Detrás de la expresidenta y los exfuncionarios, el juicio por la causa Cuadernos exhibe un universo de empresarios que durante años financiaron al Estado y a la política. Los nombres más poderosos de la obra pública y la energía aparecen hoy en el banquillo como parte de la maquinaria que sostuvo el sistema de coimas.
Política06 de noviembre de 2025
Alejandro Cabrera
El juicio por la causa Cuadernos no se limita a ser un proceso contra Cristina Fernández de Kirchner y sus colaboradores; representa también una radiografía del poder económico en Argentina. La narrativa de sobornos, registrada en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, revela cómo los empresarios más influyentes del país formaron parte de un sistema en el que el dinero facilitaba la relación entre el Estado y el mercado.
En los tribunales de Comodoro Py, más de ochenta imputados, incluidos exministros, secretarios y numerosos empresarios, enfrentan cargos por asociación ilícita y cohecho. Sin embargo, la discusión va más allá de los nombres individuales; pone de manifiesto una cultura política en la que las obras públicas, licitaciones y contratos estatales se convirtieron en espacios privilegiados para el intercambio de favores.
Durante más de diez años, el Ministerio de Planificación Federal fue el corazón de un sistema que combinaba decisiones técnicas y arreglos políticos. Los empresarios buscaban liberar pagos, actualizar costos, obtener licitaciones o mantener concesiones, mientras que los funcionarios necesitaban recursos para financiar campañas y conservar lealtades. El punto de contacto era el dinero en efectivo que circulaba en bolsos, sobres y valijas.
Los cuadernos de Centeno, que documentan recorridos por Buenos Aires entre 2005 y 2015, retratan este engranaje con meticulosidad: montos, direcciones, nombres y vehículos. En esas páginas se encuentra el mapa de los negocios más lucrativos de la era kirchnerista.
Entre los empresarios destacados figura Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y exjefe de Iecsa, una de las principales constructoras del país. Ante la Justicia, Calcaterra admitió haber realizado "aportes" en efectivo a pedido de Roberto Baratta, número dos del Ministerio de Planificación, aunque insistió en que eran contribuciones para la campaña y no sobornos.
Su testimonio fue crucial para confirmar la existencia de un circuito de dinero. Tras su confesión, evitó la prisión preventiva, y su caso simboliza el vínculo histórico entre la obra pública y el poder político, independientemente de quién esté en el gobierno. Iecsa se benefició de contratos estatales desde los años noventa, y el kirchnerismo mantuvo esa relación.
El personaje que mejor ilustra el rol del empresariado en esta trama es Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de Esuco S.A. Fue el primero en relatar el funcionamiento del sistema de "retornos", un porcentaje fijo del valor de cada contrato que debía entregarse en efectivo a los funcionarios.
Wagner declaró que esta práctica se acordó informalmente en reuniones con representantes de Planificación Federal. Sus testimonios fueron fundamentales para desentrañar la estructura de recaudación que implicaba a Julio De Vido y a la misma Cristina Fernández de Kirchner, rompiendo así el silencio del sector.
Otro acusado emblemático es Aldo Roggio, heredero de un vasto imperio empresarial que operaba concesiones ferroviarias y la red de subterráneos de Buenos Aires. Reconoció en la Justicia que sus empresas realizaron pagos "para mantener el sistema", aunque subrayó que lo hizo bajo presión.
Roggio representa al empresario institucionalizado, que mantenía relaciones con todos los gobiernos y contratos estables con el Estado. Su situación en el juicio revela que la corrupción abarca no solo a un grupo marginal, sino a las principales empresas del país, acostumbradas a negociar en la delgada línea entre lo legal y lo político.
Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, es uno de los pocos empresarios que nunca renunció a su cercanía con el kirchnerismo. Militante histórico, estableció una relación directa con el poder político y se benefició de significativos contratos en el sector energético.
Aunque negó haber pagado sobornos y afirmó que su persecución fue "política y mediática", sus viajes y reuniones están documentados en los registros de Centeno. Su caso representa una variante del vínculo empresario-Estado: el contratista ideológicamente alineado con el gobierno.
El juicio también involucra a Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo. Aunque su causa principal está relacionada con el incumplimiento del impuesto a los combustibles, aparecen en los cuadernos como parte del circuito de empresarios que contribuían a la "caja política".
Durante el kirchnerismo, su conglomerado creció considerablemente, abarcando medios de comunicación, empresas energéticas y concesiones estatales. El expediente los menciona como beneficiarios del mismo sistema que describen otros imputados: licitaciones amañadas, contratos direccionados y retornos en efectivo.
Además de la construcción, el sector energético fue otro centro de recaudación. Compañías como Techint, Isolux Corsán, Electroingeniería y Petersen Energía aparecen recurrentemente en las listas.
