Alejandro CabreraLa investigación contra el contrabando de combustible en México alcanzó a una de las figuras más importantes de la historia política reciente del país.
La Fiscalía General de la República detuvo en Ensenada a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y primer dirigente opositor que consiguió romper el dominio territorial del Partido Revolucionario Institucional durante el siglo XX.
Ruffo, de 74 años, está acusado de participar presuntamente en una estructura dedicada a introducir combustible desde refinerías de Texas, declarar solo una pequeña parte de las cargas y comercializar el producto dentro de México sin pagar los impuestos correspondientes.
La Fiscalía sostiene que se trata de la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento en el país.
Las autoridades investigan a 25 personas distribuidas en ocho estados mexicanos. Al menos cinco fueron detenidas durante los primeros operativos, mientras continúan pendientes nuevas órdenes de captura contra empresarios, operadores logísticos, agentes aduaneros y funcionarios públicos.
Ruffo gobernó Baja California entre 1989 y 1995 como representante del Partido Acción Nacional.
Su triunfo tuvo un enorme valor político: fue el primer gobernador estatal reconocido oficialmente que no pertenecía al PRI, partido que había controlado la política mexicana durante siete décadas.
Después ocupó distintos cargos públicos, fue senador y permaneció como una referencia histórica del PAN.
La detención ocurrió en Ensenada el jueves 16 de julio. Posteriormente fue trasladado a dependencias de la Fiscalía en Tijuana y finalmente a la Ciudad de México para comparecer ante una jueza federal.
Al cierre de esta actualización, la audiencia continuaba desarrollándose a puertas cerradas y todavía no se había difundido una resolución definitiva sobre su vinculación a proceso o la imposición de prisión preventiva.
Ruffo no fue condenado y conserva la presunción de inocencia.
En declaraciones anteriores reconoció ser accionista de Ingemar, una de las empresas investigadas, pero sostuvo que no tenía el control operativo de la compañía y que su intervención estaba relacionada únicamente con servicios logísticos y trámites aduaneros.
El caso comenzó a tomar forma después de un enorme decomiso realizado en Coahuila durante julio de 2025.
Las autoridades encontraron más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilados petroleros distribuidos en vagones cisterna detenidos cerca de una estación ferroviaria.
Los investigadores siguieron la documentación de las cargas, las empresas encargadas de gestionar los permisos, el origen del combustible y los destinatarios finales.
Uno de los nombres que apareció en el expediente fue el de Ingemar, compañía vinculada con servicios portuarios, dragados, operación de terminales e importación de productos energéticos.
La Fiscalía sostiene que Ruffo participó en la fundación de esa empresa y que uno de sus principales socios, Ricardo Thompson Navarro, también fue detenido.
Según la investigación, Ingemar formaba parte de un grupo de 17 compañías utilizadas para facilitar la importación, el transporte ferroviario, la gestión aduanera y la posterior distribución del combustible.
El combustible era adquirido en refinerías ubicadas en Texas y trasladado en trenes cisterna hacia la frontera mexicana.
Las cargas ingresaban principalmente por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, todas ubicadas en el estado de Tamaulipas.
La Fiscalía afirma que la estructura utilizaba dos mecanismos para reducir artificialmente los impuestos.
En algunos casos declaraba únicamente alrededor del 10% del combustible realmente transportado. Un vagón que llevaba hasta 110.000 litros podía aparecer en los documentos con apenas 10.000.
En otras operaciones, el combustible era declarado como lubricante, aditivo, residuo u otro producto sujeto a una carga tributaria inferior.
Una vez cruzada la frontera, el hidrocarburo era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas para su venta dentro del mercado mexicano.
El beneficio provenía de la diferencia entre el valor internacional del producto y el precio final dentro de México, pero especialmente de la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que grava los combustibles.
La Fiscalía calcula que la maniobra provocó un perjuicio superior a los 4.000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a más de 220 millones de dólares.
El operativo no se limitaba al transporte de los hidrocarburos.
Una vez vendido el combustible, el dinero era dispersado mediante transferencias entre empresas relacionadas y cuentas bancarias utilizadas para dificultar el seguimiento de los fondos.
Los investigadores identificaron alrededor de 80 cuentas vinculadas con la triangulación de las ganancias.
La Fiscalía reconstruyó la ruta mediante el análisis conjunto de información ferroviaria, aduanera, fiscal, bancaria, comercial y empresarial.
La hipótesis oficial es que las compañías no funcionaban de manera aislada. Cada una cumplía una tarea concreta: conseguir el combustible en Estados Unidos, tramitar permisos, emitir documentación, cruzar la frontera, trasladar las cargas, distribuir el producto o mover el dinero.
La participación de operadores privados no habría sido suficiente sin la colaboración o tolerancia de empleados públicos.
Entre los investigados aparecen agentes aduaneros, personal autorizado para procesar cargas y funcionarios presuntamente encargados de facilitar el ingreso irregular del combustible.
En México, la palabra “huachicol” estuvo asociada durante años con la perforación clandestina de los oleoductos de Pemex para extraer gasolina o diésel.
El huachicol fiscal funciona de otra manera.
El combustible no necesariamente es robado. Puede haber sido comprado legalmente en Estados Unidos, pero ingresa a México con documentos falsos, cantidades inferiores a las reales o clasificaciones aduaneras engañosas.
