Siete años después de la revelación que sacudió a la política argentina, la causa Cuadernos llega al juicio oral. Más de ochenta imputados, decenas de empresarios, exfuncionarios y la figura central de Cristina Fernández de Kirchner en el mayor proceso por corrupción de la historia democrática.
Política06 de noviembre de 2025
Alejandro Cabrera
A lo largo de los años, circulaban rumores sobre una red clandestina de recaudación en los gobiernos kirchneristas, pero fue en agosto de 2018 cuando el país vivió un momento que alteró su panorama judicial y político: la revelación de los "cuadernos de las coimas". Estos ocho cuadernos, escritos por un chofer del Ministerio de Planificación, contenían anotaciones detalladas, con fechas, direcciones y montos, sobre el movimiento de maletines repletos de dinero proveniente de la obra pública.
A partir de ese instante, se desencadenó una serie de allanamientos, detenciones y confesiones sin precedentes que llegaron a los niveles más altos del poder político y empresarial. Esta investigación se convirtió en un símbolo de una Argentina que comenzaba a confrontar la corrupción estructural. Siete años después, en noviembre de 2025, se dará inicio al juicio oral: un punto culminante para un caso que, independientemente de su resolución judicial, expone cómo el dinero y el poder se entrelazan en la estructura del Estado argentino.
Orígenes de una historia oculta
Todo comenzó en 2018, cuando el periodista Diego Cabot recibió de una fuente anónima los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta —mano derecha del entonces ministro Julio De Vido—. En ellos, Centeno documentó meticulosamente cada entrega de bolsones de dólares, mencionando nombres, direcciones y horarios. Lo que inicialmente parecía un diario personal se transformó en una bomba judicial.
Las anotaciones abarcaban el período de 2005 a 2015 y describían un sistema de recolección de sobornos de empresarios relacionados con la obra pública y concesiones energéticas. El dinero, según las notas, iba a parar a altos funcionarios del Ministerio de Planificación y, en algunas ocasiones, a residencias vinculadas a la familia Kirchner. La magnitud de estas acusaciones llevó al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli a abrir una de las investigaciones más complejas desde el regreso a la democracia.
Los cuadernos revelaban un patrón repetido: llamadas nocturnas, visitas breves a oficinas céntricas, viajes en autos oficiales y entregas de maletas. Los montos y direcciones se reiteraban. Empresarios como Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio y Carlos Wagner figuraban como donantes habituales.
La hipótesis del juzgado fue contundente: había una asociación ilícita desde el poder político que cobraba comisiones por la adjudicación de obras públicas y contratos de infraestructura. A cambio, los empresarios obtenían licitaciones, pagos acelerados y favores regulatorios. Este sistema no solo enriquecía a ciertos funcionarios, sino que también financiaba campañas electorales.
Cuando los cuadernos se hicieron públicos, las imágenes de empresarios esposados impactaron al país. Eran figuras prominentes en la construcción y la energía, ahora enfrentando la justicia. El gobierno de Mauricio Macri supo aprovechar políticamente la situación. Por primera vez, la élite empresarial se vio obligada a rendir cuentas ante los tribunales.
El juez Bonadio implementó la figura del “arrepentido”, introducida recientemente en el Código Penal. En pocas semanas, más de treinta empresarios se acogieron a este régimen, confesando pagos, aportando datos y señalando a funcionarios. Lo que durante años había sido un secreto a voces se transformó en evidencia judicial.
No obstante, este proceso también generó críticas. Algunos abogados argumentaron que las declaraciones se obtuvieron bajo presión y que se utilizó el arrepentimiento como una herramienta política. Las defensas de exfuncionarios denunciaron “lawfare”, sugiriendo que se trataba de una guerra judicial contra adversarios políticos. Así, una vez más, la tensión entre justicia y política se volvió palpable.
Desde el inicio, el nombre de Cristina Fernández de Kirchner apareció en los documentos. Bonadio la señaló como la jefa de la organización ilícita, procesándola junto a exministros, secretarios y empresarios. La exmandataria respondió con un mensaje desafiante: “No hay justicia, hay persecución”.
