a discutir cierta autonomía, pero no aceptaba el despliegue de tropas de la OTAN ni las condiciones que permitían su circulación y actuación en territorio yugoslavo.
Para los gobiernos occidentales, la negativa confirmaba que Belgrado había elegido la confrontación. Para Serbia y sus aliados, especialmente Rusia, Rambouillet no había sido una negociación equilibrada, sino un ultimátum diseñado para ser rechazado.
El 24 de marzo de 1999, la OTAN inició la Operación Fuerza Aliada contra la República Federal de Yugoslavia, integrada entonces por Serbia y Montenegro.
Fue una decisión extraordinaria. La Alianza Atlántica comenzó una guerra contra un Estado soberano sin contar con una resolución específica del Consejo de Seguridad que autorizara el uso de la fuerza.
Estados Unidos y los gobiernos europeos afirmaron que la intervención era necesaria para impedir una catástrofe humanitaria y detener los crímenes contra la población albanesa.
Rusia, China y numerosos juristas sostuvieron que los bombardeos violaban la Carta de las Naciones Unidas, porque Yugoslavia no había atacado a ningún país de la OTAN y el Consejo de Seguridad no había autorizado la operación.
Ese debate nunca quedó completamente resuelto. Los defensores de la intervención argumentaron que era necesario actuar ante el riesgo de nuevas matanzas. Sus críticos señalaron que aceptar una guerra sin autorización de la ONU creaba un precedente peligroso.
La campaña fue exclusivamente aérea. Los dirigentes de la OTAN creían que unos días de ataques bastarían para obligar a Milošević a aceptar las condiciones occidentales.
La previsión resultó equivocada. Yugoslavia resistió durante 78 días y los bombardeos fueron ampliándose progresivamente.
Al principio, la OTAN atacó defensas antiaéreas, cuarteles, centros de comunicaciones y posiciones militares. Después incorporó puentes, carreteras, centrales eléctricas, fábricas, instalaciones gubernamentales y objetivos ubicados en Belgrado y otras ciudades serbias.
La intención era destruir la capacidad militar yugoslava y, al mismo tiempo, aumentar el costo político y económico de la resistencia de Milošević.
La OTAN utilizó misiles de crucero y bombas guiadas, pero también empleó municiones de racimo y atacó objetivos cuya condición militar fue cuestionada.
Los errores y las decisiones de selección de blancos provocaron cientos de muertes civiles. Entre los episodios más controvertidos estuvieron el ataque contra un tren de pasajeros en el puente de Grdelica, el bombardeo de un convoy de refugiados, la destrucción de la sede de la Radio Televisión Serbia y el ataque a la Embajada de China en Belgrado.
La OTAN aseguró que el bombardeo de la embajada se debió a mapas y datos de inteligencia desactualizados. El incidente causó una crisis diplomática con Pekín y alimentó la sospecha, nunca demostrada, de que el edificio había sido atacado deliberadamente.
Human Rights Watch documentó aproximadamente 500 civiles muertos en unos 90 incidentes durante la campaña aérea. Las autoridades yugoslavas ofrecieron cifras superiores.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia revisó las denuncias contra la OTAN y decidió no abrir una investigación penal, al considerar que no existían elementos suficientes para imputar crímenes de guerra. Esa decisión fue criticada por organizaciones de derechos humanos que cuestionaron algunos objetivos y la falta de precauciones para proteger a la población.
La intervención buscaba detener la violencia contra los albanokosovares, pero también provocó muertes civiles, destruyó infraestructura y abrió una discusión que todavía continúa sobre los límites de las guerras humanitarias.
Mientras caían las primeras bombas, las fuerzas yugoslavas y serbias intensificaron sus operaciones en Kosovo.
Unidades militares, policías y grupos paramilitares ingresaron en pueblos y ciudades, obligaron a familias enteras a abandonar sus casas y organizaron columnas de personas hacia las fronteras de Albania, Macedonia y Montenegro.
Muchos refugiados fueron robados, golpeados o separados de sus familiares. En algunos pasos fronterizos se destruyeron documentos de identidad y matrículas de vehículos, una práctica destinada a dificultar el regreso y borrar pruebas de residencia.
Hubo ejecuciones, desapariciones, incendios de viviendas y violencia sexual. Varias de las matanzas más graves ocurrieron en Meja, Izbica, Suva Reka y distintas localidades de la región de Drenica.
En algunos casos, los cuerpos fueron retirados de Kosovo y enterrados en fosas clandestinas en Serbia. Años después se encontraron restos humanos en instalaciones policiales y terrenos cercanos a Belgrado.
