Alejandro CabreraEl Gobierno sufrió un nuevo traspié legislativo antes del comienzo del receso de invierno. Aunque La Libertad Avanza consiguió el quórum para iniciar la sesión del Senado, las diferencias con los bloques aliados impidieron avanzar con la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La principal disputa estuvo concentrada en el capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales y elimina gran parte de las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras.
Ante la falta de consenso, el Senado aprobó postergar el tratamiento hasta el 6 de agosto. La moción obtuvo 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.
El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo con el objetivo declarado de reforzar la protección de la propiedad privada, restringir las posibilidades de expropiación por parte del Estado y acelerar determinados procesos de desalojo.
Sin embargo, el punto que volvió a bloquear el tratamiento fue la reforma del régimen de tierras rurales.
La legislación vigente establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del territorio nacional, de una provincia o de un municipio. También fija límites para cada nacionalidad y para la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo titular extranjero en determinadas zonas productivas.
La propuesta oficial elimina esos topes para los inversores privados extranjeros. El proyecto mantiene restricciones para empresas controladas por otros Estados, aunque contempla excepciones que podrían ser autorizadas por el Poder Ejecutivo cuando considere que la operación no representa un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.
Durante las negociaciones se incorporaron modificaciones para reconocer a las provincias la posibilidad de autorizar, regular o impedir las operaciones dentro de sus territorios. Ese cambio fue reclamado por sectores de la UCR y por representantes de partidos provinciales.
Desde el entorno de Federico Sturzenegger objetaron la última versión del dictamen. Consideraron que otorgarles mayores facultades a las provincias podría dificultar la aplicación uniforme de una legislación nacional y generar regulaciones diferentes en cada jurisdicción.
Los aliados, en cambio, advirtieron que sin ese reconocimiento a las provincias no acompañarían el proyecto. La falta de al menos dos votos terminó obligando al oficialismo a postergar el debate.
La iniciativa es más amplia que la reforma de la Ley de Tierras. También propone cambios en el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo, la registración de inmuebles y la utilización de terrenos afectados por incendios.
En materia de expropiaciones, el texto establece mayores exigencias para que el Estado pueda declarar un inmueble de utilidad pública. La medida deberá identificar de manera concreta el objetivo perseguido y demostrar que la expropiación es necesaria, proporcional e idónea.
También amplía las indemnizaciones que recibirían los propietarios, incluyendo en determinados casos el lucro cesante, actualizaciones por inflación e intereses fijados judicialmente.
Respecto de los desalojos, el proyecto establece procedimientos más rápidos y permite solicitar la desocupación anticipada antes de que exista una sentencia definitiva. El texto original contemplaba una intimación de tres días para los inquilinos con deudas, pero durante el tratamiento en el Senado ese plazo fue ampliado a diez días.
El capítulo que pretendía modificar el régimen de los barrios populares fue eliminado durante el debate en comisiones. De esta manera, se mantendría vigente la suspensión de desalojos en los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares hasta octubre de 2032.
La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego. La normativa actual impide durante décadas cambiar el uso, dividir o vender determinados terrenos incendiados, con el objetivo de evitar incendios provocados para desarrollar negocios inmobiliarios o productivos.
El dictamen preserva las restricciones sobre los bosques nativos, pero flexibiliza las prohibiciones para otras tierras rurales afectadas por incendios.
La otra iniciativa que el Gobierno pretendía incorporar antes del receso era la modificación del Régimen de Zona Fría, que establece descuentos en las tarifas de gas para hogares ubicados en regiones con temperaturas bajas.
El oficialismo buscaba revisar el alcance de los subsidios y reducir la cantidad de usuarios beneficiados. Sin embargo, la resistencia de gobernadores y legisladores provinciales impidió que la iniciativa fuera incorporada al temario de la sesión.
Los bloques aliados descartaron tratarla sobre tablas debido a la falta de acuerdos políticos. La discusión también quedará para después del receso legislativo.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, logró iniciar la sesión con el número justo de senadores. El quórum fue aportado por el oficialismo, el PRO, sectores de la UCR y representantes de bloques provinciales.
La apertura del recinto permitió aprobar pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, pero no alcanzó para garantizar la sanción del principal proyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación.
Las negociaciones también estuvieron atravesadas por diferencias internas dentro del oficialismo y por la tensión entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Varios senadores aliados reclamaron más tiempo para analizar los cambios relacionados con las tierras rurales y las atribuciones provinciales.
El expediente continuará formalmente pendiente en el Senado. El proyecto había ingresado el 27 de marzo de 2026 y obtuvo dictámenes de mayoría y minoría durante mayo y junio, pero todavía no consiguió ser sometido a una votación definitiva en el recinto.
La próxima fecha prevista es el 6 de agosto. Para entonces, el Gobierno deberá reconstruir el acuerdo con los radicales y los partidos provinciales, especialmente sobre el grado de intervención que conservarán las provincias frente a la compra de tierras por capitales extranjeros.
