Trump castiga a Colombia y premia a Venezuela en la lucha antidrogas

Por segundo año consecutivo, Colombia perdió el aval estadounidense sobre su política de lucha contra el narcotráfico. La administración de Donald Trump decidió mantener al país sudamericano dentro de la categoría conocida habitualmente como “descertificación”, cuyo nombre técnico establece que un Estado ha “fallado demostrablemente” en realizar esfuerzos suficientes para cumplir con sus compromisos internacionales contra las drogas. Pero esta vez la decisión viene acompañada de una particularidad política fundamental: Washington separó explícitamente al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella de la evaluación negativa y colocó prácticamente toda la responsabilidad sobre la administración anterior de Gustavo Petro.

La decisión no significa que Estados Unidos haya interrumpido automáticamente toda cooperación con Colombia. Como ocurrió en 2025, Trump concedió una excepción por razones de interés nacional, el denominado waiver, que permite continuar con programas de cooperación y asistencia que, de otro modo, podrían verse afectados por la descertificación. La legislación estadounidense establece que un país clasificado como “failed demonstrably” puede quedar sujeto a restricciones sobre determinadas formas de ayuda, pero el presidente puede autorizar su continuidad cuando considere que hacerlo resulta vital para los intereses de Estados Unidos. El Congressional Research Service explicó este mecanismo después de la primera descertificación colombiana de 2025.

La diferencia política respecto de un año atrás es enorme. En 2025, Trump había apuntado directamente contra Gustavo Petro y había atribuido el deterioro de los indicadores antidrogas a la conducción política colombiana. Aquella fue la primera vez en casi tres décadas que Washington colocó nuevamente a Colombia en la categoría de incumplimiento. Ahora mantiene la calificación porque la evaluación comprende fundamentalmente los últimos doce meses, período dominado todavía por la administración Petro, pero simultáneamente envía una señal de respaldo al Gobierno que acaba de asumir. El documento remitido al Congreso estadounidense sostiene que Colombia está encaminada a recuperar su posición como uno de los principales aliados de seguridad de Washington en el hemisferio y elogia la orientación anunciada por De la Espriella.

Trump fue todavía más explícito sobre la posibilidad de revertir la decisión. Según el documento citado por EL PAÍS, Estados Unidos evaluará levantar la clasificación en 2027 si Colombia demuestra avances en dos frentes centrales: una erradicación más intensa de los cultivos de coca y el desmantelamiento de las organizaciones vinculadas con la producción y el tráfico de cocaína. La Casa Blanca sostiene que los cultivos y la producción alcanzaron niveles récord durante la administración Petro y considera insuficientes los resultados obtenidos por la estrategia implementada durante esos años. Se trata de la valoración del Gobierno estadounidense, discutida durante la presidencia anterior por Bogotá, que defendía un enfoque más concentrado en perseguir grandes estructuras criminales, mejorar las condiciones de las regiones cocaleras y reducir la dependencia económica de los campesinos respecto del cultivo de coca.

Los números explican una parte importante de la presión estadounidense. El último informe divulgado durante el Gobierno Petro estimó que Colombia tenía 261.000 hectáreas sembradas con coca a diciembre de 2024, el mayor registro de la serie, aunque el mismo informe señalaba una desaceleración del ritmo de crecimiento que se venía observando desde 2020. De la Espriella ha mencionado públicamente una cifra cercana a las 300.000 hectáreas, aunque EL PAÍS señala que no ha especificado el origen de ese cálculo. Para Washington, Colombia continúa siendo una pieza central de la cadena global de producción de cocaína y, por lo tanto, los resultados colombianos afectan directamente la estrategia antidrogas estadounidense.