Los tribunales internacionales concluyeron que no se trató solamente de excesos aislados cometidos por soldados indisciplinados, sino de una campaña organizada de violencia, deportación y persecución destinada a modificar la composición étnica de Kosovo.
Más de 800.000 albanokosovares huyeron hacia países vecinos durante las semanas de bombardeos, mientras cientos de miles se desplazaron dentro del territorio.
La rapidez y la magnitud del éxodo desbordaron a las organizaciones humanitarias. En las fronteras aparecieron campamentos improvisados con miles de personas sin alimentos, refugio ni atención médica suficiente.
Belgrado afirmó que la población escapaba principalmente de las bombas de la OTAN y de los combates. Los estudios demográficos y las investigaciones judiciales determinaron, sin embargo, que la mayor parte del desplazamiento estuvo relacionada con las operaciones de las fuerzas serbias y yugoslavas.
Eso no significa que los bombardeos no hayan influido. Los ataques provocaron miedo, destruyeron servicios y agravaron el caos. Pero el patrón de expulsiones, los testimonios y la simultaneidad de las operaciones mostraron la existencia de una campaña mucho más amplia.
La guerra también llegó a Montenegro y a diferentes ciudades serbias. La población yugoslava vivió durante semanas bajo sirenas antiaéreas, cortes eléctricos y ataques nocturnos.
Milošević utilizó los bombardeos para reforzar su discurso nacionalista, controlar los medios de comunicación y presentar el conflicto como una nueva agresión occidental contra el pueblo serbio.
La OTAN evitó desplegar una invasión terrestre, aunque comenzó a concentrar tropas en los países vecinos. El UÇK intentó aprovechar los bombardeos para recuperar posiciones y lanzar ofensivas contra las fuerzas yugoslavas.
En los últimos días de la guerra, la combinación de ataques aéreos, presión diplomática rusa, deterioro militar y amenaza de una eventual operación terrestre convenció a Milošević de aceptar un acuerdo.
El 9 de junio de 1999 se firmó el Acuerdo Militar-Técnico de Kumanovo. Yugoslavia aceptó retirar de Kosovo a sus fuerzas militares, policiales y paramilitares.
Al día siguiente, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1244, que autorizó el despliegue de una presencia civil de Naciones Unidas y una fuerza internacional de seguridad dirigida por la OTAN.
El 12 de junio comenzó el ingreso de la KFOR. Las unidades yugoslavas se retiraron y cientos de miles de albanokosovares iniciaron uno de los retornos de refugiados más rápidos registrados hasta ese momento.
En una maniobra inesperada, tropas rusas llegaron antes que la OTAN al aeropuerto de Pristina. El episodio generó una peligrosa tensión entre los antiguos adversarios de la Guerra Fría, aunque finalmente se acordó la participación rusa dentro de la misión internacional.
La retirada yugoslava puso fin a la campaña contra los albaneses, pero no terminó con la violencia.
Cuando los refugiados regresaron, comenzaron represalias contra serbios, romaníes y albaneses acusados de haber colaborado con Belgrado.
Hubo asesinatos, secuestros, incendios de viviendas y ataques contra iglesias y monasterios ortodoxos. Numerosas propiedades serbias fueron ocupadas o destruidas.
Alrededor de 200.000 serbios y romaníes abandonaron Kosovo durante los meses posteriores a la llegada de las fuerzas internacionales. Algunos huyeron junto con el Ejército yugoslavo y otros escaparon por temor a venganzas.
La OSCE documentó un clima de intimidación y violencia contra las minorías que permanecieron en la provincia. La KFOR y la administración de Naciones Unidas fueron criticadas por no haber podido impedir el éxodo.
El UÇK se comprometió a desarmarse y fue formalmente disuelto. Parte de sus integrantes pasó a integrar el Cuerpo de Protección de Kosovo, una organización civil de emergencia, mientras otros se incorporaron a partidos políticos y fuerzas de seguridad.
Distintas investigaciones demostraron que miembros de la guerrilla habían cometido secuestros, torturas, asesinatos y malos tratos contra civiles serbios, romaníes y albaneses.
El Tribunal para la ex Yugoslavia juzgó a dirigentes y combatientes de ambos bandos. Varios altos funcionarios serbios y yugoslavos fueron condenados por deportación, traslado forzoso, asesinato y persecución.
Slobodan Milošević fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Su juicio incluyó hechos cometidos en Croacia, Bosnia y Kosovo, pero murió en prisión en 2006 antes de que se dictara sentencia.
En los procesos contra integrantes del UÇK hubo condenas y absoluciones. Las dificultades para proteger testigos y obtener pruebas mostraron hasta qué punto el miedo y las lealtades políticas continuaban condicionando la búsqueda de justicia.