El delito se produce principalmente mediante la evasión de impuestos y la manipulación de los controles fronterizos.
Esa modalidad requiere una organización más sofisticada que la extracción clandestina de una tubería. Necesita empresas constituidas, acceso a proveedores estadounidenses, trenes o buques, despachantes, permisos, depósitos, estaciones de servicio y mecanismos para lavar las ganancias.
Las autoridades estadounidenses consideran que el contrabando de combustible ya constituye una de las fuentes de financiamiento más importantes de los carteles mexicanos, después del tráfico de drogas.
La ruta no empieza en México.
Las investigaciones desarrolladas durante los últimos años mostraron que empresas, intermediarios y operadores radicados en Estados Unidos participan en la compra y exportación del combustible.
En algunos casos pueden desconocer el destino final de las cargas. En otros, las autoridades sostienen que conocen las irregularidades, alteran documentos o colaboran con compañías vinculadas con organizaciones criminales.
El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó en julio a ciudadanos mexicanos y empresas relacionadas con una red que compraba combustible en Estados Unidos y lo introducía ilegalmente en México para beneficiar al Cartel Jalisco Nueva Generación.
Washington afirma que estas estructuras utilizan compañías pantalla, operadores logísticos, casas de cambio, bienes inmuebles y artículos de lujo para ocultar las ganancias.
Una investigación de Reuters también documentó el uso de buques y empresas estadounidenses para transportar combustible etiquetado falsamente como lubricantes u otros productos. Las autoridades estiman que una porción considerable del mercado mexicano podría estar abastecida por combustible de origen ilegal o fiscalmente irregular.
El crecimiento del huachicol fiscal vuelve a colocar bajo sospecha el control de las fronteras y los puertos mexicanos.
Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, las aduanas y terminales portuarias fueron colocadas bajo administración militar con el argumento de reducir la corrupción.
Sin embargo, durante 2025 fueron detenidos funcionarios, empresarios y miembros de la Marina, incluido un vicealmirante, por presuntos vínculos con otras estructuras de contrabando de combustibles.
La magnitud de las operaciones sugiere que no se trataba solamente de algunos empleados que aceptaban sobornos.
Ingresar millones de litros mediante buques o cientos de vagones ferroviarios requiere una cadena prolongada de autorizaciones, controles omitidos, documentos adulterados y responsables que acepten o no detecten irregularidades evidentes.
Por esa razón, la investigación contra Ruffo podría ampliarse hacia otros empresarios y funcionarios.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anticipó que habrá nuevas órdenes de aprehensión y aseguró que la investigación continúa abierta.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención sea una persecución contra la oposición.
Afirmó que la investigación comenzó aproximadamente un año antes de la captura y sostuvo que la Fiscalía presentó elementos suficientes para que un juez autorizara la orden.
También señaló que Ruffo tendrá derecho a presentar documentos y argumentos para demostrar que no participó en la maniobra.
Sheinbaum prometió que los jueces actuarán de manera imparcial y aseguró que la pertenencia partidaria no determinará quién puede ser investigado.
El PAN exigió respeto al debido proceso y denunció una aplicación selectiva de la Justicia.
Dirigentes opositores, entre ellos el expresidente Felipe Calderón, señalaron que el Gobierno actúa con rapidez contra Ruffo mientras mantiene una actitud más prudente frente a las acusaciones que involucran a funcionarios y gobernadores pertenecientes a Morena.
La caída de Ruffo tiene una carga simbólica difícil de separar del expediente judicial.
No se trata solamente de un empresario acusado de participar en una red de contrabando. Es uno de los dirigentes que protagonizaron la apertura democrática mexicana y la pérdida del monopolio político del PRI.
Su arresto permite al Gobierno de Sheinbaum mostrar que la ofensiva contra el huachicol fiscal también puede alcanzar a figuras históricas de la oposición.
Pero esa misma dimensión política aumenta la exigencia sobre la investigación.
Para evitar que la causa sea interpretada como una represalia, la Fiscalía deberá presentar pruebas claras sobre el papel de Ruffo dentro de Ingemar, su conocimiento de las cargas declaradas y su eventual participación en la estructura financiera.
La condición de fundador, accionista o integrante del consejo de una empresa no prueba automáticamente que conociera todos los delitos atribuidos a sus operadores.
La acusación deberá demostrar qué decisiones tomó, qué información recibió y qué beneficios obtuvo.
El expediente describe una estructura enorme: combustible comprado en Texas, trenes cisterna, aduanas permeables, empresas mexicanas, funcionarios públicos, distribución en varios estados y decenas de cuentas bancarias.
La detención de un exgobernador convierte el caso en uno de los golpes políticos más fuertes de la ofensiva mexicana contra el contrabando de hidrocarburos.
Sin embargo, la propia investigación muestra que el problema supera ampliamente a una persona o a una empresa.
El huachicol fiscal creció porque existe una diferencia de precios que genera ganancias extraordinarias, pero también porque encontró infraestructura empresarial, protección institucional y conexiones a ambos lados de la frontera.
Ruffo deberá responder ante la Justicia por las acusaciones en su contra.
El desafío para el Gobierno será demostrar que el operativo no termina con la detención de una figura conocida y que también alcanza a los funcionarios, empresarios, militares y operadores financieros que hicieron posible el negocio.
