Alejandro CabreraHay una pequeña frase escondida dentro del proyecto de Presupuesto 2027 que puede modificar de manera sustancial uno de los pilares de la política social argentina. En apenas unas líneas, el artículo 17 propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, la norma que desde 2015 estableció la movilidad de las asignaciones familiares. Traducido del lenguaje legislativo a la vida cotidiana, el Gobierno busca eliminar la obligación de actualizar automáticamente la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y una amplia gama de asignaciones familiares. Actualmente esos beneficios acompañan mensualmente la evolución de la inflación mediante el mecanismo de movilidad previsional; si el Congreso acepta el cambio, esa garantía legal desaparecerá.
La modificación es particularmente relevante porque el proyecto no reemplaza el mecanismo vigente por otra fórmula. No establece que las prestaciones deban actualizarse cada tres meses, cada seis meses o una vez al año, ni fija que los aumentos futuros tengan que seguir obligatoriamente al índice de precios, los salarios o cualquier otro parámetro económico. La consecuencia jurídica sería que la AUH y las demás asignaciones seguirían existiendo, pero sus futuros incrementos ya no estarían determinados automáticamente por una regla legal. El Ejecutivo conservaría la facultad de aumentarlas, pero ya no tendría la obligación de trasladarles la movilidad establecida actualmente.
Esto es importante porque el proyecto no elimina la AUH, no reduce automáticamente su monto actual y tampoco significa necesariamente que vaya a quedar congelada. Lo que cambia es otra cosa: desaparece el mecanismo que obliga a actualizarla. Es la diferencia entre tener un aumento determinado por una fórmula y depender de una decisión posterior del Gobierno. La misma situación alcanzaría a los montos y también a los límites y rangos de ingresos familiares que determinan quién puede cobrar determinadas asignaciones. De aprobarse sin modificaciones, por lo tanto, la discusión futura no sería solamente cuánto vale una prestación, sino también cuándo decide actualizarla el Ejecutivo y bajo qué criterio.
Actualmente, la Ley 27.160 establece que las prestaciones comprendidas en el régimen de asignaciones familiares son móviles —con determinadas excepciones— y dispone que la actualización alcance tanto a los montos cobrados como a los topes y rangos de ingresos. Desde el cambio introducido en el sistema previsional en 2024, las jubilaciones y las asignaciones vinculadas a esa movilidad se ajustan mensualmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor con el rezago correspondiente. Por ejemplo, ANSES dispuso para septiembre de 2026 un incremento del 2,11% sobre los límites, rangos y montos de las asignaciones familiares, justamente como aplicación del régimen vigente.
El alcance de la modificación sería amplio. Comprende a la AUH y la AUE, pero también afecta al régimen que incluye asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras. En el caso de las asignaciones familiares contributivas, además, no sólo se actualizan las sumas cobradas: también se modifican los rangos salariales que determinan cuánto recibe cada familia y los límites a partir de los cuales se pierde el derecho a cobrar. Para septiembre, por ejemplo, ANSES estableció un tope individual de ingresos de $3.157.449 y un máximo familiar de $6.314.898 para el régimen correspondiente.
El punto genera además una tensión interesante dentro del propio discurso presupuestario del Gobierno. En el mensaje que acompaña al Presupuesto, el Ejecutivo reivindica la recuperación de la AUH como una de sus principales políticas sociales y asegura que la prestación aumentó cerca de 110% en términos reales desde diciembre de 2023. Economía también sostiene que, combinada con la Prestación Alimentar, permite cubrir más del 95% de las necesidades de la Canasta Básica Alimentaria utilizadas como referencia oficial. Al mismo tiempo, sin embargo, el articulado busca eliminar la obligación legal que garantiza la actualización automática de esas prestaciones.
Ese 95% no aparece solamente como un objetivo político del Gobierno. El programa vigente con el Fondo Monetario Internacional establece un piso indicativo de cobertura social mediante la AUH y la asistencia alimentaria equivalente al 95% de la Canasta Básica Alimentaria. El último informe del FMI disponible señala incluso que las transferencias habían cubierto alrededor del 96% y que se había cumplido el objetivo previsto. Esto significa que la eliminación del mecanismo automático no implica que el Gobierno haya abandonado su compromiso de mantener un determinado nivel de cobertura social: lo que modifica es la herramienta legal utilizada para sostenerlo.
En números, el tema tampoco es marginal dentro del Presupuesto. El proyecto prevé para 2027 unos $14,35 billones destinados al conjunto de las asignaciones familiares, frente a aproximadamente $11,68 billones estimados para 2026. Dentro de ese total, el programa de Asignación Universal para Protección Social —que comprende AUH, AUE y ayuda escolar vinculada a sus beneficiarios— tendría alrededor de $9,18 billones. La proyección presupuestaria contempla aproximadamente 4.143.930 beneficiarios de AUH, además de 90.724 beneficiarias de la Asignación por Embarazo.
La discusión, entonces, no es sobre si el Presupuesto contempla o no dinero para pagar la AUH durante 2027: sí lo contempla. Tampoco puede afirmarse a partir del proyecto que el beneficio vaya a desaparecer. La discusión es sobre la protección que tiene su valor frente a la inflación. Con el sistema actual, cuando suben los precios, existe una regla que obliga a trasladar esa variación a las asignaciones con el rezago establecido. Si se aprueba la derogación, esa relación automática desaparece y cada actualización futura dependerá de las decisiones que adopte el Ejecutivo.
Tampoco es la primera vez que el Gobierno intenta introducir este cambio. Según LA NACION y TN, disposiciones destinadas a eliminar la movilidad de las asignaciones ya aparecieron en proyectos presupuestarios anteriores. El intento correspondiente al Presupuesto 2026 no sobrevivió a la discusión parlamentaria, por lo que el régimen vigente continuó funcionando. Ahora Economía vuelve a incluir la propuesta en el Presupuesto 2027, lo que anticipa que el artículo 17 puede convertirse en uno de los puntos de negociación entre el oficialismo, los gobernadores y los bloques opositores durante el tratamiento en el Congreso.
El Gobierno puede argumentar que eliminar una indexación automática le otorga mayor flexibilidad para administrar el gasto público, especialmente si la inflación continúa descendiendo y se pretende evitar que determinadas partidas evolucionen de manera completamente mecánica. Quienes cuestionan este tipo de esquemas suelen advertir, en cambio, que retirar una fórmula objetiva deja a los beneficiarios expuestos a que los incrementos queden por debajo de la inflación o sean postergados por razones fiscales. Esos son los dos componentes económicos que atravesarán el debate: flexibilidad presupuestaria frente a previsibilidad del ingreso de las familias. El proyecto, por ahora, resuelve esa tensión a favor de una mayor capacidad de decisión del Ejecutivo, aunque la última palabra la tendrá el Congreso.
La pregunta decisiva, por lo tanto, no es si Milei elimina la AUH, porque el proyecto no plantea eso. La pregunta es quién decidirá cuánto vale la AUH en el futuro. Hoy la respuesta está, en gran medida, escrita en una fórmula que sigue la inflación. Si el artículo 17 del Presupuesto 2027 se convierte en ley sin modificaciones, esa respuesta dejará de ser automática y volverá a depender de una decisión política y presupuestaria del Poder Ejecutivo. Esa diferencia puede parecer técnica, pero para más de cuatro millones de niños alcanzados por la AUH y para millones de familias que reciben otras asignaciones es, en realidad, el corazón del cambio que ahora deberá discutir el Congreso.
