Trump paraliza las visas de inmigrante en todo el mundo y endurece el filtro económico: quiénes pueden quedar afuera de Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump dio un nuevo paso en su ofensiva para reducir la inmigración legal hacia Estados Unidos. El Departamento de Estado decidió paralizar temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo con el argumento de que necesita capacitar a sus funcionarios para aplicar de manera más estricta una vieja disposición de la legislación norteamericana: la posibilidad de rechazar a quienes sean considerados potencialmente una “carga pública” para el Estado.

La decisión es global y afecta a quienes tramitan visas destinadas a establecer residencia permanente en Estados Unidos, como determinados familiares de ciudadanos estadounidenses o extranjeros que buscan radicarse mediante categorías laborales. No implica, al menos por ahora, la suspensión general de las visas de turismo o negocios B1/B2, ni de otras categorías de no inmigrante. Esa distinción es central para Argentina, porque el trámite habitual que realiza una persona para viajar por vacaciones, visitar familiares o realizar negocios no quedó incluido en la pausa anunciada.

El Departamento de Estado explicó que las citas están siendo “ajustadas” como parte de una iniciativa global de entrenamiento destinada a lograr que los funcionarios consulares puedan evaluar de manera “integral y consistente” si un solicitante podría depender en el futuro de beneficios públicos estadounidenses. No informó todavía una fecha concreta para la normalización de las entrevistas.

En la práctica, personas que ya tenían entrevistas programadas comenzaron a recibir notificaciones de postergación y deberán esperar nuevas fechas. La interrupción genera un problema especialmente serio para solicitantes que llevan meses o incluso años atravesando procesos migratorios, realizaron gastos, exámenes médicos o viajes para presentarse ante los consulados y ahora no conocen cuándo podrán completar el trámite.

Qué significa ser una “carga pública”

La noción de “public charge” no fue creada por Trump. Forma parte desde hace décadas de la legislación migratoria estadounidense y permite declarar inadmisible a una persona cuando el funcionario consular considera que probablemente dependerá del Estado para sostenerse.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que, para determinar ese riesgo, deben analizarse como mínimo la edad del solicitante, su estado de salud, situación familiar, patrimonio y recursos económicos, además de su educación y capacidades laborales. También pueden tomarse en consideración determinados compromisos económicos asumidos por familiares o patrocinadores residentes en Estados Unidos.

Lo novedoso no es, entonces, la existencia del criterio, sino la intensidad con la que la administración Trump quiere aplicarlo.

La nueva capacitación pone especialmente el foco en la autosuficiencia económica. Reportes publicados en Estados Unidos indican que los funcionarios recibirán instrucciones para analizar factores como patrimonio, educación, dominio del inglés, edad, condiciones de salud y capacidad potencial para mantenerse sin recurrir a programas públicos.

El mensaje político del Departamento de Estado es explícito. La administración sostiene que quienes quieran emigrar permanentemente deben demostrar que serán “un beneficio y no una carga” para el país. Incluso puso en marcha durante agosto un programa piloto mediante el cual determinados solicitantes rechazados inicialmente por la regla de carga pública pueden intentar superar esa inadmisibilidad depositando una garantía económica.

La lógica representa un endurecimiento importante del sistema porque amplía el margen de evaluación económica del funcionario consular. Ya no se trata únicamente de comprobar si una persona cumple formalmente los requisitos de una categoría migratoria, sino de proyectar si en algún momento podría necesitar asistencia estatal.

Eso abre además un debate complejo: cuánto de esa evaluación puede basarse en circunstancias objetivas y cuánto puede convertirse en una barrera indirecta contra personas pobres, mayores, con problemas de salud o provenientes de determinados países.

La medida llega después de una derrota judicial para Trump

El momento elegido por la administración estadounidense tampoco es menor.

Apenas unos días antes de esta suspensión mundial, la jueza federal Jeannette Vargas anuló otra política migratoria impulsada por el gobierno de Trump que había paralizado la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.

Aquella restricción había sido impuesta en enero por el secretario de Estado, Marco Rubio. El gobierno argumentaba que los nacionales de esos países presentaban una mayor probabilidad de terminar dependiendo de ayudas públicas norteamericanas. Entre los afectados figuraban Brasil, Colombia, Afganistán, Irán, Pakistán, Bangladesh y numerosos países de África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe.

La jueza fue contundente: consideró que la política era “manifiestamente ilegal” porque el secretario de Estado había excedido su autoridad y había reemplazado la evaluación individual que la ley le encomienda a cada funcionario consular por una prohibición general basada en la nacionalidad. También sostuvo que el esquema entraba en conflicto con las disposiciones antidiscriminatorias de la legislación migratoria estadounidense.