Para ella, el caso era una operación de desgaste. Sin embargo, los fiscales sostenían que las pruebas eran contundentes: anotaciones, cruce de llamados, confesiones y grabaciones. Las fechas y lugares mencionados en los cuadernos coincidían con los movimientos de funcionarios.
La defensa de Cristina cuestionó la validez de los cuadernos, alegando que los originales se habían perdido, y también el manejo de la cadena de custodia. A pesar de ello, los jueces confirmaron los procesamientos y elevaron el caso a juicio oral. A lo largo de los años, el expediente se dividió en varios temas: enriquecimiento ilícito, cartelización de la obra pública y lavado de activos.
La causa permitió observar de cerca el corazón financiero del poder argentino. La obra pública, clave para la economía, se convirtió en una fuente de financiamiento para la política. Los contratistas del Estado pagaban sobornos sistemáticos, una práctica que, aunque existió en diferentes gobiernos, alcanzó su máxima expresión durante el kirchnerismo, cuando el Ministerio de Planificación manejaba miles de millones en infraestructura.
Empresarios como Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, admitieron la existencia de acuerdos tácitos: aquellos que deseaban obtener contratos debían “colaborar”. Los pagos se realizaban en efectivo y se entregaban a intermediarios, diluyendo la línea entre corrupción estructural y política de Estado.
Este sistema distorsionó la competencia, encareció los contratos y deterioró la gestión pública. La causa de los Cuadernos no solo reveló un delito, sino que también evidenció cómo la corrupción crónica puede afectar negativamente el desarrollo económico y la confianza en las instituciones.
El impacto de la causa fue inmediato. En medio de un año electoral, la figura de Cristina Kirchner parecía acorralada. Sin embargo, la narrativa de persecución judicial resonó con fuerza en una parte significativa del electorado. Cuando Alberto Fernández la invitó a ser su compañera de fórmula, el kirchnerismo logró reconstruir su unidad y regresar al poder.
La llegada de un nuevo gobierno trajo consigo una pausa judicial. Bonadio falleció en 2020 y la causa pasó a otros jueces. Se intentaron anular el expediente, exigir su prescripción y apelar. Sin embargo, el núcleo del caso persistió. En 2025, el Tribunal Oral Federal N° 7 fijó la fecha del inicio del juicio para el 6 de noviembre.
Entre tanto, Cristina fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión por administración fraudulenta. Esta sentencia, aún apelada, añadió un símbolo potente al nuevo proceso: el regreso al banquillo de una de las figuras más influyentes del kirchnerismo.
La principal prueba del caso continúan siendo los cuadernos de Centeno. Aunque los originales desaparecieron, las copias digitalizadas y las confesiones de los implicados han fortalecido la acusación. Las defensas sostienen que la pérdida de los originales invalida su valor probatorio, mientras que la fiscalía argumenta que las coincidencias con registros de llamadas y grabaciones son concluyentes.
Las declaraciones de los “arrepentidos”—más de treinta testimonios que admiten pagos y detallan la mecánica—también juegan un papel crucial. Las pericias caligráficas confirmaron que las anotaciones son auténticas y las cámaras de seguridad de la Casa Rosada validaron los movimientos en el tiempo señalado.
El tribunal estableció que las audiencias se realicen semanalmente y que el proceso se extienda por al menos dos años, con la participación de más de 600 testigos, entre ellos empresarios, exfuncionarios, periodistas y peritos. Este juicio se perfila como el más amplio en la historia judicial de Argentina.
Cristina Fernández de Kirchner y su equipo legal centran su defensa en tres argumentos:
Esta postura sostiene que la investigación se utilizó para influir en la opinión pública y condicionar el ámbito político. En sus discursos y presentaciones judiciales, la expresidenta asegura que es una “operación de inteligencia mediático-judicial” destinada a deslegitimar su proyecto político.