El Libro de la Memoria de Kosovo documentó 13.535 personas muertas o desaparecidas entre 1998 y 2000. De ellas, 10.812 eran albanesas, 2.197 serbias y 526 pertenecían a otras comunidades, entre ellas romaníes, bosnios y montenegrinos.
La cifra incluye civiles y combatientes muertos durante la guerra y en la violencia inmediatamente posterior. También demuestra que, aunque la mayoría de las víctimas fueron albanesas, el conflicto dejó muertos y desaparecidos en todas las comunidades.
Kosovo quedó bajo administración internacional. Naciones Unidas se encargó de organizar el gobierno provisional, reconstruir instituciones, formar una policía y preparar elecciones.
La Resolución 1244 contenía una ambigüedad decisiva. Por un lado, reafirmaba la integridad territorial de Yugoslavia. Por otro, establecía una autonomía sustancial para Kosovo y preveía un proceso político para determinar su estatus futuro.
Esa contradicción permitió terminar la guerra sin resolver la cuestión fundamental: si Kosovo seguiría perteneciendo a Serbia o se convertiría en un Estado independiente.
Durante los años siguientes se crearon instituciones propias y la administración internacional transfirió progresivamente competencias a los dirigentes kosovares.
Las negociaciones entre Belgrado y Pristina no lograron producir un acuerdo definitivo. Serbia ofrecía una autonomía amplia, pero rechazaba cualquier independencia. Los dirigentes albanokosovares sostenían que, después de la represión y la guerra, ya no era posible volver a estar bajo soberanía serbia.
El 17 de febrero de 2008, Kosovo declaró unilateralmente su independencia.
Estados Unidos y gran parte de la Unión Europea reconocieron rápidamente al nuevo Estado. Serbia rechazó la declaración y recibió el respaldo de Rusia y China.
La división internacional impidió que Kosovo ingresara en las Naciones Unidas. Algunos países europeos, entre ellos España, tampoco lo reconocieron, preocupados por las implicancias que pudiera tener para sus propios movimientos separatistas.
En 2010, la Corte Internacional de Justicia determinó que la declaración de independencia no había violado el derecho internacional.
La decisión fue más limitada de lo que frecuentemente se afirma. La Corte no estableció que Kosovo tuviera un derecho general a separarse de Serbia, ni obligó a otros países a reconocerlo. Simplemente concluyó que el acto concreto de declarar la independencia no estaba prohibido por el derecho internacional.
Serbia continúa considerando a Kosovo una provincia propia. Kosovo se presenta como un Estado soberano y sostiene que su independencia es irreversible.
La mayor parte de la población serbia se concentra en el norte y en algunos enclaves. Allí funcionan instituciones vinculadas política, económica y culturalmente con Belgrado.
La Unión Europea impulsa desde 2011 un diálogo para normalizar las relaciones. Se lograron acuerdos sobre documentos, matrículas, telecomunicaciones, policía y administración local, pero las cuestiones fundamentales continúan sin resolverse.
En 2023, Serbia y Kosovo aceptaron un plan europeo que contemplaba relaciones normales, reconocimiento de documentos y respeto por los principios de la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, su implementación quedó trabada por acusaciones cruzadas y disputas sobre la autonomía de los municipios de mayoría serbia.
La KFOR permanece desplegada y la misión de Naciones Unidas continúa funcionando bajo la Resolución 1244.
Kosovo se convirtió así en un Estado reconocido por una parte importante de la comunidad internacional, pero rechazado por Serbia y bloqueado en las Naciones Unidas por la oposición de Rusia y China.
Para Occidente, la intervención de 1999 evitó que continuara una campaña de expulsiones y matanzas. Para Serbia, fue una agresión ilegal que terminó separando una parte de su territorio.
Para Rusia, Kosovo se convirtió en una prueba de que las potencias occidentales estaban dispuestas a intervenir y modificar fronteras sin autorización del Consejo de Seguridad. Moscú invocaría posteriormente aquel precedente para justificar sus propias acciones en otros territorios, aunque Estados Unidos y la Unión Europea sostienen que el caso kosovar fue excepcional y no puede compararse con anexiones realizadas mediante ocupaciones militares.
La guerra terminó con la salida de las fuerzas yugoslavas, pero dejó abiertas las preguntas que la habían originado: quién podía ejercer soberanía sobre Kosovo, cómo proteger a sus comunidades y hasta dónde podía llegar la comunidad internacional para detener crímenes dentro de un Estado.
Más de dos décadas después, la disputa continúa atrapada entre dos relatos incompatibles: el de una población que considera haber conseguido su liberación y el de un país que entiende que una intervención extranjera le arrebató una parte fundamental de su territorio.