El nuevo presidente colombiano decidió marcar desde el comienzo una diferencia respecto de Petro. De la Espriella colocó la lucha contra las organizaciones criminales entre las prioridades de su Gobierno y prometió utilizar “toda la capacidad legítima de la fuerza del Estado” contra quienes continúen involucrados en el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. La estrategia busca distanciarse de la denominada “paz total” impulsada durante la administración anterior, que intentó abrir negociaciones simultáneas con diferentes organizaciones armadas y criminales. Los resultados de esa política fueron objeto de fuerte controversia en Colombia: sus defensores sostenían que era necesario atacar las raíces territoriales y sociales del conflicto, mientras sus críticos argumentaban que algunas organizaciones utilizaron las negociaciones para fortalecer su control territorial.

Pero quizá el elemento internacional más llamativo del anuncio no esté en Colombia, sino en Venezuela. Trump decidió retirar al país vecino de la categoría de Estados que “fallaron demostrablemente”, un cambio radical respecto de 2025. Washington justificó la modificación por los acontecimientos ocurridos durante este año, entre ellos la captura y salida del poder de Nicolás Maduro en enero, las operaciones estadounidenses contra organizaciones criminales venezolanas y una mayor cooperación del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. El documento estadounidense menciona específicamente esos avances para explicar por qué Venezuela deja de recibir la calificación negativa. Eso no significa, sin embargo, que Washington considere resuelto el problema: Venezuela continúa dentro de la lista general de países considerados importantes zonas de tránsito o producción de drogas.

El giro venezolano también debe observarse dentro de la relación que Washington viene construyendo con Delcy Rodríguez. Estados Unidos ha profundizado los acuerdos económicos y petroleros con Caracas durante los últimos meses mientras intenta establecer una nueva estructura de cooperación después de la salida de Maduro. La eliminación de Venezuela de la categoría de incumplimiento constituye otra señal de ese acercamiento. Colombia queda así en una situación paradójica: mantiene una relación institucional mucho más antigua y profunda con Estados Unidos en materia militar, policial y judicial, pero seguirá formalmente descertificada durante otro año, mientras Venezuela obtiene una mejora en su calificación.

Para Colombia, la palabra “descertificación” tiene además un fuerte peso histórico. Durante las décadas de 1980 y 1990, la relación con Estados Unidos estuvo atravesada por la guerra contra los carteles de Medellín y Cali, las extradiciones, la cooperación militar y las presiones de Washington. A finales de los noventa y especialmente a partir del Plan Colombia, la relación bilateral se transformó en una de las asociaciones de seguridad más estrechas del continente. Por eso la decisión de Trump de 2025 tuvo una dimensión simbólica considerable: Colombia no recibía esa calificación desde hacía casi treinta años. El mecanismo estadounidense evalúa anualmente a los principales países productores o de tránsito y permite imponer restricciones de asistencia cuando Washington considera insuficientes sus esfuerzos.

Sin embargo, la segunda descertificación tiene un significado distinto de la primera. En 2025 fue una señal de ruptura política con Petro. En 2026 funciona simultáneamente como una evaluación negativa del período anterior y una advertencia al nuevo Gobierno. Trump mantiene formalmente la sanción, pero prácticamente establece por adelantado la hoja de ruta necesaria para levantarla: reducción de los cultivos, mayor erradicación, ofensiva contra las redes de narcotráfico y cooperación estrecha con las agencias estadounidenses. Esa diferencia explica también por qué Washington volvió a utilizar el waiver: castiga el resultado evaluado sin romper la estructura de seguridad construida durante décadas entre ambos países.

De aquí a septiembre de 2027, entonces, Colombia estará bajo examen. De la Espriella deberá demostrar que su cambio discursivo puede convertirse en resultados verificables sobre el terreno: menos coca cultivada, reducción de la producción de cocaína, capturas de dirigentes criminales, destrucción de laboratorios y recuperación de territorios dominados por organizaciones armadas. Estados Unidos, por su parte, tendrá que decidir dentro de un año si esos indicadores justifican devolverle a Colombia la certificación plena. La decisión anunciada este miércoles mantiene la presión sobre Bogotá, pero al mismo tiempo deja abierta una salida claramente definida: Trump volvió a descertificar a Colombia, aunque esta vez Washington parece haber escrito también las condiciones para volver a certificarla.