Alejandro Cabrera
El Gobierno alcanzó su objetivo al obtener un dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026, lo que le proporciona un respiro político en medio de tensiones parlamentarias. Aunque este paso es significativo, no es el final del camino. El Ejecutivo busca que la votación final se realice después del 10 de diciembre, una vez que se haya conformado la nueva Cámara de Diputados, que le resulta más favorable.
Fue firmado por 20 legisladores, un número ajustado pero suficiente para que el oficialismo celebre una victoria táctica. A pesar de que la oposición presentó un texto alternativo, no logró frenar el avance del proyecto. Esto permite al Gobierno abordar una de sus preocupaciones más críticas: definir la hoja de ruta económica del próximo año, clave para su credibilidad ante los mercados y los gobernadores.
El ministro del Interior, Diego Santilli, clarificó la estrategia al afirmar que desean que el Congreso vote con la composición que el pueblo eligió en octubre. Esta declaración subraya un cálculo político: la nueva Cámara ofrecerá más aliados y un bloque más cohesionado, facilitando la aprobación del presupuesto sin complicaciones. Además, esta maniobra evita un debate más acalorado con la oposición actual, que ha adoptado una postura más rígida en los últimos días.
Un movimiento estratégico
El oficialismo entiende que controlar el calendario es tan crucial como contar con los votos. Conseguir el dictamen antes del recambio les permite mantener la iniciativa y evita que el debate se extienda hasta 2026. Retrasar la votación también les da margen para beneficiarse de la nueva correlación de fuerzas, sin depender de los diputados salientes.
La votación en la comisión de Presupuesto fue tensa, con igualdad en varios artículos clave, lo que llevó a la presidenta de la comisión a desempatar y validar el dictamen. La oposición acusó al oficialismo de "apuro" y "falta de diálogo", mientras que los oficialistas celebraron el resultado como una muestra de gobernabilidad.
El texto aprobado mantiene las prioridades del Ejecutivo: equilibrio fiscal, reducción del déficit, inversión en infraestructura y control del gasto público. También establece metas macroeconómicas, proyectando un crecimiento del 3%, una inflación promedio del 45% y un tipo de cambio administrado.
El Gobierno sostiene que el nuevo presupuesto busca "ordenar las cuentas sin frenar la reactivación". En contraste, la oposición lo ve como un plan de ajuste encubierto que traslada los costos a las provincias y trabajadores estatales, lo que anticipa un debate intenso cuando el proyecto se presente en el recinto.
El plan del oficialismo es aprovechar el nuevo panorama político que surgirán de las elecciones legislativas. El bloque de La Libertad Avanza aumentará su representación en Diputados, y contar con aliados del PRO y otros espacios provinciales facilitará su agenda económica.
En este contexto, el oficialismo espera construir una mayoría más sólida y reducir su dependencia de la negociación con la oposición tradicional. Por lo tanto, decidir esperar al nuevo Congreso no solo es una táctica, sino también un gesto simbólico que marca el inicio de una nueva etapa para el Gobierno, respaldado por la legitimidad de las urnas y la esperanza de un presupuesto alineado a su programa.
Desde la oposición, critican el uso político del calendario. Dirigentes de Unión por la Patria y otros sectores socialdemócratas advierten que “postergar la votación para excluir a los diputados salientes” altera la representación actual. Sin embargo, el Gobierno reitera que su decisión refleja la voluntad popular expresada en octubre.
La aprobación del dictamen llega en un momento marcado por la presión económica. El Ejecutivo necesita demostrar resultados concretos antes de fin de año y enviar mensajes de confianza a los mercados internacionales. Lograr este despacho le proporciona una victoria institucional y apacigua, al menos temporalmente, el discurso sobre la parálisis legislativa.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró internamente la noticia, considerándola "una victoria importante fruto del trabajo técnico y político del Gobierno". En su equipo reconocen que la negociación fue intensa; cada artículo del presupuesto fue discutido con gobernadores y legisladores de diversas provincias para asegurar apoyos.
El reto ahora es mantener la cohesión del bloque. Algunos diputados aliados han advertido que no apoyarán la propuesta en el recinto a menos que se hagan modificaciones en el esquema de coparticipación y en el régimen de subsidios energéticos. Sin embargo, el Gobierno confía en que estos aspectos se podrán resolver mediante acuerdos bilaterales antes de la sesión.
El Presupuesto 2026 no es solo un plan financiero; es una prueba de la fortaleza política del Gobierno. Si logran aprobarlo en diciembre con la nueva Cámara, establecerán una base sólida para el resto de su gestión. Si, por el contrario, la oposición logra bloquearlo o imponer cambios, el oficialismo podría enfrentar un inicio complicado en el nuevo año.
Prácticamente, la Casa Rosada necesita este presupuesto para anclar su rumbo económico, estableciendo metas de gasto, proyecciones de inversión pública y márgenes de financiamiento externo. La falta de aprobación aumentaría la incertidumbre y complicaría las negociaciones con organismos internacionales.
Con la vista puesta en diciembre, el Gobierno celebra una victoria táctica que reorganiza su agenda. No obstante, el verdadero desafío asoma: transformar ese dictamen en ley en un Congreso que traerá nuevos liderazgos y estrategias de poder.
