Alejandro Cabrera
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó hoy que detuvieron a Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense, por su presunta participación en el ataque con estiércol a la casa del diputado José Luis Espert. El episodio ocurrió por la noche y generó polémica por estar vinculado a una militante del Estado provincial.
El hecho y la detención
La madrugada del ataque estuvo marcada por sujetos que lanzaron bolsas con excrementos y un cartel intimidatorio contra Espert. Alesia Abaigar, que trabajaba en el área de Abordaje Territorial de Políticas de Género, fue señalada como involucrada. Bullrich aseguró que la misma persona trabaja “por la mañana” en el ministerio y “por la noche tira caca” en la casa del diputado, denunciando uso de recursos públicos para financiar acciones de violencia.
Reacción de Espert
Por su parte, José Luis Espert calificó el ataque como un intento de “intimidación política”. Agradeció a la Policía Federal por su intervención temprana para esclarecer el caso y remarcó que no le generará temor ni retrocesos en su labor legislativa. La denuncia penal ya fue presentada y avanzan las investigaciones.
Contexto político
El incidente se da en medio de una escalada de roces entre sectores del oficialismo provincial y la oposición. Bullrich vinculó el hecho a una “militante K” financiada por el Estado, mientras desde el entorno de la acusada lo descartaron como una acción aislada. El episodio suma tensión al vínculo entre Provincia y Nación.
Implicancias institucionales
La detención pone el foco sobre la seguridad de figuras públicas y el posible impacto de recursos estatales en actos de violencia política. Mientras la Justicia avanza con la identificación de posibles organizadores, el Gobierno nacional advirtió que desplegará controles más estrictos para evitar este tipo de agresiones.
El caso generó un fuerte cimbronazo político: una empleada pública acusada de vandalismo contra un diputado. La investigación puede derivar en medidas de control más severas y debates sobre responsabilidad del Estado en estos casos. El desarrollo del proceso esclarecerá el vínculo real entre la militancia política y el uso de cargos estatales.