Por otro lado, los fiscales defienden que los hechos son verificables, que las confesiones fueron voluntarias y que el patrón de recaudación de fondos es tan evidente que no deja lugar a dudas.
Entre el inicio de la investigación y la apertura del juicio han pasado más de siete años. Durante este tiempo, Argentina experimentó tres gobiernos, dos crisis económicas y una pandemia. La lentitud del sistema judicial alimentó la desconfianza ciudadana, haciendo que muchos consideraran la impunidad como un asunto de tiempo.
Pese a ello, la causa se ha mantenido firme. Cada intento de anulación fue rechazado, y la Cámara de Casación ordenó su avance. El tribunal asignado actualmente está compuesto por los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori, quienes planificaron un cronograma de audiencias semanales y transmisiones parciales para asegurar la visibilidad del proceso.
Más allá de los nombres y posibles sentencias, la causa de los Cuadernos de las Coimas expone el núcleo del sistema político y empresarial argentino. Revela cómo el Estado, en lugar de ser un árbitro, se convierte en fuente de favores y rentas. Y demuestra que la corrupción, lejos de ser un fenómeno aislado, puede ser el lubrificante de un modelo de poder.
Las páginas de los cuadernos condensan una cultura de complicidad: choferes, secretarias, empresarios, ministros y presidentes reunidos bajo la misma lógica. Todos sabían, todos callaban. Las entregas nocturnas y los maletines son solo la parte visible de una trama mucho más profunda.
El 6 de noviembre de 2025, la Sala principal de Comodoro Py se llenó de medios. Cristina Fernández de Kirchner llegó acompañada de su equipo legal y con un dispositivo de seguridad que evocaba sus años como presidenta. Detrás de ella, una fila de acusados: exministros, secretarios, empresarios y intermediarios.
El fiscal leyó las acusaciones iniciales. El relato, conocido pero impactante, describió una estructura organizada para el recaudo de sobornos, con entregas de dinero en domicilios y oficinas públicas a lo largo de una década.
Fuera del tribunal, manifestantes, curiosos y militantes se entremezclaban. Para algunos, era el inicio de la justicia; para otros, una nueva fase de persecución. Dentro, el ambiente fue serio, pero la carga histórica era innegable.
Este proceso trasciende lo judicial. En un país acostumbrado a escándalos de corrupción sin castigo, el desarrollo del juicio representa una oportunidad única para el sistema republicano. Si logra mantenerse en el tiempo y concluir con un fallo sólido, podría establecer un precedente sobre la responsabilidad de altos funcionarios.
Asimismo, pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial frente a presiones políticas y mediáticas. En este sentido, el caso de los Cuadernos no solo se limita a determinar culpabilidades, sino que evalúa la capacidad de Argentina para hacer una autocrítica en su sistema.
Desde 2018 hasta 2025, la causa se ha convertido en un indicador político. Cada avance o retroceso judicial ha impactado en los mercados, las encuestas y en la dinámica interna del peronismo. Para la oposición, representa un símbolo de decadencia moral; para el kirchnerismo, una demostración de doble standard en el sistema judicial.
Los años han consolidado dos visiones opuestas: una, entendiendo la causa como la confirmación de un sistema corrupto; otra, considerándola una herramienta del establishment. Ambas narrativas coexisten hoy en la arena pública, reflejando la grieta presente en la Argentina contemporánea.
Cuando el tribunal emita su sentencia—probablemente en 2027 o 2028—, el país habrá cambiado. Quizás con nuevos líderes, pero con las mismas preguntas: ¿cuán arraigada está la corrupción en la estructura estatal? ¿Es posible desmontarla sin transformar las financiaciones políticas?
El juicio por los Cuadernos de las Coimas no solo juzga delitos; interroga a una sociedad que, durante años, ha tolerado la corrupción como parte del entorno. En última instancia, esta causa no solo pertenece a los tribunales, sino que se ha entrelazado con la memoria colectiva de un país que sigue debatiendo el significado de la rendición de cuentas.
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