El fallo obligaba a volver a analizar individualmente cada caso.

Y precisamente ahí aparece la importancia de la nueva estrategia.

En lugar de mantener una prohibición general contra determinados países, que ya fue frenada judicialmente, el Departamento de Estado ahora busca entrenar a todos sus consulados para aplicar con mayor rigor la misma lógica de “carga pública” caso por caso.

Formalmente son dos mecanismos diferentes.

La política anulada por la Justicia impedía prácticamente de manera automática la emisión de visas a nacionales de ciertos países. El nuevo procedimiento mantiene la evaluación individual, pero pretende que los funcionarios sean mucho más estrictos al decidir quién tiene suficientes recursos para ingresar como residente permanente.

Por eso es posible interpretar la nueva medida como una reformulación de la ofensiva migratoria después del revés judicial, aunque no puede afirmarse todavía que constituya una maniobra para eludir el fallo. El Departamento de Estado sostiene oficialmente que se trata de una capacitación destinada a aplicar correctamente legislación ya vigente.

Qué pasa con los argentinos que tienen turno para la visa

Para quienes están en Argentina, la principal aclaración es que no todas las visas estadounidenses quedaron paralizadas.

La suspensión informada alcanza a las visas de inmigrante, es decir, aquellas utilizadas para ingresar a Estados Unidos con la intención de obtener residencia permanente. La medida es mundial y, por lo tanto, también puede repercutir en los trámites de esa categoría procesados en Buenos Aires.

Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos en Argentina no publicó una comunicación específica que modifique las condiciones generales del anuncio mundial.

En cambio, quienes tienen una entrevista para una visa B1/B2 de turismo o negocios no deberían interpretar la noticia como una cancelación automática de su turno. Se trata de una categoría de visa de no inmigrante y las fuentes consultadas indican expresamente que esos trámites no están incluidos en esta pausa global.

Tampoco significa que Estados Unidos haya dejado de otorgar visas de manera definitiva.

Se trata oficialmente de una suspensión temporal de entrevistas mientras se implementa la capacitación, aunque el Departamento de Estado no precisó cuánto durará. Esa falta de fecha es justamente uno de los puntos más problemáticos para quienes están esperando completar procesos migratorios.

La administración Trump viene además adoptando otras medidas que muestran que no se trata de una decisión aislada.

El Departamento de Estado anunció que comenzará a revisar y potencialmente revocar visas B1/B2 de personas que ingresaron originalmente como turistas o viajeros de negocios y posteriormente solicitaron asilo. Según estimaciones difundidas en medios estadounidenses, esa revisión podría alcanzar a una cantidad muy elevada de personas, aunque el gobierno todavía no confirmó públicamente una cifra definitiva.

También avanzó con nuevas restricciones sobre permisos migratorios, mecanismos de residencia y programas laborales, dentro de una política que busca reducir no solamente la inmigración irregular sino también distintas vías legales de ingreso.

Ese punto marca una diferencia importante respecto del discurso con el que Trump comenzó su ofensiva migratoria.

Durante buena parte de sus campañas, el presidente estadounidense concentró su mensaje en la frontera con México, los cruces irregulares y las deportaciones. En su segundo mandato, sin embargo, el endurecimiento comenzó a extenderse cada vez más hacia la inmigración legal.

La suspensión mundial de entrevistas para visas de inmigrante es probablemente uno de los ejemplos más claros.

No se trata de perseguir a una persona que ingresó sin autorización. Se trata de hacer más exigente el procedimiento para quien intenta instalarse en Estados Unidos siguiendo las vías establecidas por la propia legislación.

La discusión de fondo será entonces hasta dónde puede llegar esa selectividad.

Estados Unidos tiene derecho, como cualquier país, a establecer requisitos económicos para quienes pretenden convertirse en residentes. La propia ley estadounidense contempla desde hace décadas el criterio de carga pública.

El problema aparece cuando una herramienta destinada a evaluar casos individuales se transforma en una barrera que, en los hechos, selecciona inmigrantes principalmente por nivel de ingresos, patrimonio, edad o estado de salud.

La Justicia ya frenó a la administración Trump cuando intentó convertir ese criterio en una prohibición colectiva para ciudadanos de 75 países.

Ahora el Gobierno eligió otro camino: detener temporalmente los trámites en todo el planeta y entrenar a cada funcionario para endurecer la evaluación individual.

El resultado práctico todavía deberá verse.

Pero el mensaje político está claro: entrar legalmente a Estados Unidos también será más difícil bajo la nueva etapa migratoria de Donald Trump.