El juez, que tiene solo 39 días en el puesto, tomó la decisión el fin de semana y anunciará su renuncia en las próximas horas. Fue nombrado por decreto, pero la semana pasada el Senado rechazó su solicitud.
Política07 de abril de 2025
Alejandra Larrea
Después de que el Senado rechazara su candidatura, Manuel José García-Mansilla renunciará en las próximas horas a su puesto como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Obtuvo este cargo por un decreto del presidente Javier Milei. Al menos eso es lo que se espera en la Justicia después de un fin de semana en el que el profesor aparentemente decidió irse.
Por razones técnicas, la renuncia debe entregarse al gobierno nacional, que está presionando para que la persona siga en el puesto, y no a la Corte, según explicaron fuentes judiciales a Infobae. Hasta las 9:20 del lunes, el juez no había llegado a su oficina en el Palacio de Justicia en la calle Talcahuano.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo presentó un recurso per saltum ante el máximo tribunal para que anule la medida cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla que le pide a García-Mansilla no firmar nuevos fallos.
García-Mansilla ha estado en el cargo solo 39 días. El Presidente lo designó en “comisión” el 25 de febrero pasado, con duración hasta el 30 de noviembre, que es el final del año legislativo. Dos días después, en una ceremonia sencilla, tomó el juramento como ministro.
La decisión de renunciar parece inevitable después del último jueves, cuando la Cámara alta rechazó su propuesta por una gran mayoría: el juez propuesto por Milei recibió 51 votos en contra y solo 20 a favor.
Cuando se tome la decisión, la Corte volverá a tener tres miembros: su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El Senado también rechazó la candidatura de Ariel Lijo, quien nunca asumió porque el propio tribunal no aceptó su solicitud de licencia en Comodoro Py para ser ministro.
García-Mansilla, un académico de 53 años con ideas conservadoras, asumió como juez el 27 de febrero pasado, por un decreto del presidente que se publicó durante el receso del Congreso. Sin embargo, su nombramiento fue pronto criticado por grupos políticos y legales, que dijeron que no cumplía con los requisitos de la Constitución porque no tenía la aprobación de dos tercios del Senado, como pide el artículo 99 de la Constitución Nacional.
Después de que la Cámara alta rechazara la propuesta, aumentaron las presiones de académicos, senadores y organizaciones civiles que piden su separación. Poco después de la votación, Ramos Padilla le dijo a García-Mansilla que no debía participar en casos judiciales mientras fuera juez designado por el Poder Ejecutivo en comisión. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que desde que comenzó su trabajo, García-Mansilla ha firmado 215 decisiones.
La medida de Ramos Padilla, que es obligatoria, se tomó después de que el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez la presentaran. Ambos habían cuestionado la elección de García-Mansilla en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N°2, porque consideraban que afectaba la independencia judicial. Este mismo argumento lo usaron también varios senadores en sus exposiciones del jueves.
Ramos Padilla comprendió que el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional prohíbe que un juez nombrado en comisión ejerza funciones judiciales hasta que reciba la aprobación del Senado. El juez federal de La Plata afirmó que "la falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional", y destacó que eso es una "condición esencial para la validez del nombramiento".
“Estamos definiendo si tendremos una Justicia independiente o una Justicia que sigue órdenes de decreto”, dijo Martín Lousteau, presidente del bloque de la UCR. “Esto es un asalto institucional del Poder Ejecutivo a los otros dos poderes del Estado”, dijo Anabel Fernández Sagasti, senadora mendocina de Unión por la Patria.
Sin embargo, el Gobierno rechazó la decisión de Ramos Padilla y ayer sábado presentó ante la Corte un recurso para que el juez continúe firmando sentencias.
En público, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, dijo el mismo sábado que no había ningún artículo de la Constitución que indicara que García-Mansilla debía renunciar en estas circunstancias.
“‘La Corte le tomó juramento’”, bromeó Francos en una entrevista de radio, después de que Lorenzetti dijera a los medios que no habría aceptado asumir por decreto como lo hizo su compañero.
En el caso de Ramos Padilla, García-Mansilla presentó un documento para apoyar su nombramiento: “Desde el 27 de febrero de 2025 estoy trabajando en la Corte de Justicia de la Nación en la función judicial que dice la Constitución” y añadió que su salida antes de noviembre solo podría darse a través de un juicio político.
Sin embargo, García-Mansilla había afirmado en agosto del año pasado que no aceptaría el puesto si lo nombraban por decreto. Se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su propuesta.
En esa audiencia, Fernández Sagasti le preguntó si habría aceptado ser nombrado en comisión por Javier Milei como ministro. La pregunta de la senadora se basaba en el DNU 83/2015, con el que el presidente de ese momento, Mauricio Macri, nombró a Rosenkrantz y Rosatti en la Corte.
"Mirando el impacto que tuvo el decreto 83 de 2015 en la opinión pública, yo no habría aceptado una nominación en comisión. Aunque la Constitución lo permite, hay un gran grupo de personas que, con buenas razones, se opone a este tipo de decisiones que son a criterio del presidente." Por lo tanto, aunque en su momento publiqué un artículo cuando salió el decreto, solo para aportar al debate, ahora, debido al impacto que tuvo, no habría aceptado esa nominación”, respondió el juez, nacido en Bariloche.
"Y permítame decirle por qué." Hay ciertas funciones que tienen los poderes constitucionales que, cuando se utilizan, pueden afectar a una institución, aunque sean legales. Aquí hay un ejemplo: aumentar el número de jueces en la Corte Suprema. "Todo depende del contexto", dijo García-Mansilla. "Aunque es un poder que tiene el Congreso por la Constitución, este puede decidir cuántos jueces hay en la Corte Suprema, y dependiendo del contexto de esa decisión, puede influir en el tribunal."
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Lo hizo este mediodía, a través de un escrito, en medio de una intensa controversia política y judicial: el viernes el Senado rechazó su pliego por amplia mayoría y un juez dictó una medida cautelar en su contra.
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