Algunos ejecutivos de Techint se presentaron como arrepentidos y admitieron haber pagado para asegurar la continuidad de obras y concesiones. Los representantes locales de Isolux confirmaron pagos a intermediarios de Planificación. Estas confesiones ampliaron la dimensión internacional del caso y demostraron que la red sobrepasaba las fronteras argentinas.
Más allá de los grandes nombres, el expediente incluye a empresarios de provincias como Santa Cruz, Córdoba y Tucumán. Muchos de ellos, vinculados a cooperativas o pequeñas empresas, manifestaron que entregaban dinero "para no quedar afuera" de la distribución de obras.
Esta dimensión federal de la causa resalta su magnitud: la corrupción no se limitó a Buenos Aires, sino que se extendió por todo el país. Los fiscales argumentan que el sistema operaba como una red piramidal: desde grandes contratistas hasta proveedores locales, todos debían aportar un porcentaje.
El papel de los exfuncionarios se vuelve fundamental. Julio De Vido, exministro de Planificación, y su subordinado Roberto Baratta son vistos como los organizadores de la red. Centeno, como chofer de Baratta, documentó los viajes donde se recogían y entregaban bolsas de dinero.
La acusación sostiene que De Vido autorizaba las gestiones y Baratta coordinaba la logística. El dinero se recolectaba en domicilios privados o en oficinas ministeriales. Posteriormente, parte de esos fondos se destinaba al financiamiento electoral del kirchnerismo y otra parte al enriquecimiento personal.
Para el oficialismo y la oposición, el proceso tiene significados diversos. Los detractores de Cristina Kirchner lo ven como la prueba concluyente de un "Estado paralelo" que operó durante sus gobiernos. Sus seguidores argumentan que la causa fue manipulada para perseguir a líderes populares y deslegitimar al peronismo.
Independientemente de las interpretaciones, el juicio representa un punto de inflexión. Por primera vez en décadas, la cúpula empresarial argentina enfrenta a la justicia junto a los funcionarios que la respaldaron. En un país donde la corrupción a menudo se concentra en los estratos públicos, este proceso revela una dimensión del poder: la de quienes pagan.
Aunque la investigación se centra en los gobiernos kirchneristas, muchos analistas resaltan que la complicidad entre empresarios y políticos no comenzó en 2003 ni terminó en 2015. Desde el modelo de Estado desarrollista, la obra pública ha funcionado como herramienta de poder y financiamiento.
La singularidad de la causa Cuadernos radica en su amplitud y en la documentación precisa del mecanismo. Los cuadernos de Centeno han revelado una continuidad: empresarios capaces de adaptarse a cualquier signo político siempre que mantengan sus contratos. Esta lógica trasciende gobiernos y destapa una matriz estructural de corrupción.
Los investigadores estiman que la red movió cientos de millones de dólares durante una década. Las cifras exactas son difíciles de precisar, ya que la mayoría de las operaciones se realizaron en efectivo. Sin embargo, los registros de obra pública, las confesiones y los cruces de datos permiten dimensionar el flujo.
Los bolsos, las maletas y los traslados nocturnos se han convertido en iconos de una era. Cada viaje de Centeno representaba un circuito cerrado de poder: el empresario que paga, el funcionario que cobra y la estructura política que se financia.
El proceso judicial pone de manifiesto la falta de controles y la fragilidad institucional de los organismos de fiscalización. Durante años, las licitaciones se adjudicaron con escasa competencia y transparencia. La línea entre "aportar a la campaña" y "pagar un soborno" se volvió muy difusa.
Expertos coinciden en que la corrupción sistémica tiene efectos económicos duraderos: encarece la inversión pública, desalienta la competencia y erosiona la confianza. La causa Cuadernos se presenta así como un espejo de los fracasos estructurales del país.
El Tribunal Oral Federal 7 estima que las audiencias se extenderán por más de dos años, con más de 600 testigos, incluidos empresarios, exfuncionarios y peritos. La expectativa pública es alta, ya que la causa entrelaza política, dinero y poder, tres elementos que resumen la historia reciente de Argentina.
Aunque el dictamen final tardará, el inicio del juicio marca un cambio de paradigma. Por primera vez, una expresidenta y la elite empresarial comparten el banquillo. Esa imagen encapsula una parte esencial del drama argentino: la complicidad entre quienes ejercen el poder y quienes lo financian.
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En la audiencia inicial del juicio por la causa de los “cuadernos”, el tribunal leyó 40 de los 204 hechos imputados a Cristina Kirchner y detalló un esquema de recaudación ilícita que alcanza al menos los US$ 10,4 millones. Quedan aún 164 hechos por leerse, lo que podría elevar sustancialmente el monto total.