El gobierno de Rodrigo Chaves levantará una prisión de máxima seguridad para 5.000 internos. El proyecto busca frenar la violencia carcelaria y el hacinamiento, siguiendo la lógica de control territorial usada en El Salvador.
Mundo06 de junio de 2025
Alejandro Cabrera
Costa Rica da un giro contundente en su política penitenciaria. El presidente Rodrigo Chaves anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad, diseñada para albergar hasta 5.000 reclusos. La inspiración es directa: el modelo implementado en El Salvador por Nayib Bukele, convertido en emblema de mano dura contra el crimen organizado.
La decisión responde a un deterioro acelerado del sistema carcelario costarricense. El hacinamiento crónico, los brotes de violencia entre internos y el control territorial de bandas dentro de los penales encendieron las alarmas del gobierno. La megacárcel aparece así como una solución simbólica y operativa a un problema que desborda las capacidades del Estado.
Orden, encierro y vigilancia
El nuevo penal no será una réplica exacta del centro salvadoreño, pero adopta muchas de sus características estructurales. Módulos divididos según el nivel de peligrosidad, aislamiento de líderes criminales, videovigilancia permanente y restricciones severas de comunicación son parte del diseño propuesto.
La propuesta incluye además una redefinición del concepto de rehabilitación. Ya no se trata solo de reducir reincidencias, sino de neutralizar operativamente a los internos que siguen delinquiendo desde prisión. La prisión se vuelve entonces un espacio de contención más que de reinserción.
El gobierno apuesta a que esta infraestructura sirva como advertencia y disuasión. La idea de que el crimen ya no garantizará impunidad ni comodidad desde la cárcel es uno de los pilares discursivos del proyecto. Se busca imponer orden, aún a costa de endurecer las condiciones de encierro.
Críticas, derechos y legalidad
Aunque el modelo es presentado como innovador, despierta inquietudes en diversos sectores. El equilibrio entre seguridad y respeto por los derechos humanos es delicado. A diferencia del caso salvadoreño, donde abundan denuncias por abusos, en Costa Rica la legalidad interna obliga a mantener ciertos estándares mínimos de trato.
Las autoridades insisten en que la cárcel será dura, pero legal. Se garantizará luz solar, salidas controladas, atención médica y un mínimo de recreación, cumpliendo con la normativa vigente. No obstante, el clima represivo que rodea al anuncio genera preocupación en organismos de derechos humanos.
También hay dudas sobre la viabilidad presupuestaria. El monto destinado al proyecto supera con creces lo invertido en programas sociales o prevención del delito. Algunos analistas advierten que, sin reformas profundas en el sistema judicial y penitenciario, una nueva cárcel puede terminar repitiendo los mismos vicios de gestión.
El espejo salvadoreño
El modelo Bukele se ha transformado en un símbolo regional. Con altos niveles de aprobación popular, el presidente salvadoreño logró instalar una narrativa en la que la seguridad se antepone a las garantías constitucionales. Costa Rica, históricamente reconocida por su institucionalidad, ahora toma elementos de ese enfoque.
No se trata solo de copiar una cárcel, sino de asumir una nueva doctrina. La criminalidad organizada pasa a ser considerada un problema de guerra, no de justicia ordinaria. El Estado responde con fuerza, velocidad y sin matices. Y la cárcel se vuelve el escenario central de esa batalla.
El riesgo de exportar este modelo está en sus efectos secundarios. La militarización del sistema penal, el debilitamiento de garantías procesales y la tolerancia al abuso pueden volverse moneda corriente si el proyecto se consolida sin controles externos.
Reconfiguración del castigo
La megacárcel representa algo más que infraestructura: marca un cambio de paradigma. El castigo ya no se centra en el encierro simbólico sino en el control total del cuerpo y del entorno del reo. Desde el diseño arquitectónico hasta la organización interna, todo apunta a eliminar cualquier forma de autonomía.
Este nuevo enfoque no solo redefine la relación entre el Estado y el delincuente, sino también la percepción pública de la justicia. Se instala la idea de que la solución a la inseguridad no está en la prevención, sino en la represión masiva y el aislamiento extremo.
Costa Rica, al avanzar en esta dirección, rompe con parte de su tradición institucional. La apuesta es clara: eficacia antes que progresismo. El tiempo dirá si ese camino reduce el delito o simplemente lo encierra bajo una lógica más brutal.
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