“No se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional”, consideró el juez Roberto Gallardo, quien hizo lugar a la petición que habían presentado dirigentes gremiales de la CGT y el líder de la UTEP.
Política07 de abril de 2025
Alejandra Larrea
El juez Roberto Andrés Gallardo, que trabaja en el Juzgado de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de Buenos Aires, aceptó el domingo una solicitud de Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de Derechos Humanos de la CGT, y Walter Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP. El juez ordenó que el Gobierno de la Ciudad coordine el plan de seguridad para la próxima marcha de jubilados, que se realizará el miércoles, con la Policía de la Ciudad a cargo de proteger a los manifestantes.
Antes de la protesta programada para el próximo miércoles, un día antes del paro general anunciado por la CGT, el juez también ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Patricia Bullrich, que no intervenga en la protesta "más allá de los límites de protección de intereses federales".
“No se trata, entonces, de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública. El riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”, consideró el juez Gallardo en su fallo, apoyándose en los incidentes que se registraron durante las últimas marchas.
Y en el mismo sentido, dijo: “En los últimos meses, ha habido varias protestas cerca del Congreso de la Nación que han llevado a la intervención de las fuerzas federales de seguridad, resultando en violencia, conflictos y caos. También es preocupante la actitud dominante y excesiva del Estado nacional, que sin ningún reparo invade la autonomía de la CABA bajo el pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña durante una manifestación.
El juez Gallardo comentó sobre las reuniones de jubilados cerca del Congreso, diciendo que han llevado a la intervención de las fuerzas de seguridad federales, lo cual ha generado violencia, conflictos y desorden.
La decisión del juez Gallardo fue tomada debido a la solicitud de los líderes sindicales de la CGT y del líder de la UTEP, quienes pidieron una medida cautelar para "intimar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a coordinar y liderar un operativo de seguridad para la movilización" y para que, además, se "delimite de manera clara los llamados 'objetivos federales', cuya seguridad estará a cargo de las fuerzas federales, limitando su área de acción solo a esos objetivos y no al área urbana alrededor".
Piumato, Volcovinsky y Gramajo explicaron que es necesario permitir días y horas no laborables antes de la movilización, para que el GCBA tenga tiempo suficiente para planear el operativo de seguridad. Los líderes gremiales mencionaron el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de la CABA, y los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior (24.059), que indican cuándo pueden actuar las fuerzas federales fuera de su área.
También, denunciaron que el gobierno de la ciudad no siguió el protocolo nacional de seguridad y que tiene su propia fuerza, la Policía de la Ciudad, preparada para actuar en estas situaciones.
“Nuestra intención es que la Policía de la Ciudad se encargue del operativo de seguridad del día 9 para evitar que se repitan los actos de represión que ocurrieron en las últimas concentraciones debido a la Policía Federal y a las fuerzas nacionales que la apoyaron”, explicó Maia Volcovinsky hoy lunes.
Después de conocer la decisión, la secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) espera que “acaten la medida judicial y restrinjan su accionar de manera acotada a los edificios federales”.
"La intervención de las fuerzas federales en un área del país solo ocurre si los gobiernos locales lo piden, ya sean provinciales, municipales o, en este caso, el GCBA. En esta ocasión, el Gobierno de la Ciudad no solicitó apoyo para ninguna de las movilizaciones." "Fue una actuación que va más allá de sus funciones", concluyó la representante del sindicato.
Lo hizo este mediodía, a través de un escrito, en medio de una intensa controversia política y judicial: el viernes el Senado rechazó su pliego por amplia mayoría y un juez dictó una medida cautelar en su contra.
El juez, que tiene solo 39 días en el puesto, tomó la decisión el fin de semana y anunciará su renuncia en las próximas horas. Fue nombrado por decreto, pero la semana pasada el Senado rechazó su solicitud.
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