Durante un operativo contra la minería ilegal en la selva amazónica ecuatoriana, once soldados fueron emboscados y asesinados por el grupo armado Comandos de la Frontera. El hecho ocurrió en Alto Punino, provincia de Orellana, y encendió todas las alarmas en el gobierno de Daniel Noboa, que respondió con un despliegue militar masivo en la zona. La tragedia reveló la profundidad del poder narco en la región y los vínculos entre criminalidad transnacional, minería ilegal y control territorial.
Mundo14 de mayo de 2025
Alejandro Cabrera
Un operativo rutinario que terminó en masacre
La misión era parte de una acción habitual del Ejército ecuatoriano contra operaciones de extracción ilegal de oro en territorio amazónico. Los militares, integrantes del Batallón de Selva 60, no estaban en combate abierto sino realizando tareas de patrullaje y localización de campamentos ilegales. Sin embargo, fueron sorprendidos por una emboscada perfectamente planificada, con armamento pesado, francotiradores y explosivos.
Once de ellos murieron en el acto. Uno más falleció poco después debido a las heridas. Otros sobrevivientes quedaron heridos y fueron evacuados en helicóptero. El ataque fue atribuido de forma inmediata a los Comandos de la Frontera, un grupo armado que opera en la región limítrofe con Colombia, con vínculos directos con el narcotráfico y la minería ilegal.
La brutalidad del ataque no solo expuso la capacidad militar de estas organizaciones, sino también su conocimiento del terreno y su inteligencia previa sobre las operaciones estatales.
Quiénes son los Comandos de la Frontera
Los Comandos de la Frontera no son una banda aislada. Son una disidencia armada que surgió tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Integrado por exguerrilleros de los frentes 32 y 48, y por miembros de la organización criminal La Constru, el grupo controla pasos fronterizos, cultivos de coca, rutas de narcotráfico y redes de minería ilegal que atraviesan Putumayo y se extienden hasta Ecuador.
En territorio ecuatoriano, han encontrado una zona de operación ideal: selvas difíciles de controlar, presencia débil del Estado, y comunidades sometidas por la lógica de la intimidación o el “proteccionismo” armado. Sus recursos provienen principalmente del oro ilegal, la extorsión y el transporte de cocaína hacia puertos del Pacífico.
El grupo no solo tiene capacidad militar, sino también una estructura logística compleja, alianzas con carteles internacionales y estrategias de cooptación social en comunidades abandonadas por el Estado. Actúan como una protoautoridad territorial, mezclando violencia con control social.
Respuesta militar y duelo nacional
El presidente Daniel Noboa reaccionó declarando tres días de duelo nacional y ordenó el despliegue inmediato de 1.500 efectivos en la región afectada. El objetivo es localizar, enfrentar y neutralizar a los responsables, además de asegurar los corredores estratégicos utilizados por las bandas criminales. En paralelo, se realizan operativos de inteligencia para desmantelar los campamentos logísticos y financieros de los grupos ilegales.
La masacre, además de su impacto humano y militar, representa un golpe político para el gobierno, que había prometido recuperar el control sobre las zonas dominadas por el crimen organizado. El asesinato de once soldados es una afrenta directa al Estado, y obligará a Noboa a endurecer su estrategia en la Amazonía, incluso a costa de aumentar el conflicto armado interno.
Frontera norte: tierra de nadie
La frontera entre Colombia y Ecuador se ha convertido en una franja de impunidad. En esa región, los grupos armados se mueven sin mayores obstáculos entre ambos países, aprovechando la geografía y la falta de cooperación eficaz entre fuerzas de seguridad. Lo ocurrido en Alto Punino no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica creciente donde el Estado ecuatoriano enfrenta enemigos mejor armados, mejor financiados y con mayor inserción local.
La minería ilegal se ha convertido en una fuente de riqueza tan potente como el narcotráfico. Las bandas controlan dragas, cobran “peajes”, y extorsionan a los pequeños mineros. Además, contaminan ríos con mercurio, destruyen la selva y desplazan comunidades enteras.
La disputa no es solo territorial: es también económica, ambiental y simbólica. Quien domine esas zonas, domina una parte del país que no figura en los discursos, pero que alimenta las economías ilegales del continente.